Amnistía exige garantías por los 2.000 militares de Bukele en Haití

Amnistía Internacional ha exigido a los gobiernos de Haití y El Salvador que garanticen el respeto a los derechos humanos durante el despliegue de más de 2.000 militares salvadoreños en territorio haitiano para combatir a las bandas armadas. La organización reclama transparencia sobre las condiciones de la operación, los mecanismos de supervisión y las normas que regulan el uso de la fuerza.

La advertencia, formulada el lunes 9 de noviembre de 2026, llega después de que Naciones Unidas aclarase que la gran mayoría de los soldados enviados por Nayib Bukele no forma parte de la fuerza internacional autorizada por el Consejo de Seguridad. Esto significa que sus actuaciones quedan fuera de los mecanismos de seguimiento establecidos por la ONU para esa misión.

La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Ana Piquer, ha dirigido su petición tanto al presidente salvadoreño como al primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé. La organización considera imprescindible que ambos gobiernos expliquen públicamente bajo qué acuerdo operan las tropas, quién supervisa sus intervenciones y qué garantías existen para proteger a la población civil.

El asunto no es menor. Haití atraviesa una crisis de seguridad marcada por la expansión de organizaciones criminales, los secuestros, las extorsiones y los enfrentamientos armados. La llegada de refuerzos extranjeros busca contribuir a recuperar el control territorial, pero también plantea interrogantes sobre los límites de una intervención militar en un país con instituciones profundamente debilitadas.

La ONU solo supervisa a una parte de las tropas salvadoreñas

El origen inmediato de la preocupación está en las aclaraciones realizadas por Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de Naciones Unidas, sobre el alcance del despliegue militar de El Salvador.

Según explicó el 3 de noviembre, aproximadamente 200 militares salvadoreños están integrados en la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), respaldada por el Consejo de Seguridad. El resto del contingente, que supera ampliamente los 2.000 efectivos en total, opera fuera del mandato de esa fuerza y de los mecanismos de seguimiento de la Oficina de Apoyo de Naciones Unidas en Haití (UNSOH).

La distinción tiene consecuencias importantes. Los militares integrados en la misión internacional están sujetos a un marco específico de supervisión y rendición de cuentas. Los efectivos desplegados al margen de ese dispositivo no quedan automáticamente sometidos a los mismos controles.

Esto no significa, por sí mismo, que su presencia sea ilegal ni que hayan cometido abusos. La cuestión pendiente es conocer el fundamento jurídico y las garantías concretas de su actuación, precisamente lo que Amnistía pide aclarar.

La ONU prorrogó en septiembre el mandato de la Fuerza de Supresión de Pandillas hasta el 31 de marzo de 2027. Su objetivo es apoyar la recuperación de la seguridad y del control territorial por parte de las autoridades haitianas, dentro de los límites establecidos por el derecho internacional.

Una operación marcada por la desaparición de cuatro militares

El despliegue salvadoreño se intensificó después de una emboscada perpetrada el 18 de octubre de 2026, cuando cuatro integrantes del contingente de El Salvador desaparecieron durante un ataque atribuido a grupos armados en Haití.

La búsqueda de esos militares motivó el envío de importantes refuerzos y una ofensiva contra las bandas que operan en los alrededores de Puerto Príncipe.

Amnistía Internacional también ha reclamado que se esclarezca el paradero de los cuatro desaparecidos. Si permanecen retenidos por alguna organización criminal, exige su liberación inmediata y sin daños.

La operación ha adquirido así una doble dimensión: contribuir a combatir a las bandas haitianas y localizar a los miembros desaparecidos del contingente salvadoreño. Sin embargo, la organización insiste en que ninguna de esas finalidades puede justificar actuaciones contrarias a los derechos fundamentales.

Amnistía exige publicar el acuerdo entre Haití y El Salvador

La principal reclamación de Amnistía Internacional es que ambos gobiernos hagan público el acuerdo que regula el despliegue militar.

La organización quiere que se conozcan las competencias atribuidas a los soldados salvadoreños, las instrucciones sobre el uso de la fuerza y los organismos responsables de investigar posibles irregularidades.

También considera necesario establecer procedimientos accesibles de denuncia para que los ciudadanos puedan comunicar posibles abusos sin exponerse a amenazas o represalias.

Ana Piquer ha recordado que el compromiso del primer ministro haitiano de no tolerar violaciones de derechos humanos debe traducirse en mecanismos efectivos de prevención, control y responsabilidad.

