Economía
El Gobierno acaba con el secreto salarial: sueldos y ofertas de empleo
El Gobierno amplía el derecho a conocer salarios medios y obliga a informar de la retribución en las ofertas de empleo. Habrá multas por incumplir.
Resumen
- Podrás solicitar a tu empresa salarios medios de puestos equivalentes
- Las ofertas de empleo deberán informar del sueldo desde el inicio
- Habrá sanciones por incumplir y protección frente a represalias
El Gobierno ha aprobado una reforma laboral que pone fin a la opacidad salarial en las empresas españolas y amplía los derechos de los trabajadores para conocer cuánto se paga por puestos equivalentes. La nueva normativa permite solicitar información sobre los salarios medios, desglosados por sexo, y obliga a las empresas a indicar la retribución inicial en las ofertas de empleo. También prohíbe preguntar a los candidatos cuánto cobraban en sus anteriores trabajos.
El Consejo de Ministros aprobó el real decreto-ley el martes 17 de noviembre, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social. La norma, publicada en el Boletín Oficial del Estado este miércoles 18 de noviembre, entrará en vigor el 19 de noviembre de 2026, aunque determinadas obligaciones de información tendrán un calendario progresivo. El texto deberá ser convalidado por la Diputación Permanente del Congreso.
La reforma modifica el Estatuto de los Trabajadores, la normativa de igualdad retributiva y la Ley de Empleo para incorporar dos directivas europeas. Su alcance va más allá de los salarios: establece nuevas garantías sobre las condiciones de contratación, refuerza la protección frente a represalias y eleva las sanciones por incumplimientos laborales. Las infracciones graves podrán castigarse con multas de hasta 7.500 euros, mientras que determinadas conductas muy graves estarán sujetas a sanciones superiores.
Los trabajadores podrán conocer los salarios medios de sus compañeros
La principal novedad es el reconocimiento de un derecho individual a la información salarial. Cualquier trabajador podrá solicitar por escrito cuánto se cobra de media en su empresa por desempeñar el mismo trabajo o uno de igual valor, sin depender exclusivamente de la información que facilite la representación sindical.
La empresa tendrá que proporcionar datos sobre la remuneración media anual y por hora, diferenciando entre hombres y mujeres. La información deberá distinguir el salario base, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales.
El plazo máximo para responder será de dos meses desde la recepción de la solicitud. Los trabajadores podrán ejercer este derecho una vez al año, o cuando existan cambios que justifiquen una nueva petición. Si los datos recibidos resultan incompletos o incorrectos, podrán solicitar aclaraciones adicionales, que deberán contestarse de forma motivada en un plazo de 15 días.
Las empresas también estarán obligadas a informar anualmente a sus plantillas de la existencia de este derecho y del procedimiento para ejercerlo. Incluso quienes hayan abandonado la compañía podrán solicitar información correspondiente al periodo trabajado, siempre que lo hagan dentro del año siguiente a su salida.
La reforma no permite consultar las nóminas individuales
Conviene distinguir entre conocer las diferencias salariales y acceder a la nómina de un compañero concreto. La nueva ley no establece un derecho general a consultar los sueldos individuales de otros empleados.
La información facilitada será, como regla general, estadística y sometida a las garantías de protección de datos. Tampoco podrá utilizarse para finalidades ajenas al ejercicio del derecho a la igualdad retributiva.
Lo que sí desaparece expresamente es la posibilidad de imponer cláusulas contractuales que impidan a una persona divulgar su propio salario. Esas disposiciones serán nulas y carecerán de efectos jurídicos.
Las ofertas de empleo deberán informar del sueldo y no podrán preguntar por salarios anteriores
Uno de los cambios más visibles afectará a quienes buscan trabajo. Las ofertas deberán incluir la retribución inicial correspondiente al puesto y especificar el convenio colectivo aplicable. La remuneración anunciada tendrá que responder a criterios objetivos y neutros respecto al género.
