China: 100 sanitarios ligados a trasplantes de órganos bajo sospecha

Más de un centenar de profesionales sanitarios chinos aparecen vinculados a publicaciones científicas que describen extracciones de órganos realizadas sin una declaración válida de muerte cerebral. Una investigación de la Coalición Internacional para Acabar con el Abuso de Trasplantes en China (ETAC) ha comprobado que al menos 100 de los profesionales relacionados con aquellos trabajos seguían ejerciendo en instituciones médicas chinas en algún momento entre 2020 y 2025.

La investigación recupera 71 artículos médicos publicados entre 1980 y 2015 que contienen indicios de que determinados órganos fueron extraídos a personas que todavía no habían sido declaradas muertas conforme a los criterios clínicos exigidos. Los investigadores consideran que las operaciones pudieron causar directamente la muerte de los donantes, presuntamente presos. La documentación plantea acusaciones de extraordinaria gravedad, aunque la aparición de un médico como autor de una publicación no demuestra por sí sola que participara personalmente en una extracción.

El informe vuelve a situar bajo escrutinio internacional el sistema de trasplantes de China, cuestionado desde hace décadas por las denuncias de utilización de órganos procedentes de presos y personas detenidas por motivos políticos o religiosos.

Lo especialmente preocupante es que algunos de los profesionales identificados han continuado desarrollando carreras médicas, docentes y de investigación. Según ETAC, no consta que las autoridades sanitarias chinas hayan anunciado investigaciones disciplinarias específicas sobre los casos recogidos en el estudio original.

Los 100 sanitarios identificados y los hospitales implicados

La nueva investigación, elaborada por Sarah Cook para ETAC, parte de un trabajo publicado en 2022 en la revista científica American Journal of Transplantation. Sus autores, Matthew Robertson y Jacob Lavee, analizaron miles de publicaciones médicas chinas relacionadas con trasplantes de corazón y pulmón.

El estudio original identificó 348 profesionales sanitarios, entre cirujanos, anestesistas, enfermeros, investigadores y otros especialistas, que figuraban como autores de artículos con descripciones problemáticas de la obtención de órganos.

La revisión posterior ha permitido establecer que al menos 100 de esos profesionales registraron actividad en 40 hospitales y centros médicos distribuidos por 16 provincias y grandes municipios chinos durante el periodo comprendido entre 2020 y 2025.

El dato resulta significativo porque no se trata únicamente de intervenciones realizadas hace décadas. Una parte de las personas relacionadas con aquella documentación ha mantenido su actividad profesional mucho después de que se publicaran las investigaciones sobre las posibles irregularidades.

Entre los 348 autores originales, 53 aparecen en dos o más artículos cuestionados. De ese grupo, 39 profesionales continuaban vinculados a instituciones sanitarias durante el periodo examinado, repartidos entre 13 hospitales.

Algunos acumulan hasta seis publicaciones con descripciones consideradas incompatibles con una certificación adecuada de muerte cerebral. ETAC también ha localizado profesionales que posteriormente ocuparon puestos de responsabilidad hospitalaria o académica.

Los investigadores han examinado especialmente instituciones de Hubei, Guangdong, Jiangsu y Pekín. Los casos abarcan desde grandes centros universitarios hasta hospitales con actividad trasplantadora especializada.

La presencia reiterada de determinados autores plantea interrogantes sobre su conocimiento de los procedimientos descritos. Sin embargo, el informe reconoce una limitación esencial: firmar un artículo científico no equivale necesariamente a haber intervenido en todas las operaciones documentadas.

Las operaciones que pudieron causar la muerte de los donantes

El elemento más grave de la investigación no es el número de médicos identificados, sino lo que describen algunas de las publicaciones clínicas.

Robertson y Lavee examinaron 2.838 artículos científicos sobre trasplantes seleccionados de una base de datos de 124.770 publicaciones chinas. Encontraron 71 trabajos en los que la secuencia de las intervenciones planteaba problemas fundamentales para determinar si los donantes habían fallecido antes de la extracción.

En un trasplante realizado conforme a los principios médicos internacionales, la obtención de órganos vitales no puede causar la muerte del donante. Es lo que se conoce como la regla del donante fallecido, uno de los fundamentos éticos de la medicina de trasplantes.

