El salario mínimo podría subir un 5% en 2027 y rozar los 1.282 euros

El salario mínimo interprofesional vuelve a moverse. El Ministerio de Trabajo prepara la actualización del SMI para 2027 y el escenario que gana peso apunta a una subida cercana al 5%, suficiente para llevar los actuales 1.221 euros brutos mensuales hasta aproximadamente 1.282 euros en 14 pagas. No es todavía una cifra aprobada: la comisión de expertos debe terminar sus cálculos y el Gobierno tendrá después que escuchar a sindicatos y empresarios.

La discusión, sin embargo, ya ha empezado bastante por encima. CCOO y UGT reclaman un incremento mínimo del 7%, que elevaría el salario mínimo hasta unos 1.306,50 euros mensuales. Entre una propuesta y otra hay algo más que 24 euros al mes: está en juego cuánto debe compensarse la escalada de los precios y hasta dónde puede seguir avanzando el suelo salarial sin comprimir buena parte de las nóminas españolas contra ese mismo suelo.

El 5% colocaría el salario mínimo en unos 1.282 euros

El punto de partida son los 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas vigentes en 2026, equivalentes a 17.094 euros anuales. El salario mínimo aumentó este año un 3,1% respecto al ejercicio anterior y tiene efectos desde el 1 de enero.

Una subida exacta del 5% colocaría la nueva referencia en 1.282,05 euros al mes en catorce pagas, unos 61 euros más por mensualidad. El salario anual ascendería a aproximadamente 17.949 euros brutos. Para quien recibe las pagas extraordinarias prorrateadas en doce mensualidades, la equivalencia estaría cerca de los 1.496 euros brutos al mes.

El 7% reclamado por los sindicatos dibuja otro escalón: alrededor de 1.306,50 euros en 14 pagas, unos 85,50 euros más al mes que en 2026. En doce pagas equivaldría a algo más de 1.524 euros mensuales. No es una diferencia monumental contemplada desde una hoja de cálculo; en una economía doméstica que paga alquiler, supermercado, electricidad y transporte, la hoja de cálculo adquiere rápidamente otro aspecto.

La cifra definitiva puede apartarse de ambos escenarios. Trabajo ha encargado a su comisión asesora que prepare su propuesta antes de que concluya el proceso de negociación, y ese informe servirá como base para el diálogo con sindicatos y empresarios. El dictamen de los expertos orienta la decisión, aunque corresponde finalmente al Gobierno fijar la cuantía mediante real decreto.

La inflación del 4,9% cambia las cuentas

Esta vez hay una variable especialmente incómoda: los precios. El IPC interanual alcanzó en septiembre el 4,9%, seis décimas más que en agosto y su tasa más elevada desde febrero de 2023. La inflación subyacente, que elimina los componentes más volátiles, se situó en el 3,1%.

Ese 4,9% ayuda a entender por qué el entorno del 5% aparece como referencia. Trabajo ha pedido a los expertos que el salario mínimo de 2027 no pierda poder adquisitivo. Si el coste de la vida avanza cerca de un 5%, congelar el SMI o incrementarlo claramente por debajo de ese porcentaje supondría una pérdida real para sus perceptores.

Los sindicatos van más allá. CCOO y UGT sostienen que hay que recuperar también el desfase acumulado y acercar el salario mínimo al nivel que consideran adecuado respecto al salario medio. De ahí sale su petición del 7%, que llevaría por primera vez el mínimo claramente por encima de los 1.300 euros en catorce pagas.

Trabajo mantiene, además, como referencia que el salario mínimo se sitúe alrededor del 60% del salario medio. El problema es que esa fotografía nunca permanece quieta: sube el SMI, cambian los salarios medios, vuelve la inflación y el porcentaje se desplaza otra vez. La economía tiene esa irritante costumbre de no quedarse quieta para la foto oficial.

Cinco millones de trabajadores podrían quedar cerca del SMI

Hay otro dato que explica por qué esta subida rebasa con mucho a quienes cobran exactamente el salario mínimo. Si el incremento alcanzara el 7%, distintas estimaciones sitúan en torno a cinco millones de trabajadores el volumen de asalariados que podría terminar cobrando en franjas próximas al nuevo SMI.

Eso no significa que cinco millones de personas vayan a recibir automáticamente una subida del 7%. Describe un fenómeno diferente y bastante relevante: una parte creciente de las remuneraciones españolas quedaría concentrada en torno al suelo salarial legal.

