Economía
Revolut, bajo administración judicial en Italia por posible blanqueo
Revolut estará un año bajo administración judicial en Italia por fallos en sus controles antiblanqueo. La medida no bloquea las cuentas de clientes.
Imagen: Boubloub / CC0
Resumen
- Un tribunal de Milán somete a Revolut a administración judicial durante un año
- La Fiscalía señala operaciones por 76,5 millones ligadas al blanqueo
- La medida afecta a Italia y no implica cerrar cuentas ni suspender servicios
La justicia italiana ha ordenado este lunes, 16 de noviembre de 2026, someter a Revolut a administración judicial tras detectar graves deficiencias en sus mecanismos de prevención del blanqueo de capitales. El Tribunal de Milán considera que esos fallos facilitaron operaciones de transferencia, ocultación y desvío de fondos por 76,5 millones de euros, en una investigación relacionada con personas implicadas en delitos de blanqueo y actividades mafiosas.
La decisión, adoptada por la sección de medidas de prevención del tribunal a petición de la Fiscalía de Milán, afecta a la actividad italiana de Revolut Bank UAB, la entidad bancaria del grupo con sede en Lituania. La medida tendrá inicialmente una duración de un año y permitirá a administradores designados judicialmente supervisar sus procedimientos internos. Revolut no está siendo investigada penalmente en este procedimiento y sus servicios bancarios podrán seguir funcionando.
El caso procede de una investigación de la Guardia di Finanza, la policía económico-financiera italiana, y de la Fiscalía de Milán. Los investigadores han identificado relaciones bancarias con personas investigadas o condenadas por blanqueo de dinero, transferencias fraudulentas de patrimonio y otros delitos graves, algunos de ellos relacionados con el crimen organizado.
Revolut habría facilitado operaciones por 76,5 millones de euros
El tribunal sostiene que las deficiencias del sistema de prevención del blanqueo de Revolut permitieron acceder al circuito financiero a personas con antecedentes o investigaciones abiertas por delitos graves, incluidos individuos sometidos a medidas judiciales de prevención patrimonial.
La investigación apunta a un modelo de gestión con fallos persistentes que habría facilitado movimientos de capital cuya naturaleza sospechosa podría haberse detectado mediante la aplicación adecuada de los controles exigidos a las entidades financieras.
El fiscal jefe de Milán, Marcello Viola, señala en el procedimiento que estas operaciones alcanzaron los 76,5 millones de euros. La cifra corresponde a transferencias, ocultaciones o desvíos de capital identificados en el marco de la investigación y no constituye una cantidad que Revolut haya sido condenada a pagar.
El problema, según los investigadores, no reside únicamente en la existencia de clientes sospechosos. Los bancos están obligados a establecer mecanismos para identificar operaciones potencialmente ilícitas, verificar quién controla realmente los fondos y comunicar las transacciones sospechosas a las autoridades competentes.
En este caso, la justicia italiana considera que esas barreras de prevención no funcionaron adecuadamente.
Las alertas que Revolut no comunicó
La investigación judicial ha identificado a 24 personas investigadas o condenadas que habrían utilizado cuentas de Revolut para mover fondos de origen presuntamente ilícito entre 2021 y 2026.
Uno de los datos más relevantes del procedimiento es la diferencia entre las alertas emitidas por distintas entidades financieras. Durante ese periodo, otros bancos presentaron 265 comunicaciones de operaciones sospechosas relacionadas con estas personas, mientras que Revolut no comunicó ninguna respecto a ellas.
Esta ausencia de alertas constituye uno de los elementos utilizados por el tribunal para justificar la intervención preventiva de los mecanismos de control del banco.
La investigación también examina la relación de determinados titulares de cuentas con organizaciones criminales y con personas condenadas por delitos cometidos mediante métodos mafiosos o para favorecer a estas organizaciones.
Conviene distinguir ambas responsabilidades. La existencia de operaciones bancarias vinculadas con presuntos delincuentes no significa, por sí misma, que la entidad financiera haya participado deliberadamente en sus actividades.
Qué significa la administración judicial de Revolut
La decisión del Tribunal de Milán no supone la nacionalización de Revolut, la retirada de su licencia bancaria ni una suspensión general de sus operaciones.
La administración judicial es una medida preventiva contemplada en la legislación italiana que permite intervenir en la supervisión de empresas cuando sus procedimientos o deficiencias organizativas han podido facilitar actividades delictivas de terceros.
