Biedma cita 652 mensajes y pide diligencias por el caso David Sánchez

La jueza Beatriz Biedma ha presentado este martes, 3 de noviembre de 2026, un nuevo escrito ante la Audiencia Nacional en el que señala 652 mensajes de WhatsApp como elementos que respaldan la existencia de una presunta operación coordinada para desacreditarla y obstaculizar la investigación judicial contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. La magistrada considera que las conversaciones aportan indicios de la participación del exjuez Luis José Sáenz de Tejada en una organización investigada por sus posibles maniobras para interferir en procedimientos que afectaban al PSOE.

El escrito, dirigido al Juzgado Central de Instrucción número 5, que encabeza Santiago Pedraz, solicita nuevas diligencias de investigación para esclarecer las actuaciones del exmagistrado y sus contactos con la exmilitante socialista Leire Díez. Los mensajes, recogidos en los atestados de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, abarcan buena parte del periodo en el que Biedma instruía la causa contra David Sánchez.

La documentación describe conversaciones sobre estrategias judiciales, denuncias contra la instructora y posibles vías para apartarla del procedimiento. También recoge contactos con personas vinculadas al entorno político socialista. Sin embargo, la existencia de coordinación entre los investigados no equivale a demostrar la responsabilidad penal del PSOE como organización, una cuestión que continúa bajo investigación.

Los 652 mensajes que relacionan a Leire Díez con Sáenz de Tejada

El núcleo de la nueva argumentación de Biedma está formado por dos bloques de conversaciones que ya figuran en las investigaciones de la Guardia Civil.

El primero comprende 476 mensajes de WhatsApp intercambiados entre el 23 de agosto de 2024 y el 3 de julio de 2025 dentro de un grupo denominado Vacaciones y Viajes. Participaban cuatro personas: Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset, el expresidente del Badajoz Club de Fútbol Joaquín Parra y el exmagistrado Luis José Sáenz de Tejada.

El segundo bloque contiene 176 mensajes privados entre Díez y Sáenz de Tejada, fechados entre el 26 de septiembre de 2024 y el 8 de diciembre de 2025.

Para la magistrada, la importancia de estas comunicaciones no reside únicamente en su cantidad. Su contenido y continuidad temporal apuntarían a una relación de colaboración que coincidió con los momentos decisivos de la instrucción contra el hermano de Pedro Sánchez.

La investigación judicial sobre David Sánchez comenzó a finales de mayo de 2024 y fue remitida para su enjuiciamiento a la Audiencia Provincial de Badajoz en noviembre de 2025.

Biedma sostiene que existen indicios racionales de integración de Sáenz de Tejada en la presunta organización criminal y rechaza que sus contactos con los demás investigados fueran meramente ocasionales.

Una estrategia para intervenir en la causa de David Sánchez

Uno de los episodios que destaca la documentación se produjo el 27 de agosto de 2024, apenas cuatro días después de la creación del grupo de WhatsApp.

Sáenz de Tejada planteó la necesidad de establecer una estrategia. Leire Díez respondió que ya existía un plan en marcha, preparado desde meses atrás, cuyo alcance superaba las actuaciones mediáticas.

En aquellas conversaciones, la exmilitante socialista también situó al presidente del Gobierno entre sus principales prioridades.

Los investigadores interpretan estos intercambios como parte de una estrategia más amplia para actuar sobre procedimientos judiciales que podían perjudicar a dirigentes socialistas o personas de su entorno.

El siguiente episodio relevante tuvo lugar el 2 de septiembre de 2024, cuando los cuatro integrantes del grupo se reunieron en un inmueble de la calle Diego de León de Madrid.

Joaquín Parra declaró ante la UCO que Díez y Pérez Dolset se referían a ese lugar como un supuesto «piso franco del PSOE». Se trata de una descripción atribuida al testigo, no de una vinculación orgánica acreditada judicialmente.

Según su testimonio, durante el encuentro se abordaron cuestiones relacionadas con los juzgados de Badajoz y se habló de distintas posibilidades para intervenir en la investigación contra David Sánchez.

Una de las opciones habría consistido en que Sáenz de Tejada asumiera su defensa. Esa posibilidad, según la declaración recogida en las actuaciones, no prosperó.

La Guardia Civil también localizó anotaciones en las agendas de Leire Díez relacionadas con la situación judicial en Badajoz. Entre ellas aparece la expresión «Paso 1: destruir procedimiento», que los investigadores relacionan con la estrategia para alterar el desarrollo de la causa.

Las denuncias contra Biedma y el intento de recusación

Las conversaciones no quedaron únicamente en propuestas.

El 17 de septiembre de 2024, Sáenz de Tejada remitió a Leire Díez una denuncia que pretendía presentar ante la Fiscalía General del Estado contra la magistrada y otros integrantes de la Administración de Justicia.

Los mensajes reflejan que Díez intervino en la revisión del documento y que, posteriormente, dio su conformidad para presentarlo.

La denuncia quedó registrada el 21 de octubre de 2024. La documentación también recoge que Díez trasladó información sobre estas actuaciones a Santos Cerdán, entonces secretario de Organización del PSOE.

El 27 de noviembre de aquel año, coincidiendo con la decisión de Biedma de atribuir formalmente a David Sánchez la condición de investigado, el exjuez reiteró su denuncia mediante un burofax.

Meses después intentó personarse en el procedimiento contra el hermano del presidente como acusación popular.

Biedma rechazó esa personación el 5 de marzo de 2025 al apreciar abuso de derecho. Sáenz de Tejada también promovió una recusación contra la magistrada, que fue desestimada.