Ahí aparece la llamada compresión salarial. Pensemos en una empresa donde un trabajador recién incorporado cobra el mínimo y otro, después de varios años, percibe solo 80 o 100 euros más por asumir funciones adicionales. Si el salario mínimo aumenta deprisa y el convenio no actualiza el resto de categorías, esa distancia se estrecha. A veces prácticamente desaparece.

No es un argumento contra el SMI ni una demostración de que subirlo sea perjudicial por definición. Expone un problema diferente: el mínimo puede avanzar mientras las tablas salariales superiores permanecen medio dormidas. Entonces el suelo sube, pero el edificio salarial no siempre lo hace al mismo ritmo.

El salario mínimo ha aumentado con mucha intensidad desde 2018 y ese recorrido ha reforzado especialmente los ingresos de quienes ocupan la parte baja de la escala retributiva. La discusión se desplaza ahora hacia otra cuestión: qué ocurre cuando los convenios y los salarios inmediatamente superiores no acompañan esa evolución.

El problema de los pluses y complementos

Otra batalla aparentemente técnica, aunque muy tangible en una nómina, es la denominada absorción y compensación. Algunos trabajadores pueden comprobar cómo una subida del salario base queda neutralizada porque determinados complementos que ya cobraban se utilizan para alcanzar el nuevo mínimo anual.

Trabajo lleva tiempo intentando modificar ese funcionamiento para que determinados pluses vinculados a circunstancias específicas del puesto no terminen convertidos en una especie de colchón que absorbe la actualización del SMI. Los sindicatos también reclaman que esa reforma acompañe a la subida de 2027.

El asunto importa mucho más de lo que su lenguaje burocrático sugiere. Para un trabajador, que el salario mínimo aumente 80 euros sobre el papel sirve de poco si después parte del incremento desaparece al reajustarse otros conceptos de la nómina. La distancia entre una subida nominal y una subida efectiva cabe, a veces, en una casilla pequeña del recibo salarial.

La subida entra de lleno en el calendario electoral

El calendario añade combustible político. Las elecciones generales están convocadas para el 29 de noviembre de 2026 y Trabajo pretende dejar encaminado el salario mínimo de 2027 antes de acudir a las urnas. El proceso se ha adelantado respecto a ejercicios anteriores y eso ha encendido la discusión con la patronal.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha criticado que el Gobierno quiera abordar una nueva subida del SMI en plena campaña electoral y cuestiona tanto el momento como el procedimiento. La patronal mantiene desde hace años reservas ante los incrementos del salario mínimo, especialmente por su impacto sobre pequeñas empresas y actividades intensivas en mano de obra.

El Gobierno sostiene que la convocatoria electoral no paraliza la actividad económica ni la obligación de establecer el salario mínimo del próximo ejercicio. Jurídicamente dispone de margen: el SMI lo fija el Ejecutivo mediante real decreto después de consultar a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas.

Esa consulta resulta obligatoria, pero alcanzar un acuerdo con todas las partes no lo es. La comisión de expertos propone, sindicatos y patronal fijan posiciones y el Consejo de Ministros conserva la última palabra.

De 1.221 a más de 1.300 euros: las cifras sobre la mesa

A mediados de octubre hay tres cantidades que conviene no mezclar. 1.221 euros es el salario mínimo vigente en 2026. Alrededor de 1.282 euros sería el resultado de una subida del 5%, el escenario que ha ganado peso en el debate. Y aproximadamente 1.306,50 euros sería la cuantía resultante del incremento del 7% solicitado por CCOO y UGT.

Ninguna de las dos últimas cifras constituye todavía el salario mínimo oficial de 2027. Falta completar el trabajo de los expertos, escuchar a los agentes sociales y adoptar la decisión definitiva. Pero el terreno se ha estrechado bastante: con una inflación anual del 4,9% y el compromiso de preservar el poder adquisitivo, una subida cercana al 5% aparece como la referencia alrededor de la que gira buena parte de la negociación.

La discusión ya no termina en el salario mínimo

Detrás del porcentaje está la discusión verdaderamente importante. España no debate únicamente cuánto debe cobrar quien ocupa la parte más baja de la escala salarial, sino qué ocurre cuando millones de nóminas comienzan a amontonarse cerca de ese límite. Elevar el suelo protege a quienes menos cobran; conseguir que el resto de salarios no quede pegado a él exige que la negociación colectiva también avance.

El posible SMI de 2027 se mueve así entre dos referencias: alrededor de 1.282 euros si finalmente sube un 5% y algo más de 1.300 euros si prospera la reivindicación sindical del 7%. Entre ambas cantidades se decidirá una de las medidas laborales con mayor impacto directo sobre las nóminas de los trabajadores con salarios más bajos.