Frenan la venta de la casa del profesor de la UMA suplantado en Málaga

Francisco Rodríguez Marín, profesor de la Universidad de Málaga (UMA) que denunció que alguien había suplantado su identidad para intentar vender su vivienda, ha ganado una batalla importante. El notario malagueño ante el que estaba previsto formalizar la operación el próximo miércoles 21 de octubre ha comunicado al docente y a su abogado que no firmará la escritura después de conocer la denuncia y examinar la documentación del caso.

La decisión frena, al menos por esa vía, una compraventa que Rodríguez asegura que jamás autorizó. No significa, sin embargo, que el asunto esté resuelto. Sobre su piso de Teatinos continúa inscrita una opción de compra en el Registro de la Propiedad, y su defensa espera una resolución judicial que permita bloquearla mientras se investiga la presunta suplantación.

El notario de Málaga se niega a formalizar la venta

La fecha marcada en rojo era el 21 de octubre. Rodríguez había recibido un requerimiento para acudir a una notaría de Málaga y culminar una operación inmobiliaria sobre la casa en la que vive desde 2003. Según la documentación conocida, la venta podía llegar a ejecutarse incluso sin su comparecencia.

El escenario ha cambiado. El notario encargado de esa última fase revisó la denuncia junto al profesor y su abogado y les trasladó que la escritura no será firmada en esa notaría. Para Rodríguez supone un respiro después de varios días intentando impedir que una operación que considera fraudulenta termine afectando a la propiedad de su única vivienda.

La pesadilla, por llamarla de algún modo sin exagerar demasiado, tiene algo de paradoja burocrática: un hombre lleva más de dos décadas viviendo en su casa y ha tenido que empezar a reunir documentos para demostrar que no estuvo donde una escritura sostiene que estuvo.

Una escritura lo sitúa en Barcelona mientras daba clase en Málaga

El profesor ha conseguido una copia simple de la escritura relacionada con la opción de compra. El documento fue formalizado en Barcelona el 20 de marzo de 2025 y recoge, según la información conocida, que Francisco José Rodríguez Marín compareció personalmente ante el notario.

Rodríguez lo niega de forma tajante. Sostiene que ese día estaba en Málaga impartiendo clase y dispone de documentación oficial de la Facultad de Filosofía y Letras que acredita su actividad académica durante aquella jornada. Ese elemento puede convertirse en una pieza relevante de la investigación: si se acredita que estaba dando clase en Málaga, difícilmente podía comparecer físicamente al mismo tiempo ante una notaría de Barcelona.

Hay otro detalle especialmente relevante. En la escritura aparecen pagos realizados a una cuenta de CaixaBank que el profesor asegura no haber tenido nunca. Su intención es obtener un certificado bancario que lo confirme y ha entregado a su abogado los movimientos de sus cuentas para acreditar que no recibió el dinero relacionado con la operación.

El origen podría estar en documentos enviados para alquilar un piso

Rodríguez sitúa el posible comienzo de la suplantación en marzo de 2025. Su hijo buscaba entonces una vivienda de alquiler en Madrid y contactó por internet con una persona que se presentaba como propietario de un piso.

Como ocurre en miles de alquileres, el supuesto arrendador pidió garantías económicas. Francisco iba a actuar como avalista y facilitó documentación sensible: DNI, nómina y declaración de la renta. Después, el hombre desapareció y la operación de alquiler nunca llegó a materializarse.

Meses más tarde comenzaron los problemas. En febrero de 2026 recibió varios burofaxes remitidos por personas que afirmaban disponer de una opción de compra sobre su vivienda. Rodríguez pensó inicialmente que se trataba simplemente de interesados en comprarla. Cuando las comunicaciones continuaron, acudió a la Policía y posteriormente al juzgado.

Una opción de compra ya inscrita en el Registro

La preocupación adquirió otra dimensión cuando comprobó que la operación no era únicamente una amenaza escrita. En el Registro de la Propiedad figuraba efectivamente una opción de compra vinculada a dos personas y apoyada en documentación que el profesor afirma no haber firmado.

La cantidad reflejada en la operación supera los 200.000 euros, muy por debajo de los más de 400.000 euros que Rodríguez calcula que puede valer actualmente una vivienda similar en su urbanización de Jardines de Torre Atalaya. No existe, según la información disponible, una tasación oficial que permita fijar el valor exacto.

Los supuestos compradores sostendrían también haber entregado cantidades importantes de dinero. El profesor niega haber recibido un solo euro y tampoco da por sentado que quienes aparecen como compradores conocieran necesariamente una eventual falsificación: podrían existir distintos perjudicados dentro de la misma operación. Eso deberá determinarlo la investigación.

La negativa del notario no borra el problema registral

Que el notario de Málaga haya decidido no formalizar la compraventa reduce de manera considerable el riesgo inmediato que había generado la cita del 21 de octubre, pero no elimina automáticamente la opción inscrita sobre la vivienda.

Por eso los abogados de Rodríguez buscan una segunda barrera, esta vez judicial: una medida que impida cualquier actuación registral mientras se esclarece cómo pudo generarse la documentación y quién utilizó los datos del profesor.

El caso también ha llegado al Colegio Notarial de Cataluña. Según ha relatado Rodríguez, representantes de la institución contactaron con él tras conocer lo sucedido y estudian intervenir en las actuaciones relacionadas con este episodio.

En la documentación aparece un notario de Barcelona cuya actuación ha sido mencionada anteriormente en investigaciones sobre otras operaciones inmobiliarias. Ese antecedente no demuestra una relación entre aquellos procedimientos y el caso del profesor malagueño, ni permite atribuir responsabilidades por sí solo. Será la investigación judicial la que tenga que aclarar qué ocurrió con esta escritura concreta.

El riesgo de entregar una copia del DNI por internet

El caso de Francisco Rodríguez toca un nervio especialmente incómodo de la vida digital. Mandar por correo electrónico o mensajería una copia del DNI, una nómina o la declaración de la renta se ha convertido en algo casi cotidiano para alquilar una casa. Son documentos aparentemente rutinarios, pero juntos contienen una cantidad considerable de información personal y financiera.

Aquí, el posible salto resulta especialmente grave: documentación entregada para avalar un alquiler habría terminado, según sospecha el afectado, relacionada con una operación sobre su propia vivienda.

Rodríguez ha hecho público el caso precisamente porque teme que puedan existir otros propietarios que hayan recibido comunicaciones semejantes y las hayan descartado pensando que eran publicidad, errores o simples ofertas de compra. Él mismo reconoce que al principio no concedió demasiada importancia al primer burofax. Después llegó otro. Luego, el requerimiento notarial. Finalmente comprobó que existía una inscripción en el Registro.

La casa sigue siendo suya y el expediente permanece abierto

El profesor llega al 21 de octubre en una posición muy distinta a la de hace apenas unos días. La venta prevista no se firmará en la notaría de Málaga que debía formalizarla y dispone de documentos con los que pretende acreditar que nunca participó en la operación: desde su presencia en las aulas de la UMA el día de la supuesta firma hasta sus movimientos bancarios.

Queda la parte más lenta, y probablemente la decisiva. La Justicia tendrá que determinar cómo se creó la opción de compra, quién utilizó la identidad de Rodríguez y qué efectos deben tener los documentos registrados.

Por ahora, el profesor seguirá entrando en la misma casa de Teatinos en la que vive desde 2003. Parece una obviedad. Después de una historia en la que alguien habría intentado vender su vivienda utilizando su identidad, bastante menos.