Real Madrid reclama 20 millones por los parkings anulados del Bernabéu

El Real Madrid reclama 20 millones de euros al Ayuntamiento de Madrid para recuperar el dinero invertido en los aparcamientos proyectados junto al estadio Santiago Bernabéu. El club presidido por Florentino Pérez ha iniciado el procedimiento después de que la Justicia anulase definitivamente la concesión municipal que permitía construir y explotar las instalaciones.

La reclamación aparece recogida en el último informe económico del Real Madrid, preparado para la Asamblea General de Socios del 21 de noviembre de 2026. El dinero corresponde fundamentalmente a las obras del aparcamiento del paseo de la Castellana, que quedaron paralizadas tras una larga batalla judicial impulsada por los vecinos del entorno del estadio.

El conflicto abre un nuevo capítulo entre el club y el Ayuntamiento que dirige José Luis Martínez-Almeida. Ambos defendieron durante años la legalidad del proyecto frente a las impugnaciones vecinales. Ahora, con la concesión anulada, el Madrid pretende recuperar una inversión realizada al amparo de aquella autorización administrativa.

Hay una distinción importante: la reclamación no supone que el Ayuntamiento esté obligado a pagar inmediatamente los 20 millones. Es la cantidad que solicita el club, y su reconocimiento dependerá de la tramitación correspondiente. La anulación judicial del proyecto es definitiva, pero la compensación económica constituye una cuestión distinta.

El Real Madrid quiere recuperar los 20 millones invertidos en las obras

La entidad blanca sostiene que destinó aproximadamente 20 millones de euros a las actuaciones vinculadas al aparcamiento de la Castellana antes de que los tribunales impidieran continuar con su construcción.

La operación se había articulado mediante Aparcamientos del Santiago Bernabéu SL, una sociedad participada en un 98 % por Real Madrid Estadio, filial controlada íntegramente por el club, y en un 2 % por la empresa Saba.

Las cuentas de esta sociedad correspondientes a 2025 ya contemplaban la posibilidad de reclamar una compensación al Ayuntamiento si la concesión quedaba definitivamente anulada. La empresa consideraba que, en ese supuesto, la Administración municipal debía responder por los perjuicios derivados de la cancelación.

La situación cambió de forma decisiva en junio de 2026, cuando el Tribunal Supremo cerró la vía judicial emprendida por el Real Madrid para mantener la validez de la concesión. Desde entonces, la recuperación de los fondos invertidos se ha convertido en una cuestión económica independiente del proyecto original.

Por qué anteriormente se habló de 22 millones de euros

La cifra de la nueva reclamación es inferior a los 22 millones de euros contabilizados a finales de 2024 por la sociedad encargada de los aparcamientos.

Aquella cantidad incluía aproximadamente 16,8 millones correspondientes a trabajos de construcción y gastos de personal directamente vinculados a las obras, otros 3,9 millones asociados al valor contable del canon concesional y 1,3 millones por los gastos necesarios para obtener la concesión.

La documentación económica más reciente recoge ajustes derivados de la anulación, entre ellos la reversión de unos cuatro millones de euros correspondientes al canon registrado anteriormente.

No todas estas cantidades representan necesariamente desembolsos recuperables por el mismo concepto. El importe que el club pretende obtener del Ayuntamiento se cifra en 20 millones y está vinculado a la inversión realizada.

Por qué la Justicia anuló los aparcamientos del Bernabéu

El origen del litigio está en la autorización concedida por el Ayuntamiento en 2023 para construir dos aparcamientos subterráneos junto al estadio, uno en el paseo de la Castellana y otro en la calle Padre Damián.

La Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu impugnó el proyecto al considerar que presentaba irregularidades urbanísticas y que sus consecuencias para el barrio no estaban suficientemente justificadas.

En mayo de 2024, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 30 de Madrid estimó el recurso vecinal y anuló el acuerdo municipal que había permitido desarrollar la actuación.

Uno de los problemas fundamentales era la falta de justificación suficiente del interés público de determinadas infraestructuras. Los tribunales cuestionaron que los beneficios generales de los aparcamientos compensaran las consecuencias previstas para el tráfico, el ruido y el entorno urbano.

También resultaron determinantes las diferencias entre los proyectos inicialmente sometidos a tramitación y las modificaciones posteriores, que alteraban aspectos relevantes de las obras sin abrir un nuevo procedimiento de información pública.

El Supremo cerró definitivamente el litigio en junio de 2026

El Ayuntamiento y el Real Madrid recurrieron la primera resolución judicial. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirmó la anulación el 20 de octubre de 2025.

El club acudió posteriormente al Tribunal Supremo, que mediante una providencia del 24 de junio de 2026 inadmitió su recurso de casación.

El alto tribunal consideró que el Madrid no había fundamentado suficientemente la necesidad de revisar la sentencia. También rechazó sus objeciones relacionadas con la intervención procesal del club y la legitimación de la asociación vecinal.

