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La Sareb impulsa el desahucio de un centro con 60 usuarios en Sevilla

La Sareb impulsa el desahucio de una residencia de Cantillana que atiende a 60 personas con discapacidad. La fundación busca comprar el edificio.

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desahucio de un centro con 60 usuarios

Resumen

  • La Sareb promueve el desahucio de una residencia de Cantillana
  • El centro atiende a 60 personas con discapacidad intelectual
  • El juicio será el 30 de noviembre y el desalojo se prevé para enero

La Sareb, la sociedad bajo control público creada para gestionar los activos inmobiliarios de la crisis financiera, promueve el desahucio de la residencia San Sebastián de Cantillana (Sevilla), un centro que atiende a 60 personas con discapacidad intelectual y alteraciones de conducta. La Fundación SAMU, responsable de su gestión desde 2010, denuncia que el procedimiento amenaza la continuidad de la atención especializada que reciben los residentes.

El conflicto tiene dos fechas decisivas: el juicio está previsto para el 30 de noviembre de 2026 y el lanzamiento para el 12 de enero de 2027, según la entidad gestora. La Sareb reclama recuperar el inmueble después de la expiración del contrato de alquiler. La fundación, por su parte, asegura que ha intentado comprar el edificio en varias ocasiones, sin obtener una respuesta que permita resolver la situación.

No se trata de un edificio residencial convencional. Es un centro concertado con la Junta de Andalucía, donde viven personas que necesitan apoyos especializados y una atención continuada. Su posible desalojo plantea un problema que va más allá de la propiedad del inmueble: cómo garantizar que sus usuarios mantengan los cuidados y la estabilidad que necesitan.

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La Sareb reclama el edificio y el juicio será el 30 de noviembre

El procedimiento judicial tiene su origen en una demanda de desahucio por expiración del contrato de arrendamiento presentada por la Sareb en 2025. La sociedad pretende recuperar la posesión del inmueble, mientras que la Fundación SAMU defiende la continuidad de su actividad asistencial.

La organización sostiene que ha trasladado al juzgado las circunstancias particulares del centro y las consecuencias que podría tener su cierre. Sus responsables anuncian que agotarán las vías judiciales disponibles para impedir el lanzamiento.

La fecha señalada para el desalojo es el 12 de enero de 2027, aunque su ejecución dependerá de la evolución del procedimiento y de las decisiones judiciales que puedan adoptarse. Por el momento, no se ha comunicado una solución definitiva que garantice la permanencia de los residentes.

Un conflicto inmobiliario que comenzó hace más de diez años

La residencia San Sebastián comenzó a funcionar en 2010. Inicialmente, la Fundación SAMU alquiló el edificio a la empresa que lo había construido, pero la situación cambió en 2015, cuando el inmueble pasó a manos de la Sareb.

La entidad gestora explica que entonces se produjo un primer intento de desalojo, aunque consiguió mantener el arrendamiento y continuar prestando sus servicios.

Desde entonces, la fundación ha buscado una solución estable que permita conservar el edificio para su actual finalidad asistencial. Sin embargo, el vencimiento del contrato ha desembocado en un nuevo conflicto judicial.

La Fundación SAMU quiere comprar el inmueble

Uno de los aspectos más controvertidos del caso es que, según la fundación, el edificio se encuentra a la venta y la propia organización ha manifestado reiteradamente su disposición a adquirirlo.

SAMU asegura que el inmueble incluso ha aparecido anunciado en portales inmobiliarios, mientras sus propuestas de compra no han prosperado.

Tras recibir la demanda judicial a finales de septiembre, la entidad volvió a contactar con la Sareb por medio de sus abogados para reiterar su interés en la adquisición. Según su versión, tampoco obtuvo respuesta a esta última iniciativa.

La fundación considera difícil justificar que se mantenga el procedimiento de desahucio cuando existe una entidad dispuesta a comprar el inmueble y conservar su uso social.

Conviene distinguir, no obstante, dos cuestiones: la expiración del contrato de alquiler y la negociación de una posible compraventa. La voluntad de adquirir el edificio no suspende automáticamente el desahucio ni obliga por sí sola al propietario a aceptar una oferta.

Sesenta personas dependen de la continuidad de la residencia

La residencia San Sebastián dispone de 60 plazas de atención especializada para personas con discapacidad intelectual y alteraciones de conducta. Entre sus recursos figura una unidad específica destinada a usuarios con trastornos del espectro autista.

Su actividad combina la atención individualizada, el acompañamiento cotidiano, las actividades socioeducativas y los programas destinados a favorecer la autonomía personal y social.

