Economía
Empresas pagan bonus con devoluciones de aranceles ilegales de Trump
Al menos nueve empresas vinculan las devoluciones de aranceles de Trump a primas salariales. Los consumidores que pagaron más siguen sin reembolso.
Foto: The White House / Wikimedia Commons (dominio público).
Resumen
- Al menos nueve empresas usan devoluciones de aranceles en incentivos
- TJX recuperó 331 millones de dólares y reservó 112 para bonus
- Los consumidores que soportaron las subidas no reciben reembolsos
Al menos nueve grandes empresas estadounidenses están utilizando parte de las devoluciones de los aranceles ilegales de Donald Trump para financiar primas salariales e incentivos, incluidos los vinculados a la remuneración de sus directivos. El dinero procede de los gravámenes comerciales que el Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló en febrero de 2026. Una investigación publicada el 16 de noviembre ha destapado cómo algunas compañías recuperan millones de dólares mientras los consumidores que soportaron las subidas de precios siguen sin recibir compensaciones.
Las cifras son considerables. TJX, propietaria de TJ Maxx y Marshalls, recuperó 331 millones de dólares y contabilizó 112 millones adicionales para incentivos y gratificaciones de fin de año. Stanley Black & Decker, fabricante de herramientas, ha reconocido 298,7 millones en beneficios relacionados con las devoluciones y también ha vinculado parte de esos ingresos a retribuciones variables. No todos esos pagos corresponden necesariamente a altos ejecutivos: las empresas incluyen otras categorías de empleados en sus programas de incentivos.
El periodista español Guillermo Fesser ha puesto el foco en esta paradoja a través de X, denunciando que el dinero recaudado mediante aranceles declarados ilegales termina convertido en un particular «bonus de Navidad» para responsables empresariales.
La expresión tiene intención crítica, pero apunta a un problema real: los ciudadanos pagaron productos más caros por una decisión política que posteriormente fue anulada. Cuando llegó la devolución, el dinero regresó a las compañías que habían abonado formalmente los impuestos. No necesariamente a quienes terminaron soportando su coste.
El Tribunal Supremo anuló los aranceles de Trump en febrero
El origen de esta situación está en la política comercial de Donald Trump, impulsada tras su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025.
Su Administración recurrió a la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para imponer aranceles a numerosos países. Primero justificó las medidas por el tráfico de drogas y otras amenazas. Después, en abril, anunció una ofensiva comercial mucho más amplia, presentada como el «Día de la Liberación».
Los gravámenes afectaron a productos importados de buena parte del mundo. Su impacto alcanzó a fabricantes, distribuidores, comercios y consumidores estadounidenses.
El 20 de febrero de 2026, el Tribunal Supremo resolvió, por seis votos contra tres, que la IEEPA no autorizaba al presidente a imponer aquellos aranceles. La sentencia invalidó los gravámenes basados en esa legislación, aunque no todos los impuestos comerciales aprobados durante su mandato.
La resolución abrió un problema de enormes dimensiones: el Gobierno federal había recaudado miles de millones de dólares que debían entrar en un proceso de devolución de aranceles.
La Administración puso en marcha un sistema para tramitar los reembolsos. En agosto ya se habían devuelto al menos 100.000 millones de dólares, mientras continuaban los procedimientos judiciales y administrativos relacionados con el resto de las cantidades.
El detalle decisivo es quién tiene derecho a reclamar el dinero. Los beneficiarios directos son los importadores que pagaron los aranceles a las autoridades aduaneras, aunque después trasladaran esos costes a otras empresas o al consumidor final.
Las empresas que destinan las devoluciones a bonus
Los casos documentados permiten comprobar que la controversia no se limita a una discusión sobre justicia económica.
Existen cantidades concretas reconocidas en la información financiera de varias compañías cotizadas.
TJX: 112 millones de dólares para incentivos y primas
Uno de los ejemplos más significativos es TJX Companies, propietaria de cadenas comerciales como TJ Maxx, Marshalls y TK Maxx.
En sus resultados correspondientes al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2027, publicados en agosto de 2026, la multinacional comunicó que había recibido 331 millones de dólares en devoluciones arancelarias.
A raíz de esos ingresos, registró 112 millones de dólares en gastos adicionales destinados a remuneraciones variables y gratificaciones discrecionales para empleados que cumplieran determinados requisitos en sus operaciones internacionales.
Después de contabilizar esos incentivos, la empresa obtuvo un beneficio antes de impuestos de 219 millones de dólares asociado a las devoluciones.
La compañía no ha precisado qué proporción de los 112 millones corresponderá a sus altos directivos ni cuánto recibirán otros trabajadores. Tampoco ha anunciado una devolución equivalente a los consumidores que compraron productos durante el periodo afectado.
La distinción importa. Los documentos acreditan que los reembolsos están financiando incentivos, pero no permiten afirmar que los 112 millones vayan exclusivamente a los ejecutivos.
Stanley Black & Decker y Titleist también reconocen incentivos
Stanley Black & Decker presenta otro caso especialmente polémico.
Durante 2025, la compañía explicó públicamente que necesitaba aumentar sus precios para compensar los aranceles impuestos por Trump. Sus responsables defendieron esas subidas como una respuesta a los mayores costes de importación.
Sin embargo, una vez anulados los gravámenes, la empresa comenzó a recuperar las cantidades pagadas.
Hasta el 3 de octubre de 2026 había reconocido 298,7 millones de dólares en beneficios relacionados con los reembolsos. En sus cuentas también figuran 131,6 millones de dólares en costes asociados a remuneraciones variables e inversiones de crecimiento, sin precisar qué parte corresponde exclusivamente a incentivos.
