El PSOE disputa diez escaños por el fuerte auge del voto exterior

El crecimiento del voto exterior ha colocado hasta diez escaños del Congreso bajo una lupa especialmente fina ante las elecciones generales del 29 de noviembre. Una simulación realizada a partir de los resultados de 2023 y del aumento posterior del Censo Electoral de Residentes Ausentes, el CERA, identifica diez circunscripciones en las que el PSOE quedó entonces a menos votos del último diputado que el número de nuevos electores incorporados al censo exterior desde aquellos comicios.

Traducido a la aritmética parlamentaria: Madrid, Málaga, Las Palmas, A Coruña, Lugo, Ourense, Asturias, Girona, Tarragona y Salamanca presentan márgenes lo bastante estrechos como para que el sufragio emitido desde el extranjero pueda resultar decisivo. En una reproducción estrictamente matemática del escenario de 2023, siete de esos escaños procederían del PP, dos de Junts y uno del BNG. Pero conviene poner el freno antes de convertir la calculadora en una urna: que haya más electores no significa que todos voten, ni que quienes lo hagan elijan al mismo partido. Mucho menos que los diez diputados vayan a cambiar de manos.

Diez escaños sensibles, pero no diez escaños garantizados

El ejemplo más llamativo está en Madrid. En las generales de 2023, al PSOE le faltaron 3.995 votos para disputar al PP el último diputado de la circunscripción. Desde entonces, el censo de españoles residentes en el extranjero vinculado a Madrid habría crecido en más de 118.000 electores. La diferencia entre ambas cifras explica por qué ese escaño aparece en el radar, aunque compararlas no equivale a pronosticar el resultado.

En Tarragona, Girona y Salamanca el margen fue todavía más estrecho: los socialistas quedaron a menos de 2.000 votos del último escaño, mientras que el CERA habría aumentado alrededor de 5.000 electores en cada una de esas provincias. En Málaga, la distancia superó ligeramente los 2.000 votos y el incremento del censo exterior fue superior a 12.500 inscritos.

A Coruña, Lugo, Ourense, Asturias y Las Palmas completan ese grupo de diez circunscripciones. Son territorios donde la emigración española dejó durante décadas una huella demográfica profunda y donde el voto de los residentes en el extranjero tiene, por pura dimensión, más capacidad para hacerse notar. En elecciones muy ajustadas, unos miles de papeletas dejan de ser una nota al pie.

El cálculo adquiere relevancia política porque reproduce los resultados de 2023 y pregunta qué habría ocurrido si el volumen actual del censo exterior hubiera participado entonces. No dice qué ocurrirá el 29-N. Entre una cosa y otra caben la participación, los cambios de voto, las nuevas candidaturas, la evolución de cada partido y, por supuesto, el propio reparto de sufragios entre quienes viven fuera de España.

El aumento del CERA no crea nuevos diputados

Aquí aparece una confusión fácil. El crecimiento del censo electoral exterior no aumenta el número de escaños que corresponde a una provincia. Los 350 diputados del Congreso se reparten territorialmente conforme a la población y el real decreto de convocatoria establece cuántos elige cada circunscripción: Madrid tendrá 38 diputados, Barcelona 32, Valencia 16, Alicante y Sevilla 12, Málaga 11, entre otros.

Lo que puede cambiar es quién se lleva el último de esos escaños. Los votos de los españoles residentes en el extranjero se incorporan al escrutinio de la provincia a la que están adscritos. Después entra en funcionamiento el sistema D’Hondt, que ordena los votos de cada candidatura y distribuye los diputados mediante sucesivos cocientes.

Es ahí, en el borde del reparto, donde cien, mil o cuatro mil votos pueden valer un diputado completo. La legislación exige también alcanzar al menos el 3% de los votos válidos emitidos en la circunscripción para entrar en la distribución. Una vez superado ese umbral, el último cociente puede quedar separado del siguiente por una distancia minúscula. La política española conoce bien ese género de fotografía: dos partidos separados por un puñado de sobres y un escaño que cambia de dueño cuando la noche electoral parecía terminada.

Por qué el último escaño puede valer tanto

Un incremento de 100.000 electores en una provincia no entrega automáticamente 100.000 votos nuevos ni beneficia necesariamente a una candidatura. La variable fundamental es cuántos participan y cómo se distribuye su voto.

Un ejemplo sencillo lo explica mejor. Si un partido está a 2.000 votos de obtener el último diputado y el censo exterior aumenta en 10.000 personas, existe matemáticamente espacio suficiente para modificar el reparto. Pero si solo votan 2.000 de esos nuevos electores y sus papeletas se reparten entre cinco candidaturas, el efecto puede evaporarse. Censo, participación y voto efectivo son tres cosas distintas.

