Meloni cambia la ley electoral italiana y abre el debate en España

Italia acaba de cambiar las reglas con las que elegirá su próximo Parlamento. La Cámara de los Diputados ha aprobado definitivamente la reforma electoral impulsada por Giorgia Meloni, con 227 votos a favor y 164 en contra, después de una tramitación áspera y de varias votaciones de confianza. La norma sustituye al llamado Rosatellum y será, salvo nuevos sobresaltos judiciales o políticos, el sistema con el que los italianos acudirán a las próximas elecciones generales.

El corazón de la reforma es fácil de entender: Italia mantiene una representación básicamente proporcional, pero introduce un premio de mayoría para la lista o coalición vencedora que supere el 42% de los votos. Esa fuerza recibirá 70 diputados adicionales y 35 senadores, dentro de los límites establecidos por el nuevo sistema, con el objetivo declarado de convertir una victoria electoral clara en una mayoría parlamentaria capaz de gobernar. Si nadie alcanza ese 42%, el reparto será proporcional.

La fórmula interesa bastante desde España. No porque pueda copiarse sin más —la Constitución española establece límites importantes—, sino porque ataca de frente una vieja enfermedad de los sistemas parlamentarios fragmentados: ganar unas elecciones no significa necesariamente poder gobernar sin negociar durante semanas, meses o legislaturas enteras. La medicina italiana promete estabilidad. Como casi todas las medicinas fuertes, también trae prospecto.

Italia cambia proporcionalidad por una dosis de gobernabilidad

La reforma, bautizada por sus defensores como Stabilicum y conocida también como Melonellum, intenta cuadrar un círculo conocido: conservar la pluralidad política y, al mismo tiempo, evitar parlamentos en los que formar una mayoría sea una operación de ingeniería fina.

El mecanismo no entrega automáticamente el Gobierno a quien quede primero. Exige alcanzar al menos el 42% de los votos y obtener el mejor resultado. Superado ese umbral, entra en funcionamiento el premio de gobernabilidad. La Cámara puede elevar así al vencedor hasta un máximo previsto de 220 diputados, mientras que en el Senado el techo queda en 113 senadores.

La diferencia no es pequeña. Un partido o coalición que ronde ese 42% podría obtener una representación parlamentaria sensiblemente superior a la derivada de un reparto proporcional puro. Ahí está precisamente la intención: fabricar una mayoría suficientemente sólida para sostener un Ejecutivo.

Pero hay un matiz esencial. No se premia a cualquier ganador. Italia ya probó fórmulas mucho más agresivas y su Tribunal Constitucional recortó algunas de ellas. La jurisprudencia italiana ha considerado admisible que exista una prima de escaños siempre que haya un umbral previo razonable y que la distorsión entre votos y representación no resulte desproporcionada.

Es decir, ese umbral del 42% no aparece por casualidad. Funciona también como una especie de cinturón jurídico frente al riesgo de que una fuerza con un respaldo electoral demasiado reducido consiga una mayoría parlamentaria artificialmente grande.

El elector recupera parte del poder sobre los candidatos

La otra modificación relevante está en las listas. El nuevo sistema combina cabezas de lista bloqueados con votos de preferencia para otros candidatos.

El ciudadano continúa sin decidir sobre todos los nombres en igualdad de condiciones, porque los primeros puestos conservan protección partidista, pero puede expresar preferencias entre otros aspirantes. Es una solución intermedia: ni listas completamente cerradas ni libertad absoluta para alterar el orden confeccionado por las direcciones políticas.

Aquí aparece uno de los elementos más interesantes para España. El sistema español para el Congreso utiliza listas cerradas y bloqueadas: el elector escoge una candidatura, pero no puede modificar el orden de sus integrantes. El escaño va llegando a los candidatos según la posición decidida previamente por cada partido.

En Italia se abre una pequeña ventana. No derriba la casa de los aparatos políticos, ni mucho menos, pero deja entrar algo de aire: una parte de los elegidos tendrá que buscar también el respaldo directo del votante.

Lo que gana Meloni con la reforma

La ventaja política es evidente. La coalición que encabeza Meloni tiene una estructura especialmente adecuada para competir bajo este modelo: varios partidos distintos pueden acudir agrupados y sumar sus votos para superar el umbral que activa el premio.

