Reacciones a la muerte de Maricarmen: Sánchez, Rufián, Montero y UGT

La muerte de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo desahucio en Madrid terminó convirtiéndose en símbolo de la crisis de la vivienda, ha provocado una cascada de reacciones políticas y sindicales. Pedro Sánchez ha trasladado sus condolencias a la familia y ha asegurado sentir la pérdida «como propia», mientras dirigentes de la izquierda han utilizado palabras mucho más duras para interpretar lo ocurrido.

Mónica García ha reivindicado la lucha de Maricarmen, Gabriel Rufián ha reaccionado con indignación, Irene Montero ha llegado a hablar de «asesinato» y Pepe Álvarez, secretario general de UGT, ha denunciado la «crueldad de un sistema» que permitió que una mujer enferma y de 87 años fuera expulsada de su casa. El fallecimiento, conocido este miércoles 7 de octubre, añade una enorme carga política a un caso que ya había provocado protestas, movilizaciones y un debate nacional sobre los desahucios.

Sánchez: «Sentimos esta pérdida como propia»

Pedro Sánchez fue uno de los dirigentes que reaccionaron públicamente tras conocerse la muerte. El presidente del Gobierno envió su cariño a la familia y los seres queridos de Maricarmen y extendió el pésame a quienes, escribió, «sentimos esta pérdida como propia». Terminó su mensaje con un «descanse en paz».

El tono elegido por Sánchez fue institucional y contenido, lejos de las acusaciones que llegaron poco después desde otros sectores de la izquierda. Pero el mensaje tiene inevitablemente una lectura política. El caso de Maricarmen llevaba dos semanas metido de lleno en la agenda pública y había colocado de nuevo la protección frente a los desahucios en el centro de la discusión.

La paradoja es amarga. Maricarmen murió sin regresar a su casa, pese a que durante su hospitalización se había alcanzado finalmente un acuerdo para que pudiera volver a vivir en ella mediante un nuevo contrato. Para el movimiento por la vivienda que la acompañó durante el conflicto, aquella solución llegó demasiado tarde.

Óscar Puente optó por una reacción mucho más breve. El ministro de Transportes resumió su respuesta en cuatro palabras: «Qué tristeza tan grande». Otro miembro del Gobierno, Ángel Víctor Torres, destacó que Maricarmen había acabado representando las dificultades de muchas familias, desde personas mayores que temen perder su vivienda hasta jóvenes incapaces de acceder a ella.

Mónica García reivindica una lucha que «despertó conciencias»

La ministra de Sanidad y dirigente de Más Madrid, Mónica García, convirtió su despedida en una reivindicación explícita del legado de Maricarmen. Aseguró que su lucha había «despertado conciencias» en toda España y encendido una mecha que, en sus palabras, ya no se apagará.

García añadió que la dignidad y el coraje de la octogenaria «marcan el camino». No era una referencia casual. Desde el desahucio del 23 de septiembre, el caso había desbordado la situación personal de una inquilina del barrio madrileño de Retiro para convertirse en una bandera de las protestas por el precio de la vivienda, los alquileres y el papel de los propietarios.

También Salvador Illa, presidente de la Generalitat y dirigente del PSC, reaccionó al fallecimiento. «Nadie puede quedar indiferente», sostuvo, antes de defender que «la política no puede permitir ninguna inhumanidad» y comprometerse a continuar trabajando para evitar que un episodio semejante vuelva a repetirse.

Rufián responde con tres palabras

Gabriel Rufián eligió otro registro. El portavoz de ERC en el Congreso publicó únicamente una frase de tres palabras, de una dureza poco habitual incluso para el lenguaje de las redes sociales: «Qué hijos de puta». No identificó expresamente en ese mensaje a quién dirigía el insulto, aunque lo publicó al reaccionar a la noticia del fallecimiento de Maricarmen.

Rufián ya había mostrado su indignación cuando se ejecutó el desahucio. Entonces aseguró haber vivido lo ocurrido «con rabia» y situó la crisis de la vivienda como uno de los problemas capaces de erosionar seriamente al Gobierno.

El mensaje refleja hasta qué punto la muerte ha encontrado a España en mitad de una discusión política que venía encendida. El desahucio de una mujer de 87 años, después de décadas viviendo en el mismo piso, había dejado de ser hacía tiempo una disputa contractual enterrada entre expedientes. Se había convertido en material político de primer orden.

Irene Montero habla de «asesinato»

La reacción de Irene Montero fue todavía más lejos. La eurodiputada y exministra de Igualdad escribió que «no es una muerte, es un asesinato» y acompañó la afirmación de una expresión de rabia y agradecimiento a Maricarmen por su lucha.