Se pretende acabar con una práctica habitual en numerosos procesos de selección: anunciar un puesto sin información salarial y reservar la negociación económica para las últimas entrevistas.
La reforma también prohíbe que las empresas y los intermediarios laborales pregunten a los candidatos por su historial retributivo, tanto en empleos anteriores como en su relación laboral actual. Así, una compañía no podrá utilizar el sueldo que percibía un aspirante como referencia para determinar cuánto ofrecerle.
El Ministerio de Trabajo considera especialmente relevante esta prohibición para combatir las desigualdades salariales acumuladas. Cuando una persona arrastra una remuneración inferior a la correspondiente a su experiencia o responsabilidades, utilizar ese dato como punto de partida puede perpetuar la diferencia al cambiar de empresa.
Los anuncios de empleo deberán utilizar, asimismo, denominaciones neutras respecto al género y formatos accesibles para las personas con discapacidad. La obligación de evitar discriminaciones se extiende a los procedimientos de selección que empleen algoritmos o sistemas automatizados.
Las empresas tendrán que justificar las diferencias salariales
La reforma refuerza los registros retributivos que las compañías están obligadas a mantener. Estos documentos deben recoger los salarios medios y medianos de la plantilla, incluidos los del personal directivo, desglosados por sexo y grupos profesionales.
La obligación de mantener un registro afecta a todas las empresas, independientemente de su tamaño. Lo que cambia son las exigencias de información y justificación de determinadas diferencias.
En las compañías con al menos 50 trabajadores, una diferencia salarial media entre hombres y mujeres igual o superior al 25 % exigirá incorporar al registro una justificación de que responde a razones ajenas al sexo.
Para las empresas de 100 o más trabajadores, el umbral se reduce al 5 %. Esto supone un control más exigente sobre las diferencias retributivas y obliga a documentar las circunstancias que puedan explicarlas.
La existencia de una diferencia salarial no significa automáticamente que haya discriminación. La normativa permite retribuciones distintas cuando existen razones objetivas, como las funciones efectivamente desempeñadas o las condiciones del puesto. Lo que exige es que esas diferencias puedan justificarse sin recurrir a criterios discriminatorios.
Las empresas de 50 o más empleados deberán facilitar también información sobre los criterios de progresión salarial, cuando existan. No bastará con conocer cuánto se cobra por un puesto: los trabajadores podrán conocer qué condiciones determinan una subida de sueldo.
Multas de hasta 7.500 euros y sanciones mayores por represalias
El Gobierno ha endurecido el régimen sancionador para obligar a cumplir las nuevas exigencias de transparencia.
La falta de información sobre los elementos esenciales del contrato de trabajo, anteriormente considerada una infracción leve, pasará a calificarse como infracción grave. En la escala general de sanciones laborales, estas conductas pueden castigarse con multas de entre 751 y 7.500 euros, dependiendo de su graduación.
También se consideran graves los incumplimientos de las obligaciones relativas a los registros retributivos, los planes y medidas de igualdad y las comunicaciones a la nueva Comisión para el seguimiento de la transparencia retributiva. La reforma refuerza igualmente las sanciones por incumplir las obligaciones de información en los procesos de contratación.
Las consecuencias pueden ser mayores cuando se producen conductas discriminatorias o represalias contra trabajadores que reclamen sus derechos. La reforma tipifica expresamente como infracción muy grave las decisiones empresariales que supongan un trato desfavorable como reacción a una reclamación laboral, administrativa o judicial.
En estos supuestos, la escala general contempla multas de 7.501 a 225.018 euros. La cuantía dependerá de la conducta sancionada y de las circunstancias que concurran.
La protección no se limita a las reclamaciones salariales. La reforma incorpora expresamente al Estatuto de los Trabajadores el derecho a no sufrir represalias por exigir el cumplimiento de los derechos laborales.
