España
Desalojan la acampada por la vivienda de plaza Catalunya en Barcelona
La Guardia Urbana y los Mossos desalojan la acampada por la vivienda en plaza Catalunya. La protesta deja cerca de 80 identificaciones y críticas.
Foto: Charles / Wikimedia Commons / CC BY 2.0.
Resumen
- Guardia Urbana y Mossos desalojan la acampada de plaza Catalunya
- La operación deja cerca de 80 identificaciones y ninguna denuncia
- Los activistas cuestionan el desalojo y reclaman alternativas de vivienda
La Guardia Urbana de Barcelona, con el apoyo de los Mossos d’Esquadra, ha desalojado durante la madrugada de este lunes, 16 de noviembre de 2026, la acampada por el derecho a la vivienda instalada en la plaza de Catalunya desde el pasado 29 de septiembre. La intervención policial pone fin a más de seis semanas de ocupación de uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad.
El operativo comenzó alrededor de la medianoche y se saldó con cerca de 80 personas identificadas, sin denuncias formalizadas según el balance inicial. Los agentes ordenaron retirar las tiendas de campaña y abandonar la plaza, mientras los servicios municipales preparaban la limpieza del recinto. Los organizadores han denunciado que la actuación se produjo sin aviso previo ni mediación.
La decisión llega después de que el Ayuntamiento, encabezado por Jaume Collboni, defendiera la necesidad de recuperar el espacio público por motivos de seguridad, convivencia y organización de las próximas actividades navideñas. La acampada había surgido como protesta contra la crisis de la vivienda, pero durante las últimas semanas también se había convertido en un lugar de refugio para numerosas personas sin hogar.
Un amplio despliegue policial durante la madrugada
La operación comenzó poco después de las doce de la noche, cuando varios furgones de la Guardia Urbana y los Mossos d’Esquadra rodearon la plaza de Catalunya. Los agentes establecieron un perímetro de seguridad y restringieron la circulación de vehículos y peatones por diferentes accesos al centro de Barcelona.
Una vez asegurada la zona, los efectivos municipales entraron en el campamento y comunicaron a sus ocupantes que debían recoger sus pertenencias y abandonar el lugar. Las tiendas de campaña fueron desmontadas progresivamente mientras otros agentes supervisaban el dispositivo.
La intervención transcurrió sin enfrentamientos graves durante el desmantelamiento. Hacia las dos de la madrugada ya se habían identificado unas 80 personas, aunque esa cifra no representa necesariamente el total de quienes habían utilizado la acampada durante las semanas anteriores.
Tras la salida de los ocupantes, los servicios de limpieza comenzaron a retirar materiales, estructuras y objetos acumulados. También participaron equipos de los servicios sociales municipales para atender a las personas que se encontraban en una situación de especial vulnerabilidad.
Parte de los manifestantes trasladó su protesta a las calles próximas, especialmente al entorno de Balmes y Bergara, donde expresaron su rechazo a la intervención.
El Ayuntamiento justifica el desalojo por seguridad y convivencia
El Gobierno municipal sostiene que la permanencia de la acampada había dejado de reunir las condiciones necesarias para garantizar la seguridad y el uso compartido de la plaza.
Durante los días anteriores, el Ayuntamiento había recibido informes de la Guardia Urbana, los Bomberos y la Agencia de Salud Pública de Barcelona que advertían de problemas de convivencia, salubridad y prevención de riesgos relacionados con la ocupación prolongada del espacio.
Entre las preocupaciones figuraban las dificultades para acceder a determinadas zonas con vehículos de emergencia, la acumulación de materiales y los obstáculos para efectuar las tareas habituales de limpieza.
El consistorio también considera que las principales movilizaciones que justificaron inicialmente la protesta ya se habían celebrado y que la actividad vinculada a sus objetivos originales había disminuido progresivamente.
A estos argumentos se suma la proximidad de la campaña de Navidad. Comerciantes y representantes de distintos sectores económicos llevaban días reclamando la recuperación de la plaza, donde la instalación de la iluminación festiva y la organización de actividades se habían visto condicionadas por el campamento.
El propio Collboni había manifestado el jueves 12 de noviembre su intención de que la ciudad pudiera celebrar las fiestas con normalidad. El Ayuntamiento defiende que permitió mantener la protesta durante aproximadamente mes y medio, más tiempo que las otras acampadas surgidas en España dentro del mismo movimiento por la vivienda.
