España
Vox: los avales del 10 % y los cargos designados blindan a Abascal
Abascal retiene el control de Vox mediante avales del 10 %, dirigentes provinciales nombrados desde Madrid y un modelo sin estructuras autonómicas.
Foto: Contando Estrelas (CC BY-SA 2.0)
Resumen
- Abascal fue reelegido en 2024 sin otro candidato admitido
- Competir por la presidencia exigía 3.269 avales, el 10 % del censo
- Vox nombra a sus presidentes provinciales y no tiene ejecutivas autonómicas
Santiago Abascal ha consolidado su control de Vox mediante un sistema de avales que dificulta la aparición de candidaturas alternativas, la designación de dirigentes provinciales desde Madrid y una estructura sin direcciones autonómicas propias. El modelo, reforzado con las reformas internas de 2022, concentra las principales decisiones políticas y organizativas en la dirección nacional.
La última reelección de Abascal, en enero de 2024, ilustra cómo funciona ese mecanismo. Para disputarle la presidencia, cualquier aspirante necesitaba reunir 3.269 avales, equivalentes al 10 % de los afiliados habilitados para respaldar candidaturas. Nadie más consiguió presentar una lista válida. El dirigente fue proclamado presidente para un nuevo mandato de cuatro años, hasta 2028, sin enfrentarse a una votación competitiva entre distintas alternativas.
Esto no significa que Vox carezca formalmente de procedimientos democráticos. Sus estatutos contemplan elecciones a la dirección nacional, una asamblea de afiliados y órganos de garantías. La controversia está en otra parte: quién puede competir realmente por el liderazgo, quién designa a los responsables territoriales y cuánto margen tienen los militantes para influir en las decisiones. La respuesta conduce, una y otra vez, al Comité Ejecutivo Nacional.
Los avales que permitieron a Abascal renovar su liderazgo sin rival
Santiago Abascal preside Vox desde 2014. Su primera elección fue diferente de las últimas: entonces sí compitió con otro aspirante, Ludovico López Cadé, al que derrotó en una votación de los afiliados. En 2016 volvió a obtener el respaldo de las bases. El panorama cambió a medida que el partido crecía electoralmente y su estructura interna se centralizaba.
En 2020, el militante canario Carmelo González intentó presentar una candidatura alternativa, pero no alcanzó el porcentaje de avales exigido. Abascal continuó al frente de la organización sin enfrentarse a otro candidato en las urnas. La situación se repitió en enero de 2024.
Aquella convocatoria tuvo una particularidad: la asamblea se adelantó de marzo a enero. Vox anunció el proceso el día 8 y abrió la recogida de avales el 10 de enero, con fecha límite el día 16. Los aspirantes disponían de apenas una semana para reunir miles de apoyos y constituir sus equipos.
El censo comunicado por el propio partido reflejaba 66.949 afiliados, pero únicamente 32.690 cumplían los requisitos para otorgar avales. Por eso el mínimo exigido quedó establecido en 3.269 firmas.
Los estatutos incluyen una excepción: si ninguna candidatura alcanza el 10 %, el umbral se reduce al 5 % y, si sigue sin haber aspirantes admitidos, al 3 %. Pero esa reducción no se aplica cuando una candidatura supera el primer filtro, aunque sea la única. Así ocurrió con Abascal.
Formalmente existía un procedimiento para competir. En la práctica, ningún rival llegó a la fase decisiva. La asamblea extraordinaria del 27 de enero ratificó su continuidad y la nueva composición de la dirección nacional.
La reforma de 2022 que eliminó las elecciones provinciales
El segundo pilar del poder de Abascal está en la organización territorial de Vox. Hasta 2022, los militantes podían elegir a los responsables de determinados comités ejecutivos provinciales mediante procesos internos, siempre que se cumplieran las condiciones previstas por el partido.
La reforma estatutaria aprobada en abril de aquel año cambió el procedimiento. Desde entonces, los presidentes provinciales son designados por el Comité Ejecutivo Nacional, a propuesta de la Secretaría General.
El artículo 15 de los estatutos atribuye expresamente esa competencia a la dirección nacional. Una vez nombrado, cada presidente provincial propone al resto de integrantes de su comité, pero también necesita la ratificación de los órganos superiores.
El resultado es una cadena de nombramientos en la que los afiliados han perdido la capacidad de escoger directamente a sus principales responsables provinciales.
No es una diferencia menor. Un dirigente territorial elegido por los militantes dispone de una legitimidad propia y puede defender posiciones distintas de las de la dirección nacional. Cuando su nombramiento depende de esa dirección, su autonomía política es mucho más limitada.
