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45 líderes sociales asesinados en los 100 días de De la Espriella
Indepaz contabiliza 45 líderes sociales asesinados, 26 masacres y ocho firmantes de paz muertos durante los primeros 100 días de De la Espriella.
Imagen: Abelardo de la Espriella / CC0
Resumen
- Colombia registra 45 líderes sociales asesinados en 100 días
- Cauca y Antioquia concentran 19 casos; también hubo 26 masacres
- Ocho firmantes de paz también fueron asesinados en ese periodo
Colombia ha registrado 45 asesinatos de líderes sociales y defensores de los derechos humanos durante los primeros 100 días de la presidencia de Abelardo de la Espriella. Los crímenes, contabilizados entre el 7 de agosto y el 15 de noviembre de 2026, equivalen a una muerte violenta cada 2,2 días, según el balance publicado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
De las 45 víctimas, 36 eran hombres y nueve mujeres. Los departamentos más afectados fueron Cauca, con 11 asesinatos, y Antioquia, con ocho. El informe revela también otras cifras preocupantes: ocho antiguos combatientes firmantes del Acuerdo de Paz asesinados y 26 masacres que dejaron 87 víctimas, entre ellas cinco menores de edad.
El balance llega cuando De la Espriella cumple sus primeros tres meses largos en el poder, después de una campaña marcada por las promesas de endurecer la política de seguridad y combatir a las organizaciones armadas. Sin embargo, la violencia contra los representantes comunitarios continúa golpeando especialmente a las regiones donde confluyen el narcotráfico, las disputas territoriales y una presencia institucional insuficiente.
Las cifras no demuestran que los crímenes sean consecuencia directa de las decisiones del nuevo presidente. Colombia arrastra esta violencia desde hace décadas y las organizaciones de derechos humanos insisten en que el problema supera cualquier mandato presidencial. Lo que sí ponen de manifiesto es que la protección de los líderes sociales sigue siendo una asignatura pendiente del Estado colombiano.
Cauca y Antioquia concentran la mayor parte de los asesinatos
El departamento del Cauca encabeza la lista con 11 víctimas, seguido de Antioquia, con ocho. Entre ambos territorios acumulan 19 de los 45 asesinatos registrados, aproximadamente el 42 % del total.
Putumayo también figura entre los departamentos más afectados, mientras que La Guajira, Meta, Valle del Cauca y Norte de Santander registraron tres casos cada uno.
La distribución territorial no es casual. En varias de estas regiones operan grupos armados ilegales que disputan rutas del narcotráfico, recursos económicos y el control de comunidades rurales. Los representantes sociales pueden convertirse en objetivos de amenazas cuando sus actividades interfieren con los intereses de estas organizaciones.
El informe permite identificar también quiénes están sufriendo especialmente esta violencia. Trece víctimas ejercían liderazgos comunitarios y otras once eran dirigentes comunales. En conjunto representan 24 asesinatos, más de la mitad del registro. También fueron asesinados siete líderes indígenas.
No se trata necesariamente de grandes figuras políticas. Muchos de estos representantes trabajan en organizaciones vecinales, defienden los derechos de comunidades campesinas, reclaman servicios públicos o actúan como interlocutores ante las instituciones.
Su desaparición puede dejar a comunidades enteras sin una representación social que, en determinados territorios, resulta difícil de sustituir.
Hay otro dato especialmente inquietante: en 44 de los 45 asesinatos, el registro de Indepaz no identifica al presunto responsable. Esto no significa que no existan investigaciones judiciales, pero evidencia las dificultades para esclarecer públicamente unos crímenes que afectan directamente a la participación ciudadana.
Ocho firmantes del Acuerdo de Paz asesinados y 26 masacres
La violencia también alcanza a quienes abandonaron las armas después del acuerdo firmado en 2016 entre el Gobierno colombiano y las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Durante los primeros 100 días de De la Espriella fueron asesinados ocho firmantes del Acuerdo de Paz, todos hombres. Dos casos ocurrieron en Nariño y otros dos en Cauca. Los cuatro restantes se registraron en Valle del Cauca, Cesar, Norte de Santander y Putumayo.
Estos homicidios afectan al proceso de reincorporación de antiguos combatientes a la vida civil, uno de los compromisos centrales del acuerdo. La seguridad de quienes dejaron las armas resulta fundamental para que la reintegración no termine convirtiéndose en una nueva situación de vulnerabilidad.
El balance de Indepaz contabiliza igualmente 26 masacres con 87 víctimas mortales, cinco de ellas menores de edad.
Valle del Cauca concentra seis de estos episodios, seguido de Antioquia y Tolima, con tres cada uno. Por número de víctimas, destacan Valle del Cauca, con 18 fallecidos; Tolima, con 12; Huila, con diez; y Antioquia, con nueve.
Uno de los episodios más graves se produjo en Suaza, en el departamento de Huila, donde murieron siete personas.
Conviene distinguir los indicadores: los asesinatos de líderes sociales, los de firmantes de paz y las víctimas de masacres corresponden a categorías diferentes que pueden coincidir. Por eso, no sería correcto sumar todas las cifras como si representaran necesariamente víctimas distintas.
Más de 6.600 desplazados por la violencia en solo dos meses
Los asesinatos no constituyen la única consecuencia del conflicto armado colombiano. La población civil continúa sufriendo desplazamientos forzados, amenazas y restricciones de movilidad en regiones donde distintos grupos ilegales mantienen su presencia.
Según el seguimiento de Indepaz, 6.667 personas fueron desplazadas durante agosto y septiembre de 2026, en 17 episodios registrados. Trece de ellos fueron desplazamientos masivos.
