España
Condenado un cabo por robar cable de cazas Eurofighter para chatarra
Un cabo de Morón robó nueve bobinas de cable para los Eurofighter, valoradas en 9.386 euros. El Supremo le impone siete meses y seis días de prisión.
Foto: Gons / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0).
Resumen
- Un cabo robó nueve bobinas de cable para los cazas Eurofighter en Morón
- El material estaba valorado en 9.386 euros y apareció en una furgoneta
- El Supremo redujo la condena a siete meses y seis días de prisión
El Tribunal Supremo ha condenado a siete meses y seis días de prisión a un cabo destinado en la base aérea de Morón de la Frontera (Sevilla) por sustraer nueve bobinas de cable de cobre destinadas al mantenimiento de los sistemas de armamento de los cazas Eurofighter. El material, valorado en 9.386 euros, pertenecía al Ejército del Aire y del Espacio y estaba almacenado como repuesto. El militar pretendía venderlo como chatarra.
La sustracción salió a la luz durante un control de la Guardia Civil en una carretera de Huelva, cuando los agentes encontraron las bobinas dentro de una furgoneta junto a otros materiales metálicos. El Supremo ha confirmado la existencia del delito, aunque ha rebajado la condena inicial de un año de prisión al considerar que no se demostró que el robo provocara un perjuicio grave en el funcionamiento de la unidad militar.
El caso tiene una particularidad: el material sustraído no era cable eléctrico corriente ni un conjunto de piezas desechadas. Se trataba de componentes de repuesto para los sistemas de armamento de los Eurofighter C.16, aeronaves de combate que forman parte de la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas españolas.
La sentencia distingue entre la gravedad de apropiarse de material militar y las consecuencias que realmente tuvo la sustracción. Una diferencia jurídica importante que ha terminado por reducir la pena, aunque no ha librado al cabo de la condena.
Nueve bobinas de cobre destinadas a los cazas Eurofighter
Los hechos se produjeron en una fecha que no ha podido determinarse con exactitud, comprendida entre el 8 de marzo de 2023 y el 16 de noviembre de 2024.
Durante ese periodo, el cabo accedió al almacén A03 del Ala 11, situado en la base aérea de Morón, y se apoderó de nueve bobinas que contenían un total de 310 metros de cable de cobre estañado.
La documentación de la Administración militar establecía que el material tenía un valor de 9.386 euros y estaba destinado a posibles reparaciones de los sistemas de armamento de los aviones Eurofighter.
No eran restos abandonados. Las bobinas estaban embaladas, no habían sido utilizadas y figuraban como material disponible en el sistema logístico de la unidad. Es decir, formaban parte de las existencias que el Ejército mantenía para atender sus necesidades de mantenimiento.
El destino que el acusado pretendía darles era muy distinto: vender el cobre como chatarra, pese a tratarse de material militar que no podía retirar ni comercializar por cuenta propia.
Un control de la Guardia Civil en Huelva destapó el robo
El hallazgo se produjo el 16 de noviembre de 2024, durante un control de la Guardia Civil en la carretera A-476, a la entrada de Nerva, en la provincia de Huelva.
El cabo conducía una furgoneta Fiat Talento de color azul. En su interior, los agentes encontraron las nueve bobinas de cable de cobre, que todavía conservaban sus etiquetas identificativas.
También transportaba otros objetos metálicos, entre ellos cobre pelado, cableado eléctrico, radiadores y transformadores.
La presencia de estos materiales encajaba con la actividad de recogida y comercialización de chatarra, pero las bobinas militares llamaron la atención de los agentes. Su estado de conservación, embalaje e identificación las diferenciaba claramente del resto de la carga.
La Guardia Civil intervino el material, que quedó bajo custodia de sus dependencias de Nerva. Posteriormente, el 6 de noviembre de 2025, las nueve bobinas fueron recuperadas por la unidad militar a la que pertenecían.