La centralización también alcanza a las decisiones cotidianas. Los estatutos obligan a los comités provinciales a seguir las instrucciones nacionales, mientras que el Comité Ejecutivo Nacional conserva facultades para intervenir en su funcionamiento.
Por qué Vox no tiene direcciones autonómicas propias
La estructura territorial del partido presenta otra singularidad: Vox no dispone de órganos ejecutivos autonómicos equivalentes a los que tienen el PP o el PSOE.
Su organización estatutaria se articula alrededor de la dirección nacional, los comités provinciales y los órganos de Ceuta y Melilla. Puede contar con portavoces parlamentarios, dirigentes institucionales y responsables políticos de ámbito regional, pero estos cargos no constituyen una dirección autonómica con competencias propias comparable a las estructuras federadas o regionales de otras formaciones.
La diferencia responde a una decisión política deliberada.
Vox defiende un modelo de partido nacional que busca impedir la aparición de baronías territoriales. En febrero de 2025, el diputado José María Figaredo reivindicó públicamente esa organización centralizada y explicó que la línea política se establece en el Comité Ejecutivo Nacional para aplicarse en todas las regiones.
La fórmula encaja con el discurso de Vox sobre la unidad de España y sus críticas al Estado autonómico. Pero también concentra el poder dentro del partido: los responsables territoriales dependen de Madrid, incluso cuando representan a territorios con intereses políticos diferentes.
Una cosa es defender un Estado más centralizado. Otra, distinta, es decidir que los militantes de cada provincia tampoco puedan elegir directamente a quienes los dirigen. Son debates relacionados, aunque no necesariamente equivalentes.
Las listas electorales también se deciden desde Madrid
El control de la estructura interna tiene consecuencias directas sobre las candidaturas electorales.
El artículo 25 de los estatutos establece que los comités provinciales pueden proponer candidatos para las elecciones autonómicas y municipales. Sin embargo, la dirección nacional puede revisar, modificar y aprobar las listas definitivas.
Para el Congreso de los Diputados, el Senado y el Parlamento Europeo, el Comité Ejecutivo Nacional también tiene la última palabra, después de consultar a los órganos provinciales correspondientes.
Esto significa que los militantes no eligen mediante primarias a los candidatos que encabezarán las listas electorales. Tampoco los dirigentes provinciales disponen de la decisión definitiva.
El modelo se mantiene en 2026 y condiciona la preparación de las futuras candidaturas. La dirección nacional conserva la capacidad de seleccionar perfiles, modificar propuestas territoriales y decidir quién representa a Vox en las instituciones.
Este mecanismo refuerza la disciplina partidista y permite mantener una estrategia electoral uniforme. Al mismo tiempo, dificulta que aparezcan liderazgos independientes de la cúpula.
La dependencia política es doble: los responsables provinciales necesitan el respaldo de Madrid para dirigir la organización y los aspirantes a cargos públicos dependen de la misma dirección para figurar en las listas.
Las críticas internas que han terminado en rupturas
La centralización ha generado conflictos visibles entre la dirección de Abascal y antiguos dirigentes de Vox.
En enero de 2025, los procuradores Javier Teira y Ana Rosa Hernando fueron expulsados del grupo parlamentario de Vox en Castilla y León después de reclamar elecciones internas para elegir a los responsables provinciales, más transparencia y una mayor participación de los afiliados.
La dirección justificó la decisión acusándolos de actuar por ambiciones personales y de perjudicar al partido. Los parlamentarios, por su parte, defendían recuperar las primarias provinciales.
Pocos días después, Juan García-Gallardo, hasta entonces uno de los principales referentes territoriales de Vox, abandonó sus cargos políticos alegando discrepancias con la dirección nacional.
La crisis continuó en 2026. En febrero, la dimisión en bloque de los integrantes del Comité Ejecutivo Provincial de Murcia precipitó la salida de José Ángel Antelo de la presidencia territorial. Los dimisionarios alegaron problemas de cohesión interna y reclamaron la intervención de la dirección nacional. Antelo responsabilizó políticamente a Abascal de lo sucedido.
En marzo, Vox expulsó definitivamente a Javier Ortega Smith, uno de sus dirigentes históricos, después de meses de enfrentamientos internos y desacuerdos con la cúpula. El antiguo secretario general había cuestionado públicamente distintos aspectos del funcionamiento del partido.
