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Pedro Bestard, líder de Vox en Mallorca, declarará por malversación

Pedro Bestard, líder de Vox en Mallorca, ha sido citado como investigado el 9 de diciembre por el presunto uso privado de tres coches del Consell.

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Pedro Bestard

Resumen

  • Pedro Bestard declarará el 9 de diciembre como investigado por malversación
  • La causa investiga el presunto uso privado de tres coches oficiales
  • Bestard niega irregularidades y sigue como vicepresidente del Consell

El líder de Vox en Mallorca y vicepresidente segundo del Consell insular, Pedro Bestard, tendrá que declarar ante la Justicia el próximo 9 de diciembre como investigado por un presunto delito de malversación de fondos públicos. La jueza de Palma que instruye el procedimiento le ha citado para esclarecer el supuesto uso privado de varios coches oficiales de la institución, un asunto que comenzó como una polémica política y ha terminado en los tribunales.

La citación, conocida este miércoles 18 de noviembre de 2026, llega después de que el Tribunal de Instancia de Palma admitiera a trámite la querella presentada por la Fiscalía de Baleares. El Ministerio Público aprecia indicios suficientes para investigar si Bestard utilizó recursos públicos para desplazamientos particulares y actividades de su partido. El dirigente de Vox niega haber cometido irregularidades, rechaza dimitir y mantiene su responsabilidad al frente del departamento insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes.

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Tres coches oficiales y desplazamientos bajo sospecha

El origen del procedimiento se remonta a mayo de 2026, cuando trascendió que Bestard utilizaba vehículos del Consell de Mallorca para desplazamientos que no parecían relacionados con sus obligaciones institucionales. La controversia también afectaba a la identificación de los coches: dos de ellos circulaban sin la rotulación oficial que permite reconocerlos como propiedad pública.

Los vehículos y los viajes cuestionados

Las investigaciones internas identificaron tres vehículos adscritos al departamento que dirige Bestard: un Dacia Sandero, un Ford Ranger y un Subaru Crosstrek. Los informes señalaron que el vicepresidente había dispuesto de ellos de forma exclusiva, pese a no contar con una autorización específica para hacerlo.

Entre los desplazamientos cuestionados figuran trayectos a su domicilio, viajes sin una correspondencia clara con su agenda institucional y asistencia a actividades organizadas por Vox. También se examina la utilización de combustible y otros gastos derivados de los vehículos.

La cuestión no es únicamente si un cargo público puede disponer de un coche oficial. El problema jurídico consiste en determinar si esos recursos fueron destinados a fines particulares y si su utilización ocasionó un perjuicio económico a la Administración.

Bestard ha sostenido que los desplazamientos respondían a su actividad institucional y que el uso de los vehículos estaba justificado por razones de organización y aprovechamiento de recursos. El dirigente rechaza cualquier utilización privada indebida de los coches del Consell.

De la denuncia del PSOE a la querella de la Fiscalía

La polémica adquirió dimensión judicial después de que el PSIB-PSOE denunciara los hechos ante la Fiscalía en julio de 2026. Los socialistas atribuyeron al vicepresidente insular posibles delitos de malversación continuada de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental.

La denuncia planteaba que Bestard había utilizado de manera reiterada vehículos públicos para fines ajenos a sus responsabilidades, sin la autorización correspondiente y con gastos asumidos por la institución.

Antes de que el asunto llegara a los tribunales, el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, del Partido Popular, había encargado una investigación interna para aclarar lo sucedido.

Los informes técnicos reconocieron que la utilización exclusiva de tres vehículos oficiales constituía una conducta inapropiada. También documentaron circunstancias relacionadas con desplazamientos sin justificación institucional suficientemente acreditada y la retirada de la identificación corporativa de dos coches por indicación de Bestard.

Sin embargo, los técnicos consideraron que no podían determinar de manera categórica que se hubiera producido un uso indebido. El Gobierno insular descartó entonces adoptar medidas contra su vicepresidente y optó por establecer un protocolo específico para regular los vehículos oficiales.

