Haití promete acabar con las bandas con el apoyo militar de Bukele

El Gobierno de Haití ha anunciado una ofensiva para acabar con el dominio de las bandas armadas y recuperar el control del territorio con el respaldo militar de El Salvador. El primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, confirmó este martes, 3 de noviembre de 2026, que las fuerzas de seguridad nacionales trabajan junto a sus aliados internacionales, especialmente el Gobierno de Nayib Bukele, en una estrategia para restablecer la autoridad del Estado.

El anuncio llega después del despliegue de más de 2.000 militares salvadoreños en Haití, inicialmente movilizados para localizar a cuatro compañeros desaparecidos tras una emboscada perpetrada el 18 de octubre. La intervención ha evolucionado hacia operaciones contra las organizaciones criminales que controlan importantes zonas del país, aunque todavía existen dudas sobre su duración, sus objetivos concretos y la cadena de mando de las tropas extranjeras.

Fils-Aimé ha asegurado que la Policía Nacional de Haití, las Fuerzas Armadas y la misión internacional contra las pandillas están coordinando sus esfuerzos para recuperar los territorios ocupados. También ha advertido de que la ofensiva alcanzará a quienes financien o protejan a las organizaciones criminales, incluidos sus posibles colaboradores en las instituciones.

El mensaje político es contundente. La dificultad estará en convertirlo en resultados. Haití lleva años atrapado en una crisis de seguridad que ha debilitado sus instituciones, paralizado buena parte de la actividad económica y obligado a cientos de miles de ciudadanos a abandonar sus hogares. La llegada de Bukele introduce un nuevo protagonista en ese conflicto, pero no resuelve por sí sola los problemas que han permitido crecer a las bandas.

El Salvador despliega sus tropas y entra en la guerra contra las bandas haitianas

La intervención salvadoreña se aceleró tras la desaparición de cuatro técnicos militares de aviación que participaban en la misión internacional de seguridad desplegada en Haití.

Los efectivos fueron atacados el 18 de octubre en las proximidades de Puerto Príncipe, en una zona dominada por grupos armados. Bukele respondió anunciando una operación para localizarlos y ordenó el envío de un contingente militar de dimensiones poco habituales para una misión de rescate.

El Gobierno salvadoreño sostiene que su prioridad es recuperar a los cuatro militares, aunque también ha confirmado su disposición a continuar apoyando las operaciones contra las pandillas haitianas.

La situación de los desaparecidos sigue sin esclarecerse. Wilson Joseph, conocido como Lanmò Sanjou y dirigente de la banda 400 Mawozo, afirmó que habían muerto durante el ataque, pero no presentó pruebas. Las autoridades salvadoreñas mantienen que podrían seguir vivos.

Mientras continúa su búsqueda, las fuerzas salvadoreñas han comenzado a participar en operaciones de mayor envergadura. Este lunes se puso en marcha una intervención en la llanura de Cul-de-Sac, al noreste de Puerto Príncipe, dirigida contra las bandas Chen Mechan y 400 Mawozo.

La operación representa un cambio significativo. El Salvador, que ya aportaba personal a la fuerza multinacional, ha pasado a tener una presencia militar mucho más visible y a participar directamente en una ofensiva cuyo alcance todavía no está completamente definido.

La ONU advierte de que gran parte de las tropas salvadoreñas opera fuera de su misión

El respaldo de Bukele cuenta con el reconocimiento público del primer ministro haitiano, pero plantea una cuestión fundamental: quién dirige realmente las operaciones militares.

Naciones Unidas ha aclarado que la gran mayoría de los efectivos salvadoreños enviados recientemente no forma parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), autorizada por el Consejo de Seguridad.

Esta distinción resulta importante porque la misión internacional dispone de un marco específico de actuación y recibe apoyo logístico y operativo de Naciones Unidas. Las unidades salvadoreñas desplegadas fuera de esa estructura no están sometidas a los mismos mecanismos de información y supervisión de la oficina de apoyo de la organización.

