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Reabren el caso contra el jefe de Policía por acoso al portavoz de Vox

La Audiencia revoca el archivo de la causa contra el director de la Policía por presunto acoso a Samuel Vázquez y abre la vía a un posible juicio.

Publicado

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Francisco Pardo Piquera

Foto: Ministerio de la Presidencia, Gobierno de España / Wikimedia Commons (licencia de atribución).

Resumen

  • La Audiencia de Madrid reabre la causa por presunto acoso contra Pardo
  • Se examinan seis expedientes disciplinarios y una excedencia denegada
  • El procedimiento puede avanzar, pero todavía no hay condena ni juicio

La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado reabrir la causa contra el director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras, por presuntos delitos de acoso, coacciones y prevaricación contra Samuel Vázquez, portavoz de Seguridad, Inmigración e Interior de Vox. La resolución revoca el archivo acordado en enero y permite que el procedimiento avance hacia una posible apertura de juicio oral.

La decisión, conocida este martes 17 de noviembre de 2026, supone un importante cambio judicial. La Sección Segunda de la Audiencia madrileña ha estimado el recurso presentado por Vázquez contra el sobreseimiento dictado por el Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid y ha ordenado transformar las diligencias en procedimiento abreviado.

Los magistrados consideran que las actuaciones practicadas ofrecen indicios suficientes para valorar si determinadas decisiones adoptadas contra Vázquez desde la cúpula policial pudieron constituir una conducta delictiva. Entre los hechos examinados figuran seis expedientes disciplinarios y la denegación de una excedencia que había solicitado para participar en unas elecciones.

La resolución no declara culpable al director de la Policía ni supone que vaya a celebrarse necesariamente un juicio. Sin embargo, impide que el asunto permanezca archivado y abre una nueva fase procesal en la que las acusaciones podrán solicitar que Pardo se siente en el banquillo.

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La Audiencia de Madrid revoca el archivo acordado en enero

El origen de esta decisión está en la querella presentada por Samuel Vázquez contra Francisco Pardo y otros responsables de la Dirección General de la Policía. El dirigente de Vox denunció una sucesión de actuaciones administrativas que, a su juicio, respondían a una estrategia de hostigamiento relacionada con su actividad pública.

El pasado 21 de enero, el Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid decidió archivar el procedimiento al no apreciar indicios suficientes de delito. La magistrada acordó el sobreseimiento libre, una fórmula que implica un cierre definitivo de la causa cuando concurren los requisitos legales.

Vázquez recurrió aquella decisión. La Audiencia Provincial ha discrepado del criterio de la instructora tras examinar el resultado de las diligencias practicadas, incluidas las declaraciones de los implicados y los testigos.

Los magistrados entienden que los hechos investigados presentan indicios de posible relevancia penal y que, por tanto, no procede mantener el archivo definitivo. La existencia de esos indicios no equivale a considerar probadas las acusaciones, pero sí justifica que el procedimiento continúe.

La resolución también recuerda que el sobreseimiento libre debe utilizarse con especial cautela. Si existen elementos que permiten sostener razonablemente una posible infracción penal, cerrar definitivamente la investigación puede resultar prematuro.

Seis expedientes disciplinarios y una excedencia denegada

La controversia tiene su origen en las relaciones entre Samuel Vázquez y sus superiores en la Policía Nacional.

Vázquez, que presidió la asociación Una Policía para el Siglo XXI, desarrolló una intensa actividad pública relacionada con la seguridad ciudadana, la organización policial y las políticas del Ministerio del Interior.

Durante esa etapa, la Dirección General de la Policía inició contra él hasta seis expedientes disciplinarios relacionados con distintas declaraciones y publicaciones realizadas en el ejercicio de su actividad pública.

El portavoz de Vox sostiene que aquellas actuaciones no fueron incidentes administrativos aislados, sino parte de una conducta continuada de presión por parte de sus superiores. Esa interpretación constituye el núcleo de la querella, aunque deberá acreditarse judicialmente.

Otro episodio relevante fue la denegación de una excedencia solicitada para concurrir a unas elecciones. Según recoge la documentación judicial, la existencia de expedientes disciplinarios pendientes influyó en la resolución administrativa que impidió a Vázquez acceder a la situación solicitada.

La Audiencia considera que estos acontecimientos, examinados conjuntamente, permiten mantener abierta la posibilidad de que se hubieran cometido delitos de acoso, coacciones o prevaricación.

Uno de los expedientes disciplinarios abiertos contra Vázquez ya había sido anulado por la Audiencia Nacional, que recordó que la condición de policía no elimina los derechos fundamentales del funcionario, incluida su libertad de expresión, dentro de los límites establecidos por la legislación.

Ahora bien, la anulación de una sanción administrativa no demuestra por sí sola la existencia de un delito. Precisamente esa diferencia entre una actuación administrativa irregular y una conducta penalmente perseguible es una de las cuestiones que deberá resolverse.

La Fiscalía se opuso a continuar con la causa

La decisión de la Audiencia Provincial adquiere especial relevancia porque se ha adoptado en contra del criterio de la Fiscalía.

