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Trinidad y Tobago despenaliza el sexo homosexual tras una sentencia

El Consejo Privado declara inconstitucional penalizar el sexo homosexual consentido en Trinidad y Tobago y da la razón al activista Jason Jones.

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despenaliza las relaciones homosexuales

Resumen

  • El 10 de noviembre, un tribunal anuló las penas por sexo homosexual consentido
  • Jason Jones ganó una batalla judicial que comenzó en 2017
  • El fallo no legaliza el matrimonio igualitario ni elimina la discriminación

Trinidad y Tobago ha dado un paso histórico en el reconocimiento de los derechos de las personas homosexuales. El 10 de noviembre de 2026, el Comité Judicial del Consejo Privado, máxima instancia de apelación del país caribeño, declaró inconstitucionales las disposiciones que castigaban las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo. La sentencia pone fin a una prolongada batalla judicial contra una legislación heredera del colonialismo británico.

La decisión, adoptada por unanimidad por cinco magistrados, supone una victoria definitiva para el activista Jason Jones, que comenzó su lucha judicial en 2017. El tribunal, con sede en Londres, concluyó que criminalizar la intimidad entre personas adultas del mismo sexo vulnera derechos fundamentales protegidos por la Constitución de Trinidad y Tobago, particularmente el respeto a la vida privada y familiar.

El fallo representa un cambio importante en un país donde la homosexualidad había estado sometida durante décadas a prohibiciones penales. Aunque las disposiciones apenas se aplicaban en los últimos años, su existencia mantenía la amenaza de penas de prisión y contribuía a una situación de inseguridad jurídica para las personas LGBT.

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Una sentencia histórica contra las leyes que castigaban la homosexualidad

El Comité Judicial del Consejo Privado examinó los artículos 13 y 16 de la Ley de Delitos Sexuales de 1986, que establecían los delitos denominados buggery —tradicionalmente asociado a determinadas prácticas sexuales, especialmente el sexo anal— y serious indecency, referido a otros actos sexuales considerados indecentes.

Estas disposiciones permitían perseguir penalmente relaciones sexuales privadas y consentidas entre adultos del mismo sexo, mientras que la legislación contemplaba excepciones para determinadas relaciones heterosexuales.

En su sentencia, el tribunal determinó que aquellas prohibiciones no podían justificarse en una sociedad que respetase adecuadamente los derechos y libertades individuales.

Los magistrados consideraron que la orientación sexual forma parte esencial de la identidad personal y que las relaciones íntimas voluntarias entre adultos están comprendidas en el ámbito de protección de la vida privada y familiar.

La resolución afecta a la aplicación de los artículos cuestionados, no al conjunto de las normas sobre delitos sexuales. La legislación seguirá permitiendo perseguir las agresiones, los abusos y las conductas que no sean consentidas.

Jason Jones y una batalla judicial que comenzó en 2017

Detrás de esta transformación jurídica está Jason Jones, activista trinitense que llevó ante los tribunales las disposiciones penales que consideraba contrarias a sus derechos constitucionales.

Jones había abandonado Trinidad y Tobago en 1996 después de sufrir, según su propio testimonio, discriminación y violencia relacionadas con su orientación sexual.

En febrero de 2017 presentó una demanda para cuestionar unas normas que, aunque tenían su origen en el periodo colonial, habían sobrevivido a la independencia y a posteriores reformas legislativas.

Su primera victoria llegó en abril de 2018, cuando el Tribunal Superior de Trinidad y Tobago declaró inconstitucional la penalización de las relaciones homosexuales consentidas entre adultos.

Sin embargo, aquella resolución no cerró el conflicto.

En marzo de 2025, el Tribunal de Apelación revocó parcialmente el pronunciamiento inicial y restableció la posibilidad de castigar penalmente determinadas prácticas homosexuales, al considerar que parte de la legislación estaba protegida por una cláusula constitucional que preservaba normas anteriores.

La decisión volvió a colocar las relaciones homosexuales bajo la amenaza del Código Penal. Según la interpretación aplicada entonces, determinadas conductas podían castigarse con hasta cinco años de prisión.

Jones recurrió a la máxima instancia judicial del país. El caso fue examinado en Londres en julio de 2026 y culminó con la sentencia del 10 de noviembre, que estimó su recurso y rechazó el presentado por el Gobierno.

Por qué una legislación colonial seguía vigente en 2026

La controversia jurídica tenía su origen en la relación entre las antiguas leyes coloniales, la legislación posterior a la independencia y la Constitución de Trinidad y Tobago.

El país obtuvo su independencia del Reino Unido en 1962 y se convirtió en república en 1976. Sin embargo, conservó determinadas instituciones jurídicas británicas, incluido el Comité Judicial del Consejo Privado como última instancia de apelación.

Las prohibiciones contra determinadas prácticas sexuales procedían de normas anteriores a la independencia, entre ellas la Ley de Delitos contra la Persona de 1925.

Posteriormente, el Parlamento aprobó la Ley de Delitos Sexuales de 1986, que reorganizó esta materia e introdujo nuevas disposiciones y sanciones.

El problema estaba en una cláusula constitucional que protege determinadas leyes antiguas frente a impugnaciones basadas en derechos fundamentales. El Gobierno defendía que las disposiciones de 1986 eran una continuación de aquellas normas anteriores y, por tanto, debían beneficiarse de esa protección.

