Sánchez no descarta indultar a García Ortiz antes de las elecciones

Pedro Sánchez ha dejado abierta la posibilidad de que el Gobierno indulte a Álvaro García Ortiz antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. Preguntado expresamente por esa opción en una entrevista publicada este viernes 9 de octubre, el presidente respondió con tres palabras suficientemente claras: «No lo descarto».

No significa que el indulto esté aprobado ni que exista todavía una fecha para llevarlo al Consejo de Ministros. Sí supone algo políticamente relevante: Sánchez evita cerrar una medida de gracia que podría adoptarse en plena precampaña electoral y sobre una de las condenas judiciales más controvertidas de la legislatura. García Ortiz, antiguo fiscal general del Estado, fue condenado por el Tribunal Supremo por revelación de secretos en el caso relacionado con Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Sánchez mantiene abierta una decisión especialmente delicada

La declaración llega apenas unos días después de que Sánchez anunciara elecciones anticipadas para el 29 de noviembre de 2026, una convocatoria que ha convertido las decisiones pendientes del Ejecutivo en material inevitable de campaña. El presidente explicó que el Gobierno está revisando qué asuntos puede resolver antes de las elecciones y cuáles dependen de otros procedimientos parlamentarios.

Dentro de ese calendario aparece García Ortiz. Y no precisamente como un expediente administrativo más. El exfiscal general fue condenado a dos años de inhabilitación, una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros por un delito de revelación de secretos. La vía ordinaria ante el propio Supremo quedó agotada después de que el tribunal rechazara anular la condena.

El caso había provocado desde el principio una división jurídica considerable. La sentencia incorporó el voto particular de dos magistradas, Susana Polo y Ana Ferrer, partidarias de la absolución porque consideraban que no había quedado suficientemente acreditado que García Ortiz filtrara a la prensa el correo situado en el centro de la causa. La mayoría sostuvo, por el contrario, la existencia del delito. La fractura también alcanzó al propio tribunal.

El Supremo ya informó en contra del indulto

Hay un elemento que vuelve la posible decisión del Gobierno bastante más áspera. La Sala de lo Penal del Supremo que condenó a García Ortiz se opuso en junio a que fuera indultado. Los magistrados afirmaron que no apreciaban razones suficientes de justicia, equidad o utilidad pública para conceder la medida de gracia y aludieron a la repercusión institucional de los hechos.

La Fiscalía mantuvo una posición distinta. Un mes antes había informado favorablemente sobre un indulto parcial, limitado a la pena de inhabilitación. García Ortiz, además, ya había satisfecho la indemnización correspondiente a la responsabilidad civil.

Ahí está, en buena medida, el nudo del asunto. El Gobierno dispone sobre la mesa de criterios enfrentados: el tribunal sentenciador contrario a la gracia y la Fiscalía favorable, al menos parcialmente.

El rechazo del Supremo no impide al Gobierno conceder el indulto

Jurídicamente, la oposición del Tribunal Supremo no funciona como un veto general. El informe del tribunal sentenciador forma parte del procedimiento y resulta preceptivo, pero no vincula de manera automática al Ejecutivo. El Gobierno conserva la potestad de conceder la medida, aunque debe respetar el procedimiento y justificarla dentro de los parámetros legales.

La Ley de Indulto de 1870, reformada a lo largo del tiempo pero todavía vigente, establece que la concesión debe acordarse mediante real decreto aprobado por el Consejo de Ministros. El expediente incorpora, entre otros elementos, el parecer del tribunal sentenciador y del Ministerio Fiscal.

La capacidad política del Ejecutivo existe, pues. No es ilimitada. La actuación del Gobierno puede ser revisada judicialmente en sus aspectos reglados y frente a una eventual arbitrariedad. Los jueces no sustituyen al Consejo de Ministros en la valoración política de las razones que justifican una gracia, pero sí pueden comprobar que la decisión tenga una base jurídicamente defendible.

