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Naturaleza

PP y Vox amplían las ayudas a la caza con cartuchos, cotos y censos

Las ayudas a la caza crecen en varias comunidades: Aragón financia cartuchos, Extremadura eleva las subvenciones a cotos y hay licencias gratis.

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las ayudas a la caza

Resumen

  • Aragón plantea 30.000 euros para cartuchos y 35.000 para censos
  • Extremadura eleva a 600.000 euros las ayudas a los cotos de caza
  • Las licencias gratuitas y el control del lobo avivan la controversia

Los gobiernos autonómicos de PP y Vox están reforzando el apoyo económico y político a la caza en España con subvenciones para comprar munición, ayudas a los cotos, bonificaciones de licencias y financiación de censos de animales realizados con participación de los propios cazadores. Andalucía, Aragón, Extremadura y Castilla y León concentran algunas de las iniciativas más destacadas, en un momento en el que ambos partidos sitúan la actividad cinegética entre sus prioridades para el mundo rural.

Las cifras permiten hacerse una idea del cambio. Aragón plantea destinar 30.000 euros a cartuchos para controlar poblaciones de conejos y otros 35.000 euros a trabajos de seguimiento de fauna. Extremadura ha elevado hasta los 600.000 euros su dotación presupuestaria para ayudas a cotos, mientras que Castilla y León mantiene licencias autonómicas gratuitas. Son medidas de distinto alcance: algunas ya están en vigor y otras dependen de presupuestos o convocatorias pendientes.

El respaldo responde a una estrategia que mezcla la gestión de especies silvestres, la protección de explotaciones agrarias y la defensa de una actividad con peso económico en determinadas zonas rurales. Las organizaciones de cazadores consideran que las administraciones están empezando a reconocer su contribución al territorio. Los ecologistas, por su parte, cuestionan que se destinen más recursos públicos al sector sin garantizar una evaluación independiente de sus efectos sobre los ecosistemas.

La controversia llega también al terreno educativo, con programas vinculados a la caza en colegios, y al debate sobre el lobo ibérico, cuya protección legal ha experimentado cambios importantes desde 2021. Detrás de las subvenciones aparece una discusión más amplia: quién debe decidir cómo se gestionan las poblaciones de animales salvajes y con qué criterios.

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Aragón destina 65.000 euros a munición y seguimiento de fauna

Una de las iniciativas más llamativas procede de Aragón. La Consejería de Medio Ambiente y Turismo, dirigida por Vox, ha incorporado a su propuesta presupuestaria tres líneas de financiación relacionadas con la actividad cinegética.

La primera contempla 30.000 euros para la compra de cartuchos destinados al control del conejo, una especie que provoca daños en cultivos agrícolas de determinadas zonas de la comunidad. El dinero se canalizaría a través de la Federación Aragonesa de Caza.

La medida tiene un precedente inmediato: durante 2026 ya se concedió una ayuda similar que permitió adquirir aproximadamente 70.000 cartuchos. Según las explicaciones trasladadas por la Consejería, las condiciones de distribución, los destinatarios y las zonas prioritarias deben concretarse en la correspondiente subvención.

Los otros 35.000 euros se distribuyen entre dos actuaciones: 20.000 euros para censar poblaciones de codorniz y 15.000 para proyectos de ciencia ciudadana relacionados con especies cinegéticas.

Cazadores que cuentan animales: el debate sobre los censos científicos

El seguimiento de poblaciones de fauna constituye uno de los aspectos más discutidos. El Gobierno aragonés pretende aprovechar las observaciones que realizan los cazadores durante sus recorridos por el territorio para mejorar el conocimiento de las especies.

La propuesta tiene una utilidad potencial: quienes recorren habitualmente el campo pueden aportar registros de presencia, distribución y abundancia de animales. La ciencia ciudadana utiliza precisamente la colaboración de personas no profesionales para recoger información que después puede analizarse científicamente.

Pero participar en la recogida de datos no equivale a sustituir el trabajo de los investigadores. Un censo fiable necesita métodos comparables, protocolos de muestreo y controles que permitan detectar errores o sesgos.

Ecologistas en Acción advierte del posible conflicto de intereses cuando quienes participan en una actividad extractiva también intervienen en los estudios utilizados para determinar cuánto se puede cazar.

