España
El Supremo ratifica que los hijos de los nietos podrán votar el 29N
Unos 190.000 hijos de nacionalizados por la ley de nietos podrán votar el 29N. El Supremo mantiene la suspensión para parte de sus progenitores.
Foto: Javier Pérez Montes / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0.
Resumen
- Los hijos de los nacionalizados por la ley de nietos podrán votar el 29N
- Sus padres siguen afectados por la suspensión cautelar del Supremo
- El voto presencial en los consulados será del 21 al 26 de noviembre
Los hijos mayores de edad de los nacionalizados por la ley de nietos sí podrán votar en las elecciones generales del 29 de noviembre. El Tribunal Supremo ha confirmado este miércoles, 18 de noviembre, que no extenderá a este colectivo la suspensión cautelar del derecho al voto que mantiene para parte de sus progenitores. La decisión afecta a un grupo de alrededor de 190.000 españoles residentes en el extranjero.
La explicación es importante porque las sucesivas resoluciones judiciales han generado una considerable confusión. El Supremo no ha devuelto el voto a los padres ni ha cambiado de criterio sobre su situación. Lo que ha hecho es rechazar, por segunda vez, que la suspensión se aplique también a sus hijos. La proximidad de las elecciones y la dificultad de modificar el censo a estas alturas han sido determinantes.
La resolución desestima por mayoría un recurso de reposición presentado por Vox contra la decisión del pasado 9 de noviembre, cuando el alto tribunal ya había rechazado las medidas cautelares solicitadas por esa formación y por Iustitia Europa. El nuevo auto cuenta con un voto particular discrepante y otro concurrente.
El resultado es una situación poco habitual: dos generaciones de una misma familia pueden encontrarse ante derechos electorales distintos, aunque ambas hayan obtenido legalmente la nacionalidad española.
No ha cambiado el criterio: se trata de dos grupos distintos
Para entender lo ocurrido hay que retroceder al 10 de septiembre de 2026. Ese día, el Tribunal Supremo acordó suspender cautelarmente los efectos electorales de determinadas inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), correspondientes a personas que habían obtenido la nacionalidad mediante la conocida como ley de nietos.
El tribunal consideraba que existían dudas jurídicas sobre la interpretación administrativa utilizada para conceder algunas nacionalidades y sus consecuencias sobre la composición del censo electoral.
La medida fue ratificada el 12 de octubre, cuando las elecciones del 29 de noviembre ya estaban convocadas. Se mantuvo una excepción para quienes pudieran acreditar, mediante certificación consular, que habían obtenido la nacionalidad justificando documentalmente su descendencia de españoles exiliados por los motivos previstos en la ley.
Pero aquella suspensión no comprendía expresamente a los hijos mayores de edad de esos nacionalizados, que habían accedido a la nacionalidad por un apartado diferente de la misma legislación.
Vox e Iustitia Europa solicitaron posteriormente que la restricción se ampliara también a estos descendientes. El Supremo rechazó esa petición el 9 de noviembre y ha confirmado su negativa el día 18.
Por tanto, no se ha pasado de prohibir votar a los hijos a permitirles hacerlo. Los hijos no estaban incluidos en la suspensión original, y el tribunal ha decidido no ampliar su alcance.
La instrucción de 2022 que originó el conflicto electoral
La llamada ley de nietos no es una norma independiente, sino una disposición de la Ley de Memoria Democrática de 2022 que permitió acceder a la nacionalidad española a determinados descendientes de españoles, incluidos los hijos y nietos de personas exiliadas por motivos políticos, ideológicos, de creencias o de orientación e identidad sexual.
El problema surgió con una instrucción del Ministerio de Justicia, aprobada el 25 de octubre de 2022, que estableció una interpretación más amplia de los requisitos.
Esa instrucción presumía la condición de exiliados de los españoles que habían salido del país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, sin exigir en todos esos supuestos una acreditación individual de los motivos de la salida.
