Juzgan a un exfuncionario acusado de fingir ser juez por 6.800 euros

La Audiencia Provincial de Toledo juzgará el martes 13 de octubre a un antiguo funcionario judicial acusado de hacerse pasar por juez de Vigilancia Penitenciaria para obtener 6.800 euros de una mujer cuyo compañero sentimental estaba preso en Ocaña I. Según la Fiscalía, le aseguró que podía conseguir para el interno permisos de salida e incluso la libertad condicional a cambio de distintas entregas de dinero.

El Ministerio Fiscal pide para el acusado tres años y seis meses de prisión, una multa durante nueve meses, diez años de inhabilitación para empleo o cargo público y la devolución de los 6.800 euros como responsabilidad civil. El caso llega a juicio más de una década después de los hechos, que la acusación sitúa entre marzo y diciembre de 2014.

De funcionario judicial a supuesto juez de Vigilancia Penitenciaria

El procesado trabajaba entonces como funcionario interino del cuerpo de auxilio judicial en el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 2 de Castilla-La Mancha, con sede en Ocaña. No era, por tanto, alguien completamente ajeno al engranaje de los tribunales. Conocía el entorno, los procedimientos y, sobre todo, la apariencia que tienen los trámites penitenciarios cuando pasan por una oficina judicial.

Según el escrito de acusación, esa posición habría sido precisamente una de las piezas fundamentales del presunto engaño. La Fiscalía sostiene que el acusado aprovechó su acceso al juzgado y su conocimiento profesional para ofrecer a la mujer una capacidad de influencia que en realidad no tenía.

La oficina en la que prestaba servicio tramitaba asuntos relacionados con presos de los centros penitenciarios de Ocaña I, Ocaña II y Cuenca: permisos de salida, clasificaciones de grado, libertades condicionales y otros expedientes. Ese contacto cotidiano con documentación real habría dado al relato una pátina de verosimilitud difícil de improvisar desde fuera.

La promesa: permisos de salida y libertad condicional

La víctima tenía a su pareja ingresada en Ocaña I. De acuerdo con la Fiscalía, el acusado comenzó haciéndole creer que era juez de Vigilancia Penitenciaria y que podía intervenir para mejorar la situación penitenciaria del interno.

Las promesas fueron creciendo. Habría ofrecido conseguir encuentros con la jueza competente, permisos de salida y, en último término, la libertad condicional. A cambio, iba solicitando dinero cada vez que mantenían una cita relacionada con esas supuestas gestiones.

No se trataba, siempre según la acusación, de una única petición económica de gran tamaño. La cantidad final se habría ido formando mediante sucesivas entregas de dinero hasta alcanzar los 6.800 euros.

Un personaje que cambiaba según avanzaba el engaño

El relato que atribuye la Fiscalía al acusado no permaneció intacto. Primero habría presentado una identidad especialmente poderosa: la del propio juez. Más adelante habría dado otro nombre y reconocido que era funcionario del juzgado, aunque manteniendo que colaboraba con un bufete de abogados capaz de obtener los beneficios prometidos.

Ese cambio resulta relevante en la acusación porque no habría desmontado la ficción principal. Aunque variase el cargo que decía ocupar, permanecía la misma idea: tenía contactos y capacidad de influencia para mover un expediente penitenciario.

Ahí está una de las particularidades del caso. No se le acusa de inventarse desde cero una estructura judicial inexistente, sino de haber utilizado su cercanía auténtica al sistema para revestir de autoridad unas promesas que, según el Ministerio Fiscal, eran falsas.

El documento que anunciaba una salida de prisión

La Fiscalía describe también varias maniobras utilizadas presuntamente para reforzar la confianza de la mujer. En una ocasión, el acusado le habría enseñado parcialmente un supuesto documento procedente de Madrid. Solo le permitió ver la parte inferior, donde aparecía que su pareja saldría de prisión el 29 de agosto de 2014 y figuraba un sello de Ocaña I.

La información era falsa, sostiene la acusación. Pero el detalle importa: un sello, una fecha concreta, un papel con apariencia oficial. Elementos pequeños que, unidos al hecho de que quien los mostraba trabajaba realmente en un juzgado, podían resultar mucho más convincentes que una simple promesa verbal.

En otra ocasión le habría entregado un modelo de declaración de acogida, un documento relacionado con el alojamiento de un interno durante el disfrute de determinados permisos penitenciarios. De nuevo, papel real o de apariencia plausible alrededor de una capacidad de decisión que el funcionario no tenía.

La Fiscalía pide tres años y medio de cárcel

El Ministerio Fiscal considera que los hechos encajan en un delito de estafa con aprovechamiento de la credibilidad profesional y solicita tres años y seis meses de prisión para el procesado.

La petición incluye también una multa de 12 euros diarios durante nueve meses, además de diez años de inhabilitación para ocupar un empleo o cargo público. En materia económica, la acusación reclama que indemnice a la perjudicada con los mismos 6.800 euros que habría obtenido durante el supuesto engaño.

El juicio deberá determinar si los hechos ocurrieron en los términos descritos por la Fiscalía y qué responsabilidad penal corresponde, en su caso, al acusado. Hasta que exista una resolución judicial, mantiene plenamente su presunción de inocencia.

Un engaño construido desde dentro del sistema

El elemento que distingue este caso de una estafa corriente no es únicamente la cantidad. Son 6.800 euros, sí, pero el corazón de la acusación está en otra parte: la supuesta utilización del prestigio y el conocimiento asociados a un puesto dentro de la Administración de Justicia.

Quien busca información sobre un familiar encarcelado se mueve por un territorio especialmente delicado. Permisos, grados penitenciarios, fechas, resoluciones, recursos. Un vocabulario que puede resultar opaco para quien no trabaja habitualmente con él. Según el escrito fiscal, el procesado habría convertido precisamente esa distancia entre el ciudadano y la maquinaria judicial en la materia prima del engaño.

El escenario que dibuja la acusación tiene algo tan sencillo como incómodo: no hacía falta inventar un juzgado de cartón piedra. Bastaba con estar dentro de uno, conocer sus papeles, saber cómo sonaban sus procedimientos y presentar como influencia personal lo que no era más que conocimiento profesional.

Más de una década después, los hechos llegan a juicio

Los episodios investigados se remontan a 2014, año en el que el acusado dejó su puesto en diciembre. Más de una década después, el proceso alcanza la Audiencia Provincial de Toledo con una petición fiscal considerable y una perjudicada que reclama recuperar el dinero entregado.

El tribunal tendrá que valorar las pruebas y determinar si aquel funcionario aprovechó realmente su posición para convencer a la mujer de que podía abrir puertas judiciales que no estaban en sus manos. Ese será el centro del juicio: no solo qué se prometió y cuánto dinero cambió de manos, sino hasta qué punto la credibilidad de un cargo público fue utilizada, como sostiene la Fiscalía, para convertir una falsa influencia en 6.800 euros.