Estos episodios no responden todos a las mismas causas. Existen diferencias personales, ideológicas y estratégicas entre sus protagonistas. Sin embargo, comparten un elemento relevante: las discrepancias con la dirección nacional han desembocado en rupturas, ceses o expulsiones, sin que hayan surgido corrientes internas capaces de disputar mediante una candidatura alternativa el liderazgo de Abascal.
La existencia de conflictos tampoco demuestra, por sí sola, que se hayan incumplido los estatutos. Lo que evidencia es la dificultad de articular una oposición organizada dentro del modelo actual.
La democracia interna que exige la ley y el poder real de los afiliados
La legislación española establece límites a la organización de los partidos políticos.
El artículo 6 de la Constitución exige que su estructura interna y funcionamiento sean democráticos. La Ley Orgánica de Partidos Políticos desarrolla ese principio y reconoce derechos de participación, elección y control de los dirigentes.
Ahora bien, la ley no obliga a celebrar primarias para seleccionar a los candidatos a unas elecciones generales, autonómicas o municipales. Los partidos disponen de libertad organizativa dentro de los límites legales.
Por eso conviene distinguir dos afirmaciones.
Decir que Vox no tiene ningún mecanismo democrático interno sería inexacto: sus afiliados cuentan con derechos estatutarios, pueden participar en la asamblea general y existen procedimientos para elegir al Comité Ejecutivo Nacional.
Otra cuestión es valorar si las exigencias de avales, la designación de responsables provinciales y la ausencia de elecciones territoriales ofrecen suficientes oportunidades de participación y competencia interna.
Los propios estatutos contemplan mecanismos de control. Por ejemplo, permiten presentar mociones de censura contra órganos ejecutivos, pero exigen inicialmente el respaldo de dos tercios de los afiliados de pleno derecho del ámbito correspondiente. Se trata de un umbral especialmente elevado para poner en marcha una iniciativa de destitución.
La diferencia entre disponer formalmente de un derecho y poder ejercerlo con posibilidades reales constituye el centro de la controversia.
El precio político de concentrar todo el poder en Abascal
Vox ha apostado por un modelo organizativo que privilegia la unidad de dirección, la disciplina y el control de las candidaturas. Sus responsables lo defienden como una forma de evitar divisiones territoriales y mantener una estrategia política común.
El coste aparece cuando surgen discrepancias. Sin primarias provinciales, sin direcciones autonómicas propias y con un umbral del 10 % para competir por la presidencia, los afiliados disponen de vías limitadas para promover una alternativa a la dirección establecida.
Abascal no llegó inicialmente a la presidencia sin votos. Fue elegido por los militantes en 2014 y renovó posteriormente su liderazgo. Lo que ha cambiado es el sistema de organización y competencia interna que rodea a ese poder.
En 2024 consiguió su cuarto mandato sin enfrentarse a otra candidatura válida. Desde entonces, las tensiones protagonizadas por antiguos dirigentes y responsables territoriales han vuelto a colocar el funcionamiento interno del partido en el centro del debate.
La cuestión de fondo no es si Vox tiene estatutos, asambleas o procedimientos electorales. Los tiene. La cuestión es cuánto poder efectivo conservan sus afiliados para cambiar de dirigentes cuando discrepan de ellos.
Y ahí aparece la principal paradoja de un partido que reivindica la soberanía y la representación política: sus militantes pueden respaldar a la dirección nacional, pero encuentran importantes barreras para construir una alternativa capaz de sustituirla.
-
MundoChina confirma la primera cumbre entre Xi, Trump y Putin en Shenzhen
-
EspañaApagón mundial el 17 de noviembre: sin alertas oficiales en España
-
EspañaCanarias: 11.037 llegadas irregulares en 15 días, más que en octubre
-
CulturaRosalía logra nueve nominaciones a los Grammy 2027 con su disco Lux
-
EspañaHuelga estudiantil del 20 de noviembre: ciudades y horarios en España
-
TecnologíaHyperOS 4 llega a más Xiaomi, Redmi y POCO en Europa: modelos y fechas
-
TecnologíaAlibaba lanza Qwen4-Max, su IA con un millón de tokens en la nube
-
EspañaNúcleo Nacional: un condenado por matar a su madre con 78 puñaladas
-
EspañaFeijóo niega haber prometido el millón de viviendas de su programa
-
CulturaBelén Cuesta y Karra Elejalde llevan ‘El niño’ de Aramburu a Netflix
-
EspañaRenfe cancela otra vez el plan alternativo Madrid-Andalucía tras Urda
-
CulturaC. Tangana vuelve a los escenarios con Agorazein ante 14.000 personas