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Texas detecta fallos en el negocio de cuerpos donados a la ciencia

Un informe oficial en Texas revela deficiencias en la supervisión de los cuerpos donados a la ciencia, entre denuncias y escándalos judiciales.

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negocio de los cuerpos donados

Resumen

  • Un informe de Texas revela fallos en el control de cuerpos donados a la ciencia
  • De 12 denuncias sobre donaciones anatómicas en 2025, solo se resolvió una
  • Casos como los de Harvard y Colorado exponen riesgos para las familias

El negocio de los cuerpos donados a la ciencia en Estados Unidos vuelve a quedar bajo escrutinio por las deficiencias en la supervisión de las empresas y organizaciones que reciben, procesan y distribuyen restos humanos para investigación y formación médica. Un informe oficial publicado en noviembre de 2026 denuncia graves problemas de control en Texas, uno de los estados que ha intentado reforzar la regulación de esta actividad después de varios escándalos.

La investigación de la Comisión Asesora Sunset de Texas señala que el organismo responsable de supervisar las donaciones anatómicas no ha aplicado adecuadamente las reformas legales aprobadas en 2023. Los fallos afectan a la inspección de instalaciones, el seguimiento de los cuerpos, la tramitación de denuncias y las normas que deben cumplir los operadores. El problema va más allá de un estado: la legislación estadounidense mantiene diferencias importantes entre la donación de órganos para trasplantes y la utilización de cadáveres para investigación, enseñanza o pruebas de dispositivos médicos.

La donación del cuerpo a la ciencia constituye una práctica fundamental para formar cirujanos, estudiar enfermedades y desarrollar nuevos tratamientos. Sin embargo, junto a los programas universitarios tradicionales ha crecido una industria de intermediarios privados, conocidos en Estados Unidos como body brokers, que obtienen cadáveres y distribuyen cuerpos completos o partes anatómicas a instituciones y empresas.

Estas operaciones no son necesariamente ilegales. La controversia surge cuando el consentimiento de los donantes, la trazabilidad de los restos y los beneficios económicos quedan sometidos a controles insuficientes. Varias investigaciones judiciales han demostrado que esa falta de garantías también puede facilitar fraudes contra las familias.

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Texas detecta graves deficiencias en la supervisión

El informe de noviembre de 2026 pone cifras a las dificultades de la Comisión de Servicios Funerarios de Texas, encargada de controlar los programas de donación anatómica. Durante el ejercicio fiscal de 2025, el organismo recibió 12 denuncias relacionadas con estos programas y solo resolvió una.

La situación de los servicios funerarios tampoco era mucho mejor. La agencia terminó ese ejercicio con 603 reclamaciones pendientes y un tiempo medio de resolución superior a 370 días. Los investigadores atribuyen parte de estas deficiencias a los cambios constantes de personal, los problemas de organización y la ausencia de procedimientos administrativos suficientemente claros.

Uno de los hallazgos más importantes afecta a la trazabilidad de los cuerpos humanos. Texas dejó de disponer de un sistema estatal operativo para seguir las donaciones y los traslados de restos anatómicos cuando la anterior plataforma quedó fuera de servicio en abril de 2024.

Aunque la agencia había empezado a implantar una nueva herramienta informática antes de la publicación del informe, todavía no había completado la identificación y el seguimiento de los cuerpos y las piezas anatómicas. Esto dificultaba comprobar sus movimientos dentro del estado y verificar las transferencias a otras jurisdicciones.

El organismo regulador sí ha adoptado medidas recientes. En agosto de 2026 aprobó nuevas normas sobre documentación, transporte, cadena de custodia y utilización de restos humanos, que entraron en vigor en septiembre. Los evaluadores reconocen esos avances, pero consideran que las mejoras siguen siendo insuficientes para garantizar una supervisión eficaz.

Cómo funciona el negocio de los cuerpos donados

En Estados Unidos existen programas universitarios que reciben donaciones para la enseñanza de anatomía y la investigación. También operan organizaciones independientes especializadas en proporcionar restos humanos a centros médicos, laboratorios y fabricantes de dispositivos sanitarios.

Estos intermediarios pueden recibir cuerpos completos y prepararlos para diferentes actividades. Los restos pueden utilizarse para practicar técnicas quirúrgicas, probar instrumental médico o investigar procedimientos que posteriormente se aplicarán a pacientes.

En algunos casos, una misma donación permite utilizar distintas partes anatómicas en proyectos diferentes. Las empresas cobran por servicios relacionados con la obtención, conservación, preparación y distribución de los restos. Sin embargo, cuando existe un margen comercial, resulta especialmente importante determinar qué autorizó exactamente el donante y qué operaciones pueden realizarse después.

Un estudio publicado en 2026 en la revista científica Anatomical Sciences Education advierte de que el crecimiento del sector no ha ido acompañado de unas garantías legales nacionales equivalentes. El trabajo recuerda que un análisis jurídico de 2019 había documentado valoraciones comerciales de entre 10.000 y 100.000 dólares por donante, dependiendo de las operaciones realizadas.

No son cantidades que reciba la familia. Tampoco representan una tarifa uniforme del sector. Reflejan el valor comercial que pueden alcanzar los restos humanos dentro de determinadas cadenas de distribución.

Una legislación distinta para los trasplantes

La legislación federal estadounidense prohíbe determinadas operaciones de compraventa de órganos humanos destinados a trasplantes. No obstante, las restricciones aplicables a los cadáveres y tejidos utilizados exclusivamente para investigación o educación médica son diferentes.

