Economía
Repsol demanda a las eléctricas por el apagón de 2025: 120 millones
Repsol ha presentado cinco demandas contra Iberdrola, Naturgy, Endesa y Red Eléctrica por los daños del apagón de 2025. Reclama 120 millones.
Resumen
- Repsol reclama 120 millones por los daños del apagón de 2025
- Ha presentado cinco demandas contra distribuidoras y Red Eléctrica
- Los tribunales aún no han establecido quién debe indemnizarla
Repsol reclama unos 120 millones de euros a Iberdrola, Endesa, Naturgy y Red Eléctrica por los daños que el apagón del 28 de abril de 2025 provocó en sus instalaciones industriales. La compañía presentó en octubre cinco demandas judiciales, una por cada complejo afectado, después de que fracasaran los intentos de alcanzar un acuerdo extrajudicial con las empresas implicadas.
La ofensiva legal afecta a las refinerías y plantas petroquímicas de A Coruña, Bilbao, Cartagena, Tarragona y Puertollano, cuya actividad quedó interrumpida durante el histórico corte de suministro que dejó sin electricidad a buena parte de España y Portugal. Red Eléctrica figura como demandada solidaria en los cinco procedimientos por su condición de operador del sistema eléctrico español.
La decisión, conocida este lunes 16 de noviembre, convierte en litigio una reclamación que Repsol llevaba meses preparando. Su consejero delegado, Josu Jon Imaz, había anunciado públicamente la intención de exigir compensaciones por las pérdidas sufridas. La compañía considera que los perjuicios económicos no deben recaer exclusivamente sobre sus cuentas.
La cuestión es ahora judicial. Que Repsol haya presentado las demandas no significa que los tribunales hayan determinado quién fue responsable del apagón ni que exista una obligación firme de pagar los 120 millones reclamados.
Cinco demandas contra las grandes eléctricas y Red Eléctrica
Repsol ha distribuido las reclamaciones según la empresa encargada de la red eléctrica que abastece cada instalación. La estrategia responde a la organización territorial del sistema de distribución español, donde distintas compañías gestionan las infraestructuras que llevan electricidad a consumidores e industrias.
En concreto, las demandas se dirigen contra Iberdrola por los daños registrados en los complejos de Bilbao, donde opera Petronor, y Cartagena, en Murcia. Endesa figura en los procedimientos correspondientes a Tarragona y Puertollano, en Ciudad Real, mientras que Naturgy, a través de su distribuidora, está vinculada a la reclamación por las instalaciones de A Coruña.
A estas tres compañías se suma Red Eléctrica de España, integrada en Redeia, cuya responsabilidad se reclama de forma solidaria en todos los casos. Esto significa que Repsol pretende que también responda económicamente por los perjuicios reclamados, aunque será la Justicia quien determine si existe responsabilidad y cómo debe distribuirse.
Las acciones judiciales llegaron después de una fase de negociación iniciada mediante los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC), el mecanismo previsto para intentar resolver determinados conflictos civiles antes de acudir a los tribunales.
Repsol había remitido previamente requerimientos formales a las empresas afectadas. Al no conseguir un acuerdo que satisficiera sus pretensiones económicas, decidió continuar por la vía judicial.
Por qué Repsol incluye al operador del sistema
La presencia de Red Eléctrica en las demandas tiene una explicación técnica y jurídica. Las distribuidoras gestionan las redes que transportan la electricidad hasta los puntos de suministro de sus respectivas zonas. Red Eléctrica, en cambio, desempeña las funciones de operador del sistema y debe coordinar su funcionamiento para mantener el equilibrio entre generación y consumo, así como la seguridad de la red.
Son funciones diferentes, aunque relacionadas. El apagón de abril de 2025 puso precisamente bajo examen la coordinación entre los responsables de la operación del sistema y las instalaciones generadoras. Repsol busca que los tribunales examinen las posibles responsabilidades derivadas de aquella interrupción generalizada.
La reclamación conjunta no implica que las cuatro empresas hayan cometido una infracción, ni permite anticipar cómo se resolverá el procedimiento.
Por qué Repsol reclama 120 millones de euros
Un apagón en una vivienda suele traducirse en unas horas sin iluminación, electrodomésticos o conexión a internet. En una refinería, las consecuencias pueden ser considerablemente más costosas. Estos complejos industriales trabajan con procesos continuos, instalaciones de gran tamaño y equipos que necesitan un suministro eléctrico estable.
Una interrupción inesperada puede obligar a detener la producción, activar protocolos de seguridad, revisar maquinaria y ejecutar complejas operaciones de puesta en marcha. Por eso, el daño económico no depende únicamente de cuánto tiempo permanezca interrumpido el suministro.
Repsol sostiene que el apagón provocó una paralización de sus refinerías y complejos químicos, con pérdidas relacionadas con la interrupción de la actividad y los trabajos necesarios para recuperar la normalidad.
La compañía había cuantificado inicialmente el impacto económico global de los incidentes eléctricos en hasta 175 millones de euros. La cifra reclamada ahora judicialmente ronda los 120 millones, correspondientes a los daños incluidos en los procedimientos.