El Cauca volvió a encabezar las cifras, con 3.474 personas obligadas a abandonar sus hogares. Le siguieron Chocó, con 1.609; Antioquia, con 739; y Bolívar, con 424.
Es importante precisar que estos datos corresponden únicamente a agosto y septiembre, no al conjunto de los primeros 100 días de Gobierno.
En el Cauca, una de las situaciones más graves se produjo en Cajibío, especialmente en los corregimientos de Ortega y Chaux. Los enfrentamientos armados y los ataques con drones contribuyeron al desplazamiento de numerosas familias y al confinamiento de otras comunidades.
La utilización de drones equipados con explosivos se ha convertido en uno de los principales problemas de seguridad. Estos dispositivos permiten atacar desde cierta distancia y complican la protección de militares y civiles, especialmente cuando las operaciones se producen cerca de viviendas y núcleos de población.
Bombardeos y denuncias de presuntas ejecuciones extrajudiciales
El documento recoge también cifras relacionadas con la actividad militar y los ataques contra las fuerzas de seguridad.
Durante el periodo analizado se contabilizaron 43 miembros de las fuerzas de seguridad asesinados y 219 heridos, de acuerdo con los balances del Ministerio de Defensa incluidos por Indepaz.
El seguimiento menciona asimismo 339 hechos clasificados como terrorismo entre el 7 de agosto y el 5 de noviembre, además de ocho bombardeos documentados durante los primeros 100 días de mandato.
La organización expresa especial preocupación por la posible presencia de menores reclutados por grupos armados en los objetivos de las operaciones aéreas. El derecho internacional humanitario obliga a distinguir entre combatientes y población civil y a adoptar precauciones para evitar daños indiscriminados.
Otro apartado especialmente delicado recoge seis denuncias de presuntas ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre septiembre y octubre.
Son casos bajo seguimiento que deben investigarse individualmente. Las denuncias no equivalen a condenas ni permiten dar por probada la responsabilidad de agentes estatales.
La preocupación remite inevitablemente a los llamados falsos positivos, uno de los episodios más graves de la historia reciente colombiana, cuando civiles fueron asesinados y presentados falsamente como guerrilleros muertos en combate.
La exigencia de resultados militares no puede justificar vulneraciones de los derechos humanos. Menos aún en un país que conoce las consecuencias de esa práctica.
La violencia contra los líderes sociales ya existía antes de De la Espriella
Los 45 asesinatos de los primeros 100 días constituyen una cifra grave, aunque deben interpretarse dentro de la evolución del conflicto colombiano.
Según los registros comparativos de Indepaz, en el mismo periodo de 2025 fueron asesinados 48 líderes sociales, cuando gobernaba Gustavo Petro. En las mismas fechas de 2024 también se documentaron 48 casos.
La comparación muestra que la violencia contra estos representantes no comenzó con la llegada de De la Espriella. Tampoco permite atribuir automáticamente una mejora al nuevo Ejecutivo por registrar tres asesinatos menos que en los periodos equivalentes anteriores.
La Fundación Ideas para la Paz (FIP), en su propio análisis de los primeros 100 días, advierte de que el periodo resulta demasiado breve para establecer relaciones causales sólidas entre las decisiones de un Gobierno y la evolución de los indicadores de seguridad.
Sus datos ofrecen una realidad más compleja de lo que sugieren las lecturas partidistas.
Por ejemplo, los homicidios generales disminuyeron un 10,6 % entre agosto y septiembre de 2026 respecto a los mismos meses del año anterior. Sin embargo, los ataques contra infraestructuras y bienes civiles aumentaron un 44,4 % y los confinamientos crecieron un 37,5 %.
La FIP también detectó un incremento del 132,5 % en los ataques con drones durante agosto y septiembre frente al periodo equivalente de 2025.
Es decir, determinados indicadores mejoran mientras otras modalidades de violencia se intensifican. Una realidad difícil de encajar en los discursos que presentan cualquier operación militar como una victoria definitiva contra la criminalidad.
El fortalecimiento territorial de las organizaciones armadas, la financiación procedente de las economías ilegales y las dificultades institucionales para garantizar la seguridad siguen condicionando la situación.
La protección de los líderes sociales, una prueba para el Gobierno colombiano
Abelardo de la Espriella llegó a la Presidencia con una propuesta de seguridad más dura que la de su antecesor, Gustavo Petro. Su Gobierno ha apostado por intensificar las operaciones contra los grupos ilegales y modificar la política de negociación con las organizaciones armadas.
Pero el balance de sus primeros 100 días deja una cuestión central: la seguridad de la población civil no puede medirse exclusivamente por las capturas, los bombardeos o las operaciones militares.
También depende de que un dirigente campesino pueda reclamar mejoras para su comunidad sin recibir amenazas, de que un representante indígena ejerza sus funciones con garantías y de que quienes firmaron la paz puedan mantener una vida civil sin temor a ser asesinados.
La lucha contra las organizaciones criminales exige operaciones policiales y militares, pero también investigaciones judiciales, protección efectiva de las personas amenazadas y una presencia institucional que no desaparezca cuando terminan los operativos.
Con 45 líderes sociales asesinados en 100 días, el desafío sigue siendo evidente. La responsabilidad de cada crimen corresponde a sus autores, que deben ser identificados y juzgados. Al Estado le compete impedir que esas amenazas terminen convirtiéndose en asesinatos.
Colombia no necesita únicamente demostrar cuántas operaciones puede ejecutar contra los grupos armados. Necesita conseguir que defender los derechos de una comunidad deje de ser una actividad que puede costar la vida.
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