India blinda Delhi con cientos de detenidos por la protesta electoral

Las autoridades indias han convertido el centro de Nueva Delhi en una zona fuertemente vigilada ante la protesta convocada por el movimiento juvenil Cockroach Janta Party, que exige la dimisión del jefe de la Comisión Electoral, Gyanesh Kumar. La jornada ha dejado cientos de detenciones, controles en los accesos a la capital, estaciones de metro cerradas y restricciones sobre las comunicaciones.

Los primeros recuentos situaron en torno a 600 las detenciones preventivas realizadas antes y durante el arranque de la movilización, aunque el balance fue creciendo conforme avanzaba la jornada y otras estimaciones elevaron posteriormente la cifra. Entre los retenidos figuran dirigentes del movimiento convocante y manifestantes que intentaban acercarse a Jantar Mantar, el tradicional espacio de protesta situado en pleno corazón político de Delhi.

La protesta no nace de un episodio aislado. El combustible es la polémica revisión de las listas electorales de India, un proceso que ha afectado a unos 130 millones de registros y que la oposición considera perjudicial para votantes potencialmente contrarios al Bharatiya Janata Party, el BJP del primer ministro Narendra Modi. Tanto la Comisión Electoral como el partido gobernante rechazan cualquier manipulación.

Nueva Delhi, blindada para impedir una protesta masiva

El dispositivo de seguridad ha alcanzado una dimensión poco habitual incluso para una capital acostumbrada a las grandes movilizaciones. Miles de policías y miembros de las fuerzas de seguridad han sido desplegados por el centro, mientras controles, barricadas y bloques de hormigón dificultaban la llegada de manifestantes desde distintos puntos de la ciudad.

Las restricciones también han afectado a la vida cotidiana. Unas 45 estaciones de metro permanecieron cerradas en distintos momentos, varios mercados suspendieron su actividad y el internet móvil quedó restringido en el distrito financiero central. Autobuses, automóviles y otros vehículos fueron inspeccionados en los principales accesos. Delhi, una urbe de más de 20 millones de habitantes, quedó por horas partida en dos: la ciudad que quería moverse y el enorme dispositivo pensado para que una parte de ella no llegara a Jantar Mantar.

Las autoridades habían negado el permiso para la concentración y advirtieron de que quienes vulnerasen las restricciones se enfrentarían a la ley. El CJP mantuvo la convocatoria alegando el derecho a la protesta pacífica. Sobre el terreno, la policía interceptó a grupos antes de alcanzar el lugar de la manifestación y trasladó a numerosos detenidos en autobuses.

Los líderes del movimiento, detenidos al llegar a Delhi

La operación alcanzó directamente a la dirección del Cockroach Janta Party. Su fundador, Abhijeet Dipke, y los dirigentes Saurav Das y Ashutosh Ranka fueron interceptados tras llegar en avión desde Bombay. La detención de los tres dejó a la movilización sin buena parte de sus rostros más conocidos justo antes de que comenzara.

También se denunciaron detenciones de periodistas y abogados en distintos puntos de la capital. La presión policial no se concentró únicamente alrededor de Jantar Mantar: vehículos fueron detenidos en las entradas de la ciudad y se realizaron controles para localizar a personas que pretendían incorporarse a la protesta.

El despliegue explica por qué la cifra de detenidos ha sido cambiante durante la mañana. Los primeros datos hablaban de alrededor de 600 personas retenidas, mientras recuentos posteriores situaban el alcance de las actuaciones policiales bastante por encima. En una movilización sometida a controles simultáneos en distintos distritos, el número se mueve casi tan deprisa como los acontecimientos.

La revisión electoral que ha encendido las protestas

En el centro del conflicto aparece la llamada Special Intensive Revision, una revisión de los censos electorales impulsada por la Comisión Electoral. Los datos del organismo indican que alrededor de 130 millones de nombres han quedado eliminados o señalados durante el proceso de verificación de los registros.

Entre las razones figuran personas que habían cambiado de residencia, ciudadanos que no pudieron ser localizados y electores fallecidos. La Comisión Electoral sostiene que el procedimiento sirve para depurar duplicidades y registros no válidos y subraya que quienes hayan sido excluidos erróneamente pueden volver a solicitar su inscripción.

