Madrid exige revisar VioGén tras cuatro asesinadas con riesgo bajo

La Comunidad de Madrid ha reclamado al Gobierno central una revisión urgente y en profundidad del sistema VioGén después de constatar que cuatro de las ocho mujeres asesinadas en la región durante el último año figuraban con una valoración de riesgo bajo. El dato, más que incómodo, golpea justo en el centro del mecanismo diseñado para anticipar nuevas agresiones y ajustar la protección policial de las víctimas.

Madrid no cuestiona únicamente la clasificación de esos casos. El Gobierno autonómico pide analizar los cuestionarios utilizados, los algoritmos y los recursos humanos destinados al seguimiento. A esa discusión se suma otra polémica distinta, aunque inevitablemente conectada: los posibles fallos registrados en las pulseras antimaltrato, sobre los que la Comunidad lleva meses reclamando explicaciones.

Cuatro de ocho asesinadas estaban clasificadas con riesgo bajo

El dato que ha reabierto el debate salió de la reunión del Observatorio Regional de la Violencia de Género celebrada el 9 de octubre. Según la Comunidad de Madrid, de las ocho mujeres asesinadas por violencia de género en la región durante el último año, cuatro constaban en VioGén con riesgo bajo.

El sistema mantiene en Madrid 12.851 casos activos, pero únicamente 132 están clasificados actualmente en riesgo alto o extremo, alrededor del 1% del total. Son precisamente esas categorías las que conllevan las medidas policiales de vigilancia más intensas: frecuente y aleatoria en los casos de riesgo alto y permanente cuando el nivel es extremo.

El problema que plantea Madrid no es que una valoración baja equivalga a ausencia de protección. No es así. La cuestión es otra: hasta qué punto el mecanismo está identificando correctamente los casos que pueden evolucionar hacia situaciones de violencia grave o letal. Cuando cuatro víctimas mortales habían quedado encuadradas en una categoría baja, la estadística deja de ser una abstracción administrativa.

Qué hace realmente VioGén y por qué importa la valoración

VioGén funciona desde 2007 y centraliza información policial, judicial, penitenciaria y de otros organismos vinculados con la protección de víctimas de violencia de género. Una de sus piezas centrales es la Valoración Policial del Riesgo, conocida como VPR, que estima la probabilidad de que se produzca una nueva agresión y sirve para graduar las medidas de protección.

Después entra en juego la VPER, la valoración de evolución del riesgo, pensada para actualizar la situación cuando aparecen datos nuevos. El sistema no funciona como una máquina que dicta una sentencia matemática: el resultado debe ser validado por personal especializado y los agentes pueden elevar el nivel de riesgo cuando las circunstancias del caso aconsejen una protección mayor.

Ese matiz importa. Un algoritmo de riesgo no predice el futuro, trabaja con indicadores estadísticos y con la información disponible en ese momento. Si faltan datos, cambian las circunstancias o determinados factores no reciben el peso adecuado, puede producirse una clasificación insuficiente. Los falsos negativos —casos peligrosos clasificados demasiado abajo— son uno de los puntos más delicados de cualquier herramienta de este tipo.

Madrid pide revisar cuestionarios, algoritmos y medios policiales

La consejera madrileña de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, sostiene que es necesario revisar en profundidad los cuestionarios y los algoritmos utilizados para evaluar a las víctimas. El Ejecutivo autonómico también pone el foco en la plantilla disponible y asegura que existe, de media en España, un agente protector por cada cien expedientes.

La petición llega mientras VioGén maneja unas cifras enormes. A 30 de septiembre de 2026, Interior contabilizaba 106.972 casos activos en España: 89.349 en riesgo bajo, 16.470 en riesgo medio, 1.132 en alto y 21 en extremo. Más de la mitad de las mujeres con expedientes activos tenían menores a su cargo.

El volumen ayuda a comprender la dificultad del sistema. Más de cien mil situaciones distintas, relaciones que cambian, amenazas nuevas, quebrantamientos, separaciones, episodios de acoso, menores implicados. Ningún formulario puede convertir ese paisaje humano en una fotografía perfecta. Pero precisamente porque VioGén condiciona parte de la respuesta policial, la calidad de esa valoración resulta decisiva.

Las pulseras antimaltrato son otro sistema distinto

En medio de la polémica aparece con frecuencia una confusión. VioGén y las conocidas como pulseras antimaltrato no son la misma herramienta. VioGén depende del Ministerio del Interior y se utiliza para valorar, coordinar y seguir el riesgo policial. Los dispositivos telemáticos de alejamiento forman parte del sistema Cometa, vinculado al Ministerio de Igualdad, y permiten controlar si un investigado o condenado incumple la distancia impuesta respecto de una víctima.

