Fiscalía Europea investiga posible fraude en pulseras antimaltrato

La Fiscalía Europea ha abierto una investigación por un posible fraude con fondos de la Unión Europea destinados a la compra de pulseras telemáticas para controlar el cumplimiento de las órdenes de alejamiento en casos de violencia de género. La institución ha confirmado este jueves 12 de noviembre de 2026 que está practicando diligencias en las sedes del Ministerio de Igualdad y del Tribunal de Cuentas.

La investigación, en la que colabora la Guardia Civil, se centra en el uso de dinero comunitario para adquirir estos dispositivos de vigilancia electrónica. La Fiscalía Europea no ha identificado públicamente a los posibles responsables ni ha precisado qué irregularidades concretas está examinando. Tampoco ha comunicado imputaciones o conclusiones sobre la existencia de un delito.

La intervención de la justicia europea abre un nuevo frente sobre un sistema de protección que ya había generado controversia por sus problemas técnicos y por las dificultades para recuperar información utilizada en procedimientos judiciales. Esta vez, sin embargo, el objeto de las pesquisas es distinto: determinar si hubo fraude en la utilización de los fondos europeos.

El Ministerio de Igualdad, responsable del sistema de seguimiento telemático, queda así bajo el escrutinio de una investigación que afecta a uno de los instrumentos empleados para proteger a mujeres víctimas de violencia machista.

Qué investiga exactamente la Fiscalía Europea

La Fiscalía Europea, organismo independiente encargado de perseguir los delitos que perjudican los intereses financieros de la Unión Europea, está examinando posibles irregularidades relacionadas con los recursos comunitarios empleados en la adquisición de los dispositivos.

Las diligencias se están desarrollando en el Ministerio de Igualdad y el Tribunal de Cuentas, con la colaboración de la Guardia Civil. La institución europea ha confirmado la apertura de una investigación, aunque no ha detallado qué documentación se ha solicitado, qué contratos concretos están siendo examinados ni si existen personas formalmente investigadas.

Conviene distinguir dos cuestiones. Una cosa es que la Fiscalía Europea investigue la posible utilización fraudulenta de fondos públicos y otra, muy diferente, que haya demostrado que ese fraude se produjo. La apertura de diligencias no implica una declaración de culpabilidad, ni permite atribuir responsabilidades penales a los responsables políticos o a las empresas adjudicatarias.

Tampoco se ha establecido públicamente que los problemas técnicos de las pulseras detectados anteriormente estén directamente relacionados con el posible fraude financiero. Son asuntos que afectan al mismo sistema de protección, pero cuya conexión deberá acreditarse.

El antecedente: 42,6 millones en el contrato de 2023

La investigación llega después de que el Tribunal de Cuentas examinara la contratación y el seguimiento del servicio de pulseras telemáticas por parte del Ministerio de Igualdad.

En un informe publicado el 23 de septiembre de 2026, el organismo fiscalizador detectó graves deficiencias en la gestión de los contratos correspondientes a 2018, 2021 y 2023.

Los tres contratos analizados sumaban 102,6 millones de euros. De esa cantidad, 42,6 millones correspondían al contrato de 2023, financiado parcialmente con recursos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Estas cifras permiten entender la importancia económica del sistema, aunque no deben confundirse con el importe de un supuesto fraude. La Fiscalía Europea no ha comunicado qué cantidad estaría comprometida en sus investigaciones.

Los 123 requerimientos judiciales sin respuesta

Uno de los problemas más relevantes identificados por el Tribunal de Cuentas estuvo relacionado con el cambio de adjudicataria del servicio.

La gestión del sistema Cometa pasó en octubre de 2023 de Telefónica a la unión temporal de empresas formada por Vodafone España y Securitas Seguridad España. La transición exigía trasladar información histórica imprescindible para comprobar posibles incumplimientos de las órdenes de alejamiento.

El Tribunal de Cuentas constató que las dificultades para acceder a esos registros impidieron responder a 123 requerimientos judiciales pendientes. La situación se prolongó hasta octubre de 2024, cuando Igualdad comenzó a coordinar actuaciones para resolverla tras un requerimiento de la Fiscalía.

No se trata de un simple problema administrativo. Los registros del seguimiento telemático pueden servir como prueba cuando un juzgado debe determinar si una persona ha incumplido una prohibición de aproximación.

La falta de acceso a esa información puede complicar una investigación penal e incluso contribuir, cuando no existen otras pruebas suficientes, al archivo de procedimientos o a resoluciones absolutorias.