La consecuencia fue definitiva: la anulación de la concesión quedó firme y la construcción de los aparcamientos no podía continuar bajo la autorización invalidada.

Dos aparcamientos, 1.846 plazas y una concesión de 40 años

El proyecto original era una de las principales actuaciones previstas para mejorar los accesos y ampliar la oferta de estacionamiento alrededor del renovado Santiago Bernabéu.

Contemplaba 1.846 plazas de aparcamiento, repartidas entre dos instalaciones subterráneas con una superficie conjunta cercana a los 74.000 metros cuadrados.

Una parte de las plazas estaba destinada a residentes y trabajadores, mientras que el resto se orientaba a la explotación comercial de los aparcamientos.

La concesión otorgada al Real Madrid tenía una duración prevista de 40 años, periodo durante el cual el club podría gestionar las instalaciones y obtener ingresos por su utilización.

El plan también incorporaba un túnel subterráneo en el entorno de Padre Damián y el paseo de La Habana, una infraestructura especialmente controvertida por las modificaciones introducidas durante su tramitación y su relación con los accesos al estadio.

Las obras del aparcamiento de la Castellana llegaron a comenzar, pero fueron paralizadas. Las correspondientes a Padre Damián no llegaron a iniciarse, según la documentación económica reciente del club.

Así, una operación que debía complementar la remodelación del estadio terminó convertida en un conflicto judicial y patrimonial.

Quién pagaría los 20 millones si prospera la reclamación

Esta es una de las principales consecuencias del procedimiento iniciado por el Real Madrid.

Si la Administración municipal reconociera la obligación de compensar al club, el pago tendría que afrontarse con cargo a los recursos del Ayuntamiento de Madrid, mediante los mecanismos presupuestarios y administrativos correspondientes.

En otras palabras, una indemnización reconocida podría tener consecuencias para las cuentas públicas de Madrid. Pero no debe confundirse esa posibilidad con un desembolso aprobado o una condena judicial al pago de la cantidad solicitada.

El resultado dependerá de cuestiones como la naturaleza de los gastos reclamados, las obligaciones establecidas en la concesión anulada y el régimen jurídico aplicable a su extinción.

La posición del Madrid parte de que la inversión se realizó dentro de una concesión concedida por el propio Ayuntamiento. El hecho de que los tribunales hayan declarado posteriormente su invalidez constituye el fundamento del conflicto económico.

Eso no significa que cualquier cantidad invertida deba ser reintegrada automáticamente. Habrá que determinar qué gastos son indemnizables y en qué cuantía, teniendo en cuenta las circunstancias del expediente.

El Gobierno municipal ya había reconocido durante el verano que estudiaba las consecuencias técnicas y económicas de la anulación, sin concretar entonces una eventual indemnización al club.

Una nueva disputa económica entre Florentino Pérez y Almeida

La reclamación aparece en un momento de fuerte crecimiento de la actividad económica asociada al Santiago Bernabéu.

La remodelación del estadio había acumulado una inversión de 1.407,7 millones de euros al cierre del ejercicio 2025-2026, según las cuentas del Real Madrid.

Los ingresos relacionados con el recinto alcanzaron aproximadamente 363 millones de euros, frente a los 175 millones registrados antes de las obras, en la temporada 2018-2019.

Para el ejercicio 2026-2027, las previsiones del club apuntan a unos ingresos de 420 millones de euros vinculados al estadio. El crecimiento previsto descansa en actividades como las visitas turísticas, las áreas VIP y la organización de eventos comerciales.

Sin embargo, la expansión del negocio también ha encontrado límites administrativos y judiciales.

Las reclamaciones vecinales por el ruido de los conciertos, los procedimientos relacionados con determinados espectáculos y la anulación de los aparcamientos han mostrado que la explotación comercial del recinto no puede desligarse de las condiciones urbanísticas de su entorno.

Son conflictos jurídicos distintos, aunque comparten un escenario: la convivencia entre un estadio concebido para albergar grandes acontecimientos y un barrio residencial que reclama el cumplimiento de las normas aplicables.

La anulación de los aparcamientos ha dejado al Real Madrid sin una infraestructura prevista para su modelo de negocio y con una inversión que pretende recuperar. Para el Ayuntamiento, supone afrontar las posibles consecuencias patrimoniales de una concesión que no superó el control judicial.

El dato verdaderamente novedoso es que el club ha pasado de defender la legalidad del proyecto a reclamar el dinero invertido. La batalla por construir los aparcamientos terminó en junio, pero la disputa sobre sus consecuencias económicas continúa.

El Ayuntamiento y el Madrid tendrán que resolver una cuestión que afecta tanto a la gestión de una concesión pública como al eventual destino de fondos municipales.

Los tribunales ya establecieron que el proyecto autorizado no se ajustaba a las exigencias legales. Lo que permanece pendiente es determinar quién debe asumir los costes de una operación que nunca llegó a completarse.

Y esos 20 millones de euros constituyen el centro del nuevo desacuerdo entre el Real Madrid y el Ayuntamiento de la capital.