Los activistas denuncian un desalojo ilegal y sin mediación
La versión de los organizadores es muy distinta. Acampada Habitatge Catalunya sostiene que la intervención fue «ilegal, sin previo aviso y sin mediación» y cuestiona la forma en que se adoptó y ejecutó la orden municipal.
Una portavoz del movimiento ha señalado que la decisión llevaba la firma de un concejal y no directamente la del alcalde. La organización difundió un documento atribuido al concejal del distrito del Eixample, Jordi Valls Riera, al tiempo que reclamaba la intervención de una figura de mediación antes de proceder al levantamiento del campamento.
La denuncia de ilegalidad corresponde a los manifestantes y no equivale, por sí misma, a que una autoridad judicial haya declarado irregular el procedimiento.
El conflicto enfrenta dos posiciones: la facultad del Ayuntamiento para regular y proteger el uso del espacio público y el derecho de manifestación que reivindican los participantes. Pero la discusión no termina ahí. La presencia de personas sin hogar introduce un problema adicional que va más allá de la continuidad de una protesta.
De una protesta por el alquiler a refugio de personas sin hogar
La acampada comenzó el 29 de septiembre, en el contexto de las movilizaciones surgidas después del polémico desahucio de Maricarmen Abascal en Madrid. La protesta barcelonesa siguió el ejemplo de la instalada en la Puerta del Sol y buscaba denunciar las dificultades para acceder a una vivienda.
Durante las primeras semanas se celebraron asambleas, actividades reivindicativas y encuentros relacionados con la crisis habitacional. El Sindicat de Llogateres respaldó inicialmente la movilización, aunque el 9 de octubre anunció que dejaba de participar directamente para concentrar sus esfuerzos en la convocatoria de la huelga general del 11 de noviembre.
Con el paso del tiempo, la composición del campamento fue cambiando. Junto a los activistas comenzaron a instalarse numerosas personas sin techo o en situación de vulnerabilidad, que encontraron allí un lugar donde dormir y acceder a una red informal de apoyo.
Los voluntarios organizaron repartos de comida, asistencia básica y espacios de atención. El campamento había adquirido así una función distinta de la protesta inicial.
Parte de los desalojados se traslada a la Barceloneta
Tras la intervención policial, parte de los ocupantes se desplazó hasta la playa de la Barceloneta, concretamente al entorno del Espigó del Gas, cerca del Hospital del Mar, según las informaciones difundidas durante la madrugada.
Otras personas abandonaron la movilización o buscaron distintos lugares donde pasar la noche.
Los organizadores han denunciado que más de 50 personas carecen de una alternativa habitacional garantizada después del desalojo. La presencia de equipos municipales de servicios sociales durante la operación no permite concluir que todas las personas afectadas hayan obtenido alojamiento.
Esta diferencia resulta fundamental: retirar un asentamiento del espacio público y resolver las necesidades residenciales de quienes lo ocupaban son actuaciones distintas.
La plaza recupera su espacio, pero continúa el conflicto habitacional
El desalojo permite al Ayuntamiento recuperar el control de la plaza de Catalunya y preparar su utilización para las próximas actividades de la ciudad. Las labores de limpieza comenzaron inmediatamente después de la operación policial.
La intervención también representa el final de una de las acampadas más prolongadas del movimiento por el derecho a la vivienda surgido durante el otoño de 2026.
Sin embargo, las reivindicaciones sobre los precios del alquiler, los desahucios y el acceso a una vivienda asequible permanecen abiertas. La huelga general del 11 de noviembre había demostrado que el movimiento continuaba activo más allá de las tiendas instaladas en el centro de Barcelona.
Para el Ayuntamiento, el desalojo responde a la necesidad de recuperar un espacio compartido y garantizar unas condiciones adecuadas de seguridad y convivencia. Para los organizadores, supone la interrupción de una protesta y deja sin respuesta suficiente las necesidades de quienes dependían del campamento.
La plaza de Catalunya ha quedado despejada. La situación de las personas que dormían allí, especialmente las que no disponen de otro alojamiento, sigue siendo la principal cuestión pendiente tras el operativo.
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