Eso explica parte de la enorme tensión que ha rodeado la ley. La oposición sostiene que la mayoría ha cambiado las reglas pensando en su propia arquitectura electoral. El Partido Democrático, el Movimiento 5 Estrellas y otras fuerzas han denunciado un traje a medida para el bloque conservador. El Gobierno responde que el propósito es acabar con décadas de inestabilidad.

Las dos lecturas pueden coexistir. Una reforma electoral puede perseguir mayor gobernabilidad y, a la vez, beneficiar a quien la aprueba. Las leyes electorales tienen esa incómoda particularidad: quienes las redactan suelen ser precisamente quienes competirán bajo ellas.

La historia italiana tampoco invita a la ingenuidad. Desde la posguerra, Italia ha padecido una extraordinaria rotación de gobiernos, aunque muchos cambios de Ejecutivo se produjeran sin elecciones y dentro de mayorías parlamentarias similares. Convertir votos en estabilidad política ha sido durante décadas casi una obsesión nacional.

Meloni pretende poner algo más de cemento en ese edificio.

El gran argumento a favor: saber quién puede gobernar

La virtud del modelo aparece cuando las urnas producen un vencedor claro. Si una coalición convence a algo más de cuatro de cada diez votantes y supera el umbral, recibe una prima parlamentaria que puede permitirle gobernar sin depender cada semana de un partido minoritario.

Eso reduce el poder de los llamados partidos bisagra, pequeñas fuerzas capaces de convertirse en imprescindibles simplemente porque los grandes bloques no suman.

España conoce bien ese fenómeno. Desde la ruptura del bipartidismo, la aritmética parlamentaria ha multiplicado negociaciones con partidos territoriales y formaciones pequeñas cuyos escaños pueden decidir una investidura, unos presupuestos o incluso la supervivencia de un Gobierno.

El sistema italiano intenta alterar ese equilibrio: no elimina a los partidos menores, pero concede una ventaja al bloque que obtenga un respaldo electoral suficientemente amplio.

Hay otra consecuencia menos visible. El ciudadano puede acudir a las urnas sabiendo que aproximarse al 42% tiene un efecto institucional concreto. El voto no sirve únicamente para repartir diputados; puede activar una mayoría de gobierno.

Las sombras: un voto puede terminar valiendo más que otro

La crítica de fondo tampoco es complicada. Un sistema proporcional busca que la distribución de los escaños se parezca razonablemente a la distribución de los votos. Un premio de mayoría introduce deliberadamente una desviación.

Imagine una coalición con el 42,1% y otra con el 39%. La diferencia electoral es modesta. Sin embargo, después de aplicar la prima, la distancia parlamentaria puede crecer mucho más.

Ese salto es precisamente lo que preocupa a quienes consideran que la reforma reduce la proporcionalidad del voto. La mayoría responde que ninguna democracia parlamentaria está obligada a reproducir los porcentajes electorales como si el hemiciclo fuera una fotocopiadora.

Ambas posiciones tienen fundamento. Representatividad y gobernabilidad no son sinónimos; a veces incluso tiran de la cuerda en direcciones contrarias.

Italia conoce bien ese conflicto jurídico. Su Tribunal Constitucional anuló en 2014 partes de un anterior sistema porque permitía conceder un enorme premio parlamentario sin exigir un porcentaje mínimo de votos. Más tarde aceptó que un premio ligado a un umbral suficientemente elevado podía responder legítimamente al objetivo de asegurar estabilidad, siempre que no produjera una sobrerrepresentación excesiva.

La nueva barrera del 42% intenta caminar justamente por esa estrecha cornisa.

El segundo problema: quién diseña las reglas y cuándo

Hay otra sombra, más política que matemática. Cambiar la ley electoral cuando las próximas elecciones empiezan a asomar en el horizonte siempre provoca suspicacias.

Las normas electorales son el terreno de juego democrático. Reformarlas es legítimo, por supuesto, pero cuanto más cerca está la siguiente competición, mayor es la sensación de que los jugadores han participado también en el diseño de la portería.

La oposición italiana ha insistido en ese argumento y ha cuestionado aspectos concretos del texto ante la posibilidad de nuevos conflictos constitucionales. La utilización de varias votaciones de confianza durante la tramitación aumentó todavía más la temperatura parlamentaria.

