Mundo
Los dos tribunales de La Haya: a quién juzgan y qué poder real tienen
Los tribunales de La Haya investigan la responsabilidad de países y dirigentes. Los casos de Gaza, Ucrania y Myanmar exponen sus límites reales.
Foto: Fedaro / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0.
Resumen
- La Corte Internacional de Justicia resuelve litigios entre Estados
- La Corte Penal Internacional juzga a personas por los crímenes más graves
- Las dos dependen de los gobiernos para hacer cumplir sus decisiones
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) y la Corte Penal Internacional (CPI) son dos de las instituciones judiciales más importantes del mundo. Ambas tienen su sede en La Haya, Países Bajos, pero sus funciones son muy diferentes: la primera resuelve controversias jurídicas entre Estados y la segunda investiga y juzga a personas acusadas de los crímenes internacionales más graves. Una puede declarar que un país ha incumplido el derecho internacional; la otra puede condenar a prisión a un dirigente político o militar.
Conviene aclarar algo desde el principio: ninguna de las dos es un tribunal europeo en sentido jurídico. Son instituciones internacionales de alcance mundial. La CIJ pertenece a Naciones Unidas, mientras que la CPI es un organismo independiente creado mediante un tratado internacional. Tampoco deben confundirse con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que examina denuncias contra Estados por vulneraciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Su importancia ha aumentado con los conflictos de Ucrania y Gaza, las acusaciones de genocidio contra Myanmar y los procedimientos contra dirigentes políticos y militares. En noviembre de 2026, los tribunales de La Haya siguen ocupándose de algunos de los asuntos más delicados de la política internacional. El verdadero problema aparece después de dictar una resolución: ninguno dispone de una fuerza policial propia capaz de imponer sus decisiones a un Gobierno que se niega a cumplirlas.
La Corte Internacional de Justicia juzga a los Estados
La Corte Internacional de Justicia, conocida también como Tribunal Internacional de Justicia, comenzó a funcionar en 1946. Es el principal órgano judicial de Naciones Unidas y tiene su sede en el Palacio de la Paz de La Haya. Está integrada por 15 jueces elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la ONU para mandatos de nueve años.
Su trabajo consiste en resolver controversias jurídicas entre países y emitir opiniones consultivas sobre cuestiones de derecho internacional planteadas por organismos autorizados de Naciones Unidas. Puede intervenir en conflictos territoriales, interpretación de tratados, responsabilidad internacional, protección diplomática y denuncias de incumplimiento de convenciones internacionales.
Cuando un Estado acusa a otro de vulnerar la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, el tribunal puede determinar si existe responsabilidad internacional del Estado. No juzga personalmente al presidente, al ministro de Defensa o a los generales implicados. Su función consiste en establecer si el país ha incumplido sus obligaciones jurídicas y qué consecuencias se derivan de ello.
La CIJ puede dictar medidas provisionales obligatorias para proteger derechos mientras examina un asunto, así como sentencias definitivas que vinculan a los Estados participantes. También puede establecer obligaciones de reparación cuando procede.
Existe una limitación fundamental: para resolver una controversia entre Estados necesita una base de jurisdicción reconocida por el derecho internacional. Esta puede proceder de un tratado, de declaraciones previas de aceptación de competencia o del consentimiento de las partes. No basta con que un Gobierno denuncie a otro para que el tribunal pueda examinar cualquier conflicto.
Sus opiniones consultivas funcionan de otra manera. No son sentencias obligatorias entre dos partes, pero tienen una considerable autoridad jurídica y pueden orientar decisiones internacionales posteriores.
La Corte Penal Internacional puede condenar a presidentes y generales
La Corte Penal Internacional comenzó a funcionar en 2002, tras la entrada en vigor del Estatuto de Roma, aprobado en 1998. A diferencia de la CIJ, no forma parte de Naciones Unidas, aunque mantiene relaciones institucionales con la organización.
Su misión es exigir responsabilidad penal a personas concretas por cuatro categorías de delitos: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión. Este último está sometido a condiciones de jurisdicción especialmente restrictivas.
