Economía
PayPal, Klarna y Scalapay: nuevas reglas de la UE para pagar a plazos
La UE exige más controles a los pagos a plazos de PayPal, Klarna y Scalapay desde el 20 de noviembre. En España, la adaptación legal sigue pendiente.
Resumen
- La UE exige más controles en los pagos a plazos desde el 20 de noviembre
- La financiación sin intereses también estará sujeta a controles
- España aún no ha aprobado la ley que debe aplicar la reforma
La Unión Europea endurece las reglas de los pagos a plazos a partir del 20 de noviembre de 2026. Servicios como PayPal, Klarna y Scalapay deberán adaptarse a un marco más exigente, que incorpora controles de solvencia, mayor transparencia sobre los costes y nuevas garantías para los consumidores. La reforma afecta especialmente a las compras que se dividen en tres o cuatro cuotas, incluso cuando se anuncian sin intereses.
La novedad llega a través de la Directiva europea 2023/2225, que amplía la regulación del crédito al consumo a las fórmulas conocidas como Buy Now, Pay Later (compra ahora, paga después). Sin embargo, existe una diferencia importante para los usuarios españoles: España todavía no ha aprobado la ley que debe incorporar estas disposiciones. Por tanto, la fecha europea no supone que todas las nuevas obligaciones entren automáticamente en vigor en nuestro país.
El cambio pretende corregir una situación cada vez más habitual en el comercio electrónico. Fraccionar una compra de 150 o 300 euros puede parecer una simple comodidad, pero cuando una empresa adelanta el dinero y lo recupera posteriormente está ofreciendo una forma de financiación. Que no cobre intereses no elimina esa realidad.
Más controles antes de autorizar una compra a plazos
Una de las principales novedades es la evaluación de la solvencia del consumidor. Los proveedores de financiación deberán comprobar, de manera proporcionada, si el cliente dispone de capacidad económica para devolver el dinero antes de concederle el crédito.
El objetivo es evitar que una persona acumule pequeñas obligaciones de pago sin que ninguna de las empresas implicadas tenga una visión suficiente de su capacidad de endeudamiento.
Hasta ahora, determinadas modalidades de financiación de corta duración y sin intereses quedaban fuera de algunos requisitos generales del crédito al consumo. La nueva directiva amplía esa protección y obliga a tratar estos productos con mayor rigor.
En la práctica, una solicitud de pago fraccionado podrá ser rechazada si la evaluación concluye que existen riesgos para la devolución. Eso no significa que cada compra vaya a requerir una investigación bancaria exhaustiva. Las comprobaciones deberán ajustarse a las características de la operación y a los riesgos existentes.
También estarán reguladas las compras sin intereses
La reforma alcanza a productos que permiten repartir el importe de una compra sin aplicar intereses ordinarios.
Por ejemplo, una persona que compre un electrodoméstico por 240 euros y lo pague en tres cuotas de 80 euros estará utilizando una fórmula de financiación si un tercero adelanta el importe al comercio.
La ausencia de intereses no implica que desaparezcan las obligaciones de información o evaluación de solvencia previstas para estos contratos. El crédito gratuito también puede generar endeudamiento, particularmente cuando se combina con otros pagos pendientes.
No obstante, la directiva contempla excepciones. Determinados aplazamientos gratuitos ofrecidos directamente por el vendedor, sin intervención de un tercero y dentro de los plazos establecidos legalmente, pueden quedar fuera de su ámbito de aplicación.
Más transparencia sobre intereses, comisiones y TAE
La nueva normativa europea también refuerza la información que las plataformas deben facilitar antes de que el consumidor acepte la financiación.
Entre los elementos relevantes figuran el importe total del crédito, las cuotas, las condiciones de devolución, los posibles intereses y los gastos asociados. Cuando corresponda, deberá facilitarse también la tasa anual equivalente (TAE), que permite comparar el coste de diferentes productos financieros.
La directiva exige que los datos esenciales se presenten de manera clara y comprensible. La intención es evitar que el consumidor llegue al último paso de una compra sin haber entendido las condiciones de financiación.
La publicidad también cambia. Los anuncios no podrán crear expectativas engañosas sobre la facilidad para conseguir financiación ni ocultar su coste real. Tampoco podrán presentar el endeudamiento como una vía para mejorar la situación económica personal.
