Vox deja sin fondos la promoción de zonas de bajas emisiones andaluzas

Vox ha conseguido que los Presupuestos de Andalucía para 2027 no contemplen financiación autonómica para promover las zonas de bajas emisiones (ZBE) en los municipios de la comunidad. La formación de Santiago Abascal presenta esta decisión como el primer paso para desmantelar lo que denomina «agenda climática», una de sus principales exigencias en el acuerdo de Gobierno con el Partido Popular de Juanma Moreno.

El anuncio, realizado el 2 de noviembre, llega con los primeros presupuestos del Ejecutivo andaluz de coalición PP-Vox, que ascienden a 54.716,7 millones de euros, un 6% más que en 2026. Pero detrás del incremento general del gasto aparecen cambios políticos importantes: la retirada del apoyo autonómico a las restricciones medioambientales del tráfico, la eliminación prevista de impuestos ecológicos y la revisión de las partidas vinculadas a determinadas políticas climáticas.

El vicepresidente segundo de la Junta, Manuel Gavira, ha defendido que los recursos públicos deben concentrarse en actuaciones relacionadas con el agua, la prevención de incendios y la protección del sector productivo. Su partido sostiene que financiar determinadas políticas ambientales perjudica especialmente a las familias con menos ingresos, los agricultores y quienes dependen de vehículos antiguos para trabajar.

La decisión abre, además, una diferencia de fondo dentro del propio Gobierno andaluz. Juanma Moreno ha defendido públicamente la necesidad de combatir el cambio climático y ha advertido en distintas ocasiones de la especial vulnerabilidad de Andalucía frente a la sequía, las temperaturas extremas y los incendios forestales.

Ahora ambos partidos comparten Gobierno y presupuesto. Y el resultado empieza a notarse.

Andalucía dejará de financiar la promoción de zonas de bajas emisiones

La medida más concreta anunciada por Vox afecta a las zonas de bajas emisiones, espacios urbanos donde los ayuntamientos establecen restricciones a los vehículos más contaminantes para mejorar la calidad del aire.

Según la formación, el proyecto presupuestario de 2027 no destinará recursos autonómicos a fomentar estas zonas en los municipios andaluces. La decisión desarrolla un compromiso incluido en el pacto de Gobierno firmado por PP y Vox en julio de 2026.

El argumento de Vox es económico. Considera que las restricciones perjudican a ciudadanos que no pueden sustituir sus vehículos por otros menos contaminantes y que, en determinados casos, necesitan utilizarlos diariamente para desplazarse a su puesto de trabajo.

Sin embargo, retirar la financiación autonómica no significa que desaparezcan las zonas de bajas emisiones ni que los conductores puedan circular automáticamente por cualquier área restringida.

Las restricciones al tráfico siguen reguladas por una ley estatal

La Ley 7/2021, de Cambio Climático y Transición Energética, establece la obligación de implantar zonas de bajas emisiones en municipios de más de 50.000 habitantes y territorios insulares. También alcanza a localidades de más de 20.000 habitantes cuando superan determinados límites legales de contaminación.

Por tanto, el Gobierno andaluz puede decidir cómo distribuye sus propios fondos, pero no puede derogar mediante sus presupuestos una obligación establecida por la legislación estatal.

Los ayuntamientos continúan siendo responsables de regular y gestionar estas zonas dentro de sus competencias, con las condiciones previstas en la normativa aplicable.

En la práctica, la decisión de la Junta puede dificultar la financiación de nuevos proyectos municipales que dependan de ayudas autonómicas. No implica la suspensión de las restricciones existentes, la anulación de sanciones o la eliminación de las obligaciones legales.

Tampoco se ha concretado públicamente una cifra global que permita cuantificar cuánto dinero dejará de invertirse en la promoción de estas zonas respecto a ejercicios anteriores.

El Gobierno de PP y Vox también prevé eliminar impuestos ecológicos

La política de movilidad no es el único apartado ambiental afectado por las nuevas cuentas.

El proyecto de Presupuestos de Andalucía para 2027 contempla que los impuestos ambientales propios de la comunidad dejen de pagarse a partir del 1 de enero de 2027, una vez aprobadas las disposiciones correspondientes.

Entre los tributos autonómicos afectados figuran los relacionados con las emisiones de gases a la atmósfera, los vertidos a las aguas del litoral y las bolsas de plástico de un solo uso.

La medida supone un cambio en la fiscalidad ambiental andaluza. Estos impuestos se diseñaron para gravar determinadas actividades con efectos sobre el medio ambiente, mientras que el nuevo Ejecutivo considera prioritario reducir las cargas económicas sobre empresas y sectores productivos.

El acuerdo entre PP y Vox contempla igualmente revisar la Ley andaluza de Cambio Climático de 2018 para eliminar disposiciones que, a juicio de ambos partidos, resulten perjudiciales para agricultores, ganaderos, pescadores, industrias y autónomos.