Un crimen de guerra puede consistir, por ejemplo, en dirigir deliberadamente ataques contra civiles o emplear determinados métodos de combate prohibidos. Los crímenes de lesa humanidad requieren que los actos formen parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil. El genocidio exige, entre otros elementos, la intención específica de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso.
La CPI no puede perseguir cualquier asesinato ni intervenir automáticamente en todas las guerras. Su competencia está limitada por reglas territoriales, personales y temporales. Generalmente puede actuar cuando los delitos se cometen en el territorio de un Estado parte o por sus nacionales, aunque también existen otras vías, como una remisión del Consejo de Seguridad de la ONU.
Hay otra característica decisiva: el tribunal funciona conforme al principio de complementariedad. La responsabilidad de investigar y juzgar corresponde prioritariamente a los tribunales nacionales. La CPI interviene cuando concurren las condiciones legales para considerar que los Estados competentes no quieren o no pueden llevar a cabo auténticos procedimientos judiciales.
Puede emitir órdenes de detención, celebrar juicios, absolver o condenar a los acusados y establecer reparaciones para las víctimas. Las penas incluyen prisión de hasta 30 años y, excepcionalmente, cadena perpetua.
Pero una orden de detención no equivale a una condena. Los acusados conservan su presunción de inocencia, y la culpabilidad debe demostrarse durante el proceso penal. La CPI tampoco celebra juicios completos contra acusados ausentes: necesita que comparezcan ante ella.
Los casos que han puesto a prueba a la justicia internacional
Los conflictos recientes muestran mejor que cualquier explicación jurídica la diferencia entre las dos instituciones. En algunos procedimientos se investiga la responsabilidad de Estados enteros. En otros se persigue penalmente a determinadas personas, incluso cuando continúan ocupando posiciones de poder.
Myanmar, Gaza y Ucrania ante la Corte Internacional de Justicia
Uno de los casos más relevantes de noviembre de 2026 es el procedimiento presentado por Gambia contra Myanmar por las atrocidades cometidas contra la minoría rohinyá.
Gambia inició el proceso en 2019, acusando a Myanmar de incumplir la Convención sobre el Genocidio a raíz de la campaña militar desarrollada principalmente en 2017. La CIJ ordenó medidas provisionales en enero de 2020 para proteger a la población rohinyá y preservar pruebas. Tras años de procedimiento, fijó para el 19 de noviembre de 2026 la lectura de su sentencia sobre el fondo del asunto.
El caso es especialmente relevante porque puede contribuir a precisar cómo se acredita la responsabilidad de un Estado por genocidio. No se trata de condenar a prisión a los militares responsables, sino de determinar qué obligaciones internacionales incumplió Myanmar y las consecuencias jurídicas correspondientes.
Otro procedimiento de enorme trascendencia es el iniciado por Sudáfrica contra Israel en diciembre de 2023 por presuntas vulneraciones de la Convención sobre el Genocidio en Gaza.
La CIJ adoptó medidas provisionales durante 2024, entre ellas obligaciones relacionadas con la prevención de actos prohibidos por la convención, la protección de la población palestina, la asistencia humanitaria y la conservación de pruebas. En mayo de aquel año también ordenó medidas específicas relacionadas con la ofensiva militar en Rafah. Israel rechaza las acusaciones de genocidio.
Es importante distinguir estas resoluciones de una sentencia definitiva: las medidas provisionales no constituyen una declaración de que Israel haya cometido genocidio. En noviembre de 2026, el procedimiento principal sigue su tramitación.
La CIJ también ha intervenido en la guerra de Ucrania. En marzo de 2022 ordenó a Rusia suspender inmediatamente las operaciones militares iniciadas el 24 de febrero de ese año. Moscú no cumplió aquella orden. El litigio, relacionado con la interpretación de la Convención sobre el Genocidio, ha continuado con nuevas decisiones procesales durante 2026.
La actividad del tribunal no se limita a las guerras. En julio de 2025 emitió una importante opinión consultiva sobre las obligaciones internacionales de los Estados frente al cambio climático, en la que examinó sus deberes de prevenir daños ambientales significativos y proteger el sistema climático.
