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1.415 pulseras antimaltrato con órdenes de menos de 350 m en España

El último informe de Cometa registra 1.415 órdenes de alejamiento por debajo de 350 metros y reabre el debate sobre la protección de las víctimas.

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pulseras antimaltrato vigilan órdenes

Resumen

  • 1.415 órdenes con pulsera tienen un alejamiento inferior a 350 metros
  • El protocolo oficial recomienda una separación de al menos 500 metros
  • Menos distancia deja menos tiempo de reacción a las fuerzas de seguridad

Un total de 1.415 dispositivos de vigilancia antimaltrato en España están vinculados a órdenes de alejamiento inferiores a los 350 metros, la distancia mínima que el Ministerio de Igualdad y los fabricantes consideran necesaria para facilitar una respuesta policial eficaz. La cifra representa aproximadamente una cuarta parte de los 5.817 expedientes abiertos que recoge el último informe del centro Cometa, encargado de supervisar estos sistemas de protección frente a la violencia machista.

Los datos, conocidos este martes 17 de noviembre de 2026, ponen de manifiesto una diferencia preocupante entre las distancias fijadas por algunos juzgados y las recomendaciones técnicas. El problema no implica necesariamente que las pulseras funcionen mal: una alerta puede activarse correctamente y, aun así, llegar demasiado tarde para impedir una agresión. De hecho, el protocolo oficial de seguimiento telemático recomienda una separación todavía mayor, de al menos 500 metros.

La situación reabre el debate sobre la eficacia de las órdenes de alejamiento cuando su cumplimiento depende de dispositivos electrónicos. Los tribunales establecen las distancias en función de las circunstancias de cada procedimiento, mientras que los responsables del sistema advierten de que reducir excesivamente el perímetro limita la capacidad de intervención.

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Más de 1.400 órdenes de alejamiento no alcanzan los 350 metros

El último informe del centro Cometa ofrece una radiografía de las distancias establecidas en los procedimientos de violencia machista sometidos a vigilancia electrónica.

De los 5.817 expedientes activos, 1.415 presentan distancias por debajo del umbral técnico recomendado de 350 metros. Esto equivale aproximadamente al 24,3 % de los casos.

El desglose permite apreciar hasta qué punto se reduce el margen de protección en determinadas resoluciones judiciales.

Hay 25 dispositivos vinculados a órdenes inferiores a 100 metros, otros 139 con distancias comprendidas entre 100 y 199 metros y 1.251 situados en el tramo de 200 a 350 metros, según los datos del informe divulgados este martes.

También aparecen 43 órdenes con distancias de entre 351 y 399 metros. Por otra parte, 3.935 dispositivos supervisan prohibiciones de aproximación de 500 metros y otros 383 corresponden a distancias superiores.

El dato más delicado es el de las órdenes inferiores a 100 metros. Aunque el sistema detecte una aproximación, el margen disponible para comprobar lo ocurrido, contactar con la mujer y movilizar a los agentes puede resultar insuficiente ante una agresión repentina.

Por qué Igualdad recomienda 350 metros y el protocolo exige 500

En el debate sobre las pulseras antimaltrato conviven dos referencias distintas que conviene diferenciar.

La primera es la de 350 metros, considerada por el Ministerio de Igualdad y por las recomendaciones técnicas del fabricante como la distancia mínima necesaria para favorecer el funcionamiento del sistema y proporcionar un margen razonable de reacción.

La segunda corresponde a los 500 metros recomendados en el protocolo oficial de seguimiento telemático, suscrito por las instituciones implicadas en la protección judicial y policial de las víctimas y actualizado en marzo de 2024.

Este documento establece que, desde el punto de vista de la protección de las mujeres, la distancia aconsejable debe alcanzar al menos esos 500 metros. La Fiscalía General del Estado también recoge este criterio general en sus directrices para los procedimientos judiciales.

No se trata de una prohibición legal absoluta de establecer distancias menores. Son recomendaciones técnicas y operativas que los juzgados deben valorar junto con las circunstancias de cada caso.

La diferencia es importante. Un dispositivo puede seguir registrando movimientos con un alejamiento de 100 o 200 metros, pero su utilidad preventiva disminuye cuando apenas existe tiempo para actuar.

Cómo funcionan las pulseras cuando el agresor se aproxima

El sistema de control telemático permite supervisar el cumplimiento de determinadas prohibiciones de aproximación acordadas judicialmente.

La persona investigada o condenada lleva un dispositivo ajustado a la muñeca o al tobillo, vinculado a un sistema de localización. La víctima dispone de un terminal de comunicación y seguimiento que permite recibir avisos y comunicarse con el servicio de vigilancia.

El centro Cometa funciona las 24 horas del día, recibe las incidencias relacionadas con los dispositivos y gestiona las comunicaciones previstas con las fuerzas de seguridad, los juzgados y la Fiscalía.

Cuando se detecta una entrada en una zona de exclusión, se genera un aviso. Según las circunstancias y el tipo de incidencia, el centro activa el correspondiente procedimiento de comprobación y comunicación.

El objetivo es doble: detectar posibles quebrantamientos de la orden judicial y facilitar una intervención que proteja a la víctima.