La Federación de Caza defiende que el propio sector es el primero interesado en disponer de datos rigurosos para garantizar la continuidad de la actividad. La cuestión decisiva será cómo se validan esos registros y quién conserva la responsabilidad científica y administrativa de las conclusiones.

Extremadura multiplica por doce las ayudas a los cotos

Extremadura representa otro ejemplo significativo del aumento de los recursos económicos destinados al sector cinegético.

La dotación presupuestaria para ayudas a los cotos ha pasado de 50.000 a 600.000 euros, lo que supone multiplicarla por doce. Se trata de fondos orientados a actuaciones de conservación, mantenimiento y mejora de los recursos cinegéticos.

Entre los posibles trabajos subvencionables figuran actuaciones sobre hábitats, refugios, puntos de agua o tareas de vigilancia y gestión. Sus efectos dependen del tipo de intervención, del lugar donde se realiza y de las especies beneficiadas.

Los defensores de estas ayudas sostienen que determinadas mejoras pueden favorecer tanto a animales aprovechables para la caza como a otras especies silvestres. Las organizaciones conservacionistas discrepan cuando las actuaciones buscan aumentar artificialmente las poblaciones de animales cinegéticos o benefician principalmente a propietarios privados.

La discusión no consiste únicamente en determinar cuánto dinero se concede. También importa quién recibe las ayudas, qué compromisos asume y cómo comprueba la Administración que se han cumplido sus objetivos ambientales.

Licencias de caza gratis y bonificaciones en varias comunidades

El apoyo institucional también se traduce en una reducción del coste de los permisos necesarios para practicar la caza.

En Castilla y León, las licencias autonómicas de las clases A y B mantienen una bonificación del 100 % durante 2026 y 2027. La gratuidad, introducida en 2023, afecta a las modalidades ordinarias correspondientes y permite obtener permisos con una vigencia de cinco años.

Extremadura activó en agosto de 2026 la gratuidad de sus licencias autonómicas de caza y pesca, una medida que se aplica también a solicitantes que no residan en la comunidad.

Andalucía ha optado por un sistema de descuentos. Durante 2026 contempla una bonificación general del 30 % para las licencias de caza, además de beneficios específicos del 50 % para determinados colectivos, como menores de edad y cazadores federados que cumplan las condiciones establecidas. Los mayores de 65 años están exentos de la tasa correspondiente.

Hay una distinción importante: estas ventajas no convierten automáticamente en gratuitas las licencias interautonómicas. El convenio aprobado en 2026 para diez comunidades establece un precio de 70 euros para la licencia interautonómica de caza.

Tampoco eliminan los demás requisitos para ejercer la actividad. Continúan siendo obligatorios los permisos, seguros, autorizaciones y restricciones establecidos por la normativa aplicable.

La caza llega a los colegios para atraer a nuevas generaciones

El apoyo de las administraciones autonómicas no se limita a las subvenciones. Andalucía y Extremadura mantienen iniciativas educativas relacionadas con el conocimiento de la naturaleza, el medio rural y la actividad cinegética.

En Andalucía, la Federación Andaluza de Caza impulsó el proyecto Huellas, incorporado a la oferta educativa autonómica en 2022. Más de 90 centros escolares participaron en su primera edición. Sus promotores presentan la iniciativa como una forma de acercar a los estudiantes al entorno natural y a las actividades tradicionales del campo.

Extremadura desarrolla desde hace años el programa educativo Caza y Naturaleza, dentro de las actividades de promoción deportiva escolar. Entre sus propuestas se han incluido talleres de tiro con arco, cetrería y conocimiento de la fauna.

Para las federaciones, estos programas permiten mostrar a los estudiantes una actividad vinculada a las economías rurales. Las organizaciones ecologistas consideran, sin embargo, que la presencia de entidades cinegéticas en las aulas exige especial atención al equilibrio de los contenidos y a la educación sobre bienestar animal y conservación.

El interés por las nuevas generaciones tiene una explicación demográfica. Según los datos difundidos por la Real Federación Española de Caza, España cuenta con alrededor de 578.000 cazadores, muy lejos del casi millón que llegó a registrar hace décadas.