Putin, Netanyahu, Duterte y los talibanes ante la justicia penal
La CPI ha protagonizado decisiones que afectan directamente a dirigentes políticos y militares.
En marzo de 2023 emitió órdenes de detención contra el presidente ruso, Vladímir Putin, y la responsable rusa de derechos de la infancia, María Lvova-Belova, por su presunta responsabilidad en la deportación y traslado ilegales de menores ucranianos desde territorios ocupados.
Las órdenes no significan que ambos hayan sido condenados. Su ejecución depende de la cooperación de los Estados. En 2024, la CPI declaró que Mongolia había incumplido sus obligaciones al no detener a Putin durante una visita oficial. En marzo de 2026 también constató el incumplimiento de Tayikistán por otra visita del mandatario ruso.
En noviembre de 2024, la CPI ordenó detener al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y al exministro de Defensa Yoav Gallant por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad vinculados a las operaciones militares en Gaza. Israel cuestiona la competencia de la Corte y rechaza las acusaciones.
La diferencia con el procedimiento de Sudáfrica ante la CIJ resulta clara: la CIJ examina la responsabilidad internacional de Israel como Estado, mientras que la CPI investiga posibles responsabilidades penales individuales.
El proceso contra el expresidente filipino Rodrigo Duterte ofrece otro ejemplo. Detenido y trasladado a la CPI en marzo de 2025, se enfrenta a cargos por presuntos crímenes de lesa humanidad relacionados con asesinatos durante la campaña antidroga de Filipinas. En abril de 2026 los jueces confirmaron tres cargos y el comienzo del juicio quedó programado para el 30 de noviembre de 2026.
Afganistán representa un caso más reciente. El 5 de octubre de 2026, la Corte hizo públicas cuatro órdenes de detención emitidas en 2025 contra altos dirigentes talibanes, incluidos Haibatullah Akhundzada y Abdul Hakim Haqqani, por presunta persecución por motivos de género y políticos. Las acusaciones se relacionan con las políticas represivas aplicadas tras el regreso de los talibanes al poder en agosto de 2021.
No todos los procedimientos terminan con acusados prófugos. En diciembre de 2025, la CPI condenó a Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman, conocido como Ali Kushayb, a 20 años de prisión por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Darfur, Sudán. La sentencia supuso una de las decisiones más relevantes sobre los crímenes perpetrados en aquella región, aunque el procedimiento ha continuado en fase de recursos.
Estos expedientes muestran las dos caras de la justicia penal internacional: las órdenes de detención contra dirigentes difíciles de arrestar y los juicios que efectivamente llegan a celebrarse.
El gran obstáculo: las sentencias necesitan cooperación política
La principal debilidad de ambas instituciones es conocida: pueden dictar resoluciones, pero carecen de medios propios para imponerlas por la fuerza.
La Corte Internacional de Justicia emite decisiones obligatorias para los Estados afectados, pero no dispone de una policía internacional. El artículo 94 de la Carta de Naciones Unidas contempla la posibilidad de acudir al Consejo de Seguridad cuando un Estado incumple una sentencia.
Esa solución tiene un problema evidente. Los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad —Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido— disponen de poder de veto en las decisiones sustantivas. La intervención política puede quedar bloqueada precisamente cuando uno de esos países, o un aliado suyo, está implicado.
La CPI afronta dificultades parecidas. Cuando emite una orden de detención, necesita que los Estados cooperen para ejecutarla. Los países miembros del Estatuto de Roma tienen obligaciones de colaboración, pero no todos las cumplen. Tampoco puede obligar por sí sola a un Gobierno a entregar a un dirigente buscado.
Esto ayuda a explicar por qué algunas órdenes permanecen pendientes durante años. Omar al Bashir, expresidente de Sudán, es uno de los ejemplos históricos más conocidos: fue reclamado por la CPI desde 2009 y durante años pudo viajar a determinados países sin ser entregado al tribunal.