El cable regresó al Ejército casi un año después del control de carretera. Sin embargo, esa recuperación no eliminaba la responsabilidad penal derivada de su sustracción.
Por qué el Supremo reduce la pena de prisión
El procedimiento terminó inicialmente con una condena de un año de prisión por hurto agravado, impuesta por el Tribunal Militar Territorial Segundo.
El Tribunal Supremo ha revisado esa decisión y ha mantenido la existencia del delito, pero ha descartado la circunstancia agravante aplicada en la primera sentencia.
La cuestión fundamental no era si el cable pertenecía al Ejército ni si había sido sustraído. Ambos extremos quedaron acreditados. El debate jurídico se centraba en determinar si la desaparición de ese material había ocasionado un daño especialmente grave al servicio para el que estaba destinado.
No se acreditaron retrasos en reparaciones ni aviones inmovilizados
La Sala de lo Militar considera que la sustracción se consumó cuando las bobinas salieron del control de las Fuerzas Armadas y quedaron a disposición del acusado.
Ahora bien, no se demostró que la falta de ese cable hubiera impedido reparar los Eurofighter, retrasado trabajos de mantenimiento o provocado que algún avión tuviera que permanecer en tierra.
Tampoco se acreditó una alteración grave del funcionamiento de la base aérea.
La legislación penal contempla un tratamiento agravado para determinados hurtos de cableado o componentes destinados a servicios de interés general cuando ocasionan un quebranto grave. Para aplicar esa agravación, sin embargo, no basta con que el material pudiera resultar importante: es necesario acreditar el perjuicio exigido por la ley.
En este caso, el Supremo ha considerado que esa consecuencia no quedó demostrada.
Por eso, aunque mantiene la condena por apropiarse del material, reduce la pena a siete meses y seis días de prisión.
El cabo aseguró que confundió el material con chatarra
Durante el procedimiento, el acusado sostuvo que había interpretado que las bobinas eran materiales de desecho y que, por tanto, podían retirarse.
El Tribunal Supremo no ha aceptado esa explicación.
Las bobinas estaban sin estrenar, conservaban su embalaje y seguían registradas como material militar utilizable. No presentaban, por tanto, las características de unos residuos descartados para su eliminación.
A ello se suma la experiencia profesional del cabo. Su destino en el taller de armamento y municionamiento, junto con sus años de servicio, llevaba al tribunal a considerar que conocía las restricciones existentes para retirar bienes pertenecientes a las Fuerzas Armadas.
La sentencia rechaza así que pudiera disponer libremente de ese cable o trasladarlo fuera de las instalaciones militares sin autorización.
La distinción resulta esencial: aunque la intención fuera vender el material por su contenido en cobre, su procedencia y su condición de repuesto militar seguían siendo las mismas.
Una condena que también afecta al empleo militar
La resolución del Supremo establece finalmente siete meses y seis días de prisión, junto con las consecuencias accesorias previstas para este tipo de condenas.
Entre ellas figuran la suspensión de empleo o cargo público y la inhabilitación para ejercer el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la pena. Esta última medida impide presentarse como candidato a unas elecciones mientras esté vigente la inhabilitación.
La sentencia también declara las costas de oficio conforme a las normas aplicables en la jurisdicción militar.
La existencia de una pena de prisión inferior a dos años no permite afirmar, por sí sola, que el condenado vaya a ingresar efectivamente en la cárcel. Una eventual suspensión de su ejecución dependerá de los requisitos legales y de la decisión judicial correspondiente.
El fallo deja establecido que el robo de material militar constituye un delito aunque no llegue a afectar a una operación aérea. Al mismo tiempo, exige demostrar un perjuicio grave y efectivo cuando se pretende aplicar una agravación vinculada al funcionamiento de un servicio de interés general.
En Morón, las nueve bobinas acabaron de vuelta en el almacén militar. El intento de convertir unos repuestos de los Eurofighter en dinero procedente de la chatarra, en cambio, ha terminado con una condena penal.
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