En lugar de sustituir por completo a la dirección empresarial, los administradores judiciales trabajan junto a los responsables de la entidad para revisar los mecanismos de control y garantizar que se introduzcan las correcciones necesarias.
En el caso de Revolut, el procedimiento establece una supervisión inicial de 12 meses y un programa de actuaciones para reforzar sus sistemas de prevención del blanqueo.
Los administradores deberán tener acceso a la documentación, los sistemas informáticos y el personal necesario para comprobar cómo identifica la entidad a sus clientes y cómo controla los movimientos financieros.
Un plan de 15 medidas para corregir los fallos
El tribunal ha previsto un programa de 15 actuaciones correctoras que incluye la revisión de los procedimientos de identificación de clientes, la comprobación de los titulares reales de las cuentas y el seguimiento de operaciones potencialmente sospechosas.
También deberán examinarse los mecanismos utilizados para detectar antecedentes o información negativa sobre determinados clientes, los procesos digitales de apertura de cuentas, la emisión de tarjetas y la respuesta a las peticiones de información de las autoridades.
Los administradores judiciales tendrán que presentar informes periódicos sobre los avances, al menos cada tres meses, y una evaluación final antes de que el tribunal decida sobre la continuidad de la medida.
La supervisión podría finalizar antes del plazo previsto si la entidad acredita que ha aplicado satisfactoriamente las correcciones exigidas.
Qué ocurre con las cuentas y tarjetas de los clientes de Revolut
La medida judicial no implica el bloqueo general de las cuentas, tarjetas ni transferencias de los clientes de Revolut.
La intervención se limita a las operaciones italianas de la entidad y está dirigida a reforzar su funcionamiento interno. Los servicios bancarios para particulares y empresas podrán continuar con normalidad.
Tampoco se ha anunciado ninguna medida equivalente sobre los servicios de Revolut en España ni una restricción general al acceso de sus clientes españoles a sus fondos.
Es una distinción importante. La actuación del Tribunal de Milán se dirige contra las deficiencias detectadas en los controles de prevención del blanqueo, no contra los depósitos de los usuarios particulares.
Por tanto, no existe una orden judicial de cierre de cuentas derivada de esta resolución ni una suspensión general de los pagos o retiradas de efectivo.
Las autoridades podrán seguir investigando operaciones concretas y adoptar medidas individualizadas cuando corresponda, pero eso es distinto de una intervención general del dinero de todos los clientes.
Los antecedentes de Revolut en materia de controles bancarios
La decisión judicial llega después de otros procedimientos relacionados con los controles internos y las prácticas comerciales de la entidad, aunque se trata de actuaciones distintas que no deben confundirse.
En abril de 2025, el Banco de Lituania impuso a Revolut Bank una multa de 3,5 millones de euros por deficiencias en sus mecanismos de prevención del blanqueo de capitales. La entidad reconoció posteriormente esa sanción en su información financiera.
En abril de 2026, la autoridad italiana de competencia anunció sanciones al grupo por un importe superior a 11 millones de euros, relacionadas con prácticas comerciales consideradas desleales.
Entre las conductas examinadas figuraban las restricciones y bloqueos de cuentas sin información suficiente para los clientes, así como deficiencias en la comunicación de determinadas condiciones de los servicios bancarios y de inversión.
Estas sanciones administrativas no forman parte de la investigación que ha provocado la actual administración judicial. Sin embargo, muestran que los procedimientos internos de Revolut ya habían sido objeto de actuaciones regulatorias anteriores.
La justicia italiana examinará cómo controla Revolut el dinero
La resolución del Tribunal de Milán sitúa el problema en una obligación básica de cualquier entidad bancaria: conocer a sus clientes, vigilar las operaciones sospechosas y comunicar posibles indicios de blanqueo.
La digitalización de los servicios financieros permite abrir cuentas y realizar transferencias internacionales con rapidez, pero no exime a los bancos de comprobar quién utiliza sus plataformas ni de evaluar los riesgos asociados a determinadas operaciones.
Durante los próximos meses, los administradores judiciales deberán determinar si las modificaciones introducidas por Revolut son suficientes para subsanar las deficiencias detectadas.
La entidad mantiene su actividad y no existe una declaración de responsabilidad penal contra ella en este procedimiento. Lo que sí ha establecido la justicia italiana es que sus controles fueron insuficientes para impedir que personas relacionadas con delitos graves utilizaran sus servicios financieros.
El resultado de esa supervisión determinará cuándo podrá concluir la administración judicial y si Revolut ha corregido los fallos que han llevado a un tribunal italiano a intervenir en su funcionamiento interno.
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