Las acciones legales también contemplan el incidente eléctrico que sufrió el complejo de Cartagena el 22 de abril de 2025, seis días antes del gran apagón peninsular. Aquella interrupción, vinculada a problemas de tensión en la red, alteró durante varios días el funcionamiento de las instalaciones murcianas.
No se ha difundido un desglose público completo de la cantidad solicitada por cada complejo industrial. Por tanto, no es posible establecer qué parte de los 120 millones corresponde exactamente a cada instalación o incidencia.
El precedente de Petronor: 18 millones por un apagón de 12 minutos
Repsol cuenta con un antecedente judicial especialmente relevante para esta reclamación. En 2016, una interrupción del suministro eléctrico de apenas 12 minutos afectó a la refinería de Petronor en Muskiz, Bizkaia. Aunque el corte fue breve, sus consecuencias industriales obligaron a detener la actividad durante un periodo considerablemente superior.
El conflicto terminó en los tribunales y, en 2022, el Tribunal Supremo confirmó una indemnización de aproximadamente 18 millones de euros a favor de Petronor por los perjuicios sufridos.
Josu Jon Imaz ha recordado este precedente al defender las nuevas demandas. El caso demuestra que una interrupción eléctrica de escasa duración puede producir pérdidas industriales millonarias.
Sin embargo, existe una diferencia importante: aquel procedimiento examinaba un incidente localizado y unas circunstancias concretas. El apagón de 2025 afectó a buena parte del sistema eléctrico peninsular y estuvo relacionado con una sucesión de fallos técnicos mucho más compleja.
El antecedente puede servir como referencia para valorar determinados daños, pero no garantiza que Repsol consiga la indemnización que reclama ahora.
Qué se sabe sobre las causas del apagón de 2025
La investigación técnica del apagón ha descartado una explicación basada en un único fallo aislado. El informe definitivo publicado en marzo de 2026 por la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (ENTSO-E) identificó una combinación de circunstancias que provocaron un deterioro progresivo de la estabilidad del sistema.
Entre los factores señalados figuran las oscilaciones eléctricas, las deficiencias en el control de tensión y potencia reactiva, las reducciones rápidas de generación y las desconexiones sucesivas de instalaciones.
El resultado fue una subida descontrolada de tensión que desencadenó nuevas desconexiones y terminó provocando el colapso del suministro en la España peninsular y Portugal.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) también abrió procedimientos sancionadores por posibles incumplimientos de la normativa eléctrica.
En abril de 2026, el regulador comunicó la existencia de indicios de infracciones y comenzó a investigar formalmente distintas conductas. Entre las empresas afectadas por estos procedimientos se encuentran grandes grupos eléctricos, Red Eléctrica y la propia Repsol, que también desarrolla actividades de generación y comercialización de electricidad.
La CNMC hizo una precisión fundamental: la apertura de un expediente sancionador no supone atribuir automáticamente la causa del apagón a la empresa investigada. Algunos procedimientos, de hecho, afectan a comportamientos registrados en periodos diferentes al 28 de abril.
Esta distinción será especialmente relevante en los tribunales. Una cosa es determinar qué circunstancias técnicas contribuyeron al colapso del sistema y otra establecer qué empresas incumplieron obligaciones concretas y si esos incumplimientos provocaron daños indemnizables.
Una batalla judicial que puede marcar las futuras reclamaciones
La demanda de Repsol llega después de meses de discrepancias entre los principales actores del sistema eléctrico español. Red Eléctrica ha defendido su actuación y ha señalado problemas relacionados con el comportamiento de determinadas instalaciones de generación. Por su parte, las grandes compañías eléctricas han cuestionado aspectos de la planificación y gestión del sistema durante la jornada del apagón.
El enfrentamiento no se limita a declaraciones públicas. Iberdrola también ha emprendido acciones judiciales relacionadas con las acusaciones sobre su posible participación en el incidente.
Mientras tanto, otras compañías industriales han evaluado sus propias pérdidas. Moeve, antigua Cepsa, estimó en unos 50 millones de euros el impacto del apagón y anunció su intención de reclamar compensaciones, aunque hasta la información conocida este 16 de noviembre no había formalizado una demanda equivalente.
La iniciativa de Repsol podría convertirse en uno de los procedimientos de mayor cuantía relacionados con el cero eléctrico de 2025.
Su resultado dependerá de cuestiones complejas: la acreditación de los daños, las obligaciones legales de cada empresa, las pruebas técnicas y la existencia de una relación demostrable entre las posibles actuaciones negligentes y las pérdidas económicas.
También podría aportar criterios relevantes para otros litigios derivados del mismo incidente, aunque cada reclamación deberá examinarse según sus circunstancias.
Por ahora, los 120 millones son una indemnización solicitada, no reconocida judicialmente.
El apagón del 28 de abril de 2025 terminó cuando se recuperó el suministro eléctrico. Sus consecuencias económicas y judiciales, en cambio, siguen abiertas. Y la disputa entre las grandes compañías energéticas españolas acaba de entrar en una fase decisiva: determinar quién debe asumir el coste de un fallo que afectó a todo un país.
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