Eso no significa, por sí solo, que su presencia sea ilegal. Significa que todavía deben aclararse públicamente cuestiones esenciales sobre los acuerdos bilaterales, las responsabilidades operativas y los mecanismos para investigar posibles abusos.

Una fuerza internacional que sigue necesitando refuerzos

La GSF fue autorizada en septiembre de 2025 para sustituir a la anterior misión multinacional de apoyo a la seguridad haitiana. El Consejo de Seguridad renovó su mandato el pasado 29 de septiembre, prolongándolo hasta el 31 de marzo de 2027.

La fuerza está diseñada para respaldar a las autoridades haitianas en la recuperación del territorio, pero su despliegue ha avanzado con dificultades.

En septiembre, Fils-Aimé reclamó ante Naciones Unidas que se completase la capacidad prevista de 5.500 efectivos. A finales de ese mes, la oficina de apoyo de la ONU atendía a algo más de 1.500 integrantes de la misión.

El envío salvadoreño aporta capacidad militar adicional, pero no todos sus efectivos forman parte de esa estructura multinacional.

El primer ministro ha insistido en que las fuerzas extranjeras deben apoyar al Estado haitiano, no sustituirlo. Una afirmación relevante en un país donde las intervenciones internacionales acumulan un historial complejo y donde la población necesita saber quién responde por las decisiones tomadas sobre el terreno.

El modelo Bukele afronta en Haití un desafío muy diferente

La participación de El Salvador introduce inevitablemente una comparación con la política de seguridad aplicada por Nayib Bukele en su propio país.

Desde 2022, el Gobierno salvadoreño ha desarrollado una ofensiva contra las pandillas basada en un régimen de excepción, detenciones masivas y un fuerte protagonismo policial y militar. La estrategia ha conseguido una reducción muy importante de los homicidios y ha reforzado la popularidad del presidente.

El coste institucional ha sido objeto de críticas internacionales. Organismos de derechos humanos han denunciado detenciones arbitrarias, limitaciones de las garantías judiciales y abusos contra personas encarceladas.

En Haití, además, las condiciones son distintas.

Las bandas no actúan únicamente como organizaciones dedicadas a extorsionar o traficar con drogas. En numerosas zonas ejercen un control territorial que llega a sustituir funciones básicas del Estado. Imponen sus propias reglas, condicionan el transporte de mercancías, controlan vías de comunicación y restringen la circulación de los habitantes.

A esa situación se añade la fragilidad de la Policía, las deficiencias del sistema penitenciario y una Administración que lleva años perdiendo capacidad para prestar servicios públicos.

Recuperar militarmente un barrio no equivale a recuperarlo para el Estado. Hace falta mantener una presencia policial estable, restablecer los servicios, garantizar el funcionamiento de los tribunales y evitar que las organizaciones criminales regresen en cuanto se retiren los soldados.

Tampoco existe ninguna garantía de que una estrategia diseñada para El Salvador produzca los mismos resultados en Haití. El contexto institucional, la estructura de las bandas y las condiciones sociales son diferentes.

Bukele tiene ante sí su primera gran prueba internacional en la lucha contra las pandillas. Un éxito reforzaría su imagen regional como referente en seguridad. Un fracaso, especialmente si se acompaña de víctimas civiles o de una intervención prolongada sin resultados, tendría consecuencias políticas y humanitarias mucho más difíciles de gestionar.

Una crisis que ha dejado miles de víctimas y casi 1,5 millones de desplazados

La gravedad de la situación haitiana ayuda a comprender por qué el Gobierno busca desesperadamente apoyo exterior.

Según datos de Naciones Unidas, más de 5.700 personas murieron o resultaron heridas por la violencia en Haití entre enero y mediados de septiembre de 2026.

La inseguridad también ha provocado desplazamientos masivos. En octubre, la ONU situaba el número de desplazados internos cerca de 1,5 millones, entre ellos más de 740.000 menores.

Las bandas han extendido su actividad más allá de Puerto Príncipe hacia regiones como Artibonite, donde los ataques contra comunidades, las extorsiones y los secuestros han agravado una situación humanitaria ya muy deteriorada.

