Mazón, un año después: 663 € extra al mes por una comisión inactiva

Un año después de anunciar su dimisión como presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón conserva su escaño, su sueldo de diputado, el aforamiento y un complemento salarial por una comisión parlamentaria que lleva seis años sin reunirse. También dispone de un despacho oficial en Alicante, un asesor y un vehículo con conductor a cargo de la Administración autonómica. La presidencia terminó, pero buena parte de las ventajas institucionales continúan.

Este 3 de noviembre de 2026 se cumple exactamente un año de aquella dimisión, forzada políticamente por las críticas a su gestión de la dana del 29 de octubre de 2024. Una catástrofe cuyo balance judicial acaba de elevarse a 234 víctimas mortales. Mientras sus familiares siguen reclamando responsabilidades, el expresidente del PP mantiene una posición institucional que le permite cobrar dinero público con una actividad parlamentaria muy reducida.

No se trata de una irregularidad salarial conocida ni de unas prestaciones clandestinas. Las retribuciones están reguladas y los medios asignados a los expresidentes tienen cobertura legal. Precisamente ahí reside una parte del escándalo político: el sistema permite conservar recursos públicos y una posición protegida a un dirigente que abandonó la presidencia bajo una enorme presión social, sin que su partido le exija abandonar la política.

El Partido Popular, lejos de reclamarle el acta, decidió nombrarlo portavoz en la Comisión de Reglamento de Les Corts Valencianes. Un cargo que incrementa sus ingresos sin que se haya traducido en una actividad significativa de ese órgano. A Mazón le han apartado del escaparate, sí. Pero no de la nómina.

Del Palau de la Generalitat al último banco de Les Corts

La nueva vida política de Carlos Mazón transcurre lejos del protagonismo que tuvo durante su etapa al frente del Consell. Desde diciembre de 2025 ocupa un asiento en la última fila de Les Corts Valencianes, junto a la bancada de Vox.

Durante la reorganización del hemiciclo pasó a ocupar el escaño número 98, después de abandonar el lugar reservado al presidente de la Generalitat. El cambio de posición resultó especialmente llamativo: de dirigir el Gobierno valenciano a sentarse en una de las zonas menos visibles del Parlamento autonómico.

Su actividad parlamentaria también ha cambiado considerablemente.

Según las informaciones publicadas sobre su asistencia parlamentaria, Mazón acude a los plenos, participa en las votaciones y evita intervenir en los debates. No registra iniciativas parlamentarias propias y apenas tiene presencia pública. Su última intervención en Les Corts se produjo en noviembre de 2025, durante su comparecencia ante la comisión de investigación de la dana.

Conviene precisar que asistir y votar forma parte del trabajo de un diputado, y que la actividad parlamentaria no se mide exclusivamente por el número de discursos. Pero la escasa actividad visible de Mazón contrasta con las retribuciones y responsabilidades asociadas a su puesto.

El expresidente ha cambiado la exposición diaria de la presidencia por una discreción mucho más cómoda. Y el PP ha aceptado esa situación.

Un complemento de 663 euros por una comisión que no se reúne

Uno de los aspectos más controvertidos de su situación es el nombramiento como portavoz popular en la Comisión de Reglamento de Les Corts Valencianes, acordado por el PP en diciembre de 2025.

La comisión tiene una función parlamentaria legítima: intervenir en asuntos relacionados con las normas de funcionamiento de la Cámara. El problema es su actividad real.

No celebra sesiones desde octubre de 2020. Es decir, acumula aproximadamente seis años sin reunirse.

Pese a ello, el puesto de portavoz lleva aparejado un complemento económico. Cuando Mazón fue nombrado, la cuantía publicada era de 634,27 euros mensuales. Sin embargo, las tablas retributivas oficiales de Les Corts para 2026 establecen una cantidad superior.

El complemento vigente asciende a 663,11 euros mensuales en catorce pagas, equivalentes a 9.283,54 euros brutos anuales.

Es un dinero que se suma a las retribuciones ordinarias del diputado. Y no depende de que la comisión celebre un determinado número de reuniones.

La paradoja es todavía mayor porque Les Corts reformaron recientemente su propio reglamento sin recurrir a esa comisión. La modificación se tramitó directamente en el pleno mediante el procedimiento de lectura única, con los votos del PP y Vox.