La pérdida de practicantes preocupa al sector. En Andalucía, la propia Junta ha señalado que la edad media de los cazadores supera los 52 años. El Ejecutivo autonómico también ha desarrollado iniciativas específicas para facilitar el acceso de jóvenes y mujeres a determinados permisos de caza.

El lobo vuelve al centro de la disputa política

El respaldo de PP y Vox a la actividad cinegética se extiende al debate sobre la gestión del lobo ibérico, especialmente en las comunidades ganaderas del norte peninsular.

La protección de esta especie cambió sustancialmente en septiembre de 2021, cuando el Gobierno central incluyó todas las poblaciones españolas de lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE). Aquella decisión impidió su caza ordinaria en territorios donde anteriormente se autorizaba.

Sin embargo, la situación volvió a modificarse en 2025. Una reforma legal aprobada por las Cortes retiró del listado estatal a las poblaciones situadas al norte del río Duero, mientras que las del sur permanecieron protegidas.

Por tanto, la pérdida de esa protección especial al norte del Duero ya es un hecho, no una medida que esté pendiente de aprobarse por un eventual Gobierno de PP y Vox.

Otra cuestión es la autorización de capturas. Que una población deje de estar incluida en el LESPRE no significa que se pueda matar lobos libremente. Las decisiones siguen sujetas a la legislación ambiental, los planes de gestión, las obligaciones de conservación y el control de los tribunales.

El PP ha defendido la recuperación de mecanismos de control de las poblaciones de lobo para reducir los daños a la ganadería. En su programa electoral de 2026 también plantea proteger a los ganaderos y garantizar la conservación de la especie con criterios técnicos.

Las organizaciones ganaderas reclaman herramientas eficaces para evitar ataques al ganado y compensar las pérdidas. Los colectivos conservacionistas, en cambio, exigen que cualquier intervención esté fundamentada científicamente y no comprometa el estado de conservación del animal.

El conflicto entre ganadería y conservación del lobo sigue abierto. Las diferencias jurídicas entre territorios y las resoluciones judiciales sobre actuaciones de control hacen especialmente importante distinguir entre una propuesta política, una autorización administrativa y una captura legalmente ejecutable.

El dinero público y las decisiones sobre la fauna

El movimiento de PP y Vox coincide con una mayor movilización política de las organizaciones cinegéticas.

La Real Federación Española de Caza ha presentado una campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 bajo el lema La caza también vota. Su decálogo pide estabilidad normativa, apoyo al mundo rural, participación del sector en los censos de fauna y medidas para facilitar la adaptación a las nuevas exigencias ambientales.

La federación también reclama una mayor presencia en las decisiones públicas relacionadas con la gestión de especies y la conservación del territorio. El PP figura entre las formaciones que han respaldado sus compromisos.

El sector tiene argumentos económicos y sociales que merecen consideración. La caza genera actividad en determinados municipios, contribuye a mantener negocios rurales y puede formar parte de estrategias de control de poblaciones animales cuando existen daños agrícolas o riesgos sanitarios acreditados.

Ahora bien, el interés económico no sustituye a la evaluación ambiental. Las medidas deben acreditar su eficacia, tanto si consisten en subvencionar cartuchos como en financiar mejoras de hábitats, recopilar datos científicos o autorizar controles de fauna.

También conviene recordar que los problemas de sobrepoblación animal no siempre responden a una única causa. La disponibilidad de alimento, los cambios en los usos agrícolas, la alteración de los ecosistemas y la presencia de depredadores pueden influir en la evolución de las distintas especies. La caza puede formar parte de la gestión, pero su efectividad debe comprobarse caso por caso.

La nueva política autonómica está modificando la relación entre las administraciones y las organizaciones cinegéticas. Hay más dinero comprometido, menos costes administrativos para determinados cazadores y una mayor participación del sector en las políticas públicas.

Lo que todavía debe acreditarse es si ese respaldo se traduce en menos daños agrícolas, mejores datos sobre la fauna y una conservación más eficaz. Porque una subvención puede ser popular, incluso electoralmente rentable. Pero su utilidad para el conjunto de la sociedad se demuestra con resultados.

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Periodista internacional con más de 20 años de experiencia en radio, prensa y medios digitales. Licenciado en Ciencias de la Comunicación, trabaja entre España e Italia con la mirada puesta en la actualidad.

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