Los investigadores detectaron descripciones en las que los supuestos donantes habían sido intubados después de que se declarara su muerte cerebral o durante la intervención destinada a extraerles los órganos.

Ese orden resulta incompatible con una determinación válida de muerte cerebral según los criterios empleados en el estudio.

El corazón se habría extraído antes de certificar correctamente la muerte

Uno de los documentos analizados, publicado en 1995, describía una intervención en la que se abrió el tórax del donante antes de proceder a su intubación. Los médicos observaron que el corazón presentaba una actividad débil y que su funcionamiento mejoró después de iniciar la ventilación.

Para los autores del estudio, esa descripción constituye un indicio especialmente relevante: el paciente no había sido sometido previamente a una determinación válida de muerte cerebral.

La interpretación de Robertson y Lavee es que, en los casos identificados, la extracción del corazón pudo constituir la causa inmediata del fallecimiento.

Las 71 publicaciones procedían de 56 hospitales, incluidos 12 centros militares, situados en 33 ciudades de 15 provincias. No se trata, por tanto, de documentación concentrada en un único hospital o en una región concreta.

Los artículos analizados abarcan 35 años. Sus hallazgos proporcionan indicios sobre procedimientos históricos, pero no permiten establecer por sí solos que esas mismas prácticas continúen realizándose en 2026.

Presos de conciencia y minorías religiosas entre las posibles víctimas

La procedencia de los órganos constituye otro de los grandes interrogantes.

Durante décadas, China utilizó órganos de presos ejecutados para realizar trasplantes. Las autoridades reconocieron esa práctica y anunciaron su abandono mediante la transición hacia un sistema basado en donaciones voluntarias a partir de 2015.

Sin embargo, organizaciones de derechos humanos e investigadores independientes han cuestionado tanto la transparencia del sistema anterior como la posibilidad de verificar completamente su transformación.

Las acusaciones más graves apuntan a la utilización de presos de conciencia, personas encarceladas por sus convicciones políticas, religiosas o espirituales.

Entre los grupos mencionados en distintas investigaciones figuran los practicantes de Falun Gong, movimiento espiritual perseguido por las autoridades chinas desde 1999, y miembros de la minoría musulmana uigur.

En junio de 2021, un grupo de expertos independientes de Naciones Unidas expresó su preocupación por informaciones que denunciaban la realización de análisis de sangre, ecografías y otras pruebas médicas sin consentimiento a personas detenidas pertenecientes a minorías.

Según las denuncias recibidas por esos expertos, los resultados podrían utilizarse para identificar posibles donantes compatibles con receptores de órganos.

Los especialistas solicitaron al Gobierno chino explicaciones y mecanismos independientes de supervisión. La ONU no presentó aquellas denuncias como una investigación judicial concluida, pero consideró suficientemente preocupante la información recibida como para reclamar una respuesta oficial.

La dificultad de identificar a las víctimas

Uno de los principales obstáculos para esclarecer estos casos es la ausencia de información pública suficientemente detallada sobre los donantes.

Los artículos médicos examinados por Robertson y Lavee permiten reconstruir determinados procedimientos clínicos, pero no ofrecen una identificación completa y verificable de todas las personas cuyos órganos fueron utilizados.

Tampoco permiten determinar cuántas de ellas eran presos condenados a muerte y cuántas pudieron haber sido encarceladas por razones políticas o religiosas.

Es una distinción fundamental. La investigación aporta indicios clínicos sobre posibles muertes causadas durante la extracción de órganos, mientras que la identidad y las circunstancias de detención de los afectados requieren pruebas adicionales.

Los expertos consideran que la falta de registros accesibles y de supervisión externa dificulta establecer la dimensión real de los posibles abusos.

China niega las acusaciones y defiende su sistema de donación

El Gobierno chino ha rechazado reiteradamente las denuncias de extracción forzada de órganos y ha sostenido que las acusaciones contra su sistema sanitario son infundadas.

Pekín defiende las reformas introducidas para sustituir la utilización de órganos de presos ejecutados por un modelo basado en la donación voluntaria.

