El Gobierno exigirá multas de 200 euros en zonas de bajas emisiones

El Gobierno prepara un endurecimiento de las normas de las zonas de bajas emisiones (ZBE) para obligar a los ayuntamientos a establecer restricciones reales al tráfico y sancionar a los conductores que las incumplan. La reforma pretende acabar con las ciudades que han delimitado estas áreas, pero mantienen excepciones excesivas o aplazan durante años la imposición de multas.

La medida afecta especialmente a los 151 municipios de más de 50.000 habitantes obligados a disponer de estas zonas. Las infracciones pueden castigarse con multas de 200 euros, reducibles a 100 euros por pronto pago, sin pérdida de puntos del carné. Esa sanción ya existe en la legislación española: la novedad consiste en exigir a los consistorios que la apliquen efectivamente cuando se incumplan las restricciones.

El Ministerio para la Transición Ecológica, dirigido por Sara Aagesen, ha impulsado una modificación del Real Decreto 1052/2022, que regula las ZBE. Su aprobación estaba prevista para el Consejo de Ministros de este martes, 3 de noviembre de 2026, aunque todavía no consta la publicación definitiva de la reforma en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Esto es importante para los conductores. El anuncio no significa que todos los vehículos contaminantes tengan prohibido circular desde este momento por cualquier ciudad española. Las limitaciones concretas siguen dependiendo de las ordenanzas municipales, de las etiquetas ambientales de la Dirección General de Tráfico (DGT) y de las excepciones legalmente establecidas.

Lo que pretende cambiar el Ejecutivo es la posibilidad de mantener zonas de bajas emisiones que apenas restringen la circulación. Una ciudad podrá seguir adaptando sus medidas a sus circunstancias, pero tendrá que demostrar que sirven para reducir la contaminación.

El Gobierno quiere acabar con las zonas de bajas emisiones que no restringen el tráfico

La Ley de Cambio Climático de 2021 estableció que los municipios de más de 50.000 habitantes debían implantar zonas de bajas emisiones antes de 2023. La obligación también alcanza a los territorios insulares y a determinadas localidades de más de 20.000 habitantes que superen los límites legales de contaminación.

Sin embargo, la aplicación de la normativa ha sido muy desigual. Mientras ciudades como Madrid o Barcelona llevan años imponiendo restricciones y sanciones, otras han retrasado su puesta en funcionamiento o han aprobado sistemas con un impacto limitado sobre el tráfico.

El propio Ministerio para la Transición Ecológica identificó cuatro problemas durante la preparación de la reforma: moratorias sancionadoras excesivamente largas, ausencia de restricciones según las emisiones de los vehículos, superficies demasiado pequeñas y excepciones que permiten circular a buena parte del parque automovilístico.

Algunas zonas se han delimitado incluso sobre espacios que ya tenían el tráfico restringido, como áreas peatonales o parques urbanos. Sobre el papel cumplen una función medioambiental. En la práctica, apenas cambian la circulación.

La nueva regulación pretende corregir estas situaciones y exigir que los ayuntamientos acrediten que sus ZBE funcionan realmente.

Eso incluye aplicar prohibiciones de acceso, circulación o estacionamiento según el potencial contaminante de los vehículos, disponer de sistemas efectivos de control y verificar los resultados obtenidos.

La finalidad no es necesariamente prohibir más vehículos en todas las ciudades, sino impedir que una zona de bajas emisiones se convierta en un simple trámite administrativo sin consecuencias para el tráfico.

Multas de 200 euros: cuánto se paga y si se pierden puntos

La sanción por incumplir las restricciones de una zona de bajas emisiones está regulada en la Ley de Tráfico desde marzo de 2022.

Acceder o circular por una ZBE cuando el vehículo tiene expresamente prohibido hacerlo constituye una infracción grave, castigada con una multa de 200 euros.

Si el conductor utiliza el procedimiento de pronto pago dentro de los 20 días naturales posteriores a la notificación, puede beneficiarse de una reducción del 50 %, por lo que el importe queda en 100 euros. Esta opción implica renunciar a presentar alegaciones por la vía administrativa.

La infracción, por sí misma, no supone la retirada de puntos del carné de conducir.

Conviene distinguir dos cuestiones: la existencia de la multa y su aplicación. Los 200 euros no son una nueva sanción creada por el decreto que prepara el Gobierno. Lo que se busca es evitar que los municipios mantengan las prohibiciones sobre el papel mientras aplazan indefinidamente su cumplimiento.

Los ayuntamientos deberán contar con mecanismos adecuados para detectar los accesos no autorizados. En muchas ciudades, el control se realiza mediante cámaras capaces de identificar las matrículas y comprobar si los vehículos cumplen los requisitos establecidos.

No obstante, la sanción necesita una restricción válida y aplicable. La instalación de una cámara o la mera existencia de un cartel de ZBE no convierten automáticamente en infracción el acceso de cualquier automóvil.

Las etiquetas B, C, ECO y Cero no tendrán las mismas restricciones en todas las ciudades

La clasificación ambiental de la DGT seguirá siendo uno de los principales criterios para determinar qué vehículos pueden circular por las zonas de bajas emisiones.

Los coches sin distintivo ambiental, generalmente los más antiguos, suelen estar entre los primeros afectados por las restricciones.

Los vehículos con etiqueta B también pueden encontrar limitaciones, dependiendo del municipio y de las condiciones de su ordenanza. Los de etiqueta C, ECO y Cero disfrutan habitualmente de mayores posibilidades de acceso, aunque eso no supone una autorización universal para circular por cualquier área restringida.

