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Cinco países de la UE planean deportar migrantes a Ruanda en 2027
Cinco países de la Unión Europea anuncian planes para enviar a Ruanda a migrantes con órdenes de expulsión en 2027. España rechaza el modelo.
Resumen
- Cinco países de la UE preparan un centro de retorno en Ruanda para 2027
- Los primeros traslados afectarían a hombres con órdenes firmes de expulsión
- España rechaza el modelo y las ONG alertan sobre los derechos humanos
Austria, Dinamarca, Alemania, Países Bajos y Grecia han anunciado este lunes, 16 de noviembre, un proyecto conjunto para trasladar a Ruanda a inmigrantes sin derecho a permanecer en la Unión Europea. El objetivo es poner en funcionamiento en 2027 el primer centro de retorno de estas características fuera del territorio comunitario. El anuncio se ha realizado en Viena, con el respaldo de la Comisión Europea.
La iniciativa contempla inicialmente el traslado de hombres adultos cuyas solicitudes de asilo hayan sido rechazadas y que tengan una orden de expulsión ejecutable. El centro se establecería en Ruanda mediante un acuerdo con las autoridades del país africano. Sin embargo, todavía no existe un convenio definitivo: los cinco gobiernos han anunciado el inicio de negociaciones concretas con Kigali y confían en efectuar los primeros traslados durante el próximo año.
El proyecto supone un cambio significativo en la política migratoria europea. Hasta ahora, las expulsiones se han dirigido fundamentalmente a los países de origen de los afectados o a otros Estados que aceptaban su readmisión. El nuevo modelo permitirá enviar a determinadas personas a un tercer país con el que no necesariamente mantienen vínculos personales o familiares.
El canciller austriaco, Christian Stocker, ha presentado la iniciativa como un cambio histórico en la gestión de la inmigración. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, también ha defendido el proyecto como una herramienta para combatir las redes de tráfico de personas y reforzar la capacidad europea de ejecutar las decisiones de retorno.
Cómo funcionará el centro de deportación de Ruanda
El mecanismo se denomina oficialmente centro de retorno, conocido en la terminología comunitaria como return hub. Su finalidad es ofrecer una alternativa cuando un Estado europeo no consigue devolver a una persona a su país de origen, por ejemplo, porque sus autoridades se niegan a admitirla o no colaboran con su identificación.
No se trata de un centro destinado a resolver solicitudes de asilo pendientes. Los cinco gobiernos pretenden utilizarlo para personas que ya hayan perdido el derecho a permanecer en territorio europeo y contra las que exista una decisión de retorno que pueda ejecutarse legalmente.
Según la información difundida por el Gobierno neerlandés, los trasladados serían alojados inicialmente en instalaciones abiertas, sin quedar confinados permanentemente en el recinto. Recibirían autorización para residir en Ruanda y tendrían acceso al mercado laboral, la educación, la asistencia sanitaria y los tribunales del país.
La intención es que puedan integrarse en la sociedad ruandesa o regresar voluntariamente a sus países de origen cuando sea posible. También podrían desplazarse a otro Estado donde dispongan de autorización legal para residir.
Esta fórmula introduce una diferencia importante respecto a una expulsión convencional: Ruanda no sería necesariamente una escala antes de regresar al país de nacimiento. Para algunos afectados podría convertirse en su nuevo lugar de residencia.
Una primera fase con alrededor de 100 personas
Los gobiernos participantes quieren comenzar con un proyecto piloto de dimensiones reducidas. Las previsiones conocidas apuntan a alrededor de 100 personas, aunque la capacidad definitiva, los criterios operativos y el calendario concreto todavía deben negociarse.
Durante esta primera etapa, los cinco países han decidido limitar los traslados a hombres adultos sin pareja. Los menores no acompañados están expresamente excluidos por la legislación europea.
Cada Estado tendrá que concretar sus propios criterios dentro de los límites legales. Países Bajos, por ejemplo, pretende concentrarse en personas procedentes de países de la misma región africana que Ruanda.
Los gastos de transporte, acogida y funcionamiento serán asumidos por los cinco gobiernos europeos. Todavía no se ha anunciado un presupuesto, ni se conocen las condiciones económicas definitivas de la colaboración con Kigali.
Por qué Alemania, Austria y Dinamarca apuestan por Ruanda
El problema que los cinco gobiernos pretenden resolver es conocido desde hace años: muchas personas que reciben una orden de abandonar la Unión Europea no llegan a salir de su territorio.
Según los datos manejados por el Consejo de la UE al aprobar la nueva normativa, aproximadamente dos de cada tres personas con una decisión de retorno no abandonan efectivamente el espacio comunitario.
Las dificultades son diversas. Algunos países de origen se niegan a readmitir a sus ciudadanos, otros retrasan la documentación necesaria y, en determinados casos, resulta imposible establecer con suficiente certeza la nacionalidad de la persona afectada.
Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos consideran que disponer de centros en terceros países puede aumentar la eficacia de las expulsiones y desincentivar la inmigración irregular.
La apuesta también tiene una evidente dimensión política. Los cinco gobiernos quieren demostrar que las decisiones administrativas de expulsión pueden cumplirse incluso cuando el país de origen no coopera. Otra cuestión es si esa posibilidad reducirá realmente las llegadas irregulares o modificará las rutas utilizadas por las redes de tráfico de personas.
