España
Los narcos de la marihuana en Cataluña amplían su negocio a la cocaína
Las redes de marihuana en Cataluña amplían su actividad al tráfico de cocaína. La policía alerta de más incautaciones y reclama una estrategia común.
Resumen
- Los traficantes de marihuana amplían su negocio a la cocaína en Cataluña
- Los Mossos intervinieron 1.250 kilos de cocaína hasta octubre de 2026
- La policía pide coordinación y juzgados especializados contra las redes
El narcotráfico en Cataluña está cambiando de escala y de negocio. Las organizaciones criminales que durante años han obtenido grandes beneficios del cultivo y la distribución de marihuana están ampliando sus operaciones al tráfico de cocaína, una sustancia cuyo abaratamiento en el mercado mayorista permite obtener elevados márgenes de beneficio. La policía advierte de que algunas de estas redes ya utilizan el dinero y las estructuras creadas alrededor del cannabis para comprar, almacenar y distribuir cocaína hacia otros países europeos.
El cambio fue expuesto el viernes 20 de noviembre de 2026 por responsables de los Mossos d’Esquadra, la Policía Nacional y la Guardia Civil durante una jornada sobre narcotráfico, blanqueo de capitales y empresa organizada por Foment del Treball en Barcelona. La cocaína gana protagonismo en las investigaciones policiales, mientras Cataluña consolida su papel como territorio de producción, almacenamiento y distribución de drogas dentro de las redes internacionales.
Los datos permiten dimensionar el problema. Hasta octubre de 2026, los Mossos habían intervenido 1.250 kilos de cocaína en Cataluña, aproximadamente el doble que en 2023, según las cifras policiales. La Generalitat también ha comunicado 77 investigaciones sobre organizaciones criminales y la detención o investigación de 615 de sus integrantes durante los diez primeros meses del año.
La advertencia no implica que los traficantes hayan abandonado la marihuana. Al contrario: el cannabis continúa proporcionando ingresos y una infraestructura que algunas organizaciones aprovechan para entrar en un mercado potencialmente más rentable.
Por qué los narcotraficantes están invirtiendo en cocaína
La explicación tiene un importante componente económico. La sobreoferta internacional de cocaína ha reducido sus precios de adquisición, lo que permite a determinadas organizaciones comprar grandes cantidades por menos dinero y aumentar el beneficio potencial de su distribución.
Josep Naharro, responsable de Investigación Criminal de los Mossos d’Esquadra, explicó que las redes instaladas en Cataluña gracias al negocio de la marihuana están diversificando sus actividades. La cocaína ofrece nuevas oportunidades precisamente por su bajo precio de compra.
Los investigadores han detectado incluso una práctica especialmente reveladora: organizaciones que adquieren cocaína en la Costa del Sol y almacenan parte de los cargamentos a la espera de que aumenten los precios. No buscan únicamente vender la mercancía de inmediato. También intentan aprovechar las fluctuaciones del mercado ilegal.
A esta situación contribuye el incremento de la producción sudamericana de cocaína y la importancia creciente de Europa como destino de los cargamentos. Naharro también relacionó el desplazamiento de parte del tráfico hacia el continente europeo con los cambios recientes en la política estadounidense contra el narcotráfico.
Las estructuras criminales disponen de financiación, contactos internacionales y experiencia logística. Para algunas de ellas, incorporar la cocaína resulta más sencillo que construir una nueva organización desde cero.
Cataluña, de productor de marihuana a centro de distribución de cocaína
La posición geográfica explica otra parte del fenómeno. Cataluña cuenta con el puerto de Barcelona, el aeropuerto de El Prat y conexiones terrestres con Francia, además de una extensa red de transporte y actividad comercial.
Durante años, esas características favorecieron el establecimiento de organizaciones dedicadas a cultivar marihuana para exportarla a otros mercados europeos. La producción intensiva de cannabis atrajo a grupos internacionales que terminaron asentando estructuras permanentes en el territorio.
Ahora, algunas de esas mismas redes participan en la distribución de cocaína. La droga puede llegar a España a través de distintos puertos y desplazarse posteriormente por carretera hacia almacenes desde los que se organiza su transporte al resto de Europa.
Una operación policial presentada en septiembre de 2026 ilustra el alcance de estas rutas. La Policía Nacional desarticuló una organización integrada por ciudadanos albaneses que transportaba cocaína desde la Costa del Sol hacia Cataluña para su posterior exportación. La investigación permitió detener a 15 personas e intervenir más de 2.700 kilos de cocaína, incluidos 1.351 kilos almacenados en un inmueble de Sant Just Desvern, en Barcelona.
Otro operativo, desarrollado por la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera entre Cataluña y Baleares, permitió intervenir cerca de 303 kilos de cocaína y detener a 21 personas en julio.
Estas investigaciones muestran que el territorio no funciona exclusivamente como punto de entrada. También desempeña funciones de almacenamiento, distribución y conexión entre distintas organizaciones.
¿Está aumentando realmente el narcotráfico en Cataluña?