Por ejemplo, una ciudad puede permitir la entrada de vehículos con etiqueta C en una zona y exigir una autorización específica para acceder a otra de especial protección. También pueden existir diferencias según el horario, el estacionamiento o la condición de residente.

El decreto no establece una prohibición nacional inmediata para todos los coches con etiqueta B o C. Tampoco obliga a sustituir un vehículo únicamente por tener varios años de antigüedad.

La matrícula, la clasificación ambiental y la normativa de cada municipio seguirán determinando si un conductor puede entrar legalmente en una ZBE.

Cuándo empezarán las multas y qué ocurrirá con las moratorias

Uno de los aspectos más relevantes de la reforma es la intención de limitar los periodos transitorios durante los cuales las restricciones existen, pero los ayuntamientos no sancionan a quienes las incumplen.

El Gobierno considera que algunas de estas moratorias se han prolongado demasiado y han impedido que las zonas de bajas emisiones cumplan sus objetivos.

La modificación normativa pretende exigir que las ordenanzas contemplen y apliquen el régimen sancionador de tráfico, evitando mecanismos transitorios que retrasen injustificadamente su efectividad.

Ahora bien, esto no equivale a establecer una única fecha nacional para comenzar a multar.

La aplicación concreta dependerá de la entrada en vigor de la nueva regulación, de las obligaciones que finalmente establezca y de la situación jurídica de cada municipio. Las ciudades que ya sancionan podrán continuar haciéndolo conforme a sus ordenanzas vigentes.

En cambio, aquellas que todavía mantienen fases informativas, excepciones generales o restricciones pendientes de aplicación tendrán que revisar si su sistema se ajusta a las nuevas exigencias.

Tampoco cabe dar por anuladas todas las moratorias municipales antes de conocer el texto definitivo publicado en el BOE.

La reforma deberá respetar las competencias locales y ofrecer seguridad jurídica tanto a los ayuntamientos como a los conductores. La delimitación de las zonas, las restricciones y sus excepciones deben estar debidamente justificadas y aprobadas conforme al procedimiento correspondiente.

Los ayuntamientos tendrán que demostrar que sus ZBE funcionan

La reforma no se limita a las multas. También busca reforzar la obligación de los municipios de acreditar que sus zonas de bajas emisiones están funcionando.

Los consistorios deberán comunicar la entrada en vigor de las restricciones y demostrar que cuentan con mecanismos de control de accesos, vigilancia y seguimiento.

El objetivo es comprobar que las medidas adoptadas contribuyen realmente a mejorar la calidad del aire y reducir las emisiones procedentes del tráfico.

Este seguimiento tiene importancia porque la normativa ya contempla indicadores ambientales que permiten evaluar la evolución de contaminantes como el dióxido de nitrógeno y las partículas en suspensión.

No basta, por tanto, con instalar señales, aprobar un plano y declarar que una zona está protegida. Hay que comprobar sus efectos.

La exigencia también puede tener consecuencias económicas para las administraciones locales.

Las ayudas estatales al transporte público están vinculadas, en determinados supuestos, al cumplimiento de las obligaciones sobre zonas de bajas emisiones. Para acceder a algunas subvenciones, los ayuntamientos deben acreditar que cuentan con una ZBE activa o comprometerse a ponerla en funcionamiento dentro del plazo establecido.

El nuevo sistema de verificación permitirá comprobar con mayor rigor qué municipios cumplen realmente los requisitos. Los incumplimientos pueden comprometer la financiación pública y, cuando proceda conforme a las condiciones de las subvenciones, dar lugar a procedimientos de reintegro.

El dinero destinado a mejorar la movilidad urbana no debería depender únicamente de que un ayuntamiento haya dibujado una zona sobre un mapa.

La ordenanza municipal seguirá determinando quién puede circular

Para los conductores, la consecuencia práctica más importante es que las restricciones podrían empezar a aplicarse de manera más estricta en ciudades que hasta ahora no estaban sancionando.

Antes de acceder a una zona de bajas emisiones conviene comprobar tres aspectos: si la ZBE está efectivamente en funcionamiento, qué vehículos tienen restringida la entrada y si existen autorizaciones o excepciones aplicables.

La información debe consultarse en la normativa vigente del ayuntamiento correspondiente. Los mapas oficiales y la señalización ayudan a identificar las áreas restringidas, pero no sustituyen las condiciones concretas de cada ordenanza.

Una persona puede circular legalmente con su vehículo por una ciudad y encontrarse con restricciones diferentes en otra. Incluso dentro del mismo municipio puede haber áreas de especial protección con requisitos más exigentes.

La reforma del Gobierno no elimina estas diferencias. Busca establecer una garantía común: si existe una restricción válida, debe contar con mecanismos reales para hacerla cumplir.

Queda por conocer la redacción definitiva del decreto y su calendario de aplicación. Hasta entonces, las sanciones vigentes continúan dependiendo de las normas municipales correspondientes.

El cambio de fondo es significativo. Después de años en los que numerosas ciudades han avanzado a velocidades muy distintas, el Ejecutivo quiere pasar de exigir simplemente la existencia de una zona de bajas emisiones a comprobar que funciona.

Para los ayuntamientos supone mayores obligaciones de control y justificación. Para los conductores, la posibilidad de encontrarse con restricciones que antes apenas se vigilaban. Y para las ciudades, una exigencia bastante elemental: que las medidas aprobadas para reducir la contaminación produzcan resultados, más allá del correspondiente anuncio institucional.