Ambos mecanismos pueden relacionarse dentro de un mismo caso, pero cumplen funciones diferentes. La pulsera genera información de proximidad y alertas ante determinadas incidencias; VioGén trabaja sobre un conjunto mucho más amplio de datos para ordenar el seguimiento y la protección.

La Comunidad de Madrid comunicó en septiembre de 2025 haber identificado 40 posibles casos de fallos relacionados con estos dispositivos. Seis habían llegado a través de las Oficinas de Asistencia a Víctimas del Delito, 31 mediante la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 y tres a través del servicio 012 Mujer. La palabra importante es “posibles”: esa fue la calificación empleada por el propio Gobierno regional al pedir una auditoría que determinase el alcance real de las incidencias.

El Gobierno defendió el funcionamiento del sistema Cometa

El Ministerio de Igualdad ha mantenido una posición diferente sobre esas incidencias. La ministra Ana Redondo defendió que las víctimas continuaron protegidas y sostuvo que determinados problemas conocidos en 2024 estuvieron relacionados con la migración de datos entre adjudicatarios, una incidencia que afectó a la disponibilidad histórica de información utilizada en algunos procedimientos judiciales, pero no, según el ministerio, al funcionamiento del control de alejamiento.

Igualdad reconoció, no obstante, la existencia de incidencias técnicas y posteriormente puso en marcha investigaciones y mejoras. En enero de 2026 el Gobierno autorizó una nueva contratación del servicio, con un valor estimado máximo de 111,1 millones de euros, incorporando requisitos para reforzar el control de calidad, los planes de contingencia, la seguridad frente a manipulaciones y el acceso a información en tiempo real.

Es decir, el debate no admite una frase cómoda. Madrid ha denunciado fallos y reclama más garantías; Igualdad niega que esas incidencias hayan dejado sin protección a las mujeres y defiende la eficacia general del dispositivo. Entre ambas posiciones quedan los datos técnicos, las auditorías y, sobre todo, unas usuarias para las que una pérdida de cobertura o una alerta no son asuntos informáticos. Son parte de su vida cotidiana.

Cuando “riesgo bajo” no significa riesgo inexistente

Quizá aquí esté la parte más fácil de perder entre siglas. Riesgo bajo no significa riesgo cero. Una mujer incluida en esa categoría sigue formando parte del sistema y puede ser objeto de seguimiento y reevaluaciones. El nivel refleja una estimación realizada con la información disponible, no una garantía de que el agresor no vaya a actuar.

VioGén 2 incorpora herramientas actualizadas, mayor intercambio de información entre organismos y un modelo de evaluación que combina datos estadísticos con criterio profesional. Interior presenta esa evolución como un refuerzo de la capacidad preventiva y recuerda que las valoraciones pueden modificarse cuando aparecen nuevas circunstancias.

Pero los cuatro asesinatos señalados por Madrid colocan sobre la mesa una cuestión inevitable: si un patrón trágico se repite en categorías bajas, hay que estudiarlo. No basta con afirmar que ningún sistema predictivo es infalible. Tampoco sería serio concluir, sin una investigación individual de los expedientes, que VioGén falló necesariamente en los cuatro casos. Entre ambos extremos está el trabajo útil: analizar qué información existía, cómo se ponderó, cuándo se reevaluó el riesgo y qué medidas estaban activadas.

La protección se juega antes de que llegue la alarma

VioGén, las pulseras, los agentes protectores, los juzgados especializados y los servicios de atención forman capas distintas de una misma arquitectura de protección. Una puede fallar sin que necesariamente caigan todas; también puede ocurrir lo contrario: que varios pequeños problemas se acumulen hasta abrir una grieta.

Por eso la reclamación de Madrid tiene una dimensión que va más allá del pulso político entre administraciones. Cuatro mujeres asesinadas que figuraban con riesgo bajo constituyen un dato suficientemente serio para revisar expedientes, herramientas y protocolos sin convertir la discusión en una competición partidista. La tecnología ayuda, ordena información y permite actuar antes. No posee intuición, no conoce el miedo que no se cuenta y tampoco sustituye a quien debe interpretar una amenaza.

La protección eficaz empieza precisamente ahí: en detectar lo que una clasificación puede estar dejando en los márgenes. Porque cuando el sistema etiqueta un caso como bajo, el peligro puede ser menor. Invisible, nunca.