La Fiscalía Especial Antidroga advierte en su memoria de 2026, correspondiente al ejercicio anterior, de que el tráfico de drogas sigue incrementándose en Cataluña, aunque la evolución no es idéntica en todas las provincias ni en todas las modalidades delictivas.
En 2025, las diligencias previas relacionadas con estos delitos aumentaron un 19,40 % en Lleida y un 12,68 % en Girona, mientras Tarragona registró un ligero descenso del 1,34 %. Barcelona tampoco mantuvo el volumen extraordinario de procedimientos del año anterior.
Las incautaciones presentan diferencias igualmente importantes. En el puerto de Barcelona se decomisaron 6,847 toneladas de cocaína durante 2025, frente a las 25,24 toneladas de 2024, lo que supone una caída del 72,88 %. Se trata, sin embargo, de un indicador diferente al de las intervenciones realizadas por los Mossos en el conjunto de Cataluña durante 2026.
Más droga incautada no significa necesariamente más droga consumida ni permite calcular por sí sola cuánto ha crecido el mercado ilegal. Las cifras dependen también de las operaciones realizadas, las rutas utilizadas y la capacidad policial para detectar cargamentos.
La Generalitat ha comunicado asimismo 4.009 detenciones por delitos contra la salud pública hasta octubre de 2026. Este dato no debe sumarse a los 615 detenidos o investigados vinculados a organizaciones criminales, puesto que corresponden a indicadores policiales distintos y pueden existir coincidencias entre ambos registros.
El dinero de la droga también amenaza a las empresas legales
La expansión del narcotráfico tiene consecuencias que van bastante más allá del comercio de estupefacientes. Los responsables policiales y empresariales reunidos en Barcelona advirtieron del peligro que representa la entrada de capitales procedentes de actividades criminales en la economía legal.
El blanqueo de capitales permite ocultar el origen del dinero mediante inversiones, propiedades y negocios aparentemente ordinarios. Durante la jornada, el fiscal anticorrupción Ricardo Sanz-Gadea recordó un procedimiento en el que los beneficios ilícitos permitieron adquirir un gimnasio en el Eixample de Barcelona y crear una empresa de cosméticos con franquicias en distintas partes de España.
La consecuencia es doble. Las organizaciones pueden conservar y reinvertir sus ganancias, mientras las empresas que cumplen sus obligaciones fiscales y legales quedan expuestas a una competencia financiada con dinero ilícito.
El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, reclamó una colaboración más estrecha entre las instituciones y el sector privado. La preocupación no se limita al blanqueo: las plantaciones ilegales también generan fraudes eléctricos, ocupación de instalaciones y problemas de seguridad.
La policía reclama juzgados especializados contra las redes criminales
Los responsables de los Mossos d’Esquadra, la Policía Nacional y la Guardia Civil coincidieron en la necesidad de desarrollar una estrategia común contra el crimen organizado, con intercambio de información y una cooperación más estrecha entre las distintas administraciones.
David Sánchez, responsable de Policía Judicial de la Policía Nacional en Barcelona, defendió la creación de equipos multidisciplinares y juzgados especializados en narcotráfico. El objetivo es investigar las estructuras completas, desde quienes financian las operaciones hasta quienes transportan la droga y blanquean los beneficios.
La propuesta responde a una dificultad conocida por los investigadores: detener a los responsables directos de una plantación no necesariamente implica desmantelar a quienes financian y controlan el negocio.
No obstante, existe debate sobre las medidas más eficaces. El fiscal antidroga de Barcelona, Gerardo Cavero, cuestionó que endurecer las penas de prisión tenga por sí mismo un efecto disuasorio suficiente sobre las organizaciones criminales. Otros participantes defendieron que la respuesta penal también influye en los cálculos de riesgo de estas redes.
La investigación patrimonial, la prevención de las adicciones y la cooperación internacional aparecen así como partes de una respuesta que no puede depender exclusivamente de las detenciones y las incautaciones.
La diversificación del narcotráfico complica su persecución
El principal cambio detectado por la policía es que algunas organizaciones ya no dependen de una sola droga. La marihuana les ha proporcionado capital y presencia territorial; la cocaína les ofrece nuevas posibilidades de beneficio gracias a su disponibilidad y sus actuales precios mayoristas.
Cataluña reúne condiciones que facilitan la actividad de estas redes: conexiones internacionales, infraestructuras comerciales y organizaciones criminales previamente instaladas. Pero esas mismas infraestructuras son esenciales para la economía legal y no constituyen, por sí solas, un indicador de criminalidad.
El desafío para las autoridades consiste en impedir que las ganancias del cannabis financien nuevas operaciones con cocaína y que el dinero obtenido termine consolidando estructuras empresariales y patrimoniales difíciles de desmantelar.
Las cifras policiales de 2026 y las advertencias de la Fiscalía apuntan a un problema persistente. La novedad es la diversificación de organizaciones que ya estaban asentadas en Cataluña y que ahora encuentran en la cocaína otra oportunidad de negocio.
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