Un indulto no convertiría a García Ortiz en inocente

Conviene separar dos conceptos que con frecuencia se mezclan en el debate público. Indultar no equivale a absolver. La condena judicial seguiría existiendo; lo que puede perdonarse o modificarse es la pena impuesta.

El indulto parte precisamente de una resolución judicial firme y actúa sobre su cumplimiento, total o parcialmente. No borra los hechos declarados probados por la sentencia ni transforma jurídicamente una condena en una absolución.

En el caso de García Ortiz, el verdadero alcance de una eventual decisión dependería del contenido concreto del real decreto. La petición planteada al Gobierno fue de indulto total, mientras que la Fiscalía defendió específicamente eliminar la inhabilitación pendiente.

El calendario convierte el posible indulto en munición electoral

La proximidad del 29N hace muy difícil separar esta discusión de la campaña. Una concesión antes de las elecciones permitiría al PSOE defender la medida ante una condena cuya solidez ha sido cuestionada desde sectores progresistas y que contó con dos votos discrepantes en el Supremo. Para el PP, por el contrario, supondría una intervención especialmente grave del Ejecutivo después de una sentencia contra quien ocupaba la cúspide del Ministerio Fiscal.

La oposición ya ha convertido las palabras de Sánchez en argumento electoral. El PP sostiene que un indulto antes de las urnas formaría parte de la estrategia política del presidente. Es, por ahora, una interpretación partidista sobre las motivaciones del Gobierno, no una decisión formal que haya sido aprobada.

Para Sánchez el riesgo también es evidente. Adoptar la medida semanas antes de votar colocaría nuevamente en primer plano el debate sobre la relación entre Gobierno, Fiscalía y Poder Judicial, un terreno que ya produjo algunas de las batallas institucionales más duras de los últimos años.

No hacerlo antes de las elecciones tampoco elimina el asunto. Simplemente lo desplazaría. El expediente existe, los informes han sido emitidos y la controversia jurídica permanece abierta.

García Ortiz, de fiscal general a símbolo de una batalla institucional

El origen del caso está relacionado con información confidencial vinculada al procedimiento contra Alberto González Amador. El Supremo consideró que García Ortiz incurrió en revelación de secretos al dar publicidad a información que debía mantenerse dentro del ámbito procesal.

La sentencia también tuvo en cuenta su trayectoria profesional y la finalidad con la que, según el tribunal, actuó en defensa del prestigio institucional, aunque concluyó que su conducta había rebasado el límite penalmente admisible.

Ese matiz ayuda a entender por qué el expediente del indulto ha provocado lecturas tan enfrentadas. Para quienes defienden la medida, la condena fue excesiva y descansa sobre una construcción indiciaria discutida incluso dentro de la propia Sala. Para quienes se oponen, precisamente el cargo que ejercía García Ortiz hacía especialmente exigible la protección de la información reservada.

No es una discusión pequeña. Está en juego la responsabilidad de quien fue fiscal general, la autoridad de una sentencia del Supremo y la facultad del Ejecutivo para ejercer el derecho de gracia. Tres planos superpuestos. Difícil combinación para una campaña electoral tranquila.

Una decisión que puede marcar la campaña del 29N

La novedad política del 9 de octubre es concreta: Pedro Sánchez no ha descartado que García Ortiz sea indultado antes del 29 de noviembre. De momento, eso es exactamente lo que existe. No una concesión aprobada, tampoco un compromiso público irreversible.

Pero la frase mueve el tablero. El procedimiento ha avanzado, el Supremo se ha pronunciado en contra, la Fiscalía ha defendido una gracia parcial y el Gobierno conserva legalmente la capacidad de tomar la decisión. El calendario electoral hace el resto.

Si el Consejo de Ministros termina aprobándolo antes de las urnas, el debate difícilmente versará únicamente sobre Álvaro García Ortiz. Será también una discusión sobre hasta dónde debe llegar el poder de gracia del Ejecutivo cuando afecta a una condena dictada por el Supremo contra quien fue fiscal general del Estado. Y, a pocas semanas de unas elecciones, ninguna de esas palabras pesa poco.