Brasil multa a Meta por incumplir órdenes en la campaña presidencial

El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil ha impuesto una multa de 7,5 millones de reales, unos 1,3 millones de dólares, a Meta, propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, por incumplir órdenes judiciales durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de octubre de 2026. La decisión, adoptada por unanimidad el martes 10 de noviembre, está relacionada con las denuncias de un supuesto trato desigual a las candidaturas de Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro.

La justicia brasileña considera acreditado que la compañía no cumplió íntegramente las medidas exigidas para garantizar la igualdad de condiciones entre ambos candidatos. Sin embargo, la resolución establece una distinción fundamental: no existen, por ahora, pruebas suficientes para afirmar que Meta actuara deliberadamente para favorecer a Bolsonaro o alterar el resultado electoral.

La sanción llega apenas dos semanas después de que Lula consiguiera la reelección frente al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, en la segunda vuelta celebrada el 25 de octubre. Aquella campaña estuvo marcada por las acusaciones sobre el funcionamiento de los algoritmos, la difusión de propaganda política y el papel de las grandes plataformas tecnológicas en la formación de la opinión pública.

El conflicto no se limita al alcance de unas publicaciones. Plantea hasta dónde llega la responsabilidad de las plataformas digitales cuando sus decisiones técnicas pueden condicionar la visibilidad de los mensajes políticos durante unas elecciones.

Por qué Brasil ha multado a Meta con 7,5 millones de reales

El procedimiento comenzó con una denuncia presentada por la coalición que apoyaba la candidatura de Lula. Sus representantes sostenían que las plataformas de Meta estaban restringiendo la difusión de determinados contenidos favorables al presidente mientras permitían una mayor circulación de publicaciones vinculadas a Flávio Bolsonaro.

Ante estas acusaciones, el Tribunal Superior Electoral exigió a la compañía explicaciones técnicas y medidas correctoras destinadas a asegurar un tratamiento equitativo de las candidaturas.

El magistrado Marco Aurélio Bellizze, ponente de la resolución, concluyó que Meta había atendido algunas de las exigencias, pero otras quedaron sin cumplir, se ejecutaron fuera de plazo o fueron respondidas mediante documentación insuficiente.

El tribunal también reprochó a la empresa que presentara parte de la información en otros idiomas, con datos agregados o mediante explicaciones demasiado generales para comprobar si realmente había corregido los problemas detectados.

La cuestión no era únicamente proporcionar documentos. Meta debía demostrar el cumplimiento efectivo de las instrucciones judiciales mientras continuaba la campaña electoral.

Cómo se calcula la sanción impuesta a Facebook

La multa corresponde a nueve días de incumplimientos durante la fase decisiva de las elecciones brasileñas.

Entre el 17 y el 19 de octubre se aplicaron sanciones diarias de 500.000 reales. Posteriormente, entre el 20 y el 25 de octubre, la penalización ascendió a un millón de reales diarios.

El importe acumulado alcanza los 7,5 millones de reales.

Bellizze precisó que la cuantía responde a una valoración conjunta de la actuación de la compañía: los retrasos, la falta de información completa y las dificultades para verificar el cumplimiento de las órdenes.

Según el tribunal, Meta llegó a establecer sus propios plazos de respuesta, diferentes de los fijados judicialmente. Algunas actuaciones seguían pendientes cuando terminó la segunda vuelta.

Las acusaciones de favoritismo hacia Flávio Bolsonaro

La denuncia presentada por la coalición de Lula iba más allá de las dificultades para difundir mensajes políticos.

Los representantes del presidente señalaron posibles restricciones al alcance de publicaciones, la actividad de cuentas supuestamente falsas y problemas para identificar contenidos elaborados mediante inteligencia artificial.

También cuestionaron determinadas prácticas relacionadas con la publicidad electoral y la promoción de mensajes políticos, incluidas denuncias sobre anuncios financiados desde el extranjero.

La preocupación principal era que estas circunstancias pudieran beneficiar a la candidatura de Flávio Bolsonaro y perjudicar la visibilidad de Lula en un momento especialmente sensible de la campaña.

En unas elecciones disputadas, el alcance de una publicación puede convertirse en un recurso político importante. Los sistemas de recomendación determinan qué contenidos aparecen ante los usuarios, con qué frecuencia y hasta dónde pueden difundirse.

