Síguenos

España

El PP, acusado de presionar a una diputada embarazada en Les Corts

El PP pide modificar el reglamento de Les Corts tras la denuncia de Compromís por presiones a Paula Espinosa, embarazada, por la Ley del Suelo.

Publicado

el

presionar a una diputada embarazada

Resumen

  • Compromís denuncia presiones del PP a Paula Espinosa, embarazada
  • La diputada firmó las enmiendas tras revisarlas el 17 de noviembre
  • El PP plantea cambiar el reglamento y la ley apunta a diciembre

El Partido Popular valenciano se enfrenta a una nueva polémica en Les Corts después de que Compromís denunciara las presiones ejercidas sobre su diputada Paula Espinosa, que se encuentra en un avanzado estado de embarazo, para acelerar la tramitación de la nueva Ley del Suelo de la Comunitat Valenciana. La parlamentaria asegura haber recibido llamadas, mensajes de WhatsApp y requerimientos para firmar un documento parlamentario que debía revisar antes de dar su conformidad.

La controversia se ha intensificado después de que el PP solicitara modificar el reglamento de Les Corts para evitar que la ausencia de quien ejerce la secretaría de una comisión pueda retrasar la tramitación legislativa. Espinosa, que tenía una cita médica el viernes 13 de noviembre y recibió una recomendación de reposo, firmó finalmente la ordenación de las enmiendas el martes 17, después de examinarlas.

El enfrentamiento va más allá de una cuestión administrativa. Los populares pretendían aprobar la norma antes de las elecciones generales del 29 de noviembre, mientras Compromís y el PSPV cuestionan la extraordinaria rapidez del procedimiento y advierten de las consecuencias urbanísticas del proyecto. La disputa ha acabado convirtiendo la firma de una diputada embarazada en el centro de una batalla parlamentaria sobre uno de los cambios legislativos más importantes de la legislatura valenciana.

Canal oficial
El Folio en WhatsApp
Recibe las noticias más importantes, alertas y última hora.

Las llamadas a Paula Espinosa y el conflicto por las enmiendas

El origen inmediato de la polémica está en la sesión parlamentaria del jueves 12 de noviembre. Tras rechazarse la enmienda a la totalidad presentada por Compromís, la Ley del Suelo debía continuar su recorrido con la ordenación y posterior debate de las enmiendas parciales.

Paula Espinosa, secretaria de la Mesa de la Comisión de Medio Ambiente, Agua y Ordenación del Territorio, tenía que firmar el documento correspondiente. No se trataba de una simple formalidad ajena a sus responsabilidades: la parlamentaria debía comprobar la documentación antes de validarla.

Según su relato, comenzó a recibir llamadas y mensajes de WhatsApp mientras se desarrollaba el pleno. También asegura que representantes del PP se acercaron a su escaño para reclamarle la firma cuando las enmiendas acababan de incorporarse al sistema.

La diputada argumenta que había más de 300 enmiendas sobre la Ley del Suelo que necesitaban una revisión y que simultáneamente debía ocuparse de otras 80 relacionadas con la legislación forestal. Considera que resultaba imposible comprobar toda esa documentación inmediatamente después de recibirla.

La situación se complicó el viernes 13. Espinosa no pudo acudir a la reunión parlamentaria porque tenía una cita médica, tras la cual le recomendaron reposo. Su embarazo, por tanto, no era un detalle secundario en el conflicto, sino una circunstancia directamente relacionada con su disponibilidad.

Una carta del PP confirma los requerimientos a la diputada

La presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, María Gómez, del PP, remitió el martes 17 de noviembre una comunicación a la Presidencia de Les Corts para dejar constancia del retraso que atribuía a la ausencia de la firma.

En ese escrito reconocía que desde el 12 de noviembre se había solicitado a Espinosa que firmara el documento mediante comunicaciones verbales, mensajería instantánea y un posterior requerimiento escrito.

La existencia de esos contactos queda, por tanto, respaldada por la propia comunicación parlamentaria. Lo que enfrenta a los partidos es su interpretación: Compromís considera que constituyen presiones indebidas, mientras el PP sostiene que trataba de garantizar la continuidad del procedimiento legislativo.

Espinosa defiende que sus obligaciones corresponden a Les Corts y a los ciudadanos valencianos, no a las necesidades del calendario político del PP. También recuerda que el reglamento parlamentario no fija un plazo específico para firmar la ordenación de las enmiendas.

El PP propone cambiar el reglamento de Les Corts

El portavoz popular, Nando Pastor, remitió también el martes una carta a la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, de Vox, con una propuesta para modificar el reglamento de la Cámara.

La iniciativa busca evitar que la ausencia de la persona que ocupa la secretaría de una comisión pueda paralizar o retrasar actuaciones necesarias para continuar la tramitación de una ley.

El movimiento introduce una segunda controversia. Ya no se discute únicamente cuánto tiempo debía emplear Espinosa para revisar y firmar las enmiendas, sino también si resulta oportuno promover un cambio reglamentario en plena tramitación de una norma que el PP pretende aprobar con especial rapidez.