El Supremo cuestiona que esa interpretación administrativa se ajuste al contenido de la ley. Considera que podría haber permitido incorporar al censo electoral a personas cuya nacionalización no cumpliera los requisitos legales en los términos exigidos por el tribunal.
La controversia llegó a los tribunales después de que Vox e Iustitia Europa recurrieran un acuerdo de la Junta Electoral Central del 16 de julio de 2026 relacionado con esa interpretación.
Conviene precisar algo fundamental: el procedimiento no ha supuesto la anulación general de las nacionalidades concedidas. La medida cautelar afecta al ejercicio del voto de un grupo determinado de electores residentes en el extranjero, mientras se resuelve el litigio principal.
Por qué el Supremo permite votar a los hijos a pesar de las dudas
La respuesta está, principalmente, en el calendario electoral.
Cuando el Supremo acordó la suspensión inicial, en septiembre, todavía no se habían convocado las elecciones generales. Había margen para adoptar medidas de revisión del censo.
La petición de extender la suspensión a los hijos llegó en otra situación: con el proceso electoral avanzado, la documentación en distribución y los consulados preparando la recepción del voto exterior.
Los magistrados consideran que iniciar una nueva revisión del Censo Electoral de Residentes Ausentes a tan pocos días de los comicios podría comprometer la seguridad jurídica y la estabilidad del proceso.
El tribunal también advierte de las dificultades prácticas de identificar a los afectados, ofrecerles las garantías necesarias para defenderse y ejecutar una eventual suspensión antes de las votaciones.
Hay una contradicción aparente que el propio Supremo reconoce. Si se cuestiona la inscripción electoral de los progenitores, podría resultar necesario examinar también la de sus hijos. Sin embargo, la posibilidad de revisar jurídicamente esas inscripciones no equivale a poder suspender sus efectos de forma inmediata.
La mayoría de la Sala ha optado por no adoptar esa nueva medida cautelar.
La decisión no ha sido unánime. El magistrado Antonio Jesús Fonseca-Herrero ha defendido que también debía suspenderse el voto de los hijos, mientras que Alicia Millán ha coincidido con la decisión mayoritaria, aunque no con toda su argumentación.
Quiénes pueden votar el 29N y quiénes siguen afectados
La distinción que deben tener en cuenta los electores es la siguiente.
Los hijos mayores de edad de los nacionalizados por las vías comprendidas en el apartado correspondiente de la Ley de Memoria Democrática podrán participar en las elecciones del 29 de noviembre si cumplen los requisitos electorales ordinarios y figuran en el censo aplicable.
El grupo examinado por el Supremo comprende 189.678 inscripciones en el censo exterior. Esa cifra incluye también a hijos de personas nacionalizadas mediante la legislación de memoria histórica de 2007, por lo que no todos los casos responden exactamente a la misma situación familiar.
En cambio, los progenitores afectados por la suspensión cautelar siguen sin poder ejercer el voto en estas elecciones, salvo las excepciones reconocidas judicialmente.
La cifra de personas afectadas también ha cambiado, pero por una razón distinta.
De 163.355 registros a 113.326 electores afectados
El 17 de noviembre, la Abogacía del Estado comunicó al Supremo que, tras las comprobaciones del Instituto Nacional de Estadística y de la Oficina del Censo Electoral, la suspensión afectará finalmente a 113.326 electores.
El cálculo inicial partía de 163.355 registros. La revisión excluyó menores de edad, personas nacionalizadas después de la fecha de referencia del censo, registros duplicados, electores que ya estaban inscritos antes de la entrada en vigor de la ley y aquellos que reunían las condiciones para quedar exceptuados de la suspensión.
Entre los expedientes examinados, Exteriores había identificado 901 personas con acreditación de su condición de descendientes de exiliados, de las que 729 figuraban en el CERA.
La reducción a 113.326 afectados no significa que el Supremo haya levantado parcialmente la suspensión. Responde a una depuración de los datos para identificar a quienes realmente alcanza la medida.
