La Audiencia de Madrid juzgará por traición a dos agentes del CNI

La Audiencia Provincial de Madrid se prepara para juzgar a dos agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) acusados de haber extraído información clasificada de los servicios secretos españoles para facilitarla presuntamente a Estados Unidos. La investigación judicial, iniciada tras su detención en septiembre de 2023, ha concluido después de tres años de pesquisas. Los investigados se enfrentan a posibles acusaciones por traición y revelación de secretos, delitos que podrían acarrear importantes penas de prisión.

El procedimiento ha llegado a la Sección Decimosexta de la Audiencia Provincial de Madrid, donde se espera que la Fiscalía y la Abogacía del Estado concreten sus acusaciones. Según las informaciones conocidas este martes, 10 de noviembre de 2026, la investigación policial identificó 288 archivos extraídos del CNI, entre ellos documentación sobre operaciones de inteligencia, fuentes humanas y despliegues españoles en el extranjero. Los dos agentes niegan haber entregado información a ninguna potencia extranjera y mantienen su inocencia.

El caso tiene una particularidad especialmente delicada: el país que supuestamente recibió la información no es un adversario estratégico, sino Estados Unidos, uno de los principales aliados de España en materia de defensa e inteligencia. Una circunstancia que ya provocó un conflicto diplomático entre ambos gobiernos y la salida de territorio español de al menos dos agentes estadounidenses.

De confirmarse la acusación por traición, España afrontaría uno de los procedimientos judiciales más relevantes de su historia reciente en materia de espionaje. Hasta ahora, el principal precedente es el de Roberto Flórez, antiguo miembro de los servicios secretos españoles condenado por colaborar con Rusia.

Una investigación de tres años que llega a la Audiencia de Madrid

El origen del procedimiento se remonta a 2023, cuando los mecanismos de seguridad interna del CNI detectaron accesos irregulares a información reservada.

Uno de los investigados ocupaba un puesto operativo relacionado con fuentes de inteligencia vinculadas a Oriente Medio. Los controles internos descubrieron que estaba consultando documentación que no correspondía a sus funciones. Aquella anomalía llevó a los responsables de seguridad hasta un segundo funcionario de mayor rango.

Este último había dirigido el área de Rusia del CNI, tenía más de tres décadas de experiencia en el organismo y había estado al frente de un equipo de aproximadamente 24 personas. Su trayectoria incluía destinos y actividades profesionales relacionados con Estados Unidos.

Los investigadores sospechan que el antiguo responsable del área rusa pudo haber sido captado por los servicios de inteligencia estadounidenses y que contó con la colaboración de su compañero para obtener documentación sensible.

La investigación terminó con la detención de ambos en septiembre de 2023. El propio CNI había denunciado las supuestas irregularidades, lo que permitió trasladar los hechos a la justicia.

La Fiscalía y la Abogacía del Estado deben concretar las acusaciones

El Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid ha dado por concluida la investigación y ha remitido las actuaciones a la Audiencia Provincial.

El procedimiento se encuentra en fase intermedia, un momento procesal en el que las acusaciones deben presentar sus escritos y precisar los delitos que atribuyen a los investigados.

La Sección Decimosexta será la encargada del caso, con el magistrado Francisco Javier Teijeiro como ponente, según la información publicada sobre el procedimiento.

Por ahora, no se ha anunciado una fecha para el juicio ni se han concretado las penas que solicitarán las acusaciones. Tampoco existe una sentencia que establezca la culpabilidad de los dos funcionarios.

Los 288 archivos que habrían comprometido la seguridad española

Uno de los aspectos más graves del caso es la naturaleza de la documentación presuntamente sustraída.

Según la investigación, la Policía identificó 288 archivos extraídos de los sistemas del CNI. Entre los materiales figuraban datos sobre la estructura interna del organismo, operaciones de inteligencia, despliegues exteriores y fuentes humanas que colaboraban con los servicios secretos.

Parte de la información afectaría a asuntos relacionados con Rusia, China, Marruecos, Venezuela, Centroamérica, la OTAN y la Unión Europea.

No se trataría, por tanto, únicamente de informes administrativos o documentos de circulación interna. Los investigadores consideran que algunos archivos podían comprometer operaciones desarrolladas durante años.

El CNI sostuvo durante las pesquisas que la extracción de información había perjudicado determinados trabajos de contrainteligencia y comprometido la identidad de fuentes humanas. La gravedad de esa posible exposición resulta evidente: cuando se revela quién colabora con un servicio secreto, las consecuencias pueden superar ampliamente la pérdida de información.

La documentación judicial conocida recoge incluso la preocupación por el riesgo para la vida de determinados informantes.

Ahora bien, hay una distinción fundamental. La identificación de archivos extraídos irregularmente no demuestra por sí sola que todos fueran entregados a Estados Unidos. Precisamente, la existencia de esa supuesta transmisión y las circunstancias en que se obtuvo la información forman parte de los hechos que deberán esclarecerse judicialmente.

Los agentes niegan la traición y cuestionan las pruebas

Los dos investigados han rechazado las acusaciones durante la instrucción.

El antiguo responsable del área de Rusia sostiene que nunca colaboró con una potencia extranjera para perjudicar a España. También ha negado que sus contactos con integrantes de servicios de inteligencia internacionales respondieran a intercambios clandestinos de documentación.

Las defensas argumentan que no se ha acreditado la entrega de información a Estados Unidos ni se ha encontrado el dinero que supuestamente habrían recibido a cambio de sus servicios.

Uno de los abogados también cuestiona la clasificación de los documentos intervenidos. Según su planteamiento, no todo el material localizado tenía la consideración legal de secreto o reservado, una diferencia que puede resultar determinante para aplicar el delito de traición.

