España
El Supremo deja sin voto a 113.326 españoles por la ley de nietos
El Supremo mantiene la suspensión del voto a 113.326 nacionalizados por la ley de nietos para el 29-N. Sus hijos sí podrán participar en las urnas.
Resumen
- El Supremo suspende el voto a 113.326 nacionalizados el 29-N
- El INE reduce la cifra tras revisar los registros del censo electoral
- Los hijos de los afectados sí podrán votar si cumplen los requisitos
Un total de 113.326 españoles nacionalizados mediante la conocida como ley de nietos no podrán votar en las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha concretado este martes, 17 de noviembre, el número de afectados por la suspensión cautelar acordada por el Tribunal Supremo, una medida que impide participar en los comicios a quienes obtuvieron la nacionalidad por determinadas vías de la Ley de Memoria Democrática y no han acreditado documentalmente su condición de descendientes de exiliados.
La cifra, comunicada al alto tribunal por la Abogacía del Estado, supone una reducción considerable respecto a los 163.355 nacionalizados identificados inicialmente por el Ministerio de Asuntos Exteriores. La revisión del censo ha permitido excluir a menores de edad, personas que adquirieron la nacionalidad después del cierre censal, registros duplicados y ciudadanos cuya inscripción electoral era anterior a la entrada en vigor de la legislación de 2022. La suspensión afecta al derecho de sufragio, pero no supone la pérdida de la nacionalidad española.
La decisión llega a doce días de unas elecciones generales marcadas por una controversia jurídica de considerable alcance. El Supremo considera necesario garantizar que el censo electoral se ajuste estrictamente a la ley, mientras que el Gobierno y la Fiscalía han defendido que restringir cautelarmente el voto de ciudadanos que ya poseen la nacionalidad española plantea importantes problemas de seguridad jurídica.
En medio de esa discusión hay una realidad bastante más concreta: más de 113.000 ciudadanos quedarán fuera de las urnas, salvo que su situación reúna las condiciones de excepción establecidas judicialmente. Y el tiempo para aclarar los expedientes se agota.
El INE reduce de 163.355 a 113.326 los afectados
El nuevo cálculo procede de un informe de la Oficina del Censo Electoral que la Abogacía del Estado ha trasladado a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Según la documentación presentada, las comprobaciones han sido supervisadas por la Junta Electoral Central.
El punto de partida era un listado de 163.355 personas que habían adquirido la nacionalidad española mediante la denominada ley de nietos. Sin embargo, esa cantidad no representaba necesariamente el número de electores que podían participar en los comicios.
La primera revisión descartó 9.707 registros correspondientes a menores de edad o personas cuya nacionalización se produjo después del 1 de agosto de 2026, fecha de referencia del censo utilizado para estas elecciones. El conjunto quedó reducido a 153.648 personas.
Posteriormente, los técnicos localizaron 117.723 registros en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), que agrupa a los ciudadanos españoles residentes en el extranjero.
La Administración comprobó también que se habían expedido 901 certificados consulares que acreditaban la condición de descendientes de exiliados. De ellos, 729 correspondían a personas incluidas en el CERA, por lo que quedaron fuera del grupo sometido a la suspensión.
Tras descontar esos casos y depurar duplicidades, el recuento se situó en 114.799 electores. Las comprobaciones posteriores excluyeron otros 1.283 registros por contar con una inscripción electoral anterior a la Ley de Memoria Democrática.
Una última revisión, realizada el 11 de noviembre, detectó otros 190 electores inscritos previamente en el censo. Su exclusión ha permitido fijar la cifra definitiva comunicada al Supremo: 113.326 afectados.
Por qué el Supremo ha suspendido el voto de los nacionalizados
El origen del conflicto está en la interpretación de la Ley 20/2022, de Memoria Democrática, aprobada en octubre de 2022. Su disposición adicional octava abrió nuevas posibilidades para adquirir la nacionalidad española a descendientes de españoles que habían abandonado el país, particularmente durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.
La norma contemplaba, entre otros supuestos, a los nacidos fuera de España cuyos padres o abuelos habían sido españoles de origen y habían perdido o renunciado a su nacionalidad como consecuencia del exilio por motivos políticos, ideológicos, de creencia o relacionados con la orientación e identidad sexual.
El conflicto apareció con la instrucción administrativa aprobada el 25 de octubre de 2022 para desarrollar la aplicación de la ley.
La presunción de exilio entre 1936 y 1955
Aquella instrucción estableció una presunción de la condición de exiliado para los españoles que abandonaron el país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955.
Esto facilitaba determinados procedimientos de nacionalización, al permitir aplicar esa presunción sin exigir en todos los casos una prueba individual de los motivos del exilio.
El Tribunal Supremo considera, de manera provisional, que esa interpretación administrativa podría haber ampliado los supuestos previstos por el legislador y permitido incorporar al censo electoral a personas cuya situación no se ajustase a los requisitos legales.
Las formaciones Vox e Iustitia Europa recurrieron esta situación ante la Justicia. El Supremo acordó en septiembre medidas cautelares sobre las inscripciones electorales afectadas y, el 12 de octubre, rechazó levantar la suspensión después de examinar las alegaciones de la Abogacía del Estado.
Para los magistrados que respaldaron la medida, garantizar la regularidad del censo constituye un interés general que debe protegerse mientras se resuelve el litigio.
La decisión, sin embargo, no equivale a una sentencia definitiva que declare ilegales las nacionalizaciones. Lo que permanece suspendido son sus efectos electorales en los supuestos afectados.