La cuestión no se limita, por tanto, a una partida presupuestaria. Afecta también a las herramientas fiscales y regulatorias que utiliza la Administración para orientar determinadas actividades económicas.

Conviene distinguir, eso sí, entre las reformas anunciadas, las medidas incorporadas al proyecto presupuestario y las modificaciones legales que todavía deben aprobarse.

Más inversión en prevención de incendios y gestión del agua

Vox defiende que el dinero público debe dirigirse a actuaciones que considera más necesarias para Andalucía, especialmente las infraestructuras hidráulicas, el mantenimiento forestal y la prevención de incendios.

En este apartado, el proyecto presupuestario incorpora 38,1 millones de euros para la mejora de los montes públicos y otros 10,2 millones destinados a restaurar superficies forestales afectadas por el incendio de Niebla, en Huelva, ocurrido en agosto de 2026.

La formación también ha destacado una inversión adicional de 35 millones de euros para prevención de incendios, que incluye actuaciones forestales y la adquisición de nuevos medios para el dispositivo Infoca.

En materia hidráulica, la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural contará con 396 millones de euros destinados a infraestructuras relacionadas con el agua.

Estas inversiones forman parte de un presupuesto que mantiene, por otra parte, 611,6 millones de euros para políticas de desarrollo sostenible y 761 millones para agua y litoral.

El dato resulta relevante porque demuestra que la eliminación de la llamada agenda climática no equivale a la desaparición del gasto medioambiental. El Gobierno andaluz sigue financiando actuaciones de conservación, protección forestal y gestión del territorio, aunque está modificando sus prioridades.

La diferencia está en qué políticas se consideran necesarias, cuáles se vinculan a compromisos de reducción de emisiones y qué criterios se utilizan para decidir dónde invertir.

Juanma Moreno y Vox mantienen diferencias sobre el cambio climático

La posición de Vox contrasta con el discurso que Juanma Moreno ha mantenido durante buena parte de su trayectoria al frente del Gobierno andaluz.

El presidente de la Junta ha defendido en foros europeos la necesidad de reforzar la financiación para combatir los efectos del calentamiento global, particularmente en territorios del sur de Europa.

Andalucía presenta importantes riesgos relacionados con las sequías prolongadas, las olas de calor, la desertificación y los incendios forestales. El propio Moreno ha señalado públicamente esa vulnerabilidad para reclamar más recursos y actuaciones de adaptación.

Vox, en cambio, cuestiona numerosas medidas vinculadas al Pacto Verde Europeo y a los compromisos de descarbonización, especialmente cuando considera que imponen costes adicionales a la agricultura, la ganadería, el transporte o la industria.

Ambas posiciones conviven ahora en un mismo Ejecutivo.

El pacto de legislatura firmado en julio ya anticipaba esa orientación. En su apartado medioambiental, PP y Vox acordaron revisar normas, planes y gastos que considerasen perjudiciales para los sectores productivos, así como redirigir recursos hacia otras actuaciones.

Los Presupuestos de 2027 representan la primera traducción económica de ese compromiso político.

La oposición socialista ha criticado el cambio de orientación. Su portavoz, Alejandro Moyano, ha anunciado que el PSOE exigirá explicaciones sobre las concesiones realizadas a Vox y sus posibles consecuencias para los ciudadanos.

Los socialistas consideran que las cuentas reflejan un desplazamiento de las políticas de Moreno hacia las posiciones de su socio de Gobierno.

Los Presupuestos de 2027 deberán superar el trámite parlamentario

El Consejo de Gobierno andaluz aprobó el proyecto presupuestario el 30 de octubre. Desde entonces, las cuentas han iniciado su tramitación en el Parlamento autonómico, donde deben examinarse y debatirse antes de su aprobación definitiva.

Este martes, 3 de noviembre, Manuel Gavira ha abierto las comparecencias parlamentarias de los consejeros para explicar las partidas correspondientes a sus departamentos.

El vicepresidente segundo ha defendido el presupuesto de coalición como una herramienta para mejorar los servicios públicos y reforzar áreas como la sanidad, la vivienda, los servicios sociales y la Justicia.

El Ejecutivo pretende que las cuentas entren en vigor el 1 de enero de 2027.

Hasta que culmine su tramitación, las medidas recogidas en el proyecto no deben confundirse con disposiciones definitivamente aprobadas.

La retirada de financiación para promover zonas de bajas emisiones es, de momento, la manifestación más visible de la nueva orientación ambiental del Ejecutivo. La revisión de la legislación climática y la futura distribución de otras partidas permitirán conocer hasta dónde llega realmente el cambio.

Andalucía no ha eliminado su política medioambiental, pero sí está redefiniendo una parte importante de ella. La coalición de PP y Vox comienza a sustituir determinadas herramientas de fiscalidad y movilidad verde por otras prioridades presupuestarias.

Y queda una cuestión política de considerable alcance: cómo compatibilizará Juanma Moreno su defensa de la adaptación al cambio climático con un socio de Gobierno que ha convertido la eliminación de la denominada agenda climática en uno de sus objetivos declarados.