Resulta difícil encontrar una demostración más clara de la escasa actividad del puesto: el Parlamento modifica sus reglas sin reunir al órgano encargado precisamente de esa materia, mientras su portavoz sigue teniendo reconocido el complemento.

No significa que Mazón esté cobrando ilegalmente. Significa algo políticamente más incómodo: que las reglas permiten cobrar un complemento por una responsabilidad cuya actividad efectiva es prácticamente inexistente.

Y fue el PP quien decidió darle ese puesto.

Despacho en Alicante, asesor y coche oficial

La salida de Mazón de la presidencia tampoco supuso su desaparición de la estructura administrativa de la Generalitat.

El expresidente dispone de una oficina de apoyo en la calle Ingeniero Lafarga de Alicante, en un inmueble de titularidad pública situado junto a la Explanada y próximo al puerto.

No es su vivienda particular, sino un despacho institucional que la Generalitat pone a su disposición en aplicación del Estatuto de los Expresidentes.

Mazón ha fijado allí su base de actividad, lejos de Valencia y de buena parte del debate político que continúa rodeando su gestión de la emergencia de 2024.

Su oficina cuenta con José Manuel Cuenca como asesor. Cuenca fue su jefe de gabinete durante la etapa presidencial y una de las personas de su máxima confianza.

También tiene asignado un conductor y dispone de un coche oficial.

Todo ello responde a las prerrogativas contempladas por la legislación autonómica para quienes han presidido la Generalitat.

El coste de una oficina que pagan los ciudadanos

La Ley 6/2002, que regula el estatuto de los expresidentes valencianos, permite disponer de un despacho, hasta dos puestos de asesoramiento, una plaza de conductor y un vehículo oficial, además de los recursos presupuestarios necesarios para el funcionamiento de la oficina.

En el caso de Mazón, se han confirmado los nombramientos de un asesor y un conductor.

Compromís cifró en marzo en aproximadamente 155.000 euros anuales el coste vinculado al personal, el funcionamiento de la oficina y el vehículo del expresidente. Se trata de una estimación presentada por la oposición, no de una liquidación oficial definitiva del gasto.

La cuestión excede, por tanto, los 663 euros mensuales de la portavocía parlamentaria.

Hay una estructura administrativa que sigue proporcionando recursos a quien dejó la presidencia después de una de las mayores crisis políticas e institucionales de la historia reciente valenciana.

La ley que lo permite fue aprobada en 2002, con respaldo del PP y del PSPV. No estamos, por tanto, ante una anomalía inventada exclusivamente para Mazón. Es un régimen de privilegios institucionales construido y mantenido durante años.

Pero que algo sea legal no significa que resulte políticamente razonable en cualquier circunstancia.

El dinero público no debería convertirse en una garantía de comodidad personal desconectada de las responsabilidades efectivamente desempeñadas.

El escaño también permite a Mazón mantener el aforamiento

Conservar el acta de diputado tiene otra consecuencia importante que no aparece reflejada en una nómina: el aforamiento.

Mientras Mazón continúe siendo parlamentario autonómico, cualquier procedimiento penal que deba dirigirse contra él corresponde al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), y no directamente al juzgado ordinario que investiga la gestión de la dana.

Esto no significa que sea inmune a una investigación judicial. El aforamiento modifica el órgano competente para investigar y juzgar determinados hechos, pero no elimina la responsabilidad penal.

De hecho, el TSJCV rechazó el 16 de marzo de 2026 abrir una investigación contra Mazón al considerar que no existían indicios suficientemente sólidos para atribuirle un delito en relación con la gestión de la emergencia. El tribunal confirmó esa decisión el 27 de abril al desestimar los recursos presentados.

La investigación judicial sobre la dana continúa en Catarroja.

Esta distinción es fundamental: no existe una resolución que declare a Mazón penalmente responsable de las 234 muertes, y atribuirle directamente esos fallecimientos como un delito probado sería incorrecto.

Pero tampoco puede utilizarse la ausencia de responsabilidad penal acreditada como una respuesta definitiva a todas las cuestiones políticas.