Los cinco magistrados rechazaron ese argumento.

Consideraron que la legislación aprobada en 1986 constituía un nuevo régimen legal, no una simple reproducción de las antiguas prohibiciones coloniales. En consecuencia, sus disposiciones podían someterse plenamente al control de constitucionalidad.

También rechazaron que su aprobación mediante una mayoría parlamentaria reforzada bastase para mantener unas restricciones que no podían justificarse razonablemente frente a los derechos individuales.

La resolución judicial y sus efectos legales

El pronunciamiento es definitivo respecto a los argumentos constitucionales examinados: el Comité Judicial estimó el recurso de Jones por unanimidad y rechazó el recurso cruzado del fiscal general.

No obstante, la sentencia dejó pendiente un trámite jurídico específico. El tribunal solicitó nuevas alegaciones escritas antes de establecer la redacción definitiva de las modificaciones que deben introducirse en los artículos afectados.

Su posición provisional es mantener la solución adoptada por el Tribunal Superior en 2018, adaptando las disposiciones para que no puedan utilizarse contra las relaciones sexuales privadas y consentidas entre adultos del mismo sexo.

Esta precisión resulta importante: el fundamento constitucional de la despenalización ha quedado establecido, aunque la formulación exacta de las modificaciones legales requiere completar ese trámite.

Trinidad y Tobago se suma a los avances de otros países del Caribe

La resolución tiene una relevancia que trasciende las fronteras de Trinidad y Tobago.

Durante décadas, numerosos territorios caribeños conservaron disposiciones penales contra las relaciones homosexuales que procedían del sistema jurídico británico.

Algunas de esas leyes sobrevivieron a la independencia de los países y permanecieron vigentes incluso después de que el propio Reino Unido comenzara a eliminar prohibiciones semejantes.

En los últimos años, distintos tribunales de la región han declarado inconstitucionales estas restricciones.

Belice despenalizó las relaciones homosexuales consentidas en 2016. Posteriormente se produjeron resoluciones similares en Antigua y Barbuda, San Cristóbal y Nieves y Barbados durante 2022, en Dominica en 2024 y en Santa Lucía en 2025.

La decisión sobre Trinidad y Tobago se incorpora a esta transformación regional, aunque todavía existen países caribeños que mantienen prohibiciones penales semejantes, entre ellos Jamaica, Granada y San Vicente y las Granadinas.

La importancia del fallo también reside en la institución que lo ha dictado. El Comité Judicial del Consejo Privado continúa actuando como máxima instancia de apelación para varios países y territorios vinculados históricamente al Reino Unido.

Aunque la sentencia resuelve específicamente el caso de Trinidad y Tobago, sus argumentos constitucionales pueden tener relevancia para controversias semejantes en otras jurisdicciones.

Despenalizar no significa reconocer el matrimonio homosexual

La sentencia supone un avance fundamental, pero conviene distinguir entre despenalización e igualdad jurídica plena.

Lo que ha establecido el tribunal es que las relaciones sexuales privadas y consentidas entre adultos del mismo sexo no pueden ser castigadas penalmente mediante las disposiciones examinadas.

Esto no implica que Trinidad y Tobago haya legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo ni que haya reconocido automáticamente todos los derechos familiares y civiles reclamados por los colectivos LGBT.

Tampoco supone la eliminación de todas las formas de discriminación que pueden afectar a estas personas en el empleo, la vivienda, la atención sanitaria o la vida cotidiana.

De hecho, ONUSIDA acogió favorablemente la sentencia el 12 de noviembre y reclamó nuevas reformas para ampliar las protecciones contra la discriminación.

Entre sus propuestas figura modificar la legislación sobre igualdad de oportunidades para incorporar expresamente nuevas garantías relacionadas con la identidad LGBT y el estado de salud.

El organismo también destacó la importancia sanitaria de la decisión. La existencia de normas que criminalizan las relaciones homosexuales puede alimentar el estigma y dificultar el acceso a servicios de prevención, diagnóstico y tratamiento del VIH.

La igualdad jurídica sigue teniendo asuntos pendientes

La victoria de Jason Jones termina con casi una década de litigios y establece un principio constitucional de enorme trascendencia: el Estado no puede justificar la persecución penal de relaciones íntimas consentidas entre adultos por su orientación sexual.

La sentencia también muestra cómo algunas normas heredadas del colonialismo han sobrevivido durante generaciones, incluso después de que los países alcanzaran su independencia y desarrollaran sus propias instituciones democráticas.

Trinidad y Tobago deberá completar los ajustes jurídicos derivados de la resolución. La discusión sobre el reconocimiento de las parejas homosexuales y las garantías frente a la discriminación continuará en el ámbito político y legislativo.

La despenalización no resuelve por sí sola todas esas cuestiones. Pero elimina una de las barreras legales más importantes: la posibilidad de convertir la intimidad consentida entre adultos del mismo sexo en un delito.

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Periodista internacional con más de 20 años de experiencia en radio, prensa y medios digitales. Licenciado en Ciencias de la Comunicación, trabaja entre España e Italia con la mirada puesta en la actualidad.

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