También importa dónde reside el elector. La suspensión judicial se refiere a determinados inscritos en el CERA, correspondiente a españoles residentes permanentemente en el extranjero. No se ha extendido de manera general a los nacionalizados inscritos en el censo electoral de residentes en España.
Qué debes hacer si obtuviste la nacionalidad por la ley de nietos
La primera comprobación es determinar por qué vía obtuviste la nacionalidad española y si tu inscripción electoral está afectada por alguna de las resoluciones judiciales.
Si eres hijo mayor de edad de una persona nacionalizada mediante la ley de nietos y obtuviste posteriormente la nacionalidad por la vía correspondiente a los descendientes, la decisión del Supremo permite que participes en el 29N, siempre que figures correctamente inscrito en el censo electoral vigente.
En principio, no necesitas solicitar una autorización judicial especial para votar por pertenecer a este colectivo.
Si perteneces al grupo de progenitores afectado por la suspensión, la situación es diferente. Debes consultar con tu consulado si tu expediente está comprendido en la medida y si existe una certificación que permita acreditar que, cuando obtuviste la nacionalidad, justificaste documentalmente la condición de descendiente de exiliados exigida por el tribunal.
No basta con disponer de un pasaporte español ni con haber recibido la documentación electoral. La Junta Electoral Central acordó remitirla a los inscritos en el CERA, pero advirtió expresamente de que recibir las papeletas no garantizaba que el voto pudiera contabilizarse si el elector estaba afectado por la suspensión.
Los consulados y las juntas electorales deben aplicar el censo depurado. Los votos de personas excluidas por la medida judicial se mantienen separados y no se incorporan al escrutinio como votos válidos mientras continúe vigente la suspensión.
Los plazos para votar desde el extranjero
Para los españoles inscritos en el CERA que conservan su derecho de sufragio, el calendario del 29N establece varias fechas importantes.
El voto presencial en embajadas, consulados y centros habilitados podrá depositarse entre el 21 y el 26 de noviembre, ambos incluidos. Cada oficina consular fija los horarios y lugares correspondientes.
Quienes prefieran votar por correo desde su país de residencia podrán remitir su documentación electoral a la oficina consular hasta el 24 de noviembre, siguiendo las instrucciones oficiales.
Los electores del CERA que se encuentren temporalmente en España tienen hasta el 19 de noviembre para solicitar el voto por correo y, una vez recibida la documentación, hasta el 25 de noviembre para enviarlo.
Para votar desde el extranjero no es necesario solicitar previamente las papeletas mediante el antiguo sistema de voto rogado. La documentación se remite de oficio a los inscritos.
Si no has recibido los documentos, tienes dudas sobre tu inscripción o desconoces si la suspensión te afecta, lo adecuado es consultar directamente con la oficina consular y la Oficina del Censo Electoral, antes de acudir a depositar el voto.
Una misma familia ante dos situaciones electorales distintas
La resolución del 18 de noviembre aclara la participación de los hijos de los nacionalizados en las elecciones generales, pero no pone fin al conflicto judicial sobre la ley de nietos.
La cuestión de fondo continúa siendo si la interpretación administrativa de 2022 respetó los requisitos establecidos por el legislador y qué consecuencias deben tener las eventuales irregularidades sobre el censo electoral.
El Supremo deberá pronunciarse sobre esa controversia en el procedimiento principal. La decisión actual sobre los hijos es cautelar y no constituye una sentencia definitiva sobre la legalidad de todas las nacionalizaciones cuestionadas.
Para el 29 de noviembre, sin embargo, la distinción queda establecida: los hijos comprendidos en la resolución podrán votar si reúnen los requisitos electorales, mientras que los progenitores incluidos en la suspensión seguirán afectados por ella.
Es una situación jurídicamente compleja y difícil de explicar a quienes la padecen. Dos españoles de una misma familia, con la nacionalidad reconocida por el Estado, pueden encontrarse con respuestas diferentes cuando intentan ejercer el voto.
El Supremo ha decidido no ampliar esa diferencia a una segunda generación. La controversia sobre la primera sigue sin resolverse definitivamente.
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