Los fallos de las pulseras que ya habían generado alarma

Los problemas no se limitaron a la conservación de los datos.

El Tribunal de Cuentas también identificó interrupciones del servicio, errores de geolocalización, baterías de escasa autonomía y retrasos en las reparaciones. Algunas incidencias de localización permitieron que agresores se acercaran a las víctimas.

El informe consideró que las deficiencias comprometieron la efectividad del sistema durante parte del periodo analizado, aunque señaló que los problemas detectados habían sido resueltos.

También recogió que una auditoría tecnológica externa encargada por Igualdad en noviembre de 2025 había corroborado la existencia de vulnerabilidades críticas en los dispositivos.

El órgano fiscalizador fue especialmente severo con la supervisión administrativa del contrato. Consideró insuficiente el seguimiento realizado por el ministerio y advirtió de que la calidad y la fiabilidad tecnológica debían prevalecer sobre el ahorro económico.

El departamento dirigido por Ana Redondo había defendido anteriormente que las incidencias relacionadas con la migración de datos fueron subsanadas y que las víctimas continuaron protegidas. Sin embargo, los resultados de la fiscalización dejaron constancia de deficiencias importantes en la ejecución y el control del servicio.

Es precisamente ese contexto el que aumenta la relevancia de las nuevas diligencias europeas, aunque los incumplimientos contractuales no constituyen por sí mismos una prueba de fraude penal.

Cómo funcionan las pulseras antimaltrato y por qué son esenciales

Las pulseras telemáticas forman parte de un mecanismo de vigilancia destinado a verificar el cumplimiento de las prohibiciones de aproximación acordadas por los tribunales en casos de violencia de género y violencia sexual.

Su utilización depende de una resolución judicial. La persona investigada o condenada porta un dispositivo electrónico que permite controlar su ubicación, mientras que la víctima puede disponer de un terminal que recibe avisos ante determinadas situaciones de riesgo.

El seguimiento se realiza a través del Centro Cometa, que funciona las 24 horas del día y mantiene comunicación con los órganos judiciales, las fuerzas de seguridad y el Ministerio Fiscal.

El sistema permite detectar posibles entradas en zonas de exclusión, alertar de acercamientos no autorizados y registrar incidencias que pueden resultar relevantes en un procedimiento judicial.

Su utilidad depende de tres elementos inseparables: dispositivos fiables, información disponible y capacidad de respuesta. Cuando uno falla, la protección puede verse debilitada.

Las pulseras no sustituyen las medidas policiales ni garantizan por sí solas que una agresión no pueda producirse. Constituyen una herramienta adicional de prevención y control, especialmente relevante cuando existe una orden judicial de alejamiento que impide al agresor acercarse a la víctima.

Por eso, su contratación no puede valorarse únicamente desde una perspectiva económica. La fiabilidad del servicio afecta directamente a la seguridad de personas que ya se encuentran en una situación de riesgo.

Las responsabilidades y el uso del dinero europeo, pendientes de aclarar

La investigación anunciada el 12 de noviembre introduce una nueva dimensión en la controversia sobre las pulseras antimaltrato: la posible responsabilidad penal por el uso de fondos de la Unión Europea.

Las diligencias deberán esclarecer si existieron irregularidades constitutivas de delito en la adquisición de los dispositivos y, en su caso, quiénes participaron en ellas.

La actuación en las sedes de Igualdad y del Tribunal de Cuentas no significa que ambas instituciones, sus responsables o las empresas proveedoras hayan sido declarados culpables. Tampoco existe, en la información oficial difundida hasta el momento, una conclusión sobre el alcance económico del presunto fraude.

La Fiscalía Europea mantiene las pesquisas abiertas, sin que se hayan comunicado públicamente conclusiones sobre posibles responsabilidades penales.

Mientras tanto, la investigación vuelve a situar bajo examen la gestión pública de un servicio especialmente delicado. El Tribunal de Cuentas ya había documentado problemas de contratación, supervisión y funcionamiento. Corresponde a la Fiscalía determinar si, más allá de esas deficiencias, también se vulneró la legislación penal en la utilización del dinero europeo.

El asunto afecta a algo más que a la correcta administración de unos fondos. La seguridad de las víctimas depende de que las órdenes judiciales puedan vigilarse mediante un sistema fiable, con controles efectivos sobre quienes lo contratan, lo gestionan y lo mantienen en funcionamiento.