La empresa se enfrenta, además, a una demanda de consumidores que cuestionan que pueda recuperar los aranceles después de haber incrementado los precios de sus productos. La reclamación está pendiente de resolución y no constituye una declaración judicial de responsabilidad.
Otra compañía señalada es Acushnet, propietaria de la marca de material de golf Titleist.
Sus documentos financieros reflejan aproximadamente 45,8 millones de dólares en beneficios relacionados con devoluciones arancelarias durante los primeros nueve meses de 2026. Paralelamente, reconoce un aumento de unos 12 millones de dólares en gastos por incentivos salariales vinculados a esos ingresos.
Son tres ejemplos de una misma situación: cantidades extraordinarias que regresan a las empresas y terminan influyendo en su rentabilidad y en sus sistemas de remuneración.
Los consumidores pagaron precios más altos y no reciben el dinero
La controversia resulta más evidente cuando se analiza quién soportó realmente los aranceles.
Trump defendió repetidamente estos impuestos comerciales como una herramienta para obtener ingresos de otros países y proteger la economía estadounidense. Sin embargo, los aranceles se cobran a quienes importan mercancías en Estados Unidos, no directamente a los gobiernos extranjeros.
Las empresas importadoras pueden asumir ese coste, negociar con sus proveedores o trasladarlo, total o parcialmente, a los compradores.
Una investigación del Banco de la Reserva Federal de Nueva York publicada en 2026 estimó que aproximadamente el 26 % del incremento arancelario terminó reflejándose en los precios de consumo. El efecto no se limitó a los artículos importados: también se encarecieron determinados productos fabricados en Estados Unidos debido al mayor coste de sus componentes y a la menor competencia exterior.
El problema aparece cuando se deshace la medida.
Si una empresa pagó un arancel de 20 dólares y posteriormente elevó el precio de venta para compensarlo, puede recuperar esos 20 dólares del Gobierno sin que exista una devolución automática para el comprador.
El resultado depende de cuánto coste asumió realmente cada parte y de cómo se modificaron los precios. No todos los reembolsos constituyen ganancias extraordinarias, porque algunas empresas soportaron pérdidas que ahora recuperan.
Pero cuando el cliente pagó una parte del sobrecoste, devolver todo el impuesto únicamente al importador puede dejar al consumidor sin compensación.
Actualmente no existe una obligación federal general que fuerce a todas las compañías beneficiarias a reducir sus precios o devolver a sus clientes los incrementos relacionados con los aranceles anulados.
Algunas empresas sí están trasladando las devoluciones a sus clientes
No todas las compañías han decidido utilizar los reembolsos de la misma manera.
La cadena estadounidense Burlington Stores anunció que destinaría los 55 millones de dólares recibidos por devoluciones arancelarias a mejorar sus ofertas comerciales.
Su consejero delegado, Michael O’Sullivan, explicó que la empresa pretendía reinvertir esa cantidad en precios más competitivos, en lugar de incorporarla como una ganancia extraordinaria.
La compañía también confirmó que esos fondos no se destinarían a gratificaciones salariales.
Por su parte, empresas de transporte como FedEx y UPS han establecido mecanismos para que determinados clientes soliciten la devolución de importes arancelarios abonados a través de sus servicios.
Existen diferencias importantes entre estos modelos de negocio. Una empresa de transporte suele disponer de registros individualizados que permiten identificar el arancel cobrado a cada destinatario. Para una cadena comercial que vende millones de productos con precios cambiantes, determinar cuánto pagó de más cada consumidor resulta bastante más complicado.
Eso no impide que se planteen otras medidas, como reducciones de precios, descuentos o compensaciones comerciales.
La senadora demócrata Elizabeth Warren ha presionado a grandes multinacionales para que expliquen qué cantidades han recuperado y si tienen previsto compartirlas con sus clientes. También se han presentado demandas colectivas que buscan obtener compensaciones para consumidores afectados por las subidas.
Su resultado sigue siendo incierto.
El negocio de recuperar un impuesto que pagaron otros
La polémica que Guillermo Fesser ha condensado en su comentario sobre los bonus navideños va más allá de la remuneración de unos cuantos ejecutivos.
Plantea una cuestión relevante sobre el funcionamiento de la economía estadounidense: quién se beneficia cuando el Estado devuelve un impuesto que las empresas trasladaron previamente a los consumidores.
Los reembolsos son una consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo. Las compañías tienen derecho a reclamar las cantidades que abonaron ilegalmente y, con carácter general, no existe una prohibición que les impida destinarlas a remuneraciones variables.
Pero la legalidad del procedimiento no resuelve necesariamente el problema del reparto.
Mientras algunas empresas han decidido utilizar el dinero para ofrecer mejores precios, otras han incorporado las devoluciones a sus beneficios y a sus sistemas de incentivos. Y todavía hay compañías que no han explicado públicamente qué harán con los importes recuperados.
Conviene recordar también que no está demostrado que todos los reembolsos terminen en manos de directivos, ni que las primas identificadas se abonen específicamente durante la Navidad. Lo acreditado es que varias empresas han vinculado cantidades millonarias a incentivos y gratificaciones de fin de año.
La ironía tiene, pese a todo, una base económica bastante seria. Primero se cobró un impuesto que terminó encareciendo numerosos productos. Después, la Justicia obligó a devolverlo. Y en algunos casos, una parte del dinero ha pasado a alimentar las remuneraciones empresariales.
El consumidor, que también contribuyó a pagar aquella factura, sigue esperando su parte.
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