Síguenos

Economía

PP y Vox prometen menos impuestos y más gasto sin detallar su coste

Un análisis cuestiona la financiación de las rebajas fiscales y las nuevas inversiones prometidas por PP y Vox de cara a las elecciones del 29N.

Publicado

el

bajar impuestos sin cuadrar sus cuentas

Resumen

  • PP y Vox prometen rebajas fiscales y más gasto sin detallar su financiación
  • El PP concreta deducciones y Vox evita fijar tipos para sus rebajas de impuestos
  • El análisis alerta de riesgos para el déficit y los servicios públicos

Los programas económicos del Partido Popular y Vox para las elecciones generales del 29 de noviembre presentan una contradicción que puede condicionar su aplicación: ambas formaciones prometen bajar impuestos, aumentar determinadas inversiones públicas y reducir la deuda, pero ninguna detalla cómo financiará todas esas medidas. Un análisis del economista Juan Torres López, publicado el 17 de noviembre, cuestiona la viabilidad presupuestaria de las propuestas y señala la ausencia de una memoria económica que permita calcular su impacto.

La principal objeción no es que una reducción fiscal resulte necesariamente inviable, sino que las cuentas no están suficientemente explicadas. El PP plantea numerosas deducciones, bonificaciones y ventajas tributarias, mientras Vox defiende una rebaja generalizada de impuestos y la eliminación del gasto que considera superfluo. Los dos partidos confían en impulsar el crecimiento económico y mejorar la eficiencia administrativa, aunque no concretan cuánto dinero obtendrían por esas vías ni qué partidas presupuestarias ajustarían para compensar la menor recaudación.

El debate llega en plena campaña electoral, cuando la vivienda, el poder adquisitivo y los impuestos ocupan buena parte de las propuestas de los partidos. La discusión económica va más allá del ahorro que cada medida pueda suponer para los ciudadanos. También afecta a la financiación de la sanidad, la educación, las pensiones y las inversiones comprometidas para los próximos años.

La advertencia de Torres López coincide con las reservas expresadas por otros economistas y centros de análisis sobre el margen presupuestario disponible. La cuestión es especialmente relevante porque España debe cumplir las reglas fiscales europeas, que limitan la capacidad de incrementar el gasto y el endeudamiento sin una financiación suficiente.

Canal oficial
El Folio en WhatsApp
Recibe las noticias más importantes, alertas y última hora.

El PP multiplica las rebajas fiscales, pero no calcula su factura

El programa del Partido Popular para el 29N, denominado La Reconstrucción Nacional, contiene 249 medidas y ofrece compromisos fiscales mucho más concretos que los incluidos en su programa de 2023. Alberto Núñez Feijóo propone deflactar el IRPF para compensar la inflación, garantizar que quienes cobran el salario mínimo no tributen por ese impuesto y establecer importantes reducciones fiscales para los jóvenes.

Entre sus compromisos figura una reducción del IRPF del 100% durante el primer año de tributación de los contribuyentes de entre 18 y 35 años, que disminuiría progresivamente durante los tres ejercicios siguientes. También plantea aplicar un IVA del 0% a determinados alimentos básicos mientras persista la crisis de precios y reducir del 10% al 4% el IVA de la primera vivienda nueva para compradores menores de 40 años.

Los autónomos aparecen igualmente entre los beneficiarios. El PP propone una franquicia de IVA para quienes facturen menos de 85.000 euros anuales y una cuota cero durante el primer año de actividad, ampliable al segundo bajo determinadas condiciones.

El problema señalado por Torres López no reside tanto en las medidas individuales como en su acumulación. Cada exención o deducción supone ingresos que Hacienda deja de percibir. Sin embargo, el programa no incorpora una estimación global de su coste fiscal ni establece qué partidas presupuestarias permitirían compensarlo.

Vivienda, inversión pública y nuevas deducciones

La política de vivienda ilustra las dificultades de esa combinación. El PP propone facilitar la construcción de un millón de viviendas, impulsar avales públicos y crear la denominada Hucha Hogar Joven, un instrumento de ahorro con deducciones fiscales para favorecer la compra de una primera vivienda.

También contempla inversiones en infraestructuras, incentivos industriales y la incorporación de al menos 4.500 médicos a Atención Primaria.

Son compromisos con implicaciones económicas diferentes. Algunas medidas podrían aumentar la actividad productiva y generar ingresos adicionales a medio plazo. Otras requieren financiación pública directa desde su puesta en marcha.

El análisis también identifica propuestas con efectos redistributivos distintos. Por ejemplo, las deducciones que dependen de pagar IRPF suelen beneficiar más a quienes tienen una cuota tributaria elevada. En cambio, una deducción familiar reembolsable, como la que propone el PP, podría alcanzar también a hogares con ingresos insuficientes para tributar.