La organización reclama asimismo investigaciones independientes e imparciales ante cualquier denuncia, procedimientos judiciales con garantías y reparación para las víctimas cuando se acrediten vulneraciones.

No basta, por tanto, con anunciar que una operación persigue a organizaciones criminales. También es necesario determinar quién responde por las actuaciones de los militares y qué recursos tienen los ciudadanos si consideran vulnerados sus derechos.

La protección de civiles en las operaciones contra las bandas

Una de las mayores preocupaciones se refiere a las intervenciones militares en zonas densamente pobladas, donde los enfrentamientos pueden poner en peligro a personas que no participan en las actividades de las bandas.

Amnistía advierte especialmente de los riesgos asociados a operaciones desarrolladas cerca de viviendas, colegios y hospitales.

El empleo de la fuerza, recuerda la organización, debe ajustarse a tres principios fundamentales: legalidad, necesidad y proporcionalidad. Eso exige que las actuaciones tengan fundamento jurídico, respondan a una necesidad real y no recurran a una fuerza excesiva respecto al objetivo perseguido.

La protección de los civiles también implica prevenir nuevos desplazamientos forzosos y evitar que los operativos interrumpan el acceso a alimentos, asistencia sanitaria y otros servicios esenciales.

Los menores y los desplazados, especialmente vulnerables

La situación humanitaria añade otra dificultad. En octubre, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió de que cerca de 1,5 millones de personas permanecían desplazadas por la violencia en Haití.

Su oficina había documentado, entre el 1 de enero y el 11 de septiembre de 2026, al menos 5.700 personas muertas o heridas por la violencia de las bandas o durante operaciones dirigidas contra ellas.

La presencia de menores dentro de las organizaciones criminales también exige una respuesta específica. Según las estimaciones expuestas por Türk, entre el 30 % y el 50 % de los integrantes de las bandas son niños y adolescentes.

Amnistía reclama protocolos especializados y personal formado para actuar ante menores reclutados por estos grupos, sin tratarlos automáticamente como combatientes adultos.

El precedente de Bukele en su lucha contra las pandillas

La intervención en Haití supone una proyección internacional de la política de seguridad de Nayib Bukele en El Salvador, donde el Gobierno ha desarrollado una ofensiva contra las pandillas basada en detenciones masivas y un régimen de excepción prolongado.

Esa estrategia ha logrado una importante reducción de los homicidios en el país centroamericano, aunque también ha provocado fuertes críticas por las garantías judiciales y las condiciones de reclusión.

En julio de 2026, Amnistía Internacional publicó una investigación en la que documentó patrones de detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y muertes bajo custodia estatal. La organización advirtió de que algunas de las vulneraciones investigadas podrían constituir crímenes de lesa humanidad.

Estas denuncias forman parte del contexto en el que se produce la intervención salvadoreña en Haití. No demuestran que las tropas desplazadas hayan reproducido esas prácticas, pero ayudan a explicar la insistencia de Amnistía en establecer mecanismos de control desde el principio.

Haití tampoco presenta las mismas condiciones institucionales, territoriales y sociales que El Salvador. Las bandas haitianas operan en un escenario de fragmentación del poder, crisis humanitaria y debilidad estatal.

Trasladar una estrategia de seguridad de un país a otro no garantiza resultados equivalentes, especialmente cuando las operaciones afectan a comunidades que llevan años atrapadas entre la violencia criminal y la insuficiente protección pública.

La transparencia marcará el futuro de la misión en Haití

El despliegue salvadoreño abre una etapa delicada en los esfuerzos internacionales por contener la violencia en Haití. Las autoridades necesitan recuperar territorios controlados por bandas armadas, proteger a los ciudadanos y restablecer servicios básicos. Pero el respaldo a esos objetivos no elimina las obligaciones legales de quienes participan en las operaciones.

Está previsto que el primer ministro haitiano visite El Salvador la próxima semana para abordar con las autoridades salvadoreñas el futuro de la intervención militar.

El encuentro podría servir para aclarar aspectos todavía poco transparentes sobre el despliegue, aunque no se han concretado públicamente todas las condiciones que regulan la presencia del contingente.

La reclamación de Amnistía sitúa la rendición de cuentas en el centro del debate. Haití necesita seguridad frente a unas organizaciones criminales que han sometido a buena parte de la población a una violencia extrema. Y necesita que esa seguridad se construya con garantías jurídicas.

Porque combatir a las bandas armadas es una obligación del Estado. Respetar los derechos de los ciudadanos durante esa lucha también lo es.