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Forestalia llega a Pedraz por presuntas gestiones de Santos Cerdán

El caso Forestalia pasa a manos de Pedraz por presuntas gestiones de Santos Cerdán ante el Gobierno y la reventa millonaria de dos empresas.

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santos cerdán antes del arresto

Foto: PSOE Extremadura / Wikimedia Commons / CC BY 2.0.

Resumen

  • Un juez de Teruel envía el caso Forestalia a la Audiencia Nacional
  • Se investigan presuntas gestiones de Santos Cerdán para obtener permisos
  • Dos sociedades pasaron de 141.000 euros a 6,8 millones tras lograr licencias

El caso Forestalia da un nuevo salto judicial y vuelve a situar a Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, en el centro de una investigación por presuntas irregularidades. Un juez de Teruel ha acordado remitir las diligencias a la Audiencia Nacional tras apreciar conexiones entre la empresa aragonesa de energías renovables y supuestas gestiones realizadas por el exdirigente socialista para favorecer la autorización de proyectos energéticos.

La decisión, conocida este 18 de noviembre de 2026, afecta a una investigación sobre posibles pagos de comisiones, tráfico de influencias y resoluciones administrativas irregulares. El magistrado Juan José Cortés considera que los hechos examinados en Teruel están relacionados con la causa que instruye Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional, conocida como caso Leire.

El traslado no supone que las presuntas irregularidades estén demostradas ni que Cerdán haya sido declarado culpable de ningún delito relacionado con Forestalia. Lo relevante es que el instructor aprecia coincidencias entre personas investigadas, operaciones empresariales y posibles actuaciones ante el Ministerio para la Transición Ecológica. Una conexión que amplía el alcance de las pesquisas sobre la compañía y sus relaciones con antiguos responsables políticos.

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Por qué el juez de Teruel envía el caso Forestalia a la Audiencia Nacional

El magistrado Juan José Cortés ha dictado un auto, fechado el 17 de noviembre, en el que acuerda inhibirse en favor del órgano de la Audiencia Nacional que dirige Santiago Pedraz. La razón principal es que las presuntas irregularidades investigadas en Teruel podrían formar parte de una trama de mayor alcance, con actuaciones vinculadas a organismos de la Administración central y del Gobierno de Aragón.

La investigación se concentra en las autorizaciones medioambientales concedidas a proyectos de energías renovables promovidos por Forestalia. El juez examina si determinadas decisiones administrativas pudieron favorecer a la compañía mediante procedimientos irregulares y posibles contraprestaciones económicas.

Buena parte de las actuaciones bajo sospecha se habrían producido en el Ministerio para la Transición Ecológica, con sede en Madrid, y en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), ubicado en Zaragoza.

El instructor considera que el posible delito de cohecho, uno de los más graves examinados, tendría su principal conexión territorial con Madrid. También aprecia coincidencias entre los investigados y la documentación incorporada a los dos procedimientos judiciales. Por ello, entiende que mantener las causas separadas podría dificultar una investigación conjunta de los hechos.

Las reuniones de Santos Cerdán con el fundador de Forestalia

Uno de los elementos que relacionan al antiguo responsable socialista con la investigación son las reuniones que habría mantenido con Fernando Samper, fundador de Forestalia, en Zaragoza.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil documentó encuentros celebrados el 24 de mayo y el 12 de julio de 2021 en el domicilio del empresario. Según las pesquisas, en ellos participaron Santos Cerdán, el empresario Joseba Antxón Alonso y el exresponsable de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández.

Los investigadores relacionan esas reuniones con proyectos energéticos y operaciones empresariales de Forestalia. Cerdán ocupaba entonces responsabilidades orgánicas en el PSOE, aunque todavía no había accedido a la Secretaría de Organización del partido.

La cuestión que examina la Justicia es si aquellos contactos formaban parte de una actividad de intermediación destinada a obtener decisiones favorables de la Administración.

El auto de Teruel recoge indicios sobre posibles gestiones ante Transición Ecológica para conseguir permisos. Sin embargo, la celebración de reuniones entre políticos y empresarios, por sí sola, no acredita ningún delito. Lo que debe establecerse es si existieron influencias indebidas, contraprestaciones económicas o actuaciones administrativas contrarias a la ley.

De 141.000 euros a 6,8 millones: las operaciones investigadas

El procedimiento incluye una operación empresarial que ha llamado especialmente la atención de los investigadores por la diferencia entre el precio de adquisición de unas sociedades y su posterior venta.

Según las diligencias, Antxón Alonso adquirió en 2022, mediante sociedades bajo su administración, dos empresas vinculadas a proyectos fotovoltaicos de Forestalia por aproximadamente 141.000 euros.

Las operaciones estaban relacionadas con los proyectos solares Masía I y Masía II, situados en los términos municipales turolenses de Puertomingalvo y Linares de Mora.

Después de obtener autorizaciones administrativas, las sociedades fueron revendidas en diciembre de 2024 por aproximadamente 6,8 millones de euros.