La Fiscalía llegó a una valoración diferente. Tras examinar la denuncia y las actuaciones practicadas, presentó una querella a finales de octubre al considerar que existían indicios suficientes para abrir una investigación penal.

El pasado 12 de noviembre, la titular de la plaza número cuatro de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Palma admitió la querella a trámite. La citación para el 9 de diciembre supone un nuevo avance en ese procedimiento.

Bestard se niega a dimitir y el PP evita tomar medidas

La investigación también ha abierto un conflicto político dentro del Consell de Mallorca, donde el PP y Vox comparten responsabilidades de gobierno.

Bestard mantiene su inocencia y ha descartado abandonar el cargo. El pasado 13 de noviembre, después de conocerse la apertura de la investigación judicial, insistió en que no había hecho nada malo y expresó su confianza en la Justicia.

Su posición contrasta con las exigencias de los grupos de la oposición, que consideran que la existencia de una querella de la Fiscalía es motivo suficiente para apartarlo de sus responsabilidades institucionales.

El PSIB-PSOE y MÉS per Mallorca han reclamado medidas políticas y han señalado directamente al presidente insular por mantener a Bestard en la vicepresidencia.

La respuesta del PP y de Vox ante la investigación

El Partido Popular, por su parte, ha defendido hasta el momento una posición más prudente. Galmés aseguró el 17 de noviembre que esperaría a recibir la correspondiente comunicación judicial para estudiar la situación del vicepresidente y adoptar las decisiones que procedan.

El PP ha venido sosteniendo que su código ético contempla la adopción de determinadas medidas cuando se produce la apertura de juicio oral, una fase procesal que todavía no se ha alcanzado.

Vox también ha respaldado a su dirigente y ha apelado a la presunción de inocencia. La apertura de una investigación no equivale a una condena ni acredita que se haya cometido un delito.

Qué implica la declaración como investigado

La comparecencia del 9 de diciembre permitirá a Bestard ofrecer su versión de los hechos ante la jueza y responder a las cuestiones relacionadas con el uso de los vehículos oficiales.

La condición de investigado supone que una persona está siendo objeto de diligencias por su posible participación en hechos de relevancia penal. También garantiza sus derechos de defensa, incluida la asistencia de abogado y la posibilidad de no declarar.

En este procedimiento, la Justicia deberá determinar si los desplazamientos cuestionados estaban vinculados con funciones públicas o si existió una utilización particular de medios de la Administración susceptible de constituir un delito.

Entre los aspectos relevantes figuran las autorizaciones para utilizar los coches, los registros de desplazamientos, la relación de esos viajes con la agenda institucional y los posibles gastos ocasionados.

La admisión de la querella tampoco significa que todos los hechos denunciados estén probados. La instrucción judicial servirá precisamente para comprobarlos y establecer si existe fundamento para continuar el procedimiento penal o archivarlo.

El 9 de diciembre marcará el siguiente paso judicial

La próxima declaración situará nuevamente bajo escrutinio la gestión de los recursos públicos del Consell de Mallorca y la continuidad política de Pedro Bestard.

La causa presenta dos dimensiones diferenciadas. La judicial deberá aclarar si hubo malversación de fondos públicos u otras posibles responsabilidades penales. La política afecta a la decisión del PP de mantener en el Gobierno insular a un vicepresidente investigado.

Por el momento, Bestard continúa en su puesto y rechaza las acusaciones. La Fiscalía considera que existen indicios que merecen una investigación y la jueza ha decidido escuchar al dirigente de Vox.

El 9 de diciembre será su primera comparecencia como investigado en este procedimiento. Su declaración no resolverá necesariamente la causa, pero permitirá avanzar en el esclarecimiento de unos hechos que el Gobierno insular había considerado inicialmente insuficientes para adoptar medidas contra su vicepresidente.

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Periodista internacional con más de 20 años de experiencia en radio, prensa y medios digitales. Licenciado en Ciencias de la Comunicación, trabaja entre España e Italia con la mirada puesta en la actualidad.

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