España
El Supremo confirma cinco años de prisión a Rus y Benavent por Imelsa
El Tribunal Supremo confirma cinco años de cárcel para Rus, Benavent y Caturla por contratos irregulares en Imelsa y Ciegsa y absuelve a una empleada.
Resumen
- El Supremo ratifica cinco años de cárcel para Alfonso Rus y Marcos Benavent
- Los contratos zombis de Imelsa y Ciegsa motivaron la condena
- Una trabajadora queda absuelta y se reducen las indemnizaciones
El Tribunal Supremo ha confirmado este miércoles, 18 de noviembre de 2026, la condena de cinco años de prisión y 14 años de inhabilitación para empleo o cargo público impuesta a Alfonso Rus, expresidente de la Diputación de Valencia y antiguo dirigente provincial del PP, por las contrataciones irregulares de trabajadores en las empresas públicas Imelsa y Ciegsa.
La misma pena ha quedado ratificada para Marcos Benavent, exgerente de Imelsa y conocido como el yonqui del dinero, y Máximo Guillermo Caturla, antiguo consejero delegado de Ciegsa. Los tres fueron condenados por delitos continuados de malversación, prevaricación y falsedad en una de las piezas del caso Taula, centrada en los llamados trabajadores zombis: personas contratadas con fondos públicos que cobraban sin desempeñar las funciones correspondientes a sus puestos.
La decisión de la Sala de lo Penal confirma en sus aspectos fundamentales la sentencia dictada el 13 de noviembre de 2023 por la Audiencia Provincial de Valencia. Aquel fallo condenó a 19 acusados y absolvió a otros seis. El Supremo rechaza íntegramente siete de los nueve recursos presentados, incluidos los de Rus y Benavent, aunque introduce una absolución que modifica parcialmente las responsabilidades económicas establecidas.
Cinco años de cárcel por contratos irregulares en Imelsa y Ciegsa
La resolución judicial supone un paso decisivo en una de las investigaciones por corrupción política más conocidas de la Comunidad Valenciana. La condena de Alfonso Rus queda firme tras el rechazo de su recurso de casación, lo que abre la fase de ejecución de la pena.
Rus presidió la Diputación de Valencia y dirigió el Partido Popular en la provincia. Su posición institucional resulta especialmente relevante para entender los hechos juzgados, ya que el tribunal considera acreditada su influencia sobre determinadas decisiones de contratación.
En el caso de Benavent y Caturla, el Supremo mantiene igualmente las penas de cinco años de prisión y 14 de inhabilitación. Benavent ya se encontraba en prisión por otra condena relacionada con la misma macrocausa judicial.
La sentencia distingue tres conductas delictivas. La malversación afecta al uso indebido de recursos públicos; la prevaricación, a decisiones administrativas arbitrarias dictadas a sabiendas de su injusticia; y la falsedad, a las irregularidades documentales que sustentaron las operaciones investigadas.
No se trata, por tanto, de una simple discusión sobre la selección de personal. Los tribunales han considerado que existió un sistema de contrataciones contrario a la legalidad que ocasionó un perjuicio a las empresas públicas implicadas.
Qué eran los trabajadores zombis del caso Taula
El término trabajadores zombis se popularizó durante la investigación para describir a empleados que figuraban en las plantillas de organismos públicos y percibían retribuciones sin realizar las tareas correspondientes a sus contratos.
Las irregularidades se produjeron en dos sociedades financiadas con dinero público. Imelsa, oficialmente Impulso Económico Local, dependía de la Diputación de Valencia. Ciegsa, Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, era una empresa autonómica vinculada a la construcción de centros educativos.
Los contratos investigados beneficiaron en distintos casos a personas relacionadas personal o políticamente con dirigentes del PP. Algunas no acudían a sus centros de trabajo, mientras que otras desarrollaban actividades ajenas a las funciones para las que habían sido contratadas.
La Audiencia de Valencia consideró que esas incorporaciones no respondían a necesidades reales de las empresas y que se habían realizado sin respetar los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad exigibles en la selección de personal del sector público.