No todas las rebajas fiscales tienen, por tanto, el mismo impacto sobre los ingresos públicos ni benefician por igual a los contribuyentes.

Vox promete una gran rebaja de impuestos, pero retira las cifras

El programa electoral de Vox, presentado el 12 de noviembre bajo el lema Es sentido común, reúne 115 medidas. Su principal diferencia respecto al documento de 2023 es la desaparición de buena parte de los tipos impositivos concretos que anteriormente defendía.

Hace tres años, la formación de Santiago Abascal planteaba un IRPF con dos tipos del 15% y el 25%, un IVA del 8% y el 18% y una reducción del impuesto de sociedades hasta el 15%.

En su programa para 2026 mantiene el compromiso de una rebaja generalizada de impuestos, pero sin detallar los nuevos tipos generales del IRPF, IVA o Sociedades. Propone reducir la tributación en función del número de hijos y aliviar las cargas fiscales de familias, empresas y trabajadores autónomos.

En vivienda, Vox sí concreta algunas medidas: un IVA del 0% para la primera vivienda nueva de las familias españolas y una bonificación del 100% del impuesto sobre transmisiones patrimoniales para la adquisición de una vivienda usada en esos supuestos.

La ausencia de cifras generales dificulta calcular la pérdida de ingresos que provocaría su programa. Torres López interpreta este cambio respecto a 2023 como una mayor indefinición fiscal, que deja margen al partido para concretar sus compromisos después de las elecciones.

Vox sostiene que puede financiar sus propuestas mediante la eliminación del gasto superfluo, una auditoría de las administraciones y el crecimiento económico. Entre las partidas que pretende suprimir menciona subvenciones a partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y determinadas entidades.

El análisis cuestiona que estos ahorros puedan compensar por sí solos una reducción importante de la recaudación tributaria.

Hay otra circunstancia relevante: Vox también plantea incrementar inversiones en defensa, seguridad, sanidad, infraestructuras y vivienda protegida. Reducir estructuras administrativas no equivale necesariamente a reducir el gasto total cuando simultáneamente se amplían otros compromisos.

Las cuentas públicas, el principal obstáculo para las promesas

El debate sobre la viabilidad económica de los dos programas no se limita a las valoraciones de un solo economista.

Un análisis publicado el 17 de noviembre por Rankia estima que las rebajas fiscales cuantificables del PP podrían representar entre 8.000 y 10.000 millones de euros anuales. Se trata de una estimación propia, no de una cifra oficial del partido ni de una evaluación completa de todas sus propuestas.

El mismo análisis advierte de que España afronta exigencias de ajuste presupuestario derivadas del marco fiscal europeo. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha alertado, además, de riesgos de incumplimiento de la senda de gasto comprometida para los próximos ejercicios.

Otros economistas han planteado escenarios más adversos. Las estimaciones difundidas durante la campaña sitúan el déficit público potencial del programa del PP entre el 4% y el 5% del PIB bajo determinadas hipótesis de aplicación.

Estas proyecciones deben interpretarse con cautela: no constituyen una previsión oficial de lo que sucederá si gobierna el PP. Dependen del calendario de ejecución, de la evolución económica y de las medidas compensatorias que finalmente pudiera adoptar un nuevo Ejecutivo.

El argumento económico es sencillo. Cuando un Gobierno reduce impuestos dispone, inicialmente, de menos recaudación. Si también incrementa el gasto, necesita encontrar recursos adicionales, reducir otras partidas o asumir un mayor déficit.

Las rebajas fiscales pueden estimular el consumo, la inversión y el empleo, de manera que una parte de la pérdida de ingresos llegue a recuperarse mediante una actividad económica superior. Pero eso no significa que todas las rebajas de impuestos se financien automáticamente.

La diferencia entre una promesa electoral y un plan presupuestario verificable está precisamente en cuantificar esos efectos y establecer un calendario de financiación.

Vivienda, pensiones y servicios públicos: las consecuencias

Uno de los elementos más relevantes del debate es cómo se traducirían las propuestas económicas de PP y Vox en la vida cotidiana.

En vivienda, las deducciones fiscales, los avales y los impuestos reducidos pueden facilitar el acceso a la compra para determinados hogares. Sin embargo, cuando la oferta disponible es insuficiente, parte de esas ventajas puede trasladarse al precio final de los inmuebles.

Es decir, una ayuda diseñada para abaratar la adquisición puede terminar beneficiando parcialmente al vendedor si aumenta la demanda sin que crezca al mismo ritmo el número de viviendas.

La construcción de nuevas promociones podría aliviar esa presión, pero requiere suelo disponible, financiación, procedimientos urbanísticos y trabajadores. El aumento de la oferta no es inmediato, aunque se eliminen obstáculos administrativos.

