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Colau pide a Sánchez llevar al TJUE el plan de deportación a Ruanda

Ada Colau reclama al Gobierno que recurra ante el TJUE el plan de cinco países europeos para trasladar a Ruanda a migrantes con el asilo rechazado.

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Colau pide llevar al TJUE

Foto: Cédric Puisney / Wikimedia Commons (CC BY 2.0).

Resumen

  • Colau pide a Sánchez llevar al TJUE el plan de deportaciones a Ruanda
  • Cinco países europeos prevén abrir un centro de retorno en 2027
  • España rechaza el proyecto y persisten dudas sobre sus garantías legales

La candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, ha pedido este martes, 17 de noviembre, a Pedro Sánchez que presente un recurso formal ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contra el proyecto de cinco países europeos para trasladar a Ruanda a migrantes cuyas solicitudes de asilo hayan sido rechazadas. Colau considera que la iniciativa vulnera principios fundamentales del derecho internacional y reclama al Ejecutivo español una respuesta judicial.

La petición llega un día después de que Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos anunciaran un acuerdo con Ruanda para establecer un centro de retorno destinado a personas sin derecho a permanecer en la Unión Europea. Los cinco gobiernos pretenden poner en marcha el proyecto en 2027, aunque todavía quedan aspectos de su funcionamiento por concretar.

El anuncio ha abierto un nuevo enfrentamiento político sobre la política migratoria europea. Mientras los países promotores presentan la instalación como una herramienta para ejecutar expulsiones que actualmente no consiguen materializar, organizaciones humanitarias y representantes del Consejo de Europa advierten de posibles vulneraciones de derechos fundamentales. España ya se había opuesto a la reforma comunitaria que facilita la creación de este tipo de centros.

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Colau exige una respuesta judicial contra las deportaciones a Ruanda

Durante un desayuno informativo organizado por Europa Press en Madrid, Ada Colau calificó el proyecto de «gravísimo» e «inaceptable» y sostuvo que vulnera la legislación internacional.

La candidata de Frente Amplio, que concurrirá a las elecciones generales del 29 de noviembre, defendió que España debe intervenir para impedir que el acuerdo llegue a ejecutarse. Su propuesta consiste en que el Gobierno de Pedro Sánchez acuda al TJUE y cuestione la legalidad de trasladar a migrantes a un tercer país con el que, en muchos casos, no mantienen ninguna relación personal o familiar.

Colau criticó también la tendencia de la Unión Europea a externalizar la gestión migratoria, una estrategia que, a su juicio, ha demostrado ser ineficaz. Recordó las dificultades de experiencias anteriores, como los acuerdos migratorios con terceros países y los centros establecidos por Italia en Albania.

Su argumento combina dos objeciones: el riesgo de vulnerar los derechos de las personas expulsadas y el coste económico de unas instalaciones que requieren financiación, personal, vigilancia y mecanismos de supervisión fuera del territorio comunitario.

La petición supone un paso más respecto al rechazo político expresado por Sánchez. Colau quiere que España no se limite a discrepar de sus socios europeos, sino que explore las vías legales para impugnar el proyecto.

Qué han acordado los cinco países europeos con Ruanda

El proyecto fue presentado el lunes 16 de noviembre en Viena, durante una reunión en la que participaron representantes de los cinco gobiernos europeos y del Ejecutivo ruandés.

El canciller austríaco, Christian Stocker, defendió la iniciativa como un cambio importante en la política migratoria de la Unión Europea. Sus promotores sostienen que los llamados centros de retorno permitirán actuar cuando una persona tenga una orden firme de expulsión, pero no resulte posible devolverla directamente a su país de origen.

El objetivo declarado es aumentar la eficacia de las devoluciones y disuadir de la inmigración irregular. Para sus defensores, un sistema migratorio pierde credibilidad cuando las autoridades no consiguen ejecutar las decisiones de retorno.

Ruanda se convertiría así en el país receptor de personas trasladadas desde distintos Estados miembros, aunque no necesariamente tengan nacionalidad ruandesa ni hayan residido anteriormente allí.

El ministro del Interior de Ruanda, Vincent Biruta, aseguró que las personas trasladadas recibirían un trato digno. Según el modelo presentado, podrían regresar voluntariamente a su país de origen, intentar establecerse legalmente en Ruanda o desplazarse a otro Estado donde tuvieran derecho a residir.

Quiénes podrían ser enviados al centro de Ruanda

Una diferencia fundamental respecto a anteriores proyectos migratorios es que no se pretende trasladar a personas mientras se estudian sus solicitudes de asilo.

El mecanismo anunciado se dirigiría a extranjeros que ya hayan recibido una resolución definitiva desfavorable y agotado las vías legales para permanecer en Europa. También tendría que resultar imposible ejecutar directamente su devolución al país de origen.

Los menores no acompañados quedarían excluidos del programa. Los promotores plantean comenzar con una experiencia piloto de dimensiones reducidas, cuya aplicación dependerá de los acuerdos operativos y las garantías que se establezcan.