Los investigados denuncian, asimismo, irregularidades en la vigilancia interna que el CNI habría realizado sobre ellos.

Ambos estuvieron en prisión provisional tras sus detenciones, aunque posteriormente quedaron en libertad. El agente de menor rango salió de prisión en noviembre de 2023 y el antiguo jefe del área rusa, en diciembre de 2024.

Sobre los dos pesan medidas cautelares, entre ellas la prohibición de abandonar España, la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer periódicamente ante la justicia.

Durante la instrucción también se examinó la adquisición conjunta de una vivienda en Brasil. La Fiscalía consideró que este inmueble podía incrementar el riesgo de fuga, mientras que los investigados defendieron que se trataba de una inversión.

El conflicto diplomático con Estados Unidos

La detención de los funcionarios tuvo consecuencias más allá de los tribunales españoles.

En diciembre de 2023, la ministra de Defensa, Margarita Robles, confirmó públicamente la investigación y defendió la actuación del CNI.

El Gobierno español exigió explicaciones a Washington ante la sospecha de que miembros de los servicios de inteligencia estadounidenses habían captado a funcionarios españoles para obtener documentación reservada.

Robles trasladó el malestar del Ejecutivo a la entonces embajadora estadounidense en Madrid, Julissa Reynoso. El episodio se produjo durante la presidencia de Joe Biden.

España terminó forzando la salida de al menos dos agentes de inteligencia estadounidenses destinados en la Embajada de Estados Unidos en Madrid, señalados por su presunta participación en la captación de los miembros del CNI.

El incidente puso de manifiesto una realidad incómoda de las relaciones internacionales: compartir alianzas militares y objetivos estratégicos no elimina las actividades de inteligencia entre países amigos.

España y Estados Unidos mantienen una estrecha cooperación en defensa, participan en la OTAN y comparten información sobre amenazas internacionales. Sin embargo, esa relación no autoriza a ninguno de los dos Estados a obtener clandestinamente secretos del otro.

La presunta participación de agentes estadounidenses explica por qué el caso adquirió una dimensión diplomática especialmente sensible.

Qué penas contempla el Código Penal por traición

El artículo 584 del Código Penal establece penas de entre seis y doce años de prisión para los españoles que obtengan, alteren, inutilicen o revelen determinada información clasificada con el propósito de favorecer a una potencia extranjera y siempre que esa información pueda perjudicar la seguridad o la defensa nacional.

La norma exige acreditar elementos concretos. No basta con demostrar que un funcionario consultó documentación ajena a sus competencias.

Para aplicar este delito, el tribunal tendrá que examinar la naturaleza de los documentos, las circunstancias de su obtención y la existencia de una finalidad de favorecer a otro Estado.

Hay otro matiz jurídico importante: el precepto también castiga determinadas conductas de obtención de información clasificada. Por ello, la entrega efectiva de documentos a una potencia extranjera no es necesariamente imprescindible para apreciar el delito, si se demuestran los demás requisitos legales.

La eventual acusación por revelación de secretos deberá analizarse conforme a sus propios elementos y a los hechos que finalmente se consideren acreditados.

El precedente de Roberto Flórez y el espionaje para Rusia

El caso recuerda al de Roberto Flórez, antiguo integrante del Centro Superior de Información de la Defensa (CESID), organismo que precedió al CNI.

Flórez fue condenado en 2010 por traición después de que se descubriera que había facilitado información clasificada a Rusia.

Entre los materiales intervenidos figuraban documentos sobre la estructura de los servicios secretos españoles y datos especialmente sensibles de sus integrantes.

La Audiencia Provincial de Madrid le impuso inicialmente doce años de prisión, aunque posteriormente el Tribunal Supremo redujo la condena a nueve.

Aquel procedimiento constituye el gran precedente judicial español de una condena por traición relacionada con los servicios de inteligencia.

La principal diferencia con el caso actual está en el país presuntamente beneficiado. Mientras Flórez colaboró con Rusia, los dos agentes ahora investigados habrían actuado en beneficio de Estados Unidos.

Desde el punto de vista penal, la condición de aliado no excluye la posibilidad de cometer traición si concurren los requisitos establecidos por la ley.

Un juicio que pondrá a prueba la seguridad interna del CNI

La causa llega a su siguiente fase judicial con dos cuestiones centrales todavía pendientes de resolver: si los funcionarios obtuvieron ilegalmente información protegida y si actuaron con el propósito de favorecer a los servicios de inteligencia estadounidenses.

También habrá que determinar el alcance real de la documentación comprometida y la validez de las pruebas reunidas durante una investigación desarrollada bajo una considerable reserva.

El procedimiento ha dejado al descubierto las dificultades que afrontan los organismos de inteligencia para proteger sus propios sistemas. Los mecanismos internos permitieron detectar accesos sospechosos, pero la investigación apunta a que funcionarios con experiencia y responsabilidades relevantes pudieron obtener material ajeno a sus competencias.

La Audiencia de Madrid tendrá ahora que examinar unos hechos que afectan directamente a la seguridad nacional, a la confianza entre aliados y al funcionamiento de los servicios secretos españoles.

Los dos agentes mantienen su inocencia. Las acusaciones deberán demostrar sus imputaciones ante el tribunal, con todas las garantías procesales.

Lo que ya está constatado es la dimensión del caso: tres años de investigación, centenares de documentos examinados, dos funcionarios del CNI investigados y una crisis diplomática con Estados Unidos. Un episodio excepcional que todavía espera una respuesta judicial definitiva.