Sin embargo, la vigilancia electrónica no equivale a una barrera física. El sistema puede informar de que alguien ha cruzado el perímetro establecido, pero no impide materialmente que continúe avanzando.

Por eso importa tanto la distancia fijada en la resolución judicial.

El ataque de Ibiza que puso en evidencia las distancias insuficientes

El debate adquirió especial relevancia en febrero de 2026, después de una grave agresión machista ocurrida en Ibiza.

Un hombre que tenía una orden de alejamiento vigente y estaba sometido a vigilancia mediante una pulsera electrónica consiguió entrar en el domicilio de su expareja y agredirla. La mujer, de 31 años, sufrió heridas graves y tuvo que ser ingresada en cuidados intensivos. Otros familiares también resultaron heridos.

La orden judicial establecía una distancia de apenas 100 metros.

El Ministerio de Igualdad explicó entonces que el sistema telemático había registrado y transmitido las señales correspondientes. El problema señalado por las autoridades fue el escaso margen de reacción que ofrecía una separación tan reducida.

El centro Cometa ya había solicitado el 8 de enero al juzgado competente que ampliara la distancia de alejamiento a 350 metros.

El caso demostró una limitación fundamental: que la pulsera funcione no garantiza que la Policía pueda llegar antes de que se produzca una agresión. Esa diferencia entre detectar el peligro y disponer de tiempo para neutralizarlo es precisamente lo que pretenden abordar las recomendaciones técnicas.

Los jueces deciden las distancias y el Poder Judicial defiende su autonomía

El Ministerio de Igualdad había trasladado en febrero al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a la Fiscalía General del Estado su preocupación por las órdenes de alejamiento inferiores a 350 metros.

La intención era mejorar la eficacia de los dispositivos y conseguir que las autoridades judiciales tuvieran especialmente presentes sus limitaciones técnicas.

Según el procedimiento habitual, cuando el centro Cometa detecta que una orden establece una distancia demasiado reducida, comunica la circunstancia al órgano judicial y recomienda ampliarla.

Sin embargo, la decisión de modificar el perímetro corresponde al juzgado.

El CGPJ defiende que no es posible imponer instrucciones generales a los jueces sobre las distancias que deben establecer. Cada resolución exige valorar las circunstancias concretas del procedimiento.

Entre esas circunstancias pueden encontrarse la ubicación de los domicilios de las personas implicadas, sus lugares de trabajo o la existencia de espacios que deban compartir por razones justificadas.

El órgano de gobierno de los jueces considera que estas particularidades impiden aplicar automáticamente una misma distancia de alejamiento a todos los procedimientos.

La posición plantea una dificultad evidente: la independencia judicial debe convivir con las condiciones técnicas de un sistema cuya eficacia depende, precisamente, del perímetro establecido.

Igualdad también ha ofrecido formación específica sobre el funcionamiento de las pulseras y sus limitaciones. Según el ministerio, esa formación todavía no se ha materializado con la Fiscalía, mientras que el Poder Judicial ha rechazado ofrecerla a sus jueces en los términos propuestos.

La protección depende del tiempo real de respuesta

La aparición de 1.415 dispositivos asociados a alejamientos inferiores a 350 metros devuelve a primer plano una cuestión que las instituciones conocen desde hace años.

El protocolo oficial ya recomienda 500 metros de separación, y las advertencias sobre las dificultades de trabajar con perímetros reducidos han llegado tanto a los juzgados como a la Fiscalía.

Las distancias tampoco constituyen el único problema. La cobertura de los dispositivos, la precisión de la localización y la gestión de las alarmas pueden influir en la eficacia del seguimiento. En municipios pequeños, por ejemplo, la proximidad de las viviendas puede provocar alertas frecuentes y complicar la supervisión.

La respuesta no pasa necesariamente por retirar los dispositivos, sino por determinar cuándo ofrecen una protección adecuada y cuándo es preciso reforzarla con otras medidas.

Una orden de alejamiento es una decisión judicial de obligado cumplimiento. Una pulsera es una herramienta para vigilar que se respete. Y una alerta constituye el aviso de que puede haberse producido un incumplimiento.

Son tres elementos relacionados, pero ninguno sustituye a los demás.

La cifra conocida este martes deja una realidad difícil de ignorar: en aproximadamente uno de cada cuatro expedientes supervisados por Cometa, la distancia fijada se encuentra por debajo del mínimo técnico de 350 metros.

El problema de fondo es que la distancia de protección determina cuánto tiempo tienen la víctima y las fuerzas de seguridad para reaccionar. Cuando ese margen se reduce demasiado, la tecnología puede detectar el peligro sin disponer de tiempo suficiente para evitar sus consecuencias.

Para las mujeres que se encuentran en una situación de riesgo, el 016 ofrece información y atención especializada las 24 horas. También está disponible el WhatsApp 600 000 016. Ante un peligro inmediato, el teléfono de emergencias es el 112.

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Periodista internacional con más de 20 años de experiencia en radio, prensa y medios digitales. Licenciado en Ciencias de la Comunicación, trabaja entre España e Italia con la mirada puesta en la actualidad.

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