España
El TSJ reconoce el ingreso mínimo vital pese a las acciones embargadas
El TSJ de Cantabria reconoce el ingreso mínimo vital a un hombre que tenía embargadas 15.700 acciones del Sabadell desde 2018, sin poder venderlas.
Resumen
- El TSJ reconoce el IMV a un hombre con 15.700 acciones embargadas
- Las acciones valían casi 19.000 euros, pero no podía disponer de ellas
- La prestación se reconoce con efectos desde el 1 de julio de 2024
El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha dado la razón a un hombre al que la Seguridad Social denegó el ingreso mínimo vital (IMV) por ser propietario de 15.700 acciones del Banco Sabadell. Los títulos, valorados en casi 19.000 euros, estaban embargados judicialmente desde 2018, por lo que su propietario no podía venderlos ni disponer libremente de su valor. La sentencia, dictada el 9 de noviembre de 2026, reconoce su derecho a percibir la prestación con efectos económicos desde el 1 de julio de 2024.
La resolución establece una distinción importante: ser propietario de unas acciones no significa necesariamente poder utilizarlas como recurso económico. El tribunal considera que, en las circunstancias acreditadas, esos títulos embargados no debían incluirse en el patrimonio computable para determinar si el solicitante cumplía los requisitos del ingreso mínimo vital. La decisión revoca el fallo desfavorable de primera instancia, aunque todavía no es firme y puede recurrirse ante el Tribunal Supremo.
La Seguridad Social le denegó la ayuda por superar el límite patrimonial
El conflicto comenzó el 12 de junio de 2024, cuando el afectado solicitó el ingreso mínimo vital como beneficiario individual. Una semana después, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) rechazó su petición al considerar que superaba los límites de ingresos y patrimonio establecidos para acceder a la prestación.
Según los datos fiscales de 2023, el hombre tenía un patrimonio de 32.529,09 euros, por encima del máximo de 21.751,80 euros aplicable entonces a una persona que vivía sola.
La cantidad procedía de tres conceptos: 18.965,03 euros en acciones cotizadas del Banco Sabadell, 13.128,20 euros en inmuebles distintos de su vivienda habitual y 435,86 euros depositados en cuentas bancarias.
El INSS también había detectado unos ingresos anuales de 7.996,07 euros, superiores al límite de 7.250,60 euros correspondiente a su situación. Sin embargo, la Agencia Tributaria rectificó posteriormente esa información y redujo los ingresos computables a 6.586,55 euros.
Corregido ese dato, el problema se concentraba en las acciones. Si se eliminaba su valor del cálculo patrimonial, el solicitante pasaba de los 32.529,09 euros inicialmente atribuidos a 13.564,06 euros, una cantidad inferior al límite legal.
Las 15.700 acciones del Sabadell estaban embargadas desde 2018
El dato decisivo del procedimiento fue que las acciones no estaban disponibles para su propietario.
Los títulos permanecían embargados desde el 18 de julio de 2018 por orden del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Santander. El hombre seguía siendo su titular, pero no podía disponer libremente de ellos ni venderlos para obtener dinero.
Esta circunstancia no aparecía reflejada en la información que Hacienda había facilitado a la Seguridad Social. La Administración conocía el número de acciones y su valoración económica, pero no la limitación judicial que impedía utilizarlas.
El afectado consiguió acreditar el embargo mediante un certificado expedido por el Banco Sabadell. También quedó documentado que, el 13 de octubre de 2025, el juzgado que había ordenado la retención solicitó a la entidad financiera que procediera a vender los títulos.
La reclamación administrativa presentada el 30 de julio de 2024 fue desestimada por el INSS el 12 de mayo de 2025. Posteriormente, el Tribunal de Instancia de Santander rechazó la demanda en abril de 2026.
El solicitante recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que terminó modificando el resultado del procedimiento.
El tribunal distingue entre tener acciones y poder disponer de ellas
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria considera que el cálculo realizado inicialmente no reflejaba adecuadamente la situación económica del demandante.
La Ley 19/2021, reguladora del ingreso mínimo vital, establece que para determinar la vulnerabilidad económica debe tenerse en cuenta el patrimonio neto del solicitante, con las exclusiones y reglas de valoración previstas legalmente.
Entre los activos que normalmente se computan figuran los inmuebles distintos de la residencia habitual, los depósitos bancarios, los fondos de inversión y las acciones de sociedades cotizadas.
Pero en este procedimiento concurría una circunstancia excepcional: las acciones estaban sujetas a un embargo judicial que impedía a su propietario disponer de ellas.