Ruanda aparece como socio por su experiencia en acuerdos internacionales de acogida y traslado de migrantes. Las autoridades del país africano sostienen que el proyecto puede ofrecer alternativas de residencia e integración a personas que no tienen perspectivas de permanecer legalmente en Europa.
La nueva ley europea permite los centros fuera de la UE
El anuncio llega después de la aprobación definitiva, el pasado 1 de octubre, del nuevo Reglamento de Retornos de la Unión Europea, publicado en el Diario Oficial el 15 de octubre.
La normativa permite establecer centros de retorno fuera del territorio comunitario mediante acuerdos con países terceros. Hasta ese momento, los gobiernos europeos carecían de un marco común específico para poner en marcha este modelo.
La autorización, sin embargo, no es incondicional. Los Estados participantes deben garantizar el cumplimiento del derecho europeo e internacional, especialmente la prohibición de devolver a una persona a un lugar donde pueda sufrir persecución, torturas o tratos inhumanos.
También deben existir procedimientos que permitan examinar las circunstancias individuales y asegurar las garantías jurídicas de los afectados. Los menores no acompañados quedan excluidos de estos traslados.
La Comisión Europea ha acogido favorablemente la iniciativa de los cinco países y ha destacado los preparativos realizados para incorporar salvaguardias de derechos humanos y cooperación con organismos internacionales.
Pero conviene distinguir dos cuestiones: Bruselas respalda el proyecto, aunque no se trata de un centro gestionado directamente por la Unión Europea. Son los cinco gobiernos participantes quienes deben negociar las condiciones y asumir su financiación.
España no forma parte del grupo. El Gobierno de Pedro Sánchez se ha opuesto expresamente a la creación de centros de retorno en terceros países. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha cuestionado su legalidad y proporcionalidad, y España fue el único Estado miembro que votó contra el nuevo reglamento en su aprobación definitiva.
Las dudas sobre los derechos humanos y el precedente británico
La elección de Ruanda vuelve a abrir un debate que Europa conoce bien. El Reino Unido intentó desarrollar un programa para enviar solicitantes de asilo al país africano, pero el Tribunal Supremo británico declaró ilegal aquel sistema en noviembre de 2023 por el riesgo de que las personas trasladadas terminaran siendo devueltas a lugares donde podían sufrir persecución.
El Gobierno laborista británico abandonó posteriormente el programa.
El proyecto de los cinco Estados de la UE presenta una diferencia jurídica relevante: pretende aplicarse a personas que ya han recibido una resolución definitiva sobre su derecho a permanecer en Europa, no a solicitantes cuyo procedimiento de asilo sigue pendiente.
Esa distinción no elimina automáticamente los problemas legales.
Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos han expresado su rechazo a la iniciativa. Cuestionan que las garantías prometidas sean suficientes para evitar abusos y advierten del riesgo de trasladar a personas a un país con el que no mantienen vínculos previos.
Un grupo de 45 organizaciones humanitarias, sindicales y de defensa de los derechos fundamentales ha pedido a los gobiernos participantes que abandonen el plan.
Las críticas se concentran especialmente en el historial de Ruanda en materia de libertades políticas y derechos humanos, así como en la capacidad de supervisar de manera independiente el trato recibido por los migrantes.
Los promotores aseguran que el proyecto respetará las obligaciones internacionales y prevén colaborar con organismos como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones.
La supervisión efectiva será determinante. Una cosa es incluir garantías en un acuerdo diplomático y otra, bastante más complicada, comprobar que se cumplen cuando las personas trasladadas se encuentran a miles de kilómetros de los tribunales y las autoridades que ordenaron su expulsión.
Ruanda en 2027: el reto será convertir el acuerdo en realidad
El anuncio de Viena representa un avance político importante para los gobiernos partidarios de endurecer la política de retornos. Por primera vez, cinco Estados miembros han identificado públicamente un país anfitrión y han fijado 2027 como objetivo para iniciar los traslados.
Quedan pendientes cuestiones decisivas: la firma del acuerdo definitivo, el presupuesto, la ubicación y capacidad de las instalaciones, los mecanismos de supervisión y las condiciones que deberán cumplir las personas seleccionadas.
Tampoco está demostrado que estos centros vayan a reducir de manera significativa la inmigración irregular. Sus defensores confían en su efecto disuasorio; sus críticos temen que generen nuevos problemas humanitarios y costosos litigios.
La iniciativa deja al descubierto una división de fondo dentro de Europa. Mientras Alemania, Dinamarca, Austria, Grecia y Países Bajos buscan fórmulas para ejecutar más expulsiones fuera de sus fronteras, España mantiene que la cooperación con los países de origen y el respeto de las garantías jurídicas deben ocupar el centro de la política migratoria.
Ruanda podría convertirse en 2027 en el primer laboratorio de esta nueva estrategia europea. Su éxito no dependerá únicamente de cuántas personas sean trasladadas, sino también de que el sistema resista el examen de los tribunales, proteja los derechos fundamentales y demuestre una utilidad real frente a los problemas que pretende resolver.
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