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El 64 % de las personas sin hogar sufrió incidentes de odio en un año

El 64 % de las personas sin hogar encuestadas sufrió incidentes de odio en un año. El informe alerta de agresiones repetidas y falta de protección.

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las personas sin hogar

Resumen

  • El 64,3 % de personas sin hogar encuestadas sufrió incidentes de odio
  • El 74,1 % de las víctimas vivió dos o más episodios en un año
  • La mayoría no pidió ayuda y muchos testigos no intervinieron

El 64,3 % de las personas sin hogar entrevistadas en España afirma haber sufrido algún incidente o delito de odio relacionado con su situación durante los últimos doce meses. La violencia no suele limitarse a un episodio: el 74,1 % de quienes la padecieron asegura haber vivido al menos dos situaciones similares. Insultos, amenazas, agresiones físicas y discriminación forman parte de una realidad que continúa extendida pese a los avances legales contra la aporofobia, el rechazo hacia las personas por su pobreza.

Los datos pertenecen al informe No son casos aislados. Violencia, discriminación y delitos de odio contra las personas en situación de sinhogarismo, presentado este jueves, 19 de noviembre de 2026, por el Observatorio HATEnto de Hogar Sí y el Centro de Investigación en Derechos Humanos y Políticas Públicas de la Universidad de Salamanca. La investigación recoge las experiencias de 144 personas entrevistadas entre abril y julio de 2026 en diferentes comunidades autónomas.

El estudio no constituye un censo de todas las personas sin hogar de España, por lo que sus porcentajes describen las experiencias de los participantes. Sin embargo, permite identificar una violencia que muchas veces permanece fuera de los registros policiales y que no se limita a las agresiones en la vía pública.

Una de las conclusiones más relevantes es que la discriminación se reproduce en espacios cotidianos, incluidos establecimientos comerciales, centros sanitarios y transportes públicos. Tampoco responde necesariamente al estereotipo de grupos juveniles violentos: buena parte de los agresores identificados son adultos plenamente integrados en la sociedad.

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La violencia se repite y no se limita a los insultos

Entre las personas entrevistadas que declararon haber sufrido incidentes de odio, el 74,1 % vivió dos o más episodios durante el último año. El 46,2 % asegura que estas situaciones se repitieron al menos tres veces, lo que muestra hasta qué punto el maltrato puede convertirse en una experiencia habitual.

El informe recoge distintas manifestaciones de violencia y discriminación. Los insultos aparecen con un 58,9 %, seguidos de las agresiones físicas (37,8 %), las amenazas (35,6 %) y el acoso (32,2 %). También se documentan situaciones de negación de ayuda (24,4 %) y agresiones sexuales (10 %).

Los resultados reflejan que la aporofobia no consiste únicamente en una actitud de desprecio. Puede traducirse en lesiones, intimidación, exclusión de determinados espacios o impedimentos para recibir servicios básicos.

La gravedad de algunas experiencias queda reflejada en los testimonios recogidos durante la presentación. Ydray, que lleva dos años viviendo en la calle, relató que sufrió una agresión en la que le rompieron dos costillas para robarle 17 euros. Toni, otra de las personas participantes, explicó que duerme cerca de una comisaría porque considera que es un lugar más seguro.

En ambos casos, la falta de vivienda supone también una mayor exposición a situaciones de riesgo, sin la protección que proporciona disponer de un espacio privado donde refugiarse.

Las agresiones ocurren también a plena luz del día

La violencia contra las personas sin hogar no se concentra exclusivamente durante la noche ni en lugares apartados. El estudio identifica episodios de discriminación en establecimientos comerciales y de hostelería (40 %), servicios sanitarios (26,7 %) y transporte público (21,7 %).

El 43 % de las personas entrevistadas afirma haber recibido un trato peor por encontrarse en situación de sinhogarismo. Otro 44,4 % asegura haber sentido que se le impedía acceder a espacios públicos por ese mismo motivo.

La investigación señala también comportamientos discriminatorios atribuidos a profesionales de servicios o recursos públicos, así como a miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Esto resulta especialmente relevante porque afecta a instituciones encargadas de garantizar derechos y protección.

Los agresores no responden a un único perfil

Los datos cuestionan la idea de que estas conductas proceden principalmente de jóvenes radicalizados o grupos marginales. Según el estudio, el 51,8 % de los agresores identificados tiene entre 30 y 60 años, mientras que el 25,9 % se encuentra entre los 18 y los 29 años.

