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Detenido tras ir a casa de su víctima: la pulsera llevaba 25 días rota

Un condenado por violencia de género se presentó en casa de su expareja con la pulsera averiada desde hacía 25 días. Ella avisó a la Policía.

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Detenido tras ir a casa de su víctima

Resumen

  • La Policía detuvo al agresor al presentarse en casa de su expareja
  • Su pulsera antimaltrato llevaba 25 días sin funcionar y no dio la alerta
  • La mujer huyó con sus hijos y avisó a los agentes

La Policía Nacional detuvo en Andalucía a un hombre condenado por violencia de género que se presentó en el domicilio de su expareja pese a tener vigente una orden de alejamiento. El agresor había viajado desde Madrid sin que el sistema de vigilancia telemática advirtiera de sus movimientos. Cuando los agentes comprobaron el dispositivo, descubrieron que la pulsera antimaltrato llevaba 25 días sin funcionar.

Los hechos ocurrieron en agosto de 2026, aunque se han conocido este miércoles 18 de noviembre. Fue la propia víctima quien consiguió avisar a la Policía después de que el hombre apareciera en su vivienda. La intervención permitió detenerlo por quebrantar la orden de alejamiento, mientras que el fallo del dispositivo dejó al descubierto una nueva incidencia en el sistema de protección gestionado por el Ministerio de Igualdad.

El caso adquiere especial gravedad porque la medida judicial estaba concebida precisamente para impedir que el condenado se aproximara a la mujer. El sistema debía permitir detectar una eventual vulneración de la distancia de seguridad, pero no emitió la alerta que habría advertido a las autoridades de su presencia.

La avería se suma a las deficiencias denunciadas durante los últimos meses en el Sistema Cometa, responsable de supervisar el cumplimiento de determinadas órdenes de alejamiento en casos de violencia de género y violencia sexual.

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El agresor viajó desde Madrid hasta Andalucía sin activar ninguna alerta

El detenido tenía antecedentes por violencia de género y estaba sometido a una prohibición judicial de aproximarse a su expareja. Para controlar el cumplimiento de esa medida, llevaba instalado un dispositivo electrónico de localización.

Sin embargo, consiguió desplazarse desde Madrid hasta una localidad andaluza en la que residía la víctima sin que el sistema detectara el quebrantamiento de la orden de alejamiento.

Cuando llegó a la vivienda, el hombre se encontraba en evidente estado de embriaguez. Fue uno de los hijos menores de la mujer quien abrió la puerta.

La víctima reaccionó cogiendo a sus hijos y abandonando rápidamente el domicilio. Después llamó a la Policía Nacional para comunicar lo sucedido.

Los agentes acudieron a la vivienda y procedieron a la detención del hombre. Al revisar el dispositivo de control, comprobaron que acumulaba 25 días de inactividad, circunstancia que explicaría por qué no se había generado ninguna alerta de proximidad.

La información disponible no precisa el origen técnico de la avería ni si el centro de control había detectado previamente la pérdida de funcionamiento. Tampoco consta que la víctima hubiera recibido una advertencia sobre la situación del dispositivo.

Son cuestiones relevantes, porque una incidencia de esta duración plantea dudas sobre los mecanismos de detección de fallos y la activación de medidas alternativas de protección.

Cómo funcionan las pulseras antimaltrato y qué ocurre cuando fallan

Las llamadas pulseras antimaltrato forman parte de un sistema de seguimiento telemático que permite supervisar determinadas prohibiciones judiciales de aproximación.

El condenado lleva un dispositivo electrónico que permite controlar su localización mediante los equipos asociados al sistema. La víctima dispone de un terminal de protección vinculado al servicio.

Cuando se detecta una entrada en la zona de exclusión establecida judicialmente, el sistema puede generar una alerta de proximidad para que intervengan los operadores y las fuerzas de seguridad conforme a los protocolos establecidos.

La tecnología no sustituye una orden de alejamiento ni impide físicamente que alguien la incumpla. Su función consiste en detectar determinadas situaciones de riesgo y facilitar una respuesta policial.

La importancia de detectar una avería a tiempo

Los dispositivos dependen de distintos elementos técnicos, entre ellos la localización GPS, las comunicaciones y el funcionamiento de los equipos.

Las incidencias pueden tener causas diferentes y no todas implican una pérdida completa del servicio. Algunas generan avisos técnicos, mientras que otras pueden afectar a la transmisión de información o a la precisión de la localización.

Por eso, una de las cuestiones esenciales es cuánto tiempo permanece un dispositivo sin funcionar correctamente y qué mecanismos se activan durante ese periodo.

En el caso conocido en Andalucía, los 25 días de inactividad suponen un periodo especialmente prolongado para un dispositivo destinado a vigilar una prohibición de aproximación.

La orden judicial seguía vigente, independientemente de la avería. Su incumplimiento podía constituir un delito aunque el sistema no hubiese detectado automáticamente los movimientos del condenado.