El PSPV ha criticado la iniciativa y considera extraordinario que el grupo popular plantee modificar las reglas parlamentarias en estas circunstancias.

La propuesta, por sí sola, no supone que el reglamento haya cambiado. Su eventual aplicación dependerá de los procedimientos y decisiones que adopten los órganos competentes de Les Corts.

PP y Compromís se enfrentan por la urgencia de la Ley del Suelo

El enfrentamiento llevaba varios días acumulando tensión antes de conocerse los nuevos requerimientos.

El 13 de noviembre, la portavoz adjunta de Compromís, Isaura Navarro, ya había acusado al PP de perseguir políticamente a Espinosa para conseguir que firmara la documentación. La coalición valencianista sostiene que la urgencia impuesta por populares y Vox dificulta un examen adecuado de las modificaciones legislativas.

Por su parte, el portavoz socialista José Muñoz ha calificado la tramitación de atropello democrático y ha cuestionado tanto los plazos como los posibles intereses urbanísticos asociados a la aprobación de la ley.

Estas sospechas forman parte de las denuncias políticas de la oposición y no acreditan por sí mismas la existencia de intereses ilícitos.

La posición del PP es muy distinta. Nando Pastor defiende que la nueva legislación resulta imprescindible para afrontar los problemas de acceso a la vivienda y acusa a Compromís de obstaculizar deliberadamente su aprobación.

Los populares destacan que el proyecto contempla reservar al menos el 50 % de la edificabilidad residencial a vivienda protegida en los nuevos instrumentos públicos de vivienda previstos por la reforma, una medida que presentan como parte de su respuesta a la escasez de vivienda asequible.

Compromís y el PSPV cuestionan, en cambio, que la reforma garantice una mejora real del acceso a la vivienda y advierten de sus efectos sobre el territorio.

Una reforma que cambia las reglas del urbanismo valenciano

La importancia del conflicto se entiende mejor al examinar el alcance de la legislación en disputa.

El proyecto de Ley del Suelo de la Comunitat Valenciana fue admitido a trámite el 29 de septiembre de 2026 y remitido a la Comisión de Medio Ambiente, Agua y Ordenación del Territorio mediante el procedimiento de urgencia solicitado por el Consell.

La reforma pretende reorganizar el marco autonómico de planificación territorial y urbanística. Afecta a cuestiones como la clasificación y gestión del suelo, los instrumentos de planeamiento, los nuevos desarrollos urbanos y las competencias de las administraciones.

Entre sus aspectos más discutidos figuran las posibilidades de aprovechamiento de determinados terrenos rústicos y la autorización de nuevos usos en suelo no urbanizable bajo las condiciones previstas legalmente.

Es precisamente en este terreno donde aparecen las mayores diferencias políticas.

Para el PP, la reforma permitirá agilizar la actividad urbanística, aumentar las oportunidades de desarrollo y facilitar la construcción de viviendas. La oposición teme que la flexibilización de determinados controles favorezca operaciones especulativas y reduzca garantías ambientales y territoriales.

La discusión tiene especial relevancia en una comunidad autónoma marcada por décadas de expansión inmobiliaria y por la necesidad de mejorar la prevención de riesgos en zonas expuestas a inundaciones.

La rapidez de un procedimiento parlamentario no demuestra que una norma sea perjudicial. Tampoco garantiza que sea adecuada. En una legislación con consecuencias duraderas sobre el territorio, el contenido de las modificaciones y las garantías de su examen resultan tan importantes como el calendario de aprobación.

La Ley del Suelo apunta a diciembre tras la firma de Espinosa

La firma de Paula Espinosa el martes 17 de noviembre ha permitido desbloquear el trámite que había provocado el enfrentamiento. Sin embargo, el calendario inicialmente previsto por el PP se ha visto alterado.

Según la previsión parlamentaria conocida, la Mesa de Les Corts debe abordar este miércoles 18 la comunicación presentada por los populares. Posteriormente, la Junta de Síndics deberá fijar la convocatoria de la Comisión de Medio Ambiente, cuya reunión está prevista para el 23 de noviembre.

La nueva secuencia sitúa la aprobación definitiva de la Ley del Suelo en diciembre, después de las elecciones generales del 29 de noviembre, en lugar de hacerlo durante la última semana de campaña.

El retraso puede ser limitado en términos de calendario, pero el episodio ha dejado un conflicto político de mayor alcance: el respeto a las garantías parlamentarias, las condiciones de trabajo de una diputada embarazada y la urgencia por aprobar una reforma urbanística de gran trascendencia.

Compromís sostiene que Espinosa ha cumplido sus funciones al revisar la documentación antes de firmarla. El PP mantiene que la oposición ha entorpecido una ley que considera necesaria para afrontar los problemas de vivienda.

Lo sucedido muestra hasta qué punto una discusión sobre plazos y procedimientos puede convertirse en una controversia institucional cuando los partidos consideran que el calendario resulta tan decisivo como el contenido de la ley.

Newsletter

Periodista internacional con más de 20 años de experiencia en radio, prensa y medios digitales. Licenciado en Ciencias de la Comunicación, trabaja entre España e Italia con la mirada puesta en la actualidad.

Lo más leído