El 29 de octubre de 2024, mientras las inundaciones causaban estragos en numerosos municipios valencianos, Mazón permaneció durante varias horas en una comida en el restaurante El Ventorro de Valencia. La alerta masiva enviada a los teléfonos móviles de la población no llegó hasta las 20.11 horas.

Aquella secuencia, las explicaciones posteriores del expresidente y la respuesta institucional ante la emergencia siguen siendo objeto de un intenso debate público.

La responsabilidad penal exige pruebas y requisitos jurídicos concretos. La responsabilidad política se mide también por la capacidad de dirigir, anticipar, coordinar y responder ante una catástrofe, además de rendir cuentas por las decisiones adoptadas.

Confundir ambos planos beneficia a quienes pretenden convertir una resolución judicial en una rehabilitación política automática.

El PP mantiene a Mazón mientras las víctimas exigen su marcha

El Partido Popular tiene una responsabilidad directa en la continuidad política del expresidente.

Fue su partido quien lo mantuvo al frente de la Generalitat durante más de un año después de la dana. Fue también quien decidió asignarle la portavocía de la Comisión de Reglamento tras su dimisión.

Y continúa sin exigirle públicamente la entrega de su acta.

El presidente valenciano, Juanfran Pérez Llorca, heredó el Gobierno después de la salida de Mazón, pero esa renovación institucional no ha implicado una ruptura completa con la situación de su antecesor.

Las principales asociaciones de víctimas han reclamado reiteradamente que Mazón abandone Les Corts. Consideran que mantener su condición de diputado supone prolongar una dimisión que nunca llegó a completarse políticamente.

El 31 de octubre, coincidiendo con el segundo aniversario de las inundaciones, una nueva manifestación recordó a las víctimas y volvió a reclamar responsabilidades institucionales.

La cifra de fallecidos había aumentado apenas un día antes, cuando la jueza de Catarroja reconoció una nueva víctima mortal vinculada a las consecuencias de la inundación. Son ya 234 las muertes incluidas en el balance judicial de la tragedia valenciana.

Frente a ese dolor, la continuidad de Mazón en una posición retribuida y con prerrogativas públicas resulta especialmente difícil de explicar.

El PP no puede quitarle unilateralmente el acta, porque pertenece al diputado. Pero sí puede pedirle que dimita, dejar de confiarle responsabilidades remuneradas y asumir el coste político de mantenerlo en sus filas.

Hasta ahora ha optado por una solución mucho más sencilla para el partido: apartarlo del foco sin romper con él.

Un dirigente discreto, que apenas interviene y conserva sus condiciones institucionales, genera menos titulares que un expresidente enfrentado públicamente con su organización.

La tranquilidad del partido, sin embargo, no equivale a una reparación para las víctimas.

Un sistema político que protege mejor los cargos que la confianza pública

El caso de Carlos Mazón plantea una cuestión incómoda para el conjunto del sistema político español: la facilidad con la que un cargo público puede perder la confianza social y, aun así, conservar buena parte de las ventajas asociadas a su trayectoria institucional.

El expresidente perdió el Palau de la Generalitat, pero no su escaño. Dejó de dirigir el Consell, pero mantiene despacho, asesor y coche oficial. Y el PP le concedió una portavocía que añade más de 9.000 euros anuales a sus retribuciones, aunque la comisión correspondiente lleve años sin reunirse.

Todo dentro de la legalidad vigente.

La legalidad de esos beneficios no elimina la obligación de justificar su necesidad, su coste y su utilidad pública. Tampoco puede sustituir una rendición de cuentas política que buena parte de la sociedad valenciana sigue reclamando.

Una democracia liberal no debe condenar a nadie sin pruebas ni convertir la indignación ciudadana en una sentencia judicial. Pero también debe exigir a sus representantes estándares de responsabilidad más elevados que la mera ausencia de condenas penales.

Ahí es donde el PP tiene un problema que no puede resolver escondiendo a Mazón en la última fila de Les Corts.

Porque, un año después de la dimisión, el expresidente sigue teniendo una posición institucional, unas retribuciones y unos medios públicos. Las familias de las víctimas, en cambio, continúan reclamando explicaciones y responsabilidades por lo ocurrido.

Mazón dejó la presidencia. El PP decidió que no tuviera que dejar también sus ventajas políticas.

Y esa decisión dice tanto del expresidente como del partido que continúa sosteniéndolo.