El centro se ha presentado como una instalación de estancia temporal y no como una prisión. Sin embargo, todavía será necesario aclarar cómo se garantizará la libertad de movimiento, qué supervisión tendrán las autoridades europeas y qué ocurrirá con las personas que no puedan regresar a su país ni obtener un permiso para quedarse en Ruanda.

Son cuestiones importantes. Una persona con una solicitud de asilo denegada no pierde por ello sus derechos fundamentales.

Las dudas legales que pueden llevar el acuerdo ante el TJUE

La reforma de la política europea de retornos aprobada en 2026 abrió la puerta a acuerdos con terceros países para establecer centros de deportación fuera de la Unión. Pero esa posibilidad no supone una autorización sin condiciones.

La Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea ha advertido de que estas instalaciones deben respetar las obligaciones jurídicas comunitarias, incluso cuando se encuentren en territorio de un Estado ajeno a la organización.

Entre las garantías exigibles figuran la prohibición de las detenciones arbitrarias, el respeto a la vida familiar, la protección frente a los tratos inhumanos y la existencia de procedimientos que permitan examinar individualmente cada traslado.

Uno de los principios esenciales es el de no devolución, que impide enviar a una persona a un territorio donde pueda sufrir persecución, tortura u otros daños graves. También prohíbe trasladarla a un país desde el que exista un riesgo real de que termine siendo enviada a otro lugar peligroso.

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa expresó el 16 de noviembre su rechazo a las negociaciones con Ruanda. Sus representantes cuestionaron tanto los riesgos para los derechos humanos como los costes del modelo y la falta de pruebas concluyentes sobre su capacidad para disuadir de nuevas llegadas.

Ahora bien, una controversia política no equivale automáticamente a una ilegalidad demostrada. Para que el TJUE examine una impugnación será necesario identificar el acto o la actuación susceptible de recurso, la vía jurídica correspondiente y las posibles infracciones del derecho comunitario.

Por el momento, la petición de Colau no implica que exista un procedimiento judicial abierto ni supone la suspensión del proyecto.

El precedente del Reino Unido que vuelve a poner a Ruanda bajo examen

Ruanda ya fue protagonista de una de las iniciativas migratorias más controvertidas de Europa.

El anterior Gobierno conservador británico impulsó un acuerdo para enviar al país africano a personas llegadas irregularmente al Reino Unido, con la intención de que sus solicitudes de asilo fueran tramitadas allí.

En noviembre de 2023, el Tribunal Supremo británico declaró ilegal aquel plan por considerar que existía un riesgo real de que las personas trasladadas acabaran siendo devueltas a territorios donde pudieran sufrir persecución o malos tratos.

El programa fue posteriormente abandonado por el Gobierno laborista en 2024.

Aunque existe un precedente judicial relevante, los dos modelos no son idénticos. El proyecto británico contemplaba trasladar a personas antes de resolver sus solicitudes de protección, mientras que el nuevo acuerdo europeo se plantea para quienes ya hayan agotado los procedimientos de asilo y las posibilidades legales de permanecer en la UE.

Esa diferencia tendrá importancia en cualquier examen jurídico. No obstante, la denegación definitiva del asilo no elimina la obligación de proteger los derechos humanos de la persona afectada, especialmente durante su traslado y estancia en un tercer país.

Sánchez rechaza el proyecto, pero España aún no ha anunciado un recurso

El presidente del Gobierno ya se había pronunciado contra la iniciativa antes de la intervención de Colau.

En una entrevista concedida el lunes a Telecinco, Pedro Sánchez afirmó que no veía «futuro ni humanidad» en la creación de centros de deportación fuera de la Unión Europea.

El jefe del Ejecutivo defendió una política migratoria basada en la cooperación con los países de origen y tránsito, la lucha contra las redes de tráfico de personas y el establecimiento de vías legales de entrada, incluidos los programas de migración circular.

La posición española contrasta con la de los cinco gobiernos que impulsan el acuerdo, aunque la Comisión Europea ha acogido favorablemente la iniciativa y considera prioritario aumentar la eficacia del sistema comunitario de retornos.

La diferencia entre Sánchez y Colau está, por ahora, en la respuesta que consideran necesaria. Sánchez ha expresado su rechazo político; Colau reclama una actuación ante la Justicia europea.

A 17 de noviembre de 2026, no consta que el Gobierno español haya anunciado formalmente la presentación del recurso solicitado.

El proyecto de Ruanda tampoco está en funcionamiento. Su puesta en marcha está prevista para 2027 y dependerá de la concreción de las condiciones jurídicas y operativas acordadas por los Estados participantes.

La controversia sitúa a España ante una decisión que va más allá de mostrar su desacuerdo con una parte de sus socios comunitarios: determinar si existen fundamentos legales para llevar a los tribunales una nueva fórmula de deportación exterior. El debate ya está abierto y sus consecuencias podrían marcar el futuro de la política migratoria de la Unión Europea.

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Periodista internacional con más de 20 años de experiencia en radio, prensa y medios digitales. Licenciado en Ciencias de la Comunicación, trabaja entre España e Italia con la mirada puesta en la actualidad.

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