La oposición ofrece una lectura radicalmente distinta. Sus partidos denuncian que las eliminaciones han golpeado de forma desproporcionada a sectores del electorado menos favorables al BJP y sostienen que la revisión puede alterar el equilibrio electoral en diferentes estados. El Gobierno, el BJP y las autoridades electorales niegan esas acusaciones.

Por qué 130 millones de registros se han convertido en una batalla política

La cifra resulta difícil de digerir incluso en un país de las dimensiones de India. Estamos hablando de un volumen de registros superior a la población completa de muchos Estados. Por eso la discusión ha dejado de ser una pelea técnica sobre bases de datos. Se ha convertido en una disputa sobre quién puede votar y con qué garantías.

La controversia se agravó después de que trascendieran discrepancias internas en la propia Comisión Electoral sobre determinados aspectos del proceso de revisión. Los manifestantes exigen la salida de Gyanesh Kumar, mientras la oposición pide revisar el procedimiento y reforzar la transparencia del organismo encargado de administrar las elecciones.

La Comisión Electoral insiste, sin embargo, en que las cifras corresponden al proceso de comprobación de los censos y no implican necesariamente una expulsión definitiva del derecho al voto. Ese matiz es importante: una cosa es detectar un registro dudoso y otra distinta borrar para siempre a un elector. En medio del ruido político, esa frontera se ha convertido en uno de los puntos más discutidos.

El movimiento juvenil que empieza a incomodar a Modi

El Cockroach Janta Party nació en internet y fue ganando fuerza mediante protestas, sentadas y huelgas de hambre. El término “cockroach”, cucaracha en inglés, terminó convertido en una seña de identidad para un movimiento juvenil que canaliza el malestar de estudiantes y jóvenes ante problemas educativos, laborales y, ahora, electorales.

No es su primera demostración de fuerza. Las protestas por las filtraciones de exámenes públicos colocaron meses atrás al Gobierno bajo una presión considerable y terminaron contribuyendo a la salida del ministro federal de Educación. Aquello permitió al movimiento comprobar algo bastante elemental en política: la calle podía tener consecuencias.

La batalla por el censo electoral amplía mucho más el terreno. Ya no se discute únicamente un examen filtrado o una oposición pública cuestionada, sino la arquitectura que decide quién aparece en las listas cuando se abren las urnas. Eso convierte al movimiento en un problema más incómodo para un Gobierno acostumbrado a una posición de enorme fortaleza política.

Rahul Gandhi y la oposición elevan la presión política

Las protestas cuentan también con el respaldo de sectores de la oposición. Rahul Gandhi y otros dirigentes han cuestionado abiertamente la revisión electoral y acusan a las autoridades de beneficiar al BJP. Gandhi había sido retenido brevemente durante movilizaciones anteriores relacionadas con la misma controversia.

El BJP responde que sus adversarios intentan desacreditar unas elecciones que no consiguen ganar en las urnas y atribuye su dominio político a la popularidad de Narendra Modi y al desempeño económico del país. Dos relatos incompatibles, prácticamente dos Indias mirándose a través de la misma lista electoral.

El calendario añade presión. India afrontará importantes elecciones estatales en 2027, entre ellas procesos políticamente relevantes para el BJP. Aunque las próximas elecciones nacionales no están previstas hasta 2029, cualquier cambio profundo en el censo tiene efectos inmediatos sobre los comicios regionales que llegarán antes.

Una disputa electoral que ya desborda las urnas

Las barricadas, los cierres de metro, las restricciones de internet y las detenciones masivas han llevado a las calles una discusión que comenzó entre formularios, registros y bases de datos. La respuesta de las autoridades pretende evitar alteraciones del orden público; los convocantes consideran que semejante despliegue busca desactivar una protesta política.

El problema para el Gobierno es que un dispositivo policial puede impedir que miles de personas lleguen a una plaza, pero no liquida la controversia que las llevó hasta allí. La revisión de las listas seguirá siendo examinada por la oposición y por una sociedad especialmente sensible a cualquier sospecha sobre la integridad de las elecciones.

India organiza los mayores procesos electorales del planeta y esa dimensión es, al mismo tiempo, motivo de orgullo y una responsabilidad gigantesca. Cuando decenas de millones de registros entran en discusión, cada error administrativo adquiere peso político. Y cuando a esa discusión se suman cientos o miles de detenidos, la cuestión deja definitivamente de ser burocrática: pasa a tocar el nervio de la confianza democrática.