Más derechos sobre contratos, periodos de prueba y vacantes
La nueva regulación aborda también las condiciones laborales transparentes y previsibles. Las empresas deberán informar por escrito de los elementos esenciales de la relación laboral y de sus modificaciones, con independencia de la duración del contrato.
Hasta el momento, la normativa contemplaba una referencia a relaciones laborales superiores a cuatro semanas. La reforma elimina ese límite y extiende las obligaciones informativas también a los contratos de corta duración.
Entre los aspectos que deben quedar claros figuran la remuneración y sus complementos, la jornada, su distribución, las vacaciones y otras condiciones esenciales de la prestación laboral.
Se modifican igualmente los límites del periodo de prueba. Como regla general, no podrá superar seis meses para técnicos titulados ni dos meses para el resto de trabajadores, con particularidades para las empresas de menos de 25 empleados y las excepciones justificadas previstas en convenio colectivo. Los contratos temporales tendrán límites específicos más reducidos.
Otra medida protege a quienes tienen pactadas horas complementarias. Si la empresa cancela total o parcialmente esas horas, el trabajador conservará el derecho a la remuneración correspondiente, aunque finalmente no las realice.
La norma también reconoce el derecho a recibir información sobre vacantes y solicitar el acceso a condiciones laborales más estables. Esto incluye, entre otros supuestos, pasar de un contrato temporal a uno indefinido o de un contrato fijo discontinuo a uno indefinido ordinario.
La empresa deberá responder de manera motivada y por escrito en un plazo general máximo de un mes, ampliado a tres meses cuando tenga diez trabajadores o menos. El derecho a solicitar el cambio no implica que la empresa esté obligada a concederlo.
Cuándo se aplicarán todas las obligaciones de transparencia salarial
El real decreto-ley entrará en vigor el 19 de noviembre de 2026, pero algunas obligaciones de información sobre la brecha salarial se introducirán progresivamente.
Las empresas con 150 o más trabajadores deberán presentar por primera vez la información exigida sobre la brecha retributiva antes del 8 de junio de 2027. En las compañías de entre 50 y 149 empleados, el primer plazo llegará antes del 8 de junio de 2031.
Una vez implantado el sistema, las empresas con 250 o más trabajadores tendrán que facilitar esta información anualmente, mientras que las de entre 50 y 249 lo harán cada tres años.
El objetivo es permitir que las compañías adapten sus procedimientos de registro, valoración de puestos y auditoría retributiva sin retrasar la aplicación general de los nuevos derechos individuales.
El texto también prevé actualizar las herramientas oficiales destinadas a elaborar registros salariales y evaluar puestos de trabajo, así como prestar apoyo técnico y formativo a las pequeñas y medianas empresas.
El salario deja de ser una información exclusivamente empresarial
La reforma supone un cambio importante en la relación entre empresas y trabajadores. No establece que todos deban cobrar exactamente lo mismo ni elimina las diferencias salariales justificadas. Lo que modifica es la obligación de explicar cómo se determinan las retribuciones y de proporcionar información suficiente para comprobar si existe discriminación.
La desigualdad salarial continúa siendo un problema relevante. El propio decreto cita un estudio del Instituto de las Mujeres presentado en 2026 que sitúa la brecha de la ganancia media anual entre hombres y mujeres en España en el 15,74 %, utilizando datos correspondientes a 2023.
Conocer los salarios medios, los complementos y los criterios de progresión profesional puede facilitar la detección de desigualdades que hasta ahora resultaban difíciles de demostrar.
La eficacia de las nuevas obligaciones dependerá, no obstante, de que las empresas faciliten información comprensible y de que los mecanismos de control funcionen. La transparencia salarial no garantiza por sí sola la igualdad retributiva, pero permite identificar diferencias y exigir explicaciones.
Y esa es la novedad principal: el salario deja de ser una cuestión sobre la que la empresa puede reservarse toda la información mientras el trabajador intenta averiguar, casi a ciegas, si recibe una remuneración justa.
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