El tribunal entiende que no puede atribuirse capacidad económica efectiva a partir del valor de unos títulos que el interesado no puede vender libremente. Por ese motivo, excluye los 18.965,03 euros correspondientes a las acciones embargadas del cálculo utilizado para denegarle la prestación.
La decisión no significa que cualquier persona con inversiones bursátiles pueda cobrar automáticamente el ingreso mínimo vital. Tampoco supone que todos los bienes embargados deban excluirse siempre del patrimonio.
La sentencia responde a unas circunstancias concretas, acreditadas documentalmente, en las que el órgano judicial ha considerado determinante la imposibilidad de disponer de las acciones.
Cuánto patrimonio se puede tener para cobrar el IMV en 2026
El caso también pone de relieve la importancia de diferenciar los ingresos anuales del patrimonio computable. Son requisitos distintos y ambos intervienen en el reconocimiento del ingreso mínimo vital.
En 2026, el límite general de patrimonio neto para una persona adulta que vive sola es de 26.409,60 euros, sin incluir la vivienda habitual. La cantidad aumenta según el número de integrantes y la composición de la unidad de convivencia.
La renta garantizada para un beneficiario individual está fijada este año en 733,60 euros mensuales, equivalentes a 8.803,20 euros anuales. La prestación que efectivamente corresponde se calcula teniendo en cuenta los ingresos computables y los requisitos aplicables; no todas las personas beneficiarias cobran esa cuantía íntegra.
La normativa también contempla límites adicionales para determinados activos, con independencia del resultado del cálculo del patrimonio neto.
En principio, las acciones cotizadas forman parte del patrimonio que examina la Seguridad Social. Su valoración se realiza conforme a las declaraciones tributarias disponibles, normalmente tomando como referencia el valor declarado a 31 de diciembre del ejercicio correspondiente.
La diferencia que introduce este caso judicial está en la disponibilidad real de esos activos. El TSJ de Cantabria ha considerado que el embargo acreditado impedía atribuir al solicitante la capacidad económica que reflejaba su valoración bursátil.
Conviene distinguir, además, las cantidades de 2026 de las aplicables cuando se presentó la solicitud, en junio de 2024. El tribunal ha resuelto el litigio tomando como referencia las condiciones económicas y los límites correspondientes al periodo examinado.
Cómo reclamar si la Seguridad Social cuenta bienes embargados
La resolución puede resultar relevante para otras personas cuya solicitud del ingreso mínimo vital haya sido rechazada por superar el límite patrimonial pese a tener bienes bloqueados judicialmente.
La cuestión fundamental es acreditar la situación jurídica de esos bienes. No basta con afirmar que resulta difícil venderlos o que no generan ingresos. En este procedimiento fue determinante demostrar que existía un embargo judicial y que el propietario no tenía libre disposición de las acciones.
Para justificar una situación semejante pueden resultar útiles los certificados de la entidad depositaria, las resoluciones judiciales de embargo y la documentación que permita identificar los activos afectados, su valoración y las restricciones existentes.
También es importante revisar los datos económicos utilizados por el INSS. En este caso, la rectificación de los ingresos realizada por Hacienda permitió descartar uno de los dos motivos iniciales de denegación.
Cuando se recibe una resolución desfavorable, la vía habitual para impugnarla es presentar una reclamación administrativa previa ante la Seguridad Social, generalmente dentro de los 30 días hábiles siguientes a la notificación. Si la reclamación resulta desestimada, puede acudirse a la jurisdicción social dentro de los plazos legalmente establecidos.
La sentencia cántabra no garantiza que todas las reclamaciones similares prosperen. Cada expediente requiere comprobar la naturaleza del embargo, la disponibilidad de los bienes, las posibles deudas asociadas y el resto de los requisitos de acceso a la prestación.
El ingreso mínimo vital reconocido desde julio de 2024
La resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria revoca la decisión desfavorable de primera instancia y reconoce al demandante el derecho al ingreso mínimo vital desde el 1 de julio de 2024, el primer día del mes siguiente a la presentación de su solicitud.
Esto supone reconocer efectos económicos anteriores a la sentencia, aunque la cuantía concreta de la prestación deberá determinarse conforme a las circunstancias y reglas aplicables a cada periodo.
El pronunciamiento todavía no es firme. Contra él cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo, por lo que no constituye una regla general y definitiva para cualquier supuesto de patrimonio embargado.
El asunto deja, no obstante, una cuestión jurídica relevante: los datos fiscales pueden acreditar la titularidad y el valor de un bien sin reflejar todas las restricciones que afectan a su disponibilidad.
En este caso, esa diferencia ha resultado decisiva. Un patrimonio que inicialmente superaba el límite legal ha dejado de impedir el acceso a la prestación después de que el tribunal examinara las condiciones reales en las que se encontraban las acciones.
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