El Supremo respalda esa valoración y destaca la falta de procedimientos reglados, de una adecuada relación de puestos de trabajo y de mecanismos de control de presencia de determinados empleados.
La influencia de Alfonso Rus en las contrataciones
Uno de los aspectos relevantes de la sentencia es la responsabilidad atribuida a Rus, pese a que no todas las contrataciones fueron formalizadas directamente por él.
El alto tribunal considera probado que el expresidente de la Diputación ejercía una influencia directa sobre quienes tomaban determinadas decisiones, favorecida por sus responsabilidades institucionales y políticas.
Un fichaje vinculado al fútbol de Xàtiva
Entre los casos examinados figura la contratación de Miguel Mullor Doménech, jugador de un equipo de fútbol de Xàtiva presidido por Rus.
El Supremo aprecia pruebas suficientes de la intervención del antiguo dirigente popular en esa incorporación. La relación entre ambos y las circunstancias del nombramiento forman parte de los elementos valorados para confirmar su responsabilidad penal.
Los magistrados destacan que el contratado reconoció durante el juicio que no desempeñaba habitualmente las funciones propias de su puesto.
El tribunal también considera relevante que las irregularidades no constituyeran necesariamente hechos aislados, sino que respondían a un patrón de comportamiento en el funcionamiento de las contrataciones investigadas.
El Supremo absuelve a una trabajadora y reduce la responsabilidad civil
Aunque confirma el núcleo de la condena, el Tribunal Supremo introduce una modificación importante respecto de la sentencia dictada en 2023.
La Sala estima íntegramente el recurso de una trabajadora que había prestado servicios en el Gabinete de Prensa de la Conselleria y en Ciegsa. Tras examinar su situación, concluye que su contratación no puede considerarse irregular y acuerda absolverla.
La decisión tiene consecuencias económicas porque reduce las cantidades que los condenados deben abonar en concepto de responsabilidad civil a favor de Ciegsa. La reducción asciende a 65.438,13 euros.
Esta absolución no altera las penas impuestas a Rus, Benavent y Caturla, pero demuestra que el Supremo ha revisado individualmente las circunstancias de las contrataciones cuestionadas.
Un magistrado discrepa de la condena a Marcos Benavent
La sentencia no ha sido adoptada por unanimidad. Uno de los cinco magistrados de la Sala de lo Penal, Eduardo de Porres, ha formulado un voto particular en el que expresa su desacuerdo con parte de la decisión.
En concreto, considera que debería haberse absuelto a Marcos Benavent y a María Gracia Escrihuela, exdirectora de Recursos Humanos de Imelsa.
El voto particular no modifica el resultado de la sentencia, aprobado por los otros cuatro magistrados, pero refleja la existencia de una discrepancia jurídica sobre la responsabilidad penal de ambos acusados.
La condena de Benavent permanece confirmada. Su situación judicial es especialmente compleja porque acumula procedimientos derivados de distintas piezas del caso Taula, con resoluciones que deben examinarse por separado.
Una condena firme en una de las grandes causas de corrupción valenciana
La resolución del Supremo consolida judicialmente una parte importante del caso Taula, una macroinvestigación que puso bajo sospecha la gestión de empresas y recursos públicos vinculados a instituciones valencianas durante anteriores gobiernos del Partido Popular.
Para Alfonso Rus, la sentencia representa la confirmación de una condena de prisión firme por su intervención en las contrataciones irregulares. La ejecución de la pena corresponde a los órganos judiciales competentes, por lo que la ratificación del fallo no permite determinar por sí sola la fecha de un eventual ingreso en prisión.
El pronunciamiento también establece una distinción fundamental: no todos los empleados investigados participaron necesariamente en contrataciones delictivas, pero sí quedó acreditado un sistema que permitió utilizar recursos públicos para favorecer determinados intereses personales y políticos.
Más allá de los nombres de los condenados, la sentencia señala una cuestión central en la administración del dinero público: la contratación de personal no puede depender de favores, amistades o afinidades partidistas. En Imelsa y Ciegsa, según los hechos considerados probados, esa frontera se traspasó. Y el Supremo acaba de confirmar sus consecuencias penales.
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