No significa que la ley sea por ello ilegítima. Significa algo más sencillo: en democracia, una reforma electoral sólida necesita algo más que votos suficientes. Necesita cierta percepción de neutralidad.

Y esa es bastante más difícil de legislar.

¿Serviría una fórmula parecida en España?

Copiar literalmente el sistema italiano no sería sencillo. La Constitución española establece que las elecciones al Congreso deben realizarse siguiendo criterios de representación proporcional y fija la provincia como circunscripción electoral. El Congreso tiene actualmente 350 diputados, con un mínimo inicial de dos por provincia, más uno para Ceuta y otro para Melilla.

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General aplica después el método D’Hondt dentro de cada provincia y excluye del reparto las candidaturas que no alcancen el 3% de los votos válidos en esa circunscripción.

España, por tanto, ya tiene un sistema proporcional corregido. No todos los votos pesan exactamente igual en la práctica, porque el tamaño desigual de las circunscripciones y el mínimo provincial generan efectos distintos según dónde se vote.

Introducir un premio nacional de decenas de diputados para el vencedor abriría un debate constitucional serio. El artículo 68 exige proporcionalidad y mantiene la provincia como circunscripción. Una prima semejante a la italiana tendría que encajar dentro de esos límites; dependiendo de su diseño, podría incluso exigir una reforma constitucional y no una simple modificación de la ley electoral.

Pero la idea política, separada de la copia literal, sí merece discusión.

Lo que España podría mirar sin importar todo el paquete

El debate español lleva años encerrado entre dos deseos difíciles de conciliar. Se reclama proporcionalidad cuando se habla de votos que producen pocos escaños, pero se reclama estabilidad cuando las elecciones dejan un Congreso fragmentado. Queremos una fotografía exacta del país y, al mismo tiempo, un Gobierno que pueda caminar sin muletas. No siempre salen ambas cosas de la misma urna.

El experimento italiano ofrece una posible respuesta: establecer un umbral elevado a partir del cual una victoria suficientemente contundente produzca una prima limitada de representación.

La ventaja sería evidente. Una coalición cercana a la mayoría social podría obtener capacidad efectiva para gobernar sin convertir a grupos muy pequeños en árbitros permanentes de la legislatura.

El inconveniente también. Una fuerza respaldada por menos de la mitad de los votantes podría acabar controlando la mayoría absoluta del Parlamento. El sistema transformaría deliberadamente una mayoría relativa de votos en una mayoría política.

Y aquí está el punto incómodo que no cabe esconder debajo de la alfombra: una democracia debe decidir qué problema considera peor, la fragmentación o la distorsión electoral.

Quizá España tenga más recorrido en otras partes de la reforma italiana. Permitir preferencias dentro de las candidaturas, por ejemplo, reduciría el control absoluto de las direcciones partidistas sobre quién termina ocupando un escaño sin alterar tan profundamente la proporcionalidad general.

No acabaría con el poder de los partidos —tampoco conviene fantasear—, pero obligaría a algunos diputados a mirar algo más hacia el elector y algo menos hacia el despacho que confecciona las listas.

Italia abre un debate que España conoce demasiado bien

La reforma de Giorgia Meloni no inventa una fórmula mágica. Simplemente desplaza el punto de equilibrio: menos proporcionalidad pura y más gobernabilidad; algo más de poder para el votante dentro de las candidaturas, pero sin desmantelar el control partidista.

Puede funcionar. También puede beneficiar de forma considerable al bloque que domine la política italiana durante los próximos años. Ambas cosas, otra vez, pueden ser ciertas al mismo tiempo.

Para España, el interés del modelo no está tanto en importar un premio de 70 escaños como quien compra una máquina italiana y la instala en Madrid. El marco constitucional, las circunscripciones provinciales y la estructura territorial son diferentes.

La lección es otra. Italia ha decidido poner precio a la estabilidad: el vencedor que alcance el 42% obtiene una ventaja parlamentaria real. España sigue prefiriendo que esa ventaja se construya después de las elecciones mediante pactos.

Dos formas de resolver la misma vieja cuestión europea: cuánto debe parecerse un Parlamento a las urnas y cuánto debe ayudar, deliberadamente, a fabricar un Gobierno.