Tanto el Ministerio Fiscal como la Abogacía del Estado, que representa a Francisco Pardo, habían defendido que debía mantenerse el archivo acordado por el juzgado instructor.

La Sección Segunda ha llegado a una conclusión distinta. Los magistrados entienden que los hechos recogidos durante la investigación podrían encajar en los delitos denunciados y que corresponde abrir la siguiente fase procesal para determinar si alguna acusación sostiene formalmente esa interpretación.

La Audiencia introduce, no obstante, una precisión fundamental: avanzar hacia el procedimiento abreviado no prejuzga la culpabilidad de los investigados ni elimina su presunción de inocencia.

El tribunal tampoco está afirmando que todos los expedientes disciplinarios fueran ilegales o que la denegación de la excedencia respondiera necesariamente a una represalia política. Lo que establece es que existen elementos suficientes para continuar el procedimiento penal.

Qué significa el procedimiento abreviado para Francisco Pardo

La transformación de las diligencias en procedimiento abreviado constituye un paso relevante, pero no equivale a una condena ni determina automáticamente la celebración de un juicio.

Se trata del cauce procesal utilizado para determinados delitos y permite avanzar desde la fase de instrucción hacia el momento en que las partes deben decidir si formulan acusación.

Las acusaciones podrán solicitar la apertura de juicio oral

Conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, una vez dictada la correspondiente resolución, las acusaciones personadas disponen, con carácter general, de diez días para solicitar la apertura de juicio oral, pedir el sobreseimiento o reclamar excepcionalmente diligencias complementarias.

En este caso, la representación de Samuel Vázquez podrá presentar un escrito de acusación contra Francisco Pardo si considera que los hechos investigados justifican llevarlo a juicio. La Fiscalía, que hasta este momento ha defendido el archivo, también deberá adoptar la posición procesal que corresponda.

Posteriormente, el órgano judicial tendrá que decidir si procede abrir juicio oral. Si así ocurre, la defensa dispondrá de la oportunidad de formular sus alegaciones y proponer las pruebas pertinentes.

Conviene distinguir estas fases porque algunas informaciones han utilizado el término procesamiento para describir lo ocurrido. Técnicamente, lo acordado es la revocación del sobreseimiento y el paso al procedimiento abreviado, sin que exista todavía una sentencia ni una apertura de juicio oral acordada en esta causa.

Samuel Vázquez y sus anteriores enfrentamientos judiciales

Samuel Vázquez mantiene desde hace años una posición crítica con distintos aspectos de la gestión de la Policía Nacional y de las políticas de seguridad del Gobierno.

Su actividad pública terminó vinculándolo directamente con Vox, formación en la que ejerce como portavoz de Seguridad, Inmigración y Asuntos de Interior. También encabeza la candidatura del partido por Ávila para las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026.

El dirigente ya había protagonizado otro procedimiento judicial relacionado con su participación en actividades políticas mientras pertenecía al cuerpo policial.

En marzo de 2026 fue condenado inicialmente a diez meses de prisión por un delito electoral relacionado con su intervención en un acto de Vox celebrado en mayo de 2023. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid revocó aquella condena y lo absolvió en junio.

Se trata de un procedimiento diferente al que afecta a Francisco Pardo, aunque forma parte del historial de conflictos administrativos y judiciales relacionados con la actividad pública de Vázquez.

El caso plantea una cuestión relevante para las instituciones: cómo compatibilizar las obligaciones de neutralidad y disciplina propias de los miembros de las fuerzas de seguridad con sus derechos fundamentales y la posibilidad de participar en actividades políticas dentro de los límites legales.

Ese equilibrio no convierte cualquier sanción en persecución, pero tampoco permite utilizar los procedimientos disciplinarios para castigar actuaciones amparadas por la ley.

El futuro judicial del director general de la Policía

La causa contra Francisco Pardo entra en una nueva etapa después de que la Audiencia Provincial haya descartado mantener su archivo definitivo.

La defensa del director general, ejercida por la Abogacía del Estado, prevé recurrir la resolución. Mientras tanto, el procedimiento queda condicionado a las actuaciones que correspondan ante el juzgado instructor y a las decisiones que adopten las acusaciones.

El conflicto tiene una evidente dimensión política por la responsabilidad institucional de Pardo y la posición de Vázquez dentro de Vox. Sin embargo, su resolución dependerá de cuestiones estrictamente jurídicas: las decisiones administrativas adoptadas, las pruebas disponibles y la posible concurrencia de los elementos exigidos para apreciar delitos de prevaricación, coacciones o acoso.

Por ahora, la Audiencia de Madrid ha establecido que los indicios existentes justifican continuar el procedimiento. La responsabilidad penal de Francisco Pardo sigue sin determinarse y deberá resolverse, en su caso, con todas las garantías judiciales y el pleno respeto a la presunción de inocencia.

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Periodista internacional con más de 20 años de experiencia en radio, prensa y medios digitales. Licenciado en Ciencias de la Comunicación, trabaja entre España e Italia con la mirada puesta en la actualidad.

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