Galicia prepara multas de hasta 15.000 euros por agredir a profesores

Galicia prepara un endurecimiento notable de las normas de convivencia escolar: agredir a un profesor podrá acarrear multas de hasta 15.000 euros, mientras que las conductas más graves cometidas por alumnos podrán desembocar en la suspensión de asistencia, el cambio forzoso de centro o la pérdida del derecho a continuar escolarizado en él. La reforma, anunciada por la Xunta, pretende reforzar la protección de los docentes frente a agresiones físicas, amenazas, acoso y nuevas formas de hostigamiento digital.

La medida no está todavía en vigor. El Gobierno gallego prevé incorporarla a la ley de medidas fiscales y administrativas que acompañará a los Presupuestos de 2027, lo que obligará a completar su tramitación legislativa. Ese matiz importa: Galicia ha decidido cambiar las reglas, pero las nuevas sanciones no empiezan automáticamente a aplicarse por el mero anuncio del Consello da Xunta.

Multas de 300 a 15.000 euros para proteger a los docentes

El nuevo régimen administrativo distinguirá entre infracciones leves, graves y muy graves. Las sanciones económicas partirán de los 300 euros y podrán alcanzar los 15.000 en los casos de mayor gravedad. La respuesta se graduará atendiendo a las circunstancias concretas, de modo que no toda discusión, falta de respeto o incidente tendrá, ni mucho menos, la misma consecuencia.

La reforma está especialmente dirigida a proteger al profesorado frente a comportamientos procedentes de familiares y responsables legales del alumnado. Las sanciones administrativas podrán coexistir, cuando corresponda, con responsabilidades civiles o penales. Es decir, pagar una multa autonómica no convierte una posible agresión delictiva en asunto terminado.

Mientras se tramita un procedimiento también podrán acordarse medidas provisionales, entre ellas limitar temporalmente la entrada del presunto agresor al centro, su participación en determinadas actividades escolares o incluso sus canales de comunicación con el docente afectado. El aula deja así de ser ese extraño territorio donde, durante demasiado tiempo, determinados conflictos parecían tener unas fronteras jurídicas bastante borrosas.

Expulsión, cambio de centro y sanciones para los alumnos

Para el alumnado el mecanismo será distinto. La reforma contempla medidas educativas y disciplinarias, no simplemente trasladar al bolsillo de un menor una multa de 15.000 euros. Entre las respuestas previstas aparecen períodos más largos de suspensión de asistencia, el cambio definitivo de grupo y, en las situaciones de mayor gravedad, el traslado o la salida del centro.

Hay una diferencia importante según la etapa educativa. En casos de acoso o ciberacoso, el criterio general será el cambio de centro cuando se trate de enseñanza obligatoria. En enseñanzas no obligatorias podrá producirse la pérdida del derecho a continuar escolarizado en ese mismo centro. Incluso se prevé que la medida impida una matrícula posterior allí.

No es exactamente una expulsión idéntica para cualquier alumno y circunstancia. Durante la escolarización obligatoria sigue existiendo el derecho a la educación, por lo que la respuesta puede consistir en trasladar al responsable a otro centro. En etapas posteriores, la consecuencia puede ser bastante más tajante.

Del acoso físico a los montajes creados con inteligencia artificial

La Xunta quiere aprovechar la modificación para actualizar una ley de convivencia concebida antes de que buena parte de los actuales conflictos digitales tuviera la dimensión que tiene. La categoría de conductas muy graves incluirá de forma expresa agresiones, actos violentos, amenazas, coacciones, discriminación grave, vejaciones y humillaciones, además de expresiones graves de odio, violencia de género o sexual, acoso y ciberacoso.

También entrará en el terreno sancionable la grabación, publicación o difusión de contenidos que dañen gravemente el honor, la intimidad, la dignidad o la propia imagen. Y aquí aparece una novedad muy de 2026: la regulación menciona expresamente la creación o manipulación de contenidos mediante inteligencia artificial cuando se utilicen para vulnerar esos derechos. El viejo conflicto de patio puede viajar ahora en un móvil, cruzar cien grupos de mensajería y regresar al aula convertido en una imagen falsa.