Conviene distinguir aquí el lenguaje político de los hechos acreditados. La expresión «asesinato» es una valoración de Irene Montero, no una conclusión judicial ni médica. Maricarmen falleció en el Hospital Gregorio Marañón después de permanecer ingresada desde el desahucio, pero esa expresión no equivale a una calificación penal ni demuestra por sí misma una relación causal concreta.

Ione Belarra ya había utilizado un lenguaje muy duro inmediatamente después del lanzamiento. La secretaria general de Podemos sostuvo que sacar de su casa y de su entorno a una mujer de 87 años suponía comprometer su vida. Aquellas palabras, enormemente polémicas entonces, adquieren otro eco tras el fallecimiento, aunque siguen perteneciendo al terreno de la responsabilidad política, no al de una sentencia judicial.

Alberto Garzón, exministro y antiguo coordinador federal de Izquierda Unida, vinculó también el desenlace con el desgaste sufrido por Maricarmen durante los últimos años y semanas. Su crítica apuntó directamente a un modelo económico que, según sostuvo, antepone el rentismo de una minoría al derecho a la vivienda.

UGT carga contra la «crueldad» del sistema

Fuera de los partidos, una de las respuestas más contundentes llegó de Pepe Álvarez. El secretario general de UGT lamentó la muerte «por la crueldad de un sistema que la echó de su casa y la dejó en la calle, enferma» y llamó a trasladar la rabia y el dolor a las movilizaciones.

Álvarez recuperó además una vieja consigna del movimiento por la vivienda: «Ni casas sin gente ni gente sin casa». La reacción tiene especial peso porque los sindicatos han vuelto a situar la vivienda, los salarios y el coste de la vida en el centro de sus reivindicaciones.

El Sindicato de Inquilinas, que acompañó a Maricarmen durante su batalla para conservar la vivienda, fue todavía más categórico sobre el proceso. La organización sostiene que lo ocurrido era «absolutamente evitable», describe como «torturante» el camino recorrido por la mujer y lamenta que el pacto que habría permitido su regreso llegase demasiado tarde.

El sindicato se ha comprometido a mantener viva la petición que la propia Maricarmen había dirigido a quienes se movilizaban por ella: seguir luchando por lo que consideraban suyo. Una frase sencilla, casi doméstica, que terminó atravesando la puerta de aquel piso de Retiro y llegando a las plazas.

De un desahucio particular a un terremoto político

Maricarmen fue desahuciada el 23 de septiembre de la vivienda madrileña en la que había vivido durante alrededor de siete décadas. Tenía 87 años y problemas de movilidad. Aquel día fue trasladada al Hospital Gregorio Marañón, donde permaneció ingresada hasta su fallecimiento.

Su historia provocó una reacción social difícil de separar de la política española de estas semanas: protestas, movilizaciones y presión sobre las administraciones, junto con un debate feroz acerca de quién debía haber evitado el desahucio. Gobierno central, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento, oposición, propietarios y movimientos por la vivienda se fueron pasando responsabilidades como una pelota demasiado caliente.

La propia Maricarmen había criticado públicamente a dirigentes de distintos colores. Responsabilizó a Pedro Sánchez, pero también censuró a Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida y calificó de «inhumanos» a los responsables de la propiedad. Algunos vídeos difundidos posteriormente recortaron sus palabras para atribuirle exclusivamente una acusación contra Sánchez, dejando fuera buena parte del contexto.

Ese detalle importa. Su caso ha sido utilizado desde casi todos los ángulos de la disputa partidista, pero Maricarmen no cabía cómodamente en una sola trinchera. Reprochaba a las administraciones que no hubieran impedido su situación y reclamaba algo mucho menos sofisticado que todo el ruido parlamentario posterior: seguir viviendo en su casa.

Una muerte que devuelve la vivienda al centro de la política

Las primeras reacciones a la muerte de Maricarmen dibujan dos registros muy diferentes. Está la condolencia institucional de Sánchez y otros dirigentes socialistas; y está la rabia explícita de Podemos, ERC, antiguos dirigentes de IU y los sindicatos. Entre medias aparece una cuestión que ya había desbordado cualquier expediente de alquiler: qué protección real ofrece el sistema a una persona vulnerable cuando su permanencia en una vivienda choca con los derechos de propiedad y con una resolución judicial.

No corresponde convertir una muerte en una sentencia política automática. Tampoco ignorar lo que ocurrió alrededor de ella. Maricarmen falleció después de dos semanas hospitalizada y sin haber podido regresar al piso por el que peleó hasta el final. El acuerdo llegó. La puerta, en teoría, volvía a abrirse. Ella no llegó a cruzarla.

Ahí reside buena parte de la fuerza que explica las palabras de Sánchez, García, Montero, Rufián, Illa, Garzón o Álvarez. Cada cual con su lenguaje —del pésame al improperio, de la institución a la barricada verbal—, pero todos reaccionando a la misma imagen: una mujer de 87 años convertida en el rostro de la crisis de la vivienda en España.