En este tipo de centros, la estabilidad del entorno y la continuidad de los profesionales constituyen elementos importantes de los cuidados. Un traslado puede exigir adaptaciones específicas, especialmente cuando existen grandes necesidades de apoyo o dificultades para afrontar cambios de residencia.

Por eso, el posible desalojo no equivale simplemente a cambiar de edificio. Su ejecución obligaría a resolver dónde continuarían viviendo las personas afectadas, qué recursos asistenciales estarían disponibles y cómo se garantizaría la continuidad de los tratamientos y apoyos.

La fundación insiste en que cualquier decisión sobre el inmueble debe tener en cuenta la situación de los usuarios y sus vínculos con el entorno residencial.

El procedimiento judicial no significa que las 60 personas hayan sido desalojadas ni que el servicio haya dejado de funcionar. Lo que existe es un riesgo para su continuidad si no se alcanza una solución antes de la fecha prevista.

Por qué la Sareb está en el centro de la polémica

La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, conocida como Sareb o «banco malo», nació en 2012 para administrar préstamos e inmuebles problemáticos procedentes de entidades financieras afectadas por la crisis.

Su cometido original consistía en gestionar y vender esos activos para recuperar parte de su valor y reducir el coste de la reestructuración bancaria.

Sin embargo, su naturaleza ha cambiado. La sociedad pasó a estar bajo control público y su deuda tiene consecuencias para las cuentas del Estado. Paralelamente, las políticas de vivienda han incorporado objetivos relacionados con el aprovechamiento social de determinados inmuebles de su cartera.

Esa condición pública introduce una dimensión particular en el conflicto de Cantillana. La fundación cuestiona que una sociedad controlada por el Estado promueva el desalojo de un centro dedicado a personas especialmente vulnerables sin alcanzar antes una solución negociada.

La controversia enfrenta dos intereses que no tienen por qué ser incompatibles: la recuperación de un inmueble cuyo arrendamiento ha vencido y la continuidad de un servicio asistencial de interés social.

La Sareb puede reclamar judicialmente la posesión de un edificio cuando considera extinguido su contrato. Otra cuestión es si una entidad bajo control público debe explorar otras alternativas antes de llegar al lanzamiento, especialmente cuando existe una propuesta de compra de la organización que lo utiliza.

La alcaldesa de Cantillana pide una negociación urgente

El conflicto también ha provocado una reacción institucional en el municipio sevillano.

La alcaldesa de Cantillana, Rocío Campos, ha reclamado una solución urgente y ha pedido a la Sareb que abra una negociación efectiva con la Fundación SAMU para evitar consecuencias sobre los 60 usuarios.

La intervención municipal añade presión para buscar un acuerdo antes del juicio. Pero la continuidad de la atención también afecta a otras administraciones.

La Junta de Andalucía, que mantiene el concierto asistencial con la entidad gestora, desempeña un papel importante en la garantía de los servicios prestados a estas personas. Si finalmente resultara necesario abandonar el inmueble, habría que articular una alternativa residencial y asistencial adecuada.

La Fundación SAMU reclama la implicación de las administraciones competentes y mantiene su disposición tanto a adquirir el edificio como a estudiar otras soluciones que permitan conservar la actividad.

También se plantea la posibilidad de invocar medidas legales de protección frente a desahucios. No obstante, su aplicación a una residencia asistencial no puede darse por supuesta, pues depende de la naturaleza del contrato, de las circunstancias acreditadas y de la interpretación judicial de las normas vigentes.

El futuro de la residencia depende de un acuerdo o del juzgado

El caso de Cantillana sigue abierto. La Sareb pretende recuperar un inmueble cuyo contrato de arrendamiento considera extinguido, mientras que la Fundación SAMU busca mantener un servicio que lleva más de quince años atendiendo a personas con discapacidad.

La posibilidad de una compraventa ofrece una salida que la entidad gestora considera viable, aunque no consta que se haya alcanzado un acuerdo sobre sus condiciones.

El 30 de noviembre será la primera fecha determinante. El juicio permitirá examinar la reclamación de la Sareb y los argumentos que presente la fundación para intentar evitar el desalojo.

Si el procedimiento continúa, el 12 de enero de 2027 será la siguiente fecha crítica.

Entretanto, los 60 residentes continúan siendo el elemento central de un conflicto que exige algo más que resolver quién tiene derecho a ocupar un edificio. La cuestión es garantizar que, cualquiera que sea el resultado judicial, unas personas con importantes necesidades de apoyo no pierdan la continuidad de sus cuidados por una disputa inmobiliaria.

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Periodista internacional con más de 20 años de experiencia en radio, prensa y medios digitales. Licenciado en Ciencias de la Comunicación, trabaja entre España e Italia con la mirada puesta en la actualidad.

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