La reforma introduce además la reincidencia como elemento para elevar la gravedad. Una nueva conducta leve podrá pasar a considerarse grave cuando existan al menos dos correcciones firmes anteriores por faltas leves durante el mismo curso; una conducta grave podrá subir a muy grave con dos correcciones firmes previas de esa categoría.

Reparar el daño también formará parte de la respuesta

No todo el planteamiento descansa sobre la expulsión. El Ejecutivo gallego pretende reforzar las medidas reparadoras para que quien provoque un daño tenga que asumirlo, repararlo o realizar actuaciones en beneficio de la comunidad educativa.

Es una diferencia relevante. La disciplina escolar no funciona igual que una ventanilla de multas de tráfico: la finalidad educativa continúa formando parte del sistema. Castigar una conducta y conseguir que el alumno entienda sus consecuencias deberían ir juntos. Sobre el papel, al menos.

Una oficina para profesores agredidos o amenazados

Otra pata del nuevo modelo será la Oficina de Apoio ao Profesorado, cuya puesta en marcha estaba ya prevista y que concentrará orientación, acompañamiento y asistencia jurídica a docentes que sufran conflictos graves relacionados con su trabajo.

El servicio atenderá casos de agresiones, amenazas, acoso y hostigamiento a través de redes sociales. También podrá acompañar al profesor en un procedimiento de denuncia cuando resulte necesario. La Xunta había avanzado, además, la incorporación de apoyo psicológico dentro de este dispositivo.

La reforma parte de una base jurídica que ya existe. La legislación gallega reconoce desde hace años al profesorado como autoridad pública, y los hechos constatados por los docentes disfrutan de presunción de veracidad en los términos previstos por la normativa. Las agresiones físicas o verbales, amenazas e intimidaciones pueden derivar ya en responsabilidades penales, administrativas o disciplinarias. La novedad está en reforzar esa protección con un régimen administrativo específico y más detallado.

Los sindicatos apoyan el fondo, pero plantean dudas

La reacción sindical deja una fotografía menos uniforme que el titular de los 15.000 euros. CSIF, ANPE, CC.OO. y UGT han valorado positivamente que se refuerce la protección del profesorado, aunque varias organizaciones reclaman conocer el texto definitivo y negociarlo antes de su aprobación. CIG-Ensino se ha mostrado bastante más crítica y considera que centrar el debate en las multas puede tener un componente más publicitario que efectivo.

También aparece una dificultad práctica: cambiar de centro a un alumno es relativamente sencillo sobre un mapa de una gran ciudad; bastante menos en una localidad pequeña donde quizá exista una única opción cercana. De ahí que el desarrollo concreto de la norma sea casi tan importante como sus cifras.

La propia Xunta sostiene, de hecho, que Galicia no vive una situación generalizada de violencia escolar. Según sus encuestas bianuales, alrededor del 88 % de los participantes consideran que no existen conflictos importantes en sus centros o que estos aparecen solo de manera puntual. El endurecimiento se presenta, por tanto, como una respuesta a episodios especialmente graves y a formas de hostigamiento que han cambiado con las redes sociales y la tecnología.

Una frontera más clara frente a las agresiones

El mensaje político de la reforma resulta bastante sencillo: una discrepancia con un profesor forma parte de la vida escolar; agredirlo, amenazarlo o acosarlo, no. Galicia quiere dibujar esa frontera con sanciones administrativas que podrán llegar a 15.000 euros, medidas disciplinarias más severas para el alumnado reincidente y un sistema específico de asistencia para el docente.

Queda por conocer la redacción definitiva que salga de la tramitación parlamentaria y cómo se graduará cada infracción en la práctica. Ahí se jugará buena parte de la eficacia del modelo. Porque una cifra grande llama la atención —15.000 euros la llaman, desde luego—, pero la auténtica prueba será otra: que un profesor amenazado sepa qué hacer, encuentre respaldo inmediato y no tenga que enfrentarse solo al problema mientras la burocracia busca el formulario correcto.