El problema tampoco se limita al enfrentamiento entre delincuentes y fuerzas de seguridad. Las organizaciones criminales se financian mediante actividades ilícitas y disponen de armas que alimentan su capacidad para desafiar a las autoridades.

Por ese motivo, Fils-Aimé ha reclamado también medidas contra el tráfico internacional de armamento. Sin reducir las fuentes de financiación y el suministro de armas, las operaciones militares pueden debilitar temporalmente a las bandas sin impedir su reorganización.

La protección de los civiles será otra prueba decisiva. Las operaciones se desarrollan en áreas densamente pobladas, donde muchos habitantes tienen dificultades para abandonar sus viviendas.

La ONU ha insistido en que cualquier intervención debe respetar el derecho internacional y los derechos de la población.

Al mismo tiempo, el dirigente de 400 Mawozo ha solicitado la mediación de Naciones Unidas para abrir un diálogo. La organización internacional ha confirmado la recepción de una carta con su firma, aunque ha precisado que ese hecho no supone reconocer al grupo ni respaldar sus planteamientos.

El Gobierno haitiano mantiene, por ahora, su apuesta por la presión militar y policial.

La inseguridad vuelve a retrasar las elecciones en Haití

La ofensiva contra las pandillas también tiene una dimensión política que va más allá de la seguridad inmediata.

Haití no celebra elecciones nacionales desde 2016 y permanece sin un presidente elegido desde el asesinato de Jovenel Moïse, ocurrido en julio de 2021.

La sucesión de gobiernos de transición no ha conseguido restablecer completamente la normalidad institucional. Las bandas han ampliado su influencia mientras se acumulaban los aplazamientos electorales.

El Consejo Electoral Provisional anunció el pasado 28 de octubre un nuevo calendario que sitúa la primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas en el 18 de julio de 2027. La segunda vuelta y los comicios locales están previstos para el 4 de octubre de ese mismo año.

La votación debía celebrarse inicialmente en diciembre de 2026.

Organizar elecciones en un territorio donde los grupos armados controlan carreteras, barrios y accesos a numerosas localidades plantea problemas evidentes. Los ciudadanos necesitan poder desplazarse hasta los colegios electorales y los candidatos deben desarrollar sus campañas sin intimidaciones.

Por eso, el Gobierno vincula la recuperación de la seguridad con la posibilidad de devolver al país unas instituciones elegidas democráticamente.

El riesgo es que la lucha contra las bandas termine convirtiéndose en una justificación permanente para seguir retrasando las urnas. La seguridad es una condición necesaria para unas elecciones libres, pero la recuperación democrática también forma parte de la solución a la crisis.

La verdadera prueba será devolver Haití a sus ciudadanos

La decisión de Fils-Aimé de apoyarse en Bukele supone un nuevo paso en la internacionalización de la crisis haitiana. El Salvador aporta tropas y experiencia en operaciones contra organizaciones criminales, mientras el Gobierno de Puerto Príncipe busca resultados que sus propias fuerzas no han podido conseguir durante años.

Sin embargo, el anuncio todavía no establece un calendario verificable para recuperar todo el territorio ni aclara completamente cómo se coordinarán las distintas fuerzas desplegadas.

El Gobierno haitiano ha anunciado asimismo el refuerzo de sus cuerpos de seguridad. Más de mil nuevos policías han completado recientemente su formación, y Fils-Aimé aspira a incorporar miles de agentes y soldados adicionales.

La capacidad para mantener el control de las zonas recuperadas será tan importante como las primeras victorias militares.

Haití necesita recuperar sus calles, pero también sus escuelas, hospitales, tribunales, comercios e instituciones. Sin esa reconstrucción del Estado, cualquier avance sobre las pandillas corre el riesgo de quedarse en una operación temporal.

La ofensiva respaldada por Bukele puede alterar el equilibrio de fuerzas. Lo que todavía está por demostrar es si permitirá que la población vuelva a vivir sin miedo y que el Estado recupere unas funciones que nunca debió perder.

Porque el verdadero éxito no será contar cuántos soldados entran en un barrio. Será comprobar que, cuando se marchen, las bandas ya no puedan volver a gobernarlo.