La falta de cooperación no significa, sin embargo, que todas las decisiones sean inútiles. Una orden internacional de detención puede restringir los desplazamientos de un acusado, complicar sus relaciones diplomáticas y mantener abierta la posibilidad de un juicio cuando cambian las circunstancias políticas.
Las condenas también tienen consecuencias concretas. La pena impuesta a Ali Kushayb demuestra que la Corte puede llegar a juzgar y castigar delitos cometidos muchos años antes. Los procedimientos permiten igualmente escuchar a las víctimas, establecer hechos probados y, cuando procede, ordenar reparaciones.
La CIJ cuenta con antecedentes importantes. En 2007 determinó que Serbia había incumplido su obligación de prevenir el genocidio de Srebrenica y de cooperar plenamente en el castigo de los responsables. Aunque no consideró al Estado serbio directamente responsable de cometer aquel genocidio, la sentencia estableció consecuencias jurídicas de considerable alcance.
También existen fracasos difíciles de disimular. La orden de 2022 para que Rusia suspendiera sus operaciones militares en Ucrania no consiguió detener la guerra. Una resolución judicial, por sí sola, no neutraliza a un Ejército ni obliga a un Gobierno poderoso a modificar su política.
Una justicia necesaria que sigue dependiendo de los gobiernos
La Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional nacieron para afrontar un problema que durante siglos parecía imposible de resolver: someter a reglas jurídicas a quienes ejercen el poder político y militar, incluso cuando actúan más allá de sus fronteras.
Su existencia ha cambiado el tratamiento internacional de las atrocidades. Un jefe de Estado puede ser investigado por crímenes de guerra, un país puede responder judicialmente por incumplir la Convención sobre el Genocidio y las víctimas pueden participar en procedimientos que antes ni siquiera existían.
Pero conviene no confundir sus funciones. La justicia internacional no equivale a un Gobierno mundial. Sus tribunales tienen competencias delimitadas, necesitan pruebas, deben respetar garantías procesales y dependen de la colaboración de los Estados para ejecutar buena parte de sus decisiones.
La diferencia entre tener una orden de detención y conseguir que un acusado comparezca ante los jueces puede ser enorme. Lo mismo sucede entre obtener una sentencia favorable y lograr que un Estado modifique su conducta. La distancia entre una decisión judicial y su cumplimiento efectivo continúa siendo uno de los grandes problemas del derecho internacional.
La respuesta sobre su utilidad no es, por tanto, un sí incondicional ni un no absoluto. Sirven para determinar responsabilidades, juzgar a personas, castigar determinados crímenes y establecer obligaciones jurídicas. Su eficacia inmediata, sin embargo, sigue siendo desigual.
Los casos de Myanmar, Gaza, Ucrania, Filipinas, Afganistán y Sudán muestran tanto sus posibilidades como sus limitaciones. La Haya puede establecer lo que exige el derecho internacional. Conseguir que los gobiernos obedezcan continúa siendo, en buena medida, una cuestión de voluntad política.
-
NaturalezaTerremotos en España el 19 de noviembre: cinco seísmos de hasta 2,9
-
NaturalezaIncendios en España el 19 de noviembre: focos detectados y avisos
-
NaturalezaEmbalses en España, 19 de noviembre: suben al 57 % tras seis meses
-
EspañaFeijóo señala a Gamarra por las reuniones del abogado del PP con Koldo
-
EconomíaHuelga del transporte el 23 y 24 de diciembre: autobuses y camiones
-
CulturaUn Van Gogh bate récord al venderse por 190,4 millones en Nueva York
-
TecnologíaJava4Shell: el fallo crítico de Java que expone servidores de empresas
-
EspañaEl Supremo ratifica que los hijos de los nietos podrán votar el 29N
-
MundoIsrael cruza la línea amarilla de Gaza con tanques y ordena evacuar
-
CulturaLos juegos del hambre: Amanecer en la cosecha llega el 20 de noviembre
-
EconomíaFallece Emilio del Barrio, presidente del grupo Forty de Alicante
-
EspañaVox borra un vídeo de Figaredo tras la polémica por falsos autónomos