Las pensiones constituyen otra de las grandes partidas presupuestarias. El PP se compromete a mantener su revalorización conforme al IPC, una garantía que ya contempla la legislación vigente.

Vox, por su parte, vincula la sostenibilidad del sistema al crecimiento económico, la productividad y la natalidad, sin acompañar esos objetivos de una proyección presupuestaria detallada.

La falta de financiación identificada en los programas no demuestra que ambos partidos vayan a recortar necesariamente las pensiones, la sanidad o la educación. Esa sería una conclusión que los documentos no permiten establecer.

Lo que sí plantea es una incertidumbre sobre las prioridades del futuro presupuesto. Si las rebajas tributarias reducen los ingresos y las previsiones de crecimiento no se cumplen, el Gobierno tendría que reconsiderar algunas medidas, buscar nuevos recursos o ajustar gastos.

Durante el debate económico celebrado el 13 de noviembre en La Sexta, el ministro Carlos Cuerpo advirtió de esos riesgos. Frente a las críticas del Gobierno y Frente Amplio, el portavoz económico de Vox, José María Figaredo, defendió que es posible reducir impuestos sin disminuir los servicios prestados a los ciudadanos.

PP y Vox comparten objetivos fiscales, pero mantienen diferencias

Aunque sus propuestas presentan coincidencias, los dos partidos no defienden exactamente el mismo modelo económico.

El PP apuesta por una combinación de incentivos fiscales, inversiones, simplificación administrativa y participación del sector privado. Su programa mantiene el compromiso formal con el marco fiscal europeo y contempla medidas para impulsar sectores tecnológicos e industriales.

Vox concede mayor protagonismo a la desregulación, el proteccionismo económico y la denominada prioridad nacional, que pretende establecer preferencias para los españoles en el acceso a determinadas ayudas y servicios públicos.

Las diferencias también aparecen en política energética. Los dos partidos quieren mantener las centrales nucleares, pero Vox plantea una oposición más amplia a determinadas políticas climáticas europeas y restricciones sobre las actividades industriales.

La inmigración añade una contradicción económica

La política migratoria constituye otro punto de divergencia con consecuencias sobre el mercado laboral.

El PP contempla una regulación más estricta de la inmigración y mecanismos de contratación ajustados a las necesidades de empleo. Vox defiende restricciones mucho más amplias y propone limitar determinadas prestaciones para los extranjeros.

Estas posiciones afectan indirectamente a los planes económicos de ambos partidos. La construcción, la agricultura, la hostelería y los cuidados dependen en distinta medida de trabajadores extranjeros, mientras algunas actividades presentan dificultades para cubrir vacantes.

Una reducción significativa de la oferta de trabajadores podría complicar objetivos como el aumento de la construcción residencial o la expansión de determinados servicios.

Eso no significa que toda política migratoria restrictiva implique automáticamente una caída del crecimiento. Sus efectos dependen de las condiciones de aplicación, de la disponibilidad de trabajadores y de la capacidad de las empresas para mejorar la productividad.

Pero existe una relación económica que los programas deben resolver: no basta con prometer más actividad productiva si no se explica de dónde procederán los trabajadores necesarios para sostenerla.

La factura económica que sigue pendiente antes del 29N

El análisis de los programas de PP y Vox deja una cuestión sustancial sin resolver a once días de las elecciones generales: ninguno presenta una memoria que permita comprobar de manera completa cómo encajan las rebajas de impuestos con los nuevos compromisos de gasto y la reducción de la deuda.

El PP ofrece medidas fiscales más concretas y objetivos de inversión definidos, pero no calcula su impacto agregado sobre las cuentas públicas. Vox mantiene un planteamiento tributario más general y confía en eliminar gastos administrativos e impulsar la actividad económica, sin cuantificar suficientemente los recursos que obtendría.

La ausencia de esos cálculos no demuestra por sí sola que todas las propuestas sean inviables. Algunas podrían aplicarse gradualmente, financiarse mediante cambios presupuestarios o generar beneficios económicos a medio plazo. También podrían requerir revisiones de los compromisos electorales.

Lo que permanece sin determinar es el coste conjunto de las medidas, los beneficiarios efectivos y las decisiones que serían necesarias para ejecutarlas.

Con España sometida a compromisos fiscales europeos y con necesidades de inversión en vivienda, servicios públicos e infraestructuras, el verdadero examen económico llegará cuando esas promesas deban convertirse en presupuestos. Entonces habrá que concretar algo que los programas todavía dejan abierto: cuánto se ingresará, cuánto se gastará y cómo se cubrirá la diferencia.

Newsletter

Periodista internacional con más de 20 años de experiencia en radio, prensa y medios digitales. Licenciado en Ciencias de la Comunicación, trabaja entre España e Italia con la mirada puesta en la actualidad.

Lo más leído