La diferencia entre una reventa y una comisión ilegal

La diferencia económica es considerable. Pero el beneficio de una compraventa no constituye automáticamente un indicio suficiente de corrupción: la obtención de licencias puede modificar sustancialmente el valor de un proyecto energético.

Lo que investiga el juzgado es si esas autorizaciones se consiguieron gracias a gestiones irregulares y si parte de los fondos generados por las operaciones pudo servir para realizar pagos a responsables de la Administración.

El instructor apunta a una posible estructura de intermediación en la que participarían empresarios y personas con contactos políticos. La investigación deberá determinar si los movimientos económicos respondían a operaciones mercantiles legítimas o si encubrían comisiones ilegales relacionadas con permisos públicos.

Forestalia y los permisos medioambientales bajo sospecha

El caso afecta también al funcionamiento de los procedimientos administrativos que permiten construir grandes instalaciones de generación eléctrica.

Forestalia, fundada por Fernando Samper, es una de las empresas que han impulsado numerosos proyectos eólicos y fotovoltaicos en Aragón. Entre las iniciativas examinadas judicialmente figura el Clúster del Maestrazgo, uno de los grandes desarrollos eólicos proyectados en España.

Las investigaciones se han centrado en posibles irregularidades durante la evaluación ambiental de estos proyectos. Este procedimiento es fundamental porque determina si una instalación puede recibir autorización atendiendo a su impacto sobre el territorio, los ecosistemas y la población.

Entre los investigados figura Eugenio Domínguez, antiguo subdirector general de Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica.

La Guardia Civil ha examinado sus relaciones con responsables empresariales de Forestalia y las circunstancias en las que se tramitaron determinadas declaraciones de impacto ambiental favorables.

Las pesquisas incluyen posibles tratamientos preferentes, modificaciones de procedimientos y ventajas económicas presuntamente relacionadas con decisiones administrativas.

El alcance del procedimiento va, por tanto, más allá de las relaciones personales de Santos Cerdán. También se investiga si los mecanismos públicos de control ambiental funcionaron correctamente o si determinadas empresas pudieron obtener ventajas frente a otros promotores.

La conexión con Leire Díez y la investigación de Pedraz

La decisión del magistrado de Teruel incorpora un elemento importante: la posible relación de estas operaciones con el entramado conocido como Irurok, vinculado en las investigaciones a Leire Díez, Antxón Alonso y Vicente Fernández.

El juez Santiago Pedraz investiga en el denominado caso Leire una presunta red de influencias que habría intervenido en asuntos empresariales y administrativos, además de actuaciones dirigidas supuestamente a obstaculizar investigaciones judiciales relacionadas con el PSOE y su entorno.

Santos Cerdán figura entre los investigados en ese procedimiento, junto con otras personas vinculadas a la antigua estructura socialista.

El hecho de que algunos nombres aparezcan tanto en las diligencias de Forestalia como en el caso Leire ha contribuido a que el magistrado de Teruel considere que ambas investigaciones están conectadas.

La hipótesis examinada es que existiera una estructura capaz de intermediar ante organismos públicos para favorecer intereses empresariales y obtener beneficios económicos.

Pedraz prorrogó a comienzos de noviembre la instrucción del caso Leire hasta junio de 2027 ante las numerosas diligencias pendientes. La posible incorporación de las actuaciones de Teruel podría aportar nueva documentación sobre las relaciones entre empresarios, intermediarios y responsables públicos.

No obstante, que dos procedimientos compartan investigados o pruebas no significa que todas las personas implicadas hayan participado en los mismos hechos. Las responsabilidades penales deben determinarse individualmente.

La Audiencia Nacional deberá decidir cómo continúa la causa

El auto de inhibición abre una nueva fase procesal, pero el traslado de la investigación todavía no es definitivo.

Santiago Pedraz deberá examinar las diligencias y decidir si acepta asumir las actuaciones remitidas desde Teruel. La resolución también puede ser recurrida, por lo que la competencia judicial aún podría ser objeto de discusión.

Si la Audiencia Nacional incorpora el procedimiento, dispondrá de una investigación más amplia sobre las operaciones vinculadas a Forestalia y sus posibles conexiones con el entorno de Santos Cerdán.

Quedan cuestiones fundamentales por esclarecer: quién promovió las gestiones administrativas, qué responsables públicos intervinieron, si las autorizaciones fueron concedidas conforme a la normativa y cuál fue el destino de los beneficios económicos obtenidos en las operaciones empresariales investigadas.

La presunción de inocencia sigue amparando a todos los investigados mientras no exista una resolución judicial firme que establezca responsabilidades penales.

El movimiento judicial del 18 de noviembre sitúa, en cualquier caso, el caso Forestalia en una dimensión que supera las autorizaciones energéticas de Aragón. La investigación alcanza también las relaciones entre poder político, administración pública e intereses empresariales, con Santos Cerdán nuevamente bajo el escrutinio de la Justicia.

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Periodista internacional con más de 20 años de experiencia en radio, prensa y medios digitales. Licenciado en Ciencias de la Comunicación, trabaja entre España e Italia con la mirada puesta en la actualidad.

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