La Ley Uniforme de Donaciones Anatómicas establece un marco común que los estados han incorporado con distintas particularidades. Sus prohibiciones de compraventa se han centrado principalmente en los trasplantes y tratamientos médicos, dejando mayores diferencias regulatorias en los usos científicos y docentes.

Esto no significa que cualquier operación comercial sea legal. Existen normas estatales, exigencias sobre consentimiento y obligaciones documentales, además de disposiciones penales contra el fraude y otras conductas ilícitas.

El problema señalado por los especialistas es la ausencia de unos requisitos nacionales mínimos y homogéneos para supervisar determinadas actividades relacionadas con la donación de cuerpos completos.

El escándalo de los cadáveres sin reclamar en Texas

Las advertencias institucionales tienen un antecedente especialmente relevante en la Universidad del Norte de Texas, cuyo centro de ciencias de la salud en Fort Worth suspendió en septiembre de 2024 su programa de donación de cuerpos tras una investigación de NBC News.

La investigación documentó cómo el centro había recibido cadáveres de personas que figuraban como fallecidos sin reclamar, procedentes de los condados de Dallas y Tarrant. Parte de los restos se utilizó para la formación médica y parte se distribuyó a organizaciones externas.

El problema fue que algunas familias no habían autorizado aquellas utilizaciones y podían haber sido localizadas antes de declarar los cuerpos como no reclamados.

La institución reconoció deficiencias de gestión y supervisión, suspendió el programa y apartó a sus responsables. Según la información publicada entonces, la actividad generaba aproximadamente 2,5 millones de dólares anuales en ingresos procedentes de organizaciones externas.

El caso ilustra una diferencia fundamental: que un cuerpo no haya sido reclamado inicialmente por sus familiares no equivale a que exista un consentimiento informado para emplearlo en investigación, distribuirlo entre instituciones o destinarlo a actividades comerciales.

Tras conocerse los hechos, el condado de Tarrant decidió poner fin a su colaboración con el centro. El escándalo impulsó nuevas exigencias de control y volvió a situar el tratamiento de los cadáveres sin reclamar en el debate público estadounidense.

Los casos de Colorado y Harvard revelan las consecuencias

Las deficiencias de supervisión también han aparecido en procedimientos judiciales relacionados con la obtención y venta fraudulenta de restos humanos.

En Colorado, Megan Hess y su madre, Shirley Koch, gestionaban una funeraria y una organización dedicada a distribuir cuerpos y partes anatómicas. Durante años engañaron a familias sobre el destino de los restos de sus allegados y realizaron operaciones comerciales sin disponer del consentimiento correspondiente.

La investigación federal examinó documentos relativos a 811 personas cuyos cuerpos o restos habían sido comercializados. El FBI confirmó que al menos 222 cuerpos habían sido obtenidos mediante apropiación fraudulenta y consideró que otros 338 probablemente habían sufrido el mismo destino.

En determinados casos, las familias recibieron cenizas que no correspondían a sus seres queridos. También se falsificaron resultados de pruebas sanitarias para distribuir restos que habían dado positivo en enfermedades infecciosas.

El 27 de octubre de 2026, un tribunal federal de apelaciones confirmó las condenas de 20 años de prisión para Hess y 15 años para Koch.

Otro escándalo afectó a la Facultad de Medicina de Harvard. Su antiguo responsable del depósito de cadáveres, Cedric Lodge, fue condenado en 2025 a ocho años de prisión por sustraer y vender partes de cuerpos donados a la institución.

En agosto de 2026, Harvard anunció un acuerdo para destinar 53 millones de dólares a resolver demandas colectivas relacionadas con aquellos hechos. El acuerdo recibió la aprobación judicial preliminar ese mismo mes.

Los dos episodios presentan circunstancias diferentes. En Colorado se trataba de una actividad fraudulenta vinculada a una funeraria. En Harvard, de la actuación ilícita de un empleado dentro de un programa académico. Ambos muestran la importancia de los registros, las verificaciones internas y la vigilancia sobre quienes tienen acceso a los restos.

La donación científica necesita garantías verificables

Los especialistas en anatomía insisten en que estos escándalos no deben confundirse con el funcionamiento general de los programas de donación. La utilización de cadáveres sigue siendo indispensable para numerosas actividades científicas y educativas.

La cuestión es establecer un sistema que permita conocer el destino de cada cuerpo, las autorizaciones concedidas y las entidades que intervienen durante todo el proceso. Esto incluye comprobar los traslados, identificar las piezas anatómicas y documentar el tratamiento y destino final de los restos.

El estudio académico publicado en 2026 plantea avanzar hacia estándares nacionales mínimos, mejorar los registros de las organizaciones y establecer modelos económicos compatibles con los principios éticos de la donación.

La revisión oficial de Texas apunta en una dirección similar, aunque desde el ámbito de las competencias estatales. Sus recomendaciones buscan reorganizar las funciones reguladoras, mejorar las inspecciones y reforzar la capacidad administrativa de la agencia.

La confianza pública depende de estas garantías. Quien dona su cuerpo para contribuir a la medicina acepta un uso concreto de sus restos, no cualquier utilización posterior que resulte rentable para un intermediario.

El desafío de Estados Unidos no consiste en impedir que la ciencia utilice cuerpos donados, sino en garantizar que la voluntad de los fallecidos se respete y pueda comprobarse. Los casos judiciales y las últimas investigaciones regulatorias demuestran que todavía existen deficiencias importantes para conseguirlo.

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Periodista internacional con más de 20 años de experiencia en radio, prensa y medios digitales. Licenciado en Ciencias de la Comunicación, trabaja entre España e Italia con la mirada puesta en la actualidad.

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