Quiénes pueden votar el 29-N pese a la suspensión
La resolución judicial no excluye de las elecciones a todos los españoles que consiguieron la nacionalidad mediante la Ley de Memoria Democrática.
Podrán votar quienes hayan acreditado documentalmente su condición de descendientes de exiliados en los términos exigidos por el Supremo y cuenten con la correspondiente certificación de los registros consulares, siempre que cumplan los demás requisitos electorales.
El informe trasladado al alto tribunal recoge la existencia de 901 certificados expedidos para acreditar esas circunstancias.
También quedan al margen de la restricción las personas cuya inscripción electoral ya existía antes de la entrada en vigor de la ley de 2022, así como quienes adquirieron la nacionalidad por otras vías no afectadas por las medidas cautelares.
Conviene distinguir dos situaciones que pueden parecer idénticas, pero jurídicamente no lo son: haber obtenido válidamente un pasaporte español y estar habilitado para votar en estas elecciones.
La suspensión acordada por el Supremo afecta a la segunda cuestión. Los ciudadanos afectados siguen siendo españoles, aunque su inscripción censal no pueda producir efectos electorales mientras permanezca vigente la medida.
Quienes tengan dudas sobre su situación pueden comprobar su inscripción a través de la Oficina del Censo Electoral y consultar con el consulado correspondiente si disponen de la acreditación exigida. La mera posesión de un pasaporte español no permite determinar, por sí sola, si la suspensión resulta aplicable.
Los hijos de los nacionalizados sí podrán votar
Una de las decisiones más relevantes de las últimas semanas afecta a los descendientes de quienes obtuvieron la nacionalidad mediante la ley de nietos.
El pasado 9 de noviembre, el Tribunal Supremo rechazó extender la suspensión cautelar a los hijos mayores de edad de los nacionalizados, un colectivo formado por aproximadamente 189.678 personas.
Estos ciudadanos también habían accedido a la nacionalidad española a través de una previsión de la Ley de Memoria Democrática, pero por un supuesto distinto al que originó las primeras medidas judiciales.
Vox e Iustitia Europa habían solicitado que la restricción electoral alcanzara también a este grupo.
Aunque el Supremo reconoció que existían cuestiones jurídicas relacionadas con la situación de sus progenitores, consideró que ampliar las medidas a tan pocos días de las elecciones podía comprometer la seguridad jurídica y la estabilidad del procedimiento electoral.
En consecuencia, los hijos mayores de edad podrán participar en las elecciones del 29-N, siempre que cumplan los requisitos ordinarios para ejercer el voto, mientras que parte de sus progenitores tendrán suspendido ese derecho.
La diferencia ha introducido una circunstancia singular: dentro de una misma familia pueden convivir ciudadanos nacionalizados mediante la legislación de memoria democrática con situaciones electorales distintas.
La polémica por los 35.925 registros que no aparecen en el CERA
La revisión del censo ha abierto otro frente de controversia.
Iustitia Europa ha cuestionado que, después de reducir el listado inicial a 153.648 personas, el INE identificase únicamente 117.723 registros en el censo de españoles residentes en el extranjero.
La diferencia es de 35.925 registros cuya situación censal individualizada, según denuncia la formación, no queda suficientemente aclarada en la documentación presentada ante el Supremo.
El partido presidido por Luis María Pardo ha anunciado que solicitará nuevas explicaciones para conocer si algunos ciudadanos pudieron haber pasado del CERA al Censo Electoral de Residentes en España (CER) y comprobar que las medidas cautelares se han aplicado correctamente.
También reclama información sobre el procedimiento utilizado para separar los votos afectados por la suspensión.
La existencia de esa diferencia numérica no demuestra, por sí misma, que haya votos irregulares ni que las personas correspondientes hayan participado indebidamente en el proceso electoral. Para determinarlo sería necesario conocer su situación censal concreta.
La cuestión adquiere especial relevancia por la proximidad de los comicios y por la complejidad administrativa de identificar registros consulares, nacionalizaciones e inscripciones electorales realizadas en momentos diferentes.
Un conflicto sobre el derecho al voto a doce días de las elecciones
La controversia enfrenta dos principios fundamentales del sistema democrático: la integridad del censo electoral y el ejercicio efectivo del derecho de sufragio.
El Supremo ha dado prioridad cautelarmente a la necesidad de verificar que las inscripciones electorales se ajustan a los requisitos legales. El Gobierno y la Fiscalía, por su parte, han defendido la conveniencia de preservar el voto de los ciudadanos afectados ante la dificultad de revisar miles de expedientes durante el periodo electoral.
La proximidad del 29 de noviembre ha terminado por convertir una discusión sobre la interpretación de una disposición legal y su desarrollo administrativo en un problema de participación electoral de primer orden.
El dato comunicado el 17 de noviembre permite delimitar finalmente el alcance de la suspensión: 113.326 españoles nacionalizados por la ley de nietos no podrán votar en las próximas elecciones generales conforme a la situación censal y judicial actualmente vigente.
Lo que todavía no está resuelto es el fondo del litigio sobre la legalidad de la interpretación administrativa que permitió su nacionalización.
Hasta que exista una resolución definitiva, la medida cautelar seguirá condicionando los efectos electorales de las inscripciones afectadas. Y para las elecciones del 29-N, la consecuencia es inmediata: más de cien mil ciudadanos conservan su nacionalidad española, pero no podrán ejercer el voto.
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