Los fallos en las pulseras antimaltrato continúan pese a las advertencias

El incidente de Andalucía no es el único conocido durante 2026. Agentes de las Unidades de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) han advertido de que los equipos de seguimiento siguen registrando problemas técnicos pese a las actuaciones anunciadas para mejorar su funcionamiento.

Entre las incidencias comunicadas figuran errores de localización, problemas de cobertura, falsas alarmas y situaciones en las que los dispositivos no detectaron correctamente la proximidad de un agresor.

En otro episodio ocurrido en Andalucía, una mujer coincidió con el hombre del que debía mantenerse alejada en una gasolinera. Ambos se encontraban en surtidores contiguos, pero, según el testimonio policial conocido, la alerta de proximidad tampoco se activó.

La Fiscalía General del Estado lleva tiempo advirtiendo de estas deficiencias. Su memoria publicada en septiembre de 2025 puso de manifiesto los problemas derivados del cambio de empresa encargada del sistema y las dificultades para recuperar determinados registros de seguimiento.

Estas incidencias tuvieron también consecuencias judiciales, al dificultar la acreditación de algunos incumplimientos de órdenes de alejamiento.

En septiembre de 2026, el Tribunal de Cuentas volvió a señalar graves deficiencias en la contratación y supervisión del servicio. El organismo insistió en que la calidad de la prestación debe prevalecer cuando está en juego la seguridad de las víctimas.

La Fiscalía Europea investiga la compra de los dispositivos

La controversia sobre las pulseras antimaltrato ha adquirido una nueva dimensión judicial.

El 12 de noviembre de 2026, la Fiscalía Europea dio a conocer nuevas actuaciones dentro de una investigación iniciada en 2025 por un presunto fraude relacionado con fondos comunitarios destinados a la adquisición de estos dispositivos.

Las diligencias se desarrollan desde Madrid con la colaboración de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. La investigación afecta a fondos europeos vinculados al sistema de seguimiento telemático utilizado para controlar medidas cautelares y condenas por violencia de género.

El contrato adjudicado en 2023 a Vodafone y Securitas ascendía a 42,6 millones de euros, de los que aproximadamente 4,6 millones procedían de financiación europea para la adquisición de equipos.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha defendido la correcta utilización de los recursos y ha ofrecido colaboración con las autoridades investigadoras.

La apertura de diligencias no implica que se haya acreditado la existencia de fraude. Tampoco permite establecer, por sí sola, una relación entre las posibles irregularidades económicas y la avería detectada en el caso de Andalucía.

Son procedimientos diferentes, aunque ambos afectan al funcionamiento y la supervisión de un servicio público especialmente sensible.

Más de 1.400 órdenes de alejamiento por debajo de la distancia recomendada

La eficacia de las pulseras también depende de la distancia de alejamiento establecida por los tribunales.

Según datos del Sistema Cometa conocidos el 17 de noviembre, 1.415 expedientes tenían fijadas distancias inferiores a los 350 metros que el Ministerio de Igualdad considera necesarios para favorecer una respuesta adecuada.

El protocolo del sistema recomienda, con carácter general, una distancia de al menos 500 metros, mientras que las especificaciones técnicas del fabricante contemplan un mínimo de 350 metros.

La decisión corresponde en cualquier caso a los jueces, que deben valorar las circunstancias particulares de cada procedimiento.

Una distancia insuficiente puede reducir el margen de actuación policial incluso cuando el dispositivo funciona correctamente. Se trata de un problema distinto al ocurrido con la pulsera averiada durante 25 días, pero ambos muestran la importancia de que las medidas técnicas y judiciales estén coordinadas.

Una orden de alejamiento que dependió de la reacción de la víctima

La detención del hombre en Andalucía permitió actuar frente al incumplimiento de la medida judicial, pero dejó una circunstancia especialmente preocupante: la intervención policial se produjo gracias al aviso de la mujer, no por una alerta automática del dispositivo.

El episodio plantea cuestiones sobre la supervisión de las averías, la comunicación de incidencias a las autoridades judiciales y los procedimientos alternativos cuando un equipo deja de funcionar.

El seguimiento telemático es una herramienta de protección, pero su eficacia depende tanto de la tecnología como de la capacidad de detectar errores y responder ante ellos.

Mientras se esclarecen las circunstancias de este caso, las víctimas de violencia de género pueden solicitar asistencia gratuita y confidencial a través del 016. Ante una situación de peligro inmediato, los teléfonos de emergencia son el 112 y el 091 de la Policía Nacional.

El incidente de Andalucía vuelve a situar el problema en su dimensión más concreta: una mujer protegida por una orden judicial tuvo que abandonar su vivienda con sus hijos y llamar personalmente a la Policía porque el dispositivo destinado a detectar al agresor llevaba 25 días sin funcionar.

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Periodista internacional con más de 20 años de experiencia en radio, prensa y medios digitales. Licenciado en Ciencias de la Comunicación, trabaja entre España e Italia con la mirada puesta en la actualidad.

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