El CERA supera los 2,7 millones y gana peso electoral

El censo de españoles residentes en el extranjero ha aumentado con fuerza durante los últimos años. Los datos manejados para estas elecciones sitúan el CERA por encima de los 2,74 millones de electores, alrededor de un 20% más que en octubre de 2022. Argentina concentra el grupo más numeroso, con más de medio millón de inscritos, seguida por Francia, Estados Unidos y México.

Territorialmente, Galicia y Madrid reúnen los mayores censos exteriores vinculados a España, seguidas por Cataluña, Andalucía, Canarias, Castilla y León, la Comunidad Valenciana y Asturias. Es una geografía que explica por qué algunas provincias pequeñas pueden notar especialmente unos miles de votos adicionales: no hace falta una avalancha para mover el último cociente electoral.

Para las generales del 29 de noviembre de 2026, el censo vigente quedó cerrado a 1 de agosto, aunque puede incorporar las reclamaciones aceptadas durante el periodo electoral. Los electores inscritos en el CERA reciben de oficio la documentación necesaria y pueden votar por correo o depositar personalmente la papeleta en consulados y centros habilitados. Ya no existe el antiguo mecanismo que obligaba a solicitar previamente el voto, el conocido voto rogado.

La ley de nietos entra en la batalla, pero no explica todo el aumento

Buena parte de la discusión política gira alrededor de la denominada ley de nietos, nombre popular de la vía de acceso a la nacionalidad prevista en la Ley de Memoria Democrática para determinados descendientes de españoles. Su aplicación ha incorporado nuevos ciudadanos españoles al censo exterior y ha adquirido una importancia evidente en países con una amplia descendencia de emigrantes, especialmente en América Latina.

Pero atribuir todo el crecimiento del CERA a esa norma sería ir más deprisa que los datos. El aumento total del censo incluye movimientos de distinta naturaleza y las cifras agregadas no permiten conocer automáticamente mediante qué procedimiento obtuvo la nacionalidad cada nuevo elector. Que dos fenómenos crezcan al mismo tiempo no los convierte en la misma cosa. Estadística básica, aunque en campaña electoral a veces parezca una excentricidad.

Ese matiz afecta directamente a la interpretación de los diez escaños. El cálculo que los sitúa potencialmente en disputa utiliza todo el crecimiento del CERA desde las generales de 2023, no únicamente las altas atribuibles a la Ley de Memoria Democrática. Por eso sirve para medir la sensibilidad de determinadas circunscripciones ante un voto exterior mayor, pero no para afirmar que la ley de nietos entregue diez diputados al PSOE.

El Supremo y el Constitucional añaden otra incógnita al 29-N

La fotografía es todavía más compleja porque el Tribunal Supremo mantiene suspendido cautelarmente el derecho de voto de 163.020 nacionalizados por esta vía que no puedan acreditar en los términos exigidos su condición de descendientes de exiliados. Los afectados pueden personarse y formular alegaciones, mientras las oficinas consulares trabajan para identificar los expedientes correspondientes.

La controversia ha llegado además al Tribunal Constitucional. Este lunes 19 de octubre comienza a examinarse el recurso presentado por el Defensor del Pueblo contra la suspensión acordada por el Supremo, incluida la petición de una medida cautelarísima que permita revertirla antes de las elecciones. Por tanto, el universo definitivo de electores exteriores habilitados para votar todavía está sujeto a decisiones judiciales a menos de mes y medio de las urnas.

No es una cuestión menor. El primer envío de documentación a los electores CERA está previsto entre el 24 y el 30 de octubre y el depósito presencial del voto en el extranjero se desarrollará del 21 al 26 de noviembre. El calendario electoral corre mientras los tribunales resuelven una controversia que afecta a decenas de miles de ciudadanos.

El 29-N también se decidirá en los márgenes

Los diez escaños que aparecen bajo el foco no constituyen una bolsa automática de diputados para el PSOE. Son, más exactamente, diez circunscripciones especialmente sensibles porque el margen que separó a los socialistas del último escaño en 2023 es inferior al crecimiento registrado desde entonces en su censo exterior.

Eso basta para convertir el CERA en una variable política de primer orden. No para conocer de antemano el resultado. El PP podría defender esos escaños, Junts y BNG también; el PSOE podría conquistar alguno, varios o ninguno. Los propios patrones electorales pueden cambiar completamente respecto a 2023.

Lo cierto es que el voto exterior ha dejado de ser una cifra remota escondida al final del escrutinio. Con más de 2,7 millones de electores residentes fuera de España, márgenes provinciales muy estrechos y unas generales en las que cada diputado puede alterar las mayorías, las papeletas que lleguen desde Buenos Aires, París, Londres, La Habana o Ciudad de México tendrán bastante más que valor simbólico.

En unas elecciones ajustadas, el escaño más caro no siempre es el que exige más votos. A veces es el último. Y ese, justamente, es el que puede cambiarlo todo.