La coordinadora de la investigación, Marina Sánchez, sostiene que estos resultados contradicen la asociación habitual entre violencia aporófoba y extremismo juvenil. El rechazo hacia las personas pobres también aparece entre personas con vidas aparentemente convencionales.

Los testigos no intervienen y las víctimas apenas piden ayuda

Uno de los resultados más preocupantes del informe tiene que ver con la respuesta de quienes presencian las agresiones. El 59,3 % de los incidentes se produjo en presencia de otras personas. Sin embargo, en el 60,8 % de esas situaciones los testigos no intervinieron.

La ausencia de respuesta se combina con las dificultades que encuentran las víctimas para buscar protección. El 60,9 % de quienes sufrieron una agresión o discriminación asegura que no solicitó ayuda.

Entre las razones mencionadas figuran la desconfianza hacia las instituciones, la percepción de que pedir ayuda no serviría de nada y el miedo a sufrir represalias o nuevas situaciones de victimización.

La falta de denuncias tiene consecuencias sobre el conocimiento del problema. Si una parte importante de las agresiones nunca llega a las autoridades, los registros oficiales solo permiten observar una fracción de la violencia existente.

Esto también dificulta identificar situaciones reiteradas y ofrecer protección a quienes siguen expuestos a nuevos ataques.

Los delitos de odio por aporofobia aumentan en los registros

Los datos de la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio muestran una evolución ascendente de los hechos registrados por aporofobia durante los últimos años.

En 2022 se contabilizaron 17 hechos, frente a los 18 de 2023, los 24 de 2024 y los 29 registrados en 2025. Son cifras muy inferiores al volumen de experiencias recogidas en investigaciones sociales, aunque ambas fuentes utilizan métodos distintos y no miden exactamente lo mismo.

El Observatorio HATEnto realizó su anterior investigación de referencia en 2015, cuando el 47 % de las personas consultadas había declarado haber sufrido delitos de odio.

Once años después, el nuevo estudio sitúa en el 64,3 % la proporción de participantes que afirma haber sufrido incidentes o delitos de odio durante el último año. No obstante, los investigadores advierten de que las diferencias metodológicas impiden comparar directamente ambos porcentajes para calcular cuánto ha aumentado la violencia.

España ha incorporado nuevas herramientas jurídicas durante este periodo. En 2021, la aporofobia pasó a figurar expresamente entre las circunstancias agravantes por discriminación del artículo 22.4 del Código Penal. En 2022 se aprobó también la Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación.

Estas reformas permiten reconocer y perseguir determinadas conductas que anteriormente carecían de una referencia legal tan explícita. Su aplicación, sin embargo, depende de que las víctimas puedan acceder a los mecanismos de protección y de que los hechos lleguen a conocimiento de las autoridades.

La discriminación también dificulta abandonar el sinhogarismo

El impacto de la aporofobia va más allá de los episodios violentos. El 59,2 % de las personas entrevistadas considera que las experiencias de discriminación y odio dificultan su salida del sinhogarismo.

El 63,9 % afirma que estas situaciones afectan bastante o mucho a su vida cotidiana y el 65,4 % reconoce haber sufrido consecuencias emocionales relacionadas con la violencia o el trato discriminatorio.

La exclusión puede convertirse así en un obstáculo añadido para reconstruir una vida estable. A las dificultades para encontrar vivienda, empleo o recursos económicos se suman la inseguridad, el deterioro del bienestar psicológico y las barreras para utilizar servicios esenciales.

La presidenta de Hogar Sí, Marian Juste, ha reclamado reforzar la prevención, mejorar los sistemas de protección y garantizar el acceso efectivo a los derechos. La organización defiende que las políticas para acabar con el sinhogarismo deben combinar vivienda digna y estable con medidas contra la violencia y la discriminación.

El nuevo informe deja una advertencia que trasciende las estadísticas: disponer de una legislación contra el odio no garantiza por sí solo que desaparezcan las agresiones. Mientras las víctimas sigan encontrando dificultades para denunciar, recibir protección o acceder a servicios por su condición económica, la pobreza continuará acompañada de una vulneración adicional de derechos.

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Periodista internacional con más de 20 años de experiencia en radio, prensa y medios digitales. Licenciado en Ciencias de la Comunicación, trabaja entre España e Italia con la mirada puesta en la actualidad.

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