La normativa china sobre donación y trasplante de órganos, actualizada mediante un reglamento que entró en vigor en mayo de 2024, establece la necesidad de consentimiento voluntario, prohíbe la compraventa de órganos y contempla sanciones por las extracciones ilegales.

La existencia de esas garantías legales, no obstante, no resuelve automáticamente las dudas sobre su aplicación práctica ni sobre los procedimientos realizados antes de la reforma.

ETAC sostiene que no ha encontrado constancia pública de investigaciones disciplinarias emprendidas por las autoridades sanitarias chinas contra los profesionales identificados en el estudio de 2022.

Tampoco consta, según la organización, una respuesta oficial individualizada que examine las irregularidades clínicas descritas en aquellas 71 publicaciones.

Por su parte, representantes del sistema chino de trasplantes han atribuido las críticas internacionales a interpretaciones erróneas y cuestionamientos de su modelo sanitario.

La controversia sigue abierta porque las afirmaciones oficiales y los resultados de las investigaciones independientes no han podido contrastarse mediante una auditoría internacional completa.

Las consecuencias para los trasplantes y la cooperación médica

Las sospechas sobre la procedencia de los órganos han provocado respuestas de algunas organizaciones médicas internacionales.

En abril de 2022, la Sociedad Internacional de Trasplante de Corazón y Pulmón (ISHLT) aprobó restricciones a la aceptación de investigaciones sobre trasplantes realizadas con órganos o tejidos de donantes humanos procedentes de China.

La decisión se basó en las preocupaciones sobre la utilización de órganos de presos ejecutados y en la necesidad de garantizar el cumplimiento de los principios éticos internacionales.

La sociedad mantiene restricciones en sus políticas de aceptación de comunicaciones científicas relacionadas con este tipo de investigaciones.

El problema también afecta a la colaboración entre hospitales, universidades y especialistas. Un profesional puede adquirir formación internacional, dirigir investigaciones o participar en congresos mientras persisten interrogantes sobre las prácticas documentadas en publicaciones anteriores.

Eso no convierte automáticamente a todos los autores de aquellos trabajos en responsables de un delito. Pero plantea un problema serio para las instituciones que deben verificar el cumplimiento de las normas éticas antes de establecer acuerdos de cooperación.

La revisión de ETAC recoge precisamente esa situación: médicos vinculados a publicaciones cuestionadas que han mantenido posiciones relevantes dentro del sistema sanitario, sin que se conozca una investigación individualizada de sus responsabilidades.

Una investigación pendiente sobre la responsabilidad médica

El caso de los más de cien profesionales chinos identificados pone de manifiesto una diferencia esencial entre disponer de indicios científicos y determinar responsabilidades personales.

Los estudios publicados permiten cuestionar procedimientos clínicos concretos, identificar hospitales y relacionar publicaciones con profesionales sanitarios. Su alcance es importante. Pero una investigación penal exigiría establecer quién participó efectivamente en cada operación, qué conocía, cuáles fueron las circunstancias del donante y qué ocurrió durante la intervención.

La investigación de ETAC documenta la continuidad profesional de una parte de los autores de trabajos médicos que describían prácticas potencialmente letales. No acredita que todos ellos extrajeran órganos personalmente ni que los procedimientos cuestionados sigan produciéndose actualmente.

El asunto tampoco puede despacharse como una simple disputa política entre China y sus críticos. Los artículos científicos originales contienen descripciones médicas susceptibles de análisis independiente, y las denuncias han motivado pronunciamientos de expertos de Naciones Unidas y organizaciones profesionales.

Queda una cuestión de fondo: si existen indicios de que determinadas extracciones de órganos pudieron causar la muerte de personas que no habían sido declaradas legal y clínicamente fallecidas, esos hechos requieren investigaciones independientes y garantías de acceso a los registros médicos.

Mientras esas comprobaciones no se produzcan, persistirá la incertidumbre sobre la dimensión de los abusos y sobre las responsabilidades individuales. Y también sobre la eficacia de los controles destinados a impedir que una intervención concebida para salvar una vida pueda terminar provocando deliberadamente la muerte de otra.