Ahora bien, una diferencia de alcance no demuestra por sí sola una manipulación electoral. Las publicaciones pueden registrar resultados distintos por su contenido, frecuencia, interacción o estrategia de difusión.

Precisamente esa diferencia entre un fallo técnico, una decisión de moderación y una intervención deliberada constituye una parte esencial del conflicto.

Meta niega haber intervenido en las elecciones brasileñas

Meta ha rechazado las acusaciones de parcialidad política y sostiene que sus plataformas aplican las mismas normas a todos los candidatos, partidos e ideologías.

La empresa reconoce que se produjeron incidencias técnicas durante la campaña, pero asegura que no respondieron a decisiones destinadas a beneficiar a una candidatura concreta.

Entre los incidentes mencionados figura la desactivación temporal, durante algo más de una hora, de una cuenta publicitaria de la campaña de Lula en septiembre. Meta atribuyó el problema a un error de sus sistemas de prevención del fraude.

También explicó que, el 7 de octubre, un fallo mundial afectó durante aproximadamente cinco horas al recuento de visualizaciones de vídeos de Instagram. Según la compañía, el incidente alcanzó a usuarios de más de cien países y no impidió que los contenidos siguieran distribuyéndose.

En su defensa, Meta aportó datos según los cuales las cuentas oficiales de Lula alcanzaron aproximadamente a un 50 % más de personas en Instagram que las de Flávio Bolsonaro durante el periodo electoral analizado.

La compañía argumenta que las diferencias observadas en determinados contenidos responden, entre otros factores, a las estrategias digitales de cada campaña y a la contabilización de visualizaciones repetidas.

Son datos facilitados por la propia empresa. Y, aunque forman parte de su defensa frente a las acusaciones de favoritismo, no eliminan el incumplimiento de las órdenes judiciales por el que ha sido sancionada.

El tribunal no considera probado un intento de alterar el voto

Este es uno de los aspectos más importantes de la resolución.

El Tribunal Superior Electoral ha constatado incumplimientos en la respuesta de Meta a las exigencias judiciales, pero no ha determinado que existiera una actuación intencionada para desequilibrar las elecciones.

Bellizze reconoció que en el procedimiento figuran fallos técnicos admitidos por Facebook. No obstante, señaló que demostrar una intervención deliberada requeriría pruebas más sólidas y un examen judicial específico.

La distinción tiene consecuencias importantes: una cosa es incumplir las medidas de supervisión impuestas por un tribunal y otra demostrar que una compañía manipuló conscientemente sus sistemas para beneficiar a un candidato.

La resolución tampoco establece que esas incidencias modificaran el sentido del voto o el resultado electoral.

El pleno decidió, asimismo, mantener la confidencialidad de determinados documentos técnicos relacionados con los filtros de Meta AI y los mecanismos empleados para detectar contenido generado artificialmente, al considerar que incluyen información protegida por secreto empresarial.

La coalición denunciante podrá acceder a otra documentación presentada por la compañía para justificar el cumplimiento de las medidas.

La investigación sobre el supuesto favoritismo continúa abierta

La multa no pone fin a la controversia judicial. Las autoridades electorales brasileñas todavía deben determinar si existió un trato discriminatorio deliberado entre las candidaturas de Lula y Flávio Bolsonaro. No hay una fecha establecida para una resolución definitiva sobre esa cuestión.

El caso también tiene implicaciones más amplias para la relación entre los Estados y las grandes empresas tecnológicas.

Durante el procedimiento, el tribunal subrayó que las plataformas digitales han adquirido una capacidad considerable para organizar la circulación de información política. Sus algoritmos pueden amplificar determinados mensajes, reducir la exposición de otros e influir en las condiciones en las que los ciudadanos forman sus opiniones.

Esa capacidad no equivale automáticamente a una interferencia electoral, pero exige transparencia y mecanismos de supervisión compatibles con la libertad de expresión.

Lula, que ha defendido una regulación más estricta de las plataformas digitales, volvió a situar la posible injerencia tecnológica en el debate político tras su victoria electoral.

Por ahora, la justicia brasileña ha establecido una responsabilidad concreta: Meta incumplió órdenes judiciales durante la campaña presidencial y deberá afrontar una sanción económica por ello.

La acusación de haber favorecido deliberadamente a Flávio Bolsonaro sigue pendiente de demostración. Y esa diferencia, en un asunto que afecta tanto a la competencia electoral como a la reputación de una compañía, no es precisamente un detalle menor.