PayPal, por ejemplo, ya contempla incorporar en España advertencias diferenciadas según el producto. Para las modalidades sin intereses utiliza el mensaje «Atención, un crédito puede tener un coste y debe ser devuelto».
La reforma no establece que todas las compras fraccionadas deban llevar intereses. Tampoco introduce por sí misma una nueva comisión general para estos servicios.
Derecho de desistimiento y protección ante los impagos
La normativa amplía las garantías aplicables a los contratos de financiación que entran en su ámbito.
Entre ellas destaca el derecho de desistimiento de 14 días naturales, que permite al consumidor retirarse del contrato de crédito sin tener que justificar su decisión, conforme a las condiciones legalmente establecidas.
Conviene distinguir dos operaciones diferentes. Desistir de la financiación no equivale necesariamente a devolver el producto comprado. Si el consumidor ha recibido el dinero del crédito, deberá reintegrar el capital y, cuando corresponda, los intereses devengados durante el periodo de utilización.
También se refuerzan las obligaciones de las entidades cuando aparecen dificultades para devolver el préstamo. La directiva contempla medidas de apoyo y mecanismos para abordar los problemas de endeudamiento antes de que se agraven.
El propósito es ofrecer a quienes utilizan servicios de pago aplazado una protección comparable a la de otras modalidades de crédito al consumo, aunque las condiciones concretas dependerán de la legislación aplicable.
España llega al 20 de noviembre sin aprobar la nueva ley
La situación española merece una aclaración, especialmente porque las noticias publicadas en Italia sobre PayPal, Klarna y Scalapay se refieren a un país que sí ha incorporado la reforma europea a su legislación.
Italia aprobó el Decreto Legislativo 212/2025, publicado en enero de 2026, para adaptar su ordenamiento a la nueva directiva. Las disposiciones correspondientes comenzarán a aplicarse el 20 de noviembre, con las previsiones transitorias establecidas para determinados desarrollos normativos.
En España, el Gobierno presentó el 7 de enero de 2026 un anteproyecto de ley de contratos de crédito al consumo. La iniciativa pretendía actualizar la regulación de los préstamos personales, los microcréditos, las tarjetas revolving y los servicios digitales de financiación.
El texto incorporaba medidas adicionales, entre ellas límites al coste de determinados créditos y nuevas obligaciones para los prestamistas. Pero esas propuestas no deben confundirse con disposiciones vigentes.
La tramitación no quedó completada antes de la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre. La Ley 16/2011 de contratos de crédito al consumo continúa vigente, mientras que la nueva norma española permanece pendiente de aprobación.
Esto introduce una particularidad jurídica: aunque la directiva fija el 20 de noviembre de 2026 como fecha de aplicación de las nuevas medidas nacionales, una directiva europea no sustituye automáticamente a la legislación española pendiente de transposición. La falta de incorporación puede tener consecuencias jurídicas, pero no permite afirmar que todos los nuevos derechos y obligaciones sean exigibles de forma idéntica a las empresas privadas desde ese mismo día.
La propia PayPal reconoce que España continúa ultimando su adaptación normativa y asegura que prepara sus productos para el nuevo marco europeo.
Las compras en tres cuotas seguirán disponibles
La reforma europea no prohíbe pagar a plazos ni obliga a PayPal, Klarna o Scalapay a retirar sus servicios. Su finalidad es establecer mayores garantías alrededor de una modalidad de financiación que se ha extendido por las tiendas digitales.
Los consumidores podrán continuar utilizando estas opciones cuando estén disponibles y cumplan las condiciones de cada proveedor. Lo que cambiará, conforme se aplique la nueva regulación, será la manera de evaluar las solicitudes, informar de los costes y proteger al cliente.
Para quien compra habitualmente a plazos, hay una cuestión que no cambia: tres cuotas pequeñas pueden convertirse en una obligación considerable cuando coinciden con otras compras financiadas.
La nueva regulación europea busca precisamente que esas obligaciones se analicen como lo que son, deudas que deben devolverse, aunque su contratación resulte tan sencilla como pulsar un botón al terminar una compra.
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