La sucesión de actuaciones resulta especialmente relevante para la UCO, que investiga si respondían a una estrategia concertada para desacreditar a la instructora, presionarla y conseguir apartarla del procedimiento.

Biedma reclama nuevas diligencias y la declaración de Cintia Rocho

El escrito presentado este martes plantea tres actuaciones concretas para ampliar las pesquisas de la Audiencia Nacional.

En primer lugar, Biedma solicita incorporar la documentación judicial relativa al intento de personación de Sáenz de Tejada y a su posterior recusación en Badajoz.

La finalidad es examinar esas actuaciones dentro del conjunto de comunicaciones que investiga la Guardia Civil y determinar si existió una planificación compartida con los demás implicados.

La segunda petición es que declare como testigo Cintia Rocho, vinculada a un clan de Badajoz relacionado con el narcotráfico.

Rocho aseguró ante la UCO que Sáenz de Tejada contactó con ella y le habló de la necesidad de eliminar a la magistrada, unas palabras que interpretó como una posible propuesta de agresión física.

Se trata de una de las acusaciones más graves del procedimiento, aunque su alcance y credibilidad todavía deben ser valorados judicialmente.

La tercera diligencia consiste en reclamar a la Policía Nacional de Badajoz un atestado relacionado con la identificación del responsable de un perfil de Facebook denominado «José García Fernández».

La magistrada pretende esclarecer la posible utilización de perfiles en redes sociales para establecer contactos y desarrollar actuaciones dirigidas contra ella.

Sáenz de Tejada niega las acusaciones y rechaza haber amenazado a la jueza

La posición del exmagistrado es radicalmente distinta.

Sáenz de Tejada compareció el pasado 28 de octubre ante Santiago Pedraz como investigado en el procedimiento relacionado con Leire Díez.

Durante su intervención negó haber recibido instrucciones o pagos para actuar contra Beatriz Biedma. También rechazó que hubiera promovido una agresión física contra ella.

Respecto a sus manifestaciones sobre la posibilidad de eliminar a la magistrada, sostuvo que se refería exclusivamente a apartarla por vías judiciales y que sus palabras se habían interpretado fuera de contexto.

El exjuez también negó haber seguido en coche a Biedma después de que esta declarase en la Audiencia Nacional el 8 de octubre. La magistrada había presentado una denuncia por ese supuesto seguimiento.

Sáenz de Tejada mantiene que sus actuaciones respondían a su intención de denunciar irregularidades que, según afirma, existían en los juzgados de Badajoz.

La investigación deberá establecer qué parte de sus intervenciones se corresponde con el ejercicio legítimo de acciones judiciales y si alguna de ellas formaba parte de una actuación organizada con posibles consecuencias penales.

Estar investigado no implica haber cometido un delito, del mismo modo que la presentación de denuncias contra una jueza no demuestra por sí sola una campaña criminal de acoso.

El vínculo con el PSOE, pendiente de acreditación judicial

La posible conexión entre la trama investigada y la dirección socialista es uno de los aspectos políticamente más relevantes de este procedimiento.

Los informes de la UCO describen una presunta organización que habría buscado proteger intereses relacionados con causas judiciales que afectaban al PSOE, al Gobierno o a personas próximas al presidente.

Entre los elementos examinados aparecen las comunicaciones de Leire Díez, sus contactos con Santos Cerdán y las actuaciones emprendidas contra la magistrada de Badajoz.

Sin embargo, el pasado 9 de octubre, Santiago Pedraz rechazó imputar al PSOE como persona jurídica, al considerar que todavía no existía un principio de prueba suficiente para atribuirle responsabilidad penal.

El magistrado dejó abierta esa posibilidad a la espera de nuevas diligencias, especialmente las relacionadas con posibles pagos, la autoridad de determinados dirigentes y el eventual beneficio obtenido por el partido.

Es una distinción esencial: una cosa es demostrar que determinadas personas relacionadas con una formación política colaboraron en actuaciones presuntamente ilícitas y otra acreditar que el partido conocía, autorizaba o financiaba esas actividades.

La investigación tiene que determinar hasta dónde alcanzó esa coordinación y quiénes participaron realmente en ella.

El caso Biedma abre otro frente judicial para la presunta trama

La nueva iniciativa de Beatriz Biedma refuerza su posición como perjudicada en las actuaciones que investiga la Audiencia Nacional.

Los 652 mensajes, las anotaciones intervenidas, las denuncias presentadas y las declaraciones de los testigos constituyen un conjunto de elementos que la magistrada considera suficientes para profundizar en la responsabilidad de Sáenz de Tejada y esclarecer el funcionamiento de la presunta organización.

El procedimiento contra David Sánchez no quedó paralizado por aquellas actuaciones: avanzó hasta su enjuiciamiento y desembocó en una condena de nueve años de inhabilitación por prevaricación, sin perjuicio de los recursos que correspondan.

Ahora se investiga si, mientras aquella causa seguía su curso, otras personas intentaban condicionarla desde fuera mediante presiones, denuncias y maniobras dirigidas contra su instructora.

La existencia de conversaciones y actuaciones coordinadas aporta elementos concretos para esa investigación. Su finalidad delictiva y la responsabilidad de cada participante deberán quedar acreditadas ante los tribunales.

Porque el asunto ya no se limita al enfrentamiento entre una jueza y un antiguo magistrado. Lo que está bajo examen es si una red de intereses personales y políticos trató de interferir